Caracterización del programa

En cumplimiento de las promesas de campaña, se reduce la presión fiscal en 1,3% del PIB, al tiempo que se encara una reducción del gasto público de 2,3% del PIB, lo que permitirá mejorar el superávit fiscal en 1% en el 2016 y luego mejoraría en un 1,5% año a año hasta el 2019, para llevar el déficit primario de 5,8% del PIB a 0,3% del PIB. Al mismo tiempo, dicha dinámica, para el resultado primario, implicaría que el déficit fiscal global arranque en niveles cercanos al 7% del PIB y caiga gradualmente hasta el 3,4%. Si bien poco más de la mitad de deuda está en manos de agencias públicas y parte será financiado por el Banco Central (BCRA), implica una carga financiera del 7% del PIB (unos 30 mil millones de dólares anuales) que requerirá de un muy buen trabajo para que el programa llegue a buen puerto.

A su vez, el programa muestra los límites que impone la corporación política, ya que el grueso del ajuste recaerá sobre el sector privado, donde la parte más significativa de las mejoras fiscales es la reducción de los subsidios (en especial los vinculados a energía). Esta situación se volverá aún más relevante a partir del 2018, cuando el programa fiscal requiera de estar afectando partidas a la corporación política, tales como el gasto en las remuneraciones, en bienes y servicios, las transferencias a las provincias y otras partidas relacionadas con el gasto político.

Inflación y optimismo monetario

Al mismo tiempo, los supuestos en materia inflacionaria parecen muy exigentes. Concretamente, una inflación en el medio de la banda en torno al 22,5% parece una tarea difícil de cumplir. Dado que la política monetaria opera con un rezago de 18 meses entre que se emite y se genera inflación, Alejandro Vanoli ha dejado como herencia un piso de inflación del 13,5%, por lo que para que el BCRA cumpla el objetivo de Prat-Gay, la emisión de todo el año no debería superar el 15 por ciento. En este sentido, de cumplirse el objetivo del girar al Gobierno 160 mil millones de pesos, esto llevaría a la tasa de emisión al 25% anual, por lo que la inflación rondaría el 30% anual.

Naturalmente, el Banco Central podría recurrir a la esterilización. Sin embargo, ello demandaría un esfuerzo colosal, ya que a los 80 mil millones de pesos netos que se deberían esterilizar de la emisión fiscal habría que agregarle el déficit cuasifiscal emergente de los intereses de dichos instrumentos, por lo que el monto a esterilizar llegaría a unos 170 mil millones (2,5% del PIB). Todo esto en un marco en el que el stock de letras del Banco Central (Lebacs) a rollear representa cerca del 6% del PIB. De todos modos, el BCRA podría hacer parte de este trabajo vendiendo reservas o títulos públicos para quitar presión sobre las letras del BCRA.

Sin embargo, más allá de los esfuerzos necesarios para lograr la meta, siempre está el riesgo que implica el roll-over, tarea que se ha vuelto mucho más pesada como resultado de la esterilización de parte del sobrante de dinero y la absorción de los pesos emitidos para el pago de las pérdidas resultantes de las operaciones con futuros.

Reflexiones finales

En definitiva, la estrategia de salida del cepo sin colocar un bono que limpiara los desequilibrios monetarios ha generado una muy fuerte exigencia para el BCRA, motivo por el cual, si todo resulta exitoso, las tasas de interés bajarán de modo gradual, por lo que tardará en despegar la inversión y con ello el crecimiento. A su vez, esta exigencia de altas tasas en el plano de lo monetario durante la transición hace muy complicado atacar de lleno al déficit fiscal (verdadera causa de todos los males del país en los últimos setenta años), ya que si aumenta el ahorro sin una contrapartida de inversión, sufrirá el nivel de actividad, al tiempo que la solución del tipo gradualista termina exigiendo un cronograma para la colocación de deuda en los mercados muy ambicioso (115 mil millones en cuatro años).

En definitiva, a la luz de lo que se infiere del programa de Alfonso Prat-Gay, está diseñado de modo complaciente para con la corporación política, ya que los desequilibrios tenderían a eliminarse en tanto y en cuanto despegue la tasa de crecimiento y con ello bajar el peso de la política en el PIB sin pérdidas en términos reales. Esto es, el programa marcha por un delgado sendero que, si se le exige más a la política, el programa sucumbiría frente a los intereses de la corporación, mientras que, si es más ambicioso en lo financiero, se queda sin acceso a los mercados. Por lo tanto, la estrategia seleccionada finalmente implica una solución de muy baja calidad, ya que, dadas las modestas tasas de crecimiento y una tasa de inflación que desciente lentamente, sumadas a un muy importante, aunque manejable, riesgo monetario y financiero, la relación renta-riesgo del programa dista de ser la óptima.

El autor desea agradecer los valiosos comentarios del Dr. José Luis Espert.

Por otra parte, en cuanto a los efectos indirectos, se explican por los impactos sobre el resto del sistema. Así, el cepo cambiario equivalía a fijar un precio debajo del equilibrio de mercado, que al producir un exceso de demanda en dicho mercado generaba un exceso de oferta en el resto de la economía, lo que implicaba: altas tasas de interés (bonos), presión sobre los precios (dinero), retracción del nivel de actividad económica por habitante (bienes) y menor demanda de empleo productivo (trabajo), que se traducía en desempleo (que se ocultaba detrás de estadísticas con criterios artísticos y empleo público), caída del salario y precarización de las condiciones laborales. Por lo tanto, al levantarse la restricción cambiaria, si bien el precio de la moneda extranjera subirá, el exceso de demanda desaparecerá y con ello se cerrarán los excesos de oferta en el resto de los mercados, junto con sus efectos nefastos.

Sin embargo, a pesar de los beneficios que más tarde o más temprano traerá la medida, durante el período de normalización deberá librarse una dura batalla contra la inflación, esto es, cuánto de la devaluación nominal del peso puede tener como contrapartida un aumento en el nivel de precios (pass-through), lo cual nos obliga a un profundo análisis del mercado monetario. En este sentido, la evidencia empírica a nivel internacional muestra que en aquellos países donde se han puesto en marcha sistemas de metas de inflación de manera exitosa, las fluctuaciones en el precio de la moneda extranjera no ejercieron efecto alguno sobre la inflación (ver gráfico para América Latina).

Como es posible observar, en todos los países de la región, salvo en Argentina, las fluctuaciones en el tipo de cambio nominal no ejercen efecto alguno sobre la tasa de inflación, lo cual nos conduce a la pregunta obvia: ¿Por qué no se cumple en el caso argentino? Para contestar esto, supongamos que el precio de un bien de la economía subiera (el dólar o bienes expresados en dólares) y los individuos no están dispuestos a reducir la cantidad demandada (demanda inelástica). Ello derivaría en un aumento del gasto en dicho bien, por lo que el gasto en el resto de los bienes deberá caer y con ello sus precios, por lo que, en términos agregados, no habría inflación. Por lo tanto, de no existir convalidación monetaria que permitiera gastar más en un bien sin dejar de gastar en los otros, no habría inflación. De este modo, como los países de América Latina llevan a cabo una política monetaria focalizada en la inflación, su ritmo de emisión se gradúa en pos de alcanzar la meta (donde la tasa de interés induce a crear o destruir dinero) y, por ende, no genera una masa de dinero que convalide una inflación fuera de la meta.

En función de lo anterior, resulta claro que la dinámica que adopte la cantidad de dinero será un elemento clave para determinar qué pasará con los precios. De este modo, si la devaluación del peso respecto al dólar traerá aparejado un salto en la tasa de inflación, ello dependerá de si existe o no convalidación monetaria. A partir de esto, si bien la cuestión parecería reducirse a observar si la cantidad de dinero sube o no, implicaría únicamente hacer el foco sobre el flujo de emisión para el 2016, sin tener en cuenta lo que está pasando con el stock de dinero observado en la economía respecto al deseado (Money Overhang, ‘sobrante de dinero’). Esto es, aun cuando no se emitiera un solo peso más, si hay dinero excedente, la devaluación estará acompañada de una mayor tasa de inflación.

En el caso argentino, el dinero excedente proviene de dos fuentes. Por un lado, existe un sobrante de dinero de índole coyuntural y es el resultado de la cantidad de tiempo que tarda un aumento en la cantidad de dinero en traspasarse a precios. Así, cuando el dinero ingresa en la economía, los agregados monetarios en términos del PIB nominal suben y luego, cuando el dinero va pasando de mano en mano, suben los precios, proceso inflacionario que persiste hasta volver al nivel de inicio. Para nuestro país, este proceso demanda entre 12 y 24 meses, lo cual nos pone de cara a la política monetaria llevada a cabo durante los años 2014 y 2015. En este sentido, mientras que durante los primeros nueve meses de 2014 que estuvo Juan Carlos Fábrega la cantidad dinero crecía al 1,3% anual, durante la Presidencia de Alejandro Vanoli la tasa de crecimiento en la cantidad de dinero trepó a niveles del 40 por ciento. Por lo tanto, la política monetaria de los últimos 15 meses sin lugar a dudas se convertirá en un factor convalidante de mayores precios.

Al mismo tiempo, la instauración del cepo, al no permitir drenar contra dólares el sobrante de pesos durante cuatro años, hace que el problema del sobrante de dinero se amplifique hasta alcanzar un 4% del PIB. De este modo, a la convalidación monetaria que proviene del lado de la oferta de dinero rezagada se le sumaría una fuente de convalidación adicional por caída en la demanda de dinero hasta ubicarse en su nivel de equilibrio deseado. Esta situación, en nuestro país, tuvo lugar en dos oportunidades. La primera fue en el año 1959 y la otra en 1975 (Rodrigazo). Ninguno de los dos casos han sido experiencias agradables, ya que implicaron una sextuplicación de la tasa de inflación (de 20% y 30% a 120% y 180%) y fuertes caídas del PIB (6% en lo peor de cada una de estas crisis).

Frente a esta situación, el Ministerio de Hacienda y Finanzas y el Banco Central han encarado la apertura del cepo. Han atacado así el desequilibrio monetario-cambiario por varios frentes. En primer lugar, se ha decidido un salto del tipo de cambio nominal a un nivel en torno a los 14 pesos, lo cual comprime el excedente de pesos a 15 mil millones de dólares. En simultáneo, se ofrecerá un bono (o se dará un cronograma de pagos) para los importadores, el cual se estima que alcanzará los 5 mil millones de dólares, eliminando así un tercio del sobrante de pesos. Por otra parte, para hacer frente al resto del sobrante monetario, se han conseguido: (i) Diez mil millones de dólares fruto de canjear las letras intransferibles que vencían en enero 2016 por bonos líquidos (BONAR 22, 25 y 27), (ii) Una reducción de la posición de dólares de los bancos, (iii) Un préstamo con un conjunto de entidades financieras por unos nueve mil millones de dólares (promedio entre ocho mil y diez mil millones de dólares), (iv) La transformación de parte del swap con China a dólares, lo cual sumaría unos tres mil millones de dólares adicionales y (v) La desactivación de la bomba de pesos (cincuenta mil millones de pesos) derivada de la venta de dólares a futuros por un subyacente de 17 mil millones de dólares. Al mismo tiempo y aún sin efecto monetario definido, se ha conseguido la liquidación por parte de las cerealeras de seis mil millones de dólares (400 millones de dólares diarios durante tres semanas).

Por lo tanto, frente a un escenario de corrida cambiaria, mientras que, en principio, la demanda potencial sería de diez mil millones de dólares, los dólares disponibles para hacerle frente alcanzarían los 22 mil millones de dólares. A su vez, a la batería de dólares se le sumaría lo que se pueda absorber de pesos vía la suba en la tasa de interés y los efectos licuación del dinero por parte de la inflación residual de la política de la gestión anterior. En definitiva, se ha logrado diseñar una excelente estrategia monetaria que permitirá comprar tiempo para poner en marcha un programa de adecuación de la madre de todos los males: el desequilibrio fiscal. Si el nuevo Gobierno tiene éxito en dicha gestión, la economía acelerará su crecimiento de modo sustancial. Si no se logra, esperemos que se tome la conciencia y las fuerzas necesarias para hacerlo, de lo contrario, el sendero alternativo ya lo conocemos (y no es nada bueno).

Sin embargo, luego de la estatización del órgano de control monetario en el año 1946, la tasa de crecimiento promedio de la cantidad de dinero se disparó a niveles del 130%, mientras que las tasas de inflación y de devaluación treparon a niveles del 160 y 150 por ciento. Por lo tanto, el desempeño del Banco Central desde mediados del siglo XX ha sido altamente cuestionable. Además, sus marcas registran períodos de muy alta inflación, dos hiperinflaciones y la destrucción de cinco signos monetarios (en rigor, son seis si se tiene en cuenta que los actuales pesos dejaron de ser convertibles en el año 2002), motivo por el cual debería resultar claro que la misión del BCRA tiene que ser reconsiderada muy seriamente.

Si uno asumiera que en la economía existiera un único agente representativo, donde además los precios relativos son constante, tal que pueda pensarse en un único bien y que dado estos elementos no existieran efectos distributivos en términos de ingreso y riqueza (al margen de que las adiciones de dinero afectarían el nivel de utilidad del agente y, por ende, de su gasto), se podría definir que el único objetivo del BCRA debería ser el de preservar el valor de la moneda, esto es, defender su poder adquisitivo. En otros términos, dado el equilibrio del lado real de la economía, el BCRA debería minimizar la tasa de crecimiento de los precios de la economía, que bajo este encuadre significaría mantener una baja tasa de inflación.

Para lograr dicho objetivo, existen por lo menos dos metodologías. Por un lado, está el sistema de metas de inflación, el cual se ha estado aplicando en el mundo con gran éxito. Por otro lado, está el método basado en el control de los agregados monetarios, el cual ha caído en desuso desde mediados de los ochenta en los países desarrollados y en los emergentes luego de los noventa.

Si bien esto último parecería indicar que el método a seguir para reducir la inflación en la Argentina debería ser el sistema de metas de inflación, su implementación requiere de nueve condiciones que hoy no se cumplen : (i) marco institucional que asegure la independencia operativa del BCRA y sus responsabilidades, (ii) transparencia en la comunicación, (iii) expectativas de inflación ancladas, (iv) reputación y credibilidad, (v) transparencia de la política monetaria, (vi) transparencia de la información, (vii) presentación de un objetivo con metas piso y techo sobre un índice de precios confiable, (viii) coordinación con la política fiscal y (ix) desarrollo de modelos de predicción.

Al mismo tiempo, el supuesto éxito aludido a su uso durante 2002 y 2003 ha sido fruto de lo que se conoce como error tipo II (resultado deseado haciendo lo incorrecto), donde la fuerte iliquidez emergente a la salida de la convertibilidad, la exagerada devaluación de la moneda respecto al dólar y el homérico ajuste fiscal de Eduardo Duhalde fueron las bases del éxito logrado. De hecho, las condiciones de la economía hoy son radicalmente distintas: (i) el fisco es la más importante fuente de emisión de pesos, (ii) no existe sobrante de dólares y (iii) hay un apreciable exceso de pesos, motivo por el cual es imposible anclar las expectativas.

Por otra parte, acorde con una serie de trabajos que hemos publicado junto a Diego Giacomini (El nuevo BCRA y la reforma monetaria y Ensayos monetarios para economías abiertas: el caso argentino), existe una muy profunda relación causal entre M1 (circulante en poder del público, más depósitos a la vista) y el PIB nominal (existencia de cointegración), motivo por el cual la literatura especializada en la materia sugiere que la política monetaria, hasta que se reduzca la tasa de inflación y las expectativas queden ancladas, debería ser diseñada con base en metas cuantitativas sobre M1.

Esta importancia estadística de M1 sobre la determinación del PIB nominal, y dado el nivel que suele tener la tasa de crecimiento de la economía, amplifica el vínculo causal entre la tasa de crecimiento de dicho agregado monetario con la tasa de inflación. En este contexto es donde además se vuelve más relevante la discusión sobre la existencia de un sobrante de pesos.

Acorde con los trabajos mencionados, cuando se procede a estimar la demanda de dinero (M1) en términos del PIB en los últimos 70 años, la estimación sugiere que sobran pesos por cerca de 3,8% del PIB (unos doscientos mil millones de pesos). A su vez, el nivel de M1 en términos de PIB de Argentina supera en 3,9 puntos porcentuales el promedio de la región, donde además, mientras que la relación M1/M3 promedio de la región es del 20%, en nuestro país se ubica en el 50 por ciento. Por ende, todos los indicadores estarían dando cuenta de un fuerte sobrante de pesos (algo normal cuando se ponen restricciones como el cepo), lo que, además, se ha visto validado empíricamente al estudiar los residuos (parte no explicada de la estimación estadística) de la relación entre M1 y el PIB nominal.

Esta situación monetaria ya se ha observado dos veces en la economía del país. La primera tuvo lugar en 1959 y la segunda en 1975 (el Rodrigazo). En ambos casos, la tasa de inflación llegó a multiplicarse por seis veces y el PIB cayó un 6% en el momento más agudo de la crisis. Por lo tanto, frente a este riesgo, resulta recomendable la colocación de un bono en dólares suscribible en pesos, de modo tal que se retire el sobrante de pesos. A su vez, como dicha solución implica una manifestación de demanda potencial por moneda extranjera, al ser neutralizada se podría abrir el cepo cambiario de modo exitoso y sin corrida alguna.

Finalmente, desde el punto de vista de los riesgos, si los bonos en cuestión no tuvieran demanda, ello no sólo no tendría costos, sino que además implicaría una fuerte manifestación de confianza en la moneda local. Sin embargo, si, por el contrario, se trabajara con la hipótesis de que no hay sobrante de pesos y al abrirse el cepo la demanda de dinero local se derrumba y genera una corrida cambiaria, la economía podría replicar la experiencia del Rodrigazo. Consecuentemente, tanto en materia de diseño de la política monetaria como en términos de control de riesgos, las nuevas autoridades deberían abstenerse de apostar por el error tipo II, al tiempo que deberían intentar minimizar los riesgos. De confirmarse la existencia de un sobrante de pesos y no mediar una gran dosis de buena suerte, el resultado final podría ser muy negativo para el bienestar de los argentinos.

Si bien es cierto que sería factible tener tipo de cambio fijo sin reservas, ello sólo sería posible si se cumpliera por lo menos una de las siguientes condiciones: (i) una demanda de dinero granítica a la baja —y, según el caso, hasta fuertemente creciente—, (ii) un acceso irrestricto e instantáneo al mercado de capitales, o (iii) una absoluta flexibilidad a la baja en el gasto público (para sacar pesos que sobran vía superávit). Naturalmente, Argentina no cumple ni por asomo con ninguno de estos puntos, por lo cual si optara por un tipo de cambio administrado, debería contar con una enorme cantidad de reservas, pero no las tiene.

Por lo tanto, el país deberá elegir entre la opción de una libre flotación del dólar o un fuerte aumento de los controles, los cuales no sólo hacen subir la tasa de interés, presionan sobre los precios y hacen caer el PIB per cápita, el empleo y el salario real, sino que además ponen en jaque las libertades individuales (como es el caso de Venezuela).

De este modo, y ante la inminente posibilidad de avanzar hacia la implementación de un sistema de flotación libre del peso, muchos economistas se han puesto a conjeturar sobre cuál podría ser el movimiento del tipo de cambio. En general, estos análisis están basados en el típico caso de un mercado que tiene un precio máximo (administrado) debajo del nivel de equilibrio, del cual se desprenden dos resultados: (i) al precio fijado existe escasez, dado que la cantidad demandada supera a la ofrecida y (ii) frente a la cantidad de divisas que los oferentes están dispuestos a llevar al mercado al precio oficial, existe la posibilidad de venderla en el mercado paralelo a un precio por encima del de equilibrio a los agentes con mayores voluntad de hacerse del bien. Por lo tanto, siguiendo esta lógica, si la restricción sobre el precio administrado se eliminara, el precio del oficial debería subir y el del paralelo debería caer hasta que dichos precios se unifiquen en un punto intermedio, al tiempo que las cantidades transadas aumentarían. Puesto en blanco sobre negro, el tipo de cambio libre debería ubicarse en un nivel entre $9,7 y $16.

Estos análisis se complementan (y supuestamente se validan) con un trabajo basado en la aplicación del modelo de la paridad del poder de compra (ley del precio único para una economía abierta, PPP), donde, tomando una canasta de bienes en Argentina denominada en pesos y dividida por la misma canasta denominada en dólares en los Estados Unidos, se determina que los precios de la economía de Argentina están fijados con un dólar de $14. Por lo tanto, al conjugar este resultado con el anterior, se afirma que si se decide salir del cepo, ello sólo implicaría un salto en el tipo de cambio, que se ubicaría por encima del oficial sin efecto inflacionario.

Desafortunadamente, y pese a la euforia que genera la posibilidad de movernos hacia un nuevo Gobierno que no maltrate al capital como lo ha hecho el régimen kirchnerista en estos doce años (lo cual no requiere grandes esfuerzos), el análisis precedente tiene una gran cantidad de problemas. Por un lado, es un simple análisis de equilibrio parcial, donde, asumiendo que todo está constante, el precio en cuestión explicaría un equilibrio real traducido a un formato monetario. Naturalmente, si no se tiene en cuenta lo que podría estar pasando en otros mercados, tanto locales (donde entran preferencias, dotaciones de recursos, tecnología y sistema impositivo) como internacionales (en especial respecto a la tasa de interés internacional y los términos de intercambio, entre otras cosas), el análisis seguramente podría resultar insuficiente. Por otro lado, la absoluta omisión de las cuestiones de índole monetaria hace que se pase por alto el problema de la escala nominal. Esto es, dado un conjunto de precios relativos, los niveles en la cantidad de dinero tendrán asociados distintos niveles de precios nominales en la economía (entre ellos, el del dólar).

Adicionalmente, para que el análisis del tipo de cambio basado en la paridad del poder de compra sea cierto, la economía debería ser perfectamente abierta y tener equilibrio simultáneo en los mercados de trabajo, bienes y dinero. En este sentido, la cantidad de juicios en la Organización Mundial del Comercio, el mercado laboral, que no genera empleos genuinos desde hace ya cuatro años (se maquillan los datos de desempleo y se ha reclutado a un ejército de empleados públicos), en una economía estancada, con inflación creciente y un sobrante de dinero cercano al 3,7% del PIB (stock similar al observado durante los años 1959 y 1975), al que se le debería sumar el flujo emergente de la financiación monetaria del déficit fiscal y cuasi-fiscal (derivado de las posiciones en letras del Banco Central y en el mercado de dólar futuro), señalan que dicha visión es por lo menos temeraria.

En este sentido, más allá de lo importante de todos los desequilibrios de los mercados que desaconsejarían fuertemente el uso de la PPP para realizar una recomendación de política económica, el caso del mercado de dinero ocupa un lugar destacado. Así, si al abrirse el cepo, no mediara un extremadamente fuerte shock de confianza que hiciera subir la demanda de dinero (M1) y esta se contrajera hacia el equilibrio bueno (8,5% del PIB), la tasa inflación treparía a niveles del 150%, mientras que, en el caso malo (3,8% del PIB), la tasa de inflación podría ubicarse en torno al 450 por ciento. En este contexto, el nivel de actividad podría caer entre 3% y 6%, y la pobreza superaría el 50% de la población. De más está decir que bajo una dinámica nominal de semejantes características, la idea de hablar de un precio para el dólar queda fuertemente desdibujada.

Por lo tanto, dados los riesgos involucrados en el mercado de dinero, antes de abrir el cepo se debería eliminar el sobrante de pesos y poner en marcha un programa que ponga un freno a la emisión de dinero. Esto es, una formidable idea, como la de levantar el cepo, pero mal diseñada o llevada a cabo por incompetentes, podría terminar en un nuevo desastre social.

El decreto en cuestión no solo contradice las propias leyes de inteligencia que reglamenta y es inconstitucional, sino que además permite el espionaje sobre actividades lícitas. Concretamente, en el anexo I, donde se tipifica la nueva doctrina de inteligencia nacional, se habilita el espionaje sobre grupos económicos o financieros, bancos, empresas y compañías financieras que impulsen terrorismo o desestabilización de Gobiernos democráticos mediante corridas bancarias y cambiarias, desabastecimiento y golpes de mercado.

Más allá de los ribetes totalitarios esgrimidos por el Gobierno a lo largo de estos casi doce años, las leyes en cuestión dejan de total manifiesto la feroz brutalidad de los keynesianos-marxistas en el entendimiento del sistema económico y, por ende, en el diseño de una política económica que promueva el crecimiento y el bienestar. La prueba más contundente de ello es, entre otras cosas, la referencia al golpe de mercado. Probablemente, habría que explicarle a este grupo de economistas que el mercado no es ni un lugar, ni una cosa, ni una asociación. El mercado es un proceso de cooperación social puesto en marcha por las actuaciones de una gran cantidad de individuos que, buscando satisfacer sus propias necesidades, realizan intercambios voluntarios que conllevan a la división del trabajo, lo que a su vez potencia el crecimiento, vía una mayor productividad. Los juicios de valor de estas personas, así como las acciones engendradas por las aludidas apreciaciones, son las fuerzas que determinan la disposición -continuamente cambiante- del mercado. A su vez, la situación queda reflejada a cada momento en la estructura de precios, esto es, en el conjunto de tipos de cambio que genera la mutua actuación de todos aquellos que desean comprar o vender. Nada hay en el mercado de índole no humana, mítica o misteriosa. En definitiva, este proceso de cooperación social que denominamos mercado, no es ni más ni menos que el resultado de un conjunto de acciones humanas que, buscando el bien individual, conducen al mayor bienestar general.

Al mismo tiempo, la idea de querer determinar los precios en función de los costos en los que se ha incurrido en cada uno de los pasos del proceso productivo (los marxistas por medio de la teoría del valor trabajo y los keynesianos por el margen de ganancia sobre el costo salarial neto de la productividad del trabajo, motivo por el cual siempre ven a sindicalistas y empresarios como los responsables de la suba de precios) es reflejo de la obtusa percepción sobre cómo funciona el sistema económico. Es más, tal como fuera demostrado por Carl Menger en sus Principios de Economía mediante la ley de imputación, son los precios los que determinan los costos y no al revés. Los consumidores determinan no solo los precios de los bienes de consumo, sino también de todos los factores de producción, fijan los ingresos de cuantos operan en el ámbito de la economía de mercado. Son ellos, no los empresarios ni los sindicalistas (y mucho menos un político), quienes, en definitiva, pagan por cada insumo y a cada trabajador su salario. Por lo tanto, si uno quisiera determinar las causas de por qué suben todos los precios de la economía (y entre ellos el de la moneda extranjera, el tipo de cambio y el dólar) las causas no están en los costos, sino en el continuo aumento de la emisión monetaria. Puesto en otros términos, si los precios de los bienes de la economía están determinados en unidades monetarias, al emitirse una cantidad de dinero que supere a su demanda, esto hará que el valor relativo de la moneda caiga o, lo que es lo mismo, que el precio de los bienes expresados en dinero suba. De ahí surge la famosa frase de Milton Friedman (el verdugo de los keynesianos): “la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario”.

Es más, el control de precios y salarios no detiene la inflación; sencillamente lo que hace es desplazar la presión a otra parte y adormece algunas de sus manifestaciones. Además, la intervención estatal en los menores detalles de la actividad económica puede destruir el sistema de libre empresa y a la libertad política. El mal estriba en que el intento de control impide que obre libremente el sistema de precios, donde el Gobierno termina suministrando un remedio aún peor que la enfermedad. De esta manera, cuanto mayor sea la inventiva de los individuos para eludir los controles de precios y cuanto mayor sea la tolerancia de los funcionarios en cerrar los ojos a esas evasiones, tanto menor será el daño producido. Por otra parte, cuanto más obedientes a “la ley” sean los ciudadanos y cuanto más rígida y efectiva sea la imposición de la maquinaria gubernamental, tanto mayor será el daño.

Finalmente, tenemos las consecuencias de la intervención violenta del mercado por parte del Gobierno. Siguiendo a Murray Rothbard, la intervención consiste en el uso de la fuerza dentro de la sociedad que intenta sustituir las acciones voluntarias por la coacción. De hecho, el Estado es la única organización que está legalmente autorizada (leyes que él mismo sanciona) para hacer uso de la violencia y es la única entidad que legalmente obtiene sus ingresos de manera compulsiva. Dentro de dicha línea de análisis (y restringiéndonos al caso planteado) existen dos tipos de efectos: directos e indirectos. Respecto al primero de los casos, cuando no hay intervención y la sociedad es libre, cada uno procederá de la manera que considere que hará a su bienestar máximo, por lo que cualquier intervención coercitiva que impida la realización de los intercambios deseados deriva en una pérdida de bienestar. Por otra parte, en cuanto a los efectos indirectos, tienen que ver con los impactos no deseados sobre el resto del sistema.

Así, a modo de ejemplo, el cepo cambiario equivale a fijar un precio debajo del equilibrio de mercado, que al producir un exceso de demanda en dicho mercado genera un exceso de oferta en el resto de la economía, lo que implica: altas tasas de interés (bonos), presión sobre los precios (dinero), retracción del nivel de actividad económica por habitante (bienes) y menor demanda de empleo productivo (trabajo), que se traduce en desempleo, caída del salario y precarización de las condiciones laborales.

Por lo tanto, más allá de sus efectos económicos, las políticas impulsadas por el kirchnerismo amenazan la base moral de una sociedad libre. En nombre de la responsabilidad social se exhorta al público a someterse a ellas, donde aquellos que se someten se dañan a sí mismos y dañan a la comunidad. La conducta moralmente cuestionable -evadir los requerimientos de las autoridades- es beneficiosa, tanto desde el punto de vista privado como desde el punto de vista social. Tales medidas incuban en el público la falta de respeto por la ley y hacen que los funcionarios se sientan propensos a emplear poderes extralegales, lo que pone en jaque los propios cimientos de la libertad. En definitiva, el gobierno kirchnerista ya nos ha hecho perder la mejor oportunidad histórica en materia de crecimiento económico (hoy tenemos un tercio del producto per cápita que deberíamos tener). Esperemos que este comportamiento autoritario no se extienda hasta el punto que dañe aún más a nuestra libertad.

El intento de forzar la realidad para que se asimile al paraíso keynesiano del modelo de depresión simple mostraba que el carro estaba delante de los caballos. Urgía rectificar el rumbo y, sin más remedio, se devaluó la moneda, se duplicó la tasa de interés (vía una intensa absorción monetaria) y se forzó a los bancos a liquidar posiciones en moneda extranjera. Si a esto sumamos un ahorro de USD 3.500M por esquivar el pago del cupón atado al PIB en función de una nueva estimación de las cuentas nacionales, se compraba una valiosa cantidad de tiempo para corregir la madre de todos los males (dato común de la mayor parte de las crisis argentinas): el déficit fiscal.

El Gobierno pareció entender que la demanda de dinero estaba saturada y que podría ser peligroso seguir tirando pesos al mercado sin que se desmoronen las reservas o que esto implique un nuevo salto en el tipo de cambio con impacto en precios. Suponiendo que el objetivo del Poder Ejecutivo fuera un dólar tranquilo en torno a los $ 8, una inflación en baja y reservas estables, si no tuviese lugar el ajuste fiscal, la tasa de interés podría aniquilar al PIB y al empleo. A su vez, dado el bajo nivel de confianza, esta corrección fiscal podría no ser acompañada por la inversión privada, por lo que también el nivel de actividad podría caer. Frente a este panorama es donde aparece la “solución mágica” de la deuda (esto es, trasladar el ajuste a las generaciones futuras). 

Así, de abrirse la ventana del mercado de capitales, resultaría posible mantener el déficit fiscal financiado con emisión monetaria, no modificar el tipo de cambio y que los pesos que sobran tengan como contrapartida mayor deuda externa, lo cual evitaría una caída de las reservas. Es más, de marchar todo bien, hasta podría ser posible un rebote en actividad. Sin embargo, no tocar el gasto público requería modificar la política exterior, por lo que: (i) se acordó el pago a los juicios del CIADI, (ii) se indemnizó a Repsol, (iii) se readecuó la medición del IPC y del PIB y (iv) se cerró un trato con el Club de París. Todo parecía indicar que nos subíamos al puente verde de USD 19.000M (USD 7.000M en el 2014 y USD 12.000M en 2015) que nos llevaba a octubre de 2015 sin sobresaltos. Los únicos dos escollos podrían ser: (i) la demanda de dinero y (ii) un revés frente a los holdouts.

Finalmente, en el día de ayer, la Corte Suprema de los EEUU decidió no dar lugar al pedido argentino, con lo cual el caso referido a los holdouts vuelve a los Tribunales de Nueva York. Por lo tanto, dar cumplimiento al fallo del Juez Thomas Griesa implicaría un pago en efectivo de USD 1.500M, que de extrapolarse al resto de los holdouts podría alcanzar una suma de USD 15.000M. En este sentido, con un nivel de reservas en torno a los USD 29.000M, acatar dicho pago resulta complicado. Pensar que de haber llevado un conjunto de políticas fiscal, monetaria y cambiaria consistentes hoy tendríamos cerca de USD 90.000M de reservas, por lo que aplicando el mismo porcentaje de pago que surge de la operación realizada por Néstor Kirchner frente al FMI, la capacidad de pago sería de USD 30.000M.

Sin embargo, de nada sirve llorar sobre la leche derramada. Mirando hacia adelante por lo menos existen tres caminos: (i) buscar un acuerdo extrajudicial con los holdouts, lo cual cuenta con el aval de Griesa; (ii) no acatar el fallo y buscar hacer el pago mediante el cambio de jurisdicción, cuyo inconveniente sería que para ello se necesita contar con la aprobación del 85% de los tenedores de bonos, donde muchos de ellos están inhibidos de hacerlo por razones constitutivas; y (iii) defaultear tanto a los bonistas que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010 como a los holdouts.

Anoche la presidente Cristina Fernández de Kirchner pareciera haber dejado en claro que la tercera opción no tendrá lugar. De ser esto cierto, sería una buena noticia, ya que si se entrara en un nuevo default habría dos caminos. Una podría ser la de hacer el ajuste fiscal sin confianza alguna, por lo que inexorablemente sería muy recesivo. La otra sería no hacer el ajuste y continuar con su financiación monetaria, lo cual llevaría a mayores tasas de inflación, pérdidas de reservas, devaluación de la moneda y suba en las tasas de interés, donde este contexto nos empujaría a una situación aún peor. Por otra parte, la segunda opción, dadas sus bajas chances de éxito implicaría un camino peligroso, dado que el tiempo ya no estará de nuestro lado. Finalmente, la primera opción no sólo tiene mayores posibilidades de éxito, sino que la transición hasta octubre 2015 y más allá sería mucho mejor. Sin embargo, no existen los almuerzos gratis y ello implicará pasar de un comportamiento adolescente a uno propio de un adulto responsable. Quizás, hasta encontremos la llave institucional que nos convierta nuevamente en un país rico.