1) La habilitación a las Telco – a través de las ahora llamadas TIC – a brindar servicios de comunicación audiovisual, lo que estaba vedado por la Ley de Medios.

2) La designación de una Autoridad de Aplicación exclusivamente por el Poder Ejecutivo Nacional, sin ningún tipo de limitación técnica o requerimiento de idoneidad para la prestación del cargo.

3) Este proyecto otorga a la autoridad de aplicación facultades y muchas atribuciones discrecionales para multar, regular, reglamentar.  Cuestiones importantes, que quedan libradas a la voluntad del Ejecutivo, sin que se establezcan mínimos requisitos técnicos ni  criterios estipulados.

4) La habilitación de la prestación del servicio de TIC y de la prestación satelital en forma inmediata.

5) La falta de resguardo en cuanto a las asimetrías económicas entre empresas de telecomunicaciones y empresas de servicios de comunicación audiovisual.

6) Resguardo a las empresas de la economía social que brindan servicios de telecomunicaciones y de comunicación audiovisual sobre las áreas de las incumbentes prestadoras del servicio telefónico.

Luego de la celebración de audiencias sobre el proyecto de Ley y ante la posición asumida por el Presidente del Bloque del Frente para la Victoria, el criticado proyecto de Ley Argentina Digital, se vio empeorado por el dictamen de la mayoría parlamentaria.

En efecto, se intentó aclarar sobre las excepciones a la Ley de Medios que contiene el nuevo proyecto, en forma más amplia, para que puedan Telefónica y Telecom hacer lo que hasta hoy estuvo prohibido por la Ley de Medios. Se consagró el monopolio de Directv para la prestación del servicio satelital. Al respecto, el tiempo dirá si denunciarán  la operación de AT&T o la posible compra de esta empresa de la prestadora Telefónica. No se resguardó a la industria del cable, sea esta pequeña, mediana o grande, social o comercial. En síntesis: solo se habilitó a la discrecionalidad absoluta de la Autoridad de Aplicación propuesta, para que ésta pueda autorizar “…un plan de implementación gradual…”.

En este contexto, la diferencia entre la discrecionalidad y la arbitrariedad se vuelve ínfima, teniendo un marco normativo tan endeble como el que se pretende implementar. Las modificaciones introducidas al proyecto mediante el dictamen de la comisión parlamentaria, empeoraron  el texto original, evidenciando que las soluciones son a favor de las asimetrías y de la arbitrariedad.

Algo similar sucede con el tratamiento del presupuesto nacional; mientras observamos y debatimos los datos macroeconómicos y la obra pública, por otro lado, en el mismo texto, se encuentran eximiciones tributarias como las del artículo 23 y 24 del presupuesto nacional para el año 2015 en las que nadie repara.

Tales artículos eximen de impuestos a las “…importaciones de Gas Oil y Diesel Oil y su venta en el mercado interno, realizadas durante el año 2015, destinadas a compensar los picos de demanda de tales combustibles, incluyendo las necesidades para el mercado de generación eléctrica.” (art. 23) y a las “…importaciones de naftas grado dos y/o grado tres de acuerdo a las necesidades del mercado y conforme a las especificaciones normadas por la Resolución de la SECRETARÍA DE ENERGÍA Nº 1.283 de fecha 6 de septiembre de 2006 y sus modificatorias y su venta en el mercado interno, realizadas durante el año 2015 destinadas a compensar las diferencias entre la capacidad instalada de elaboración de naftas respecto de la demanda total de las mismas.” (art. 24)

Estas eximiciones también se observan en el presupuesto nacional vigente, permitiendo ello comprender de otra manera la utilidad neta operativa de YPF S.A., que para el primer semestre de 2014 sería de $4.400 millones.

Tal observación se funda en que un análisis más detallado en la composición de esa rentabilidad mostraría que más del 40% de dicha utilidad se explica a través de la importación de combustibles líquidos exentos de impuestos y su posterior venta al mercado interno.

Este mecanismo es impulsado por el Gobierno y está previsto en el Presupuesto Nacional con el supuesto fin de compensar las diferencias entre la capacidad instalada de elaboración y la demanda total de los mismos y así evitar el aumento de precios.

Pero en la realidad tampoco ha sido el consumidor el beneficiario de esta operatoria, dado que la empresa YPF SA, lejos de mantener el precio en el surtidor, lo aumentó, circunstancia que potencia aún más los beneficios futuros de la importación exenta, máxime en el contexto actual donde los precios de los derivados petroleros están evidenciado una sustancial baja en el mercado internacional, abaratando aun más la importación y promoviendo el uso de este mecanismo.

En ese contexto, resulta particular que a diferencia de la ley de presupuesto 2014, la ley de presupuesto 2015 no contiene el párrafo que imponía como tope a los cupos de importación, el valor que haga indiferente a la misma. Puntualmente el párrafo dice: “La exención dispuesta en el párrafo anterior será procedente mientras la paridad promedio mensual de importación del Gas Oil o Diesel Oil sin impuestos, a excepción del Impuesto al Valor Agregado, no resulte inferior al precio de salida de refinería de esos bienes.”

Estos particulares cambios que se hacen en una ley importante terminarían beneficiando a las petroleras autorizadas a acceder a cupos de importación que les dan acceso a significativas rentabilidades, generando un desaliento a la producción local. Asimismo, tampoco se observan beneficios para los consumidores que deben afrontar los distintos aumentos del combustible y sus efectos derivados.

Esta YPF que niega información sobre opacos contratos millonarios que involucran dineros públicos, como los acordados con Chevron o en la importación de gas, porque en opinión de su presidente es una empresa privada, será la privilegiada de esta decisión del oficialismo que no le genera ningún beneficio al pueblo pero si a la empresa y a sus socios privados. 

Recordemos que sólo el 51% YPF S.A nos pertenece y dentro del otro 49% hay algunos fondos de inversión, que según las circunstancias en que operan pueden ser considerados “fondos buitres”, pero en este caso “buenos” o Eskenazi que integra la nómina del “capitalismo de amigos”.

Parecería que según las circunstancias YPF S.A se presenta como PÚBLICA o PRIVADA de acuerdo a las necesidades del negocio. 

George Orwell en su notable fábula Rebelión en la Granja… dice: “En la Granja todos los chanchitos son iguales, pero hay algunos más iguales que otros”.

La presidente Cristina Kirchner convoca a sesiones extraordinarias para tratar un acuerdo que lejos de garantizar justicia y verdad, facilita el camino a la impunidad de los crímenes. Es un nuevo engaño del Gobierno que desde el Congreso de la Nación no podemos validar, es un acuerdo indigno y un retroceso en la investigación.

El acuerdo crea una Comisión de la Verdad, en la cual se podrán obtener testimonios de aquéllos, pero no se podrá obtener justicia para las 85 víctimas del atentado. En este acuerdo ganaron los que están acusados, ya que interrogarlos en Irán es justamente darles garantías de sobra a su favor, que es lo que siempre piden, porque parece ser lo más seguro para impedir que realmente se esclarezca. Sobre todo porque los acusados ni siquiera son simples ciudadanos desconocidos sino importantes y poderosos funcionarios de Irán.

El ofrecimiento de la Presidenta para juzgar en un tercer país es una concesión de soberanía y un renunciamiento al deber de la Justicia Nacional.

La Comisión, compuesta por juristas extranjeros que emitirán un informe con recomendaciones sobre “cómo proceder”, no tiene plazos y sólo hace referencia, de manera genérica y vaga, a “acciones futuras”. Esta Comisión no es un paso adelante en la investigación judicial.

El Gobierno Nacional califica de “histórico” la aceptación de que la Argentina seguirá las recomendaciones de una comisión integrada por juristas extranjeros cuyo objeto no es impartir justicia y cuyos interrogatorios se tomarán bajo ley iraní. Ratificar este acuerdo desde el Congreso Nacional sería dotar de legitimidad a esta renuncia irresponsable a la soberanía y jurisdicción en la búsqueda de la verdad y la justicia.

A casi 21 años del atentado contra la embajada de Israel y a casi 19 años del atentado contra la AMIA, los Kirchner llevan 10 años en el poder y a dos décadas del ataque terrorista no hay detenidos y ningún avance en la investigación y esclarecimiento de los hechos, que causaron la muerte de 85 personas y 330 heridos.

La Justicia Argentina debe resolver y esclarecer los dos grandes atentados terroristas que hemos sufrido en la historia del país, porque es la única garantía para terminar con la impunidad y que estos lamentables hechos no se repitan. Reafirmamos nuestro compromiso por la justicia, la paz y la seguridad de nuestro pueblo.