Uno pensaría que para ser miembro del directorio de un banco, nada menos que la posición de mayor responsabilidad dentro de la institución, no solamente hace falta haber estudiado, sino también contar con experiencia en el sector. Por ejemplo, en la misma página web del Nación puede verse un espacio donde jóvenes estudiantes y jóvenes graduados pueden dejar su CV para comenzar su carrera laboral en la entidad. Y de eso se trata, de comenzar la carrera, desde los puestos de menor jerarquía hacia los de mayor jerarquía, de manera de ir conociendo no solo el funcionamiento del banco, sino también las características de la industria, los clientes, etcétera.

Pero nada de eso sucedió en el caso de la hija de Rossi. El expediente, tal como explicó Aníbal Fernández, llegó al escritorio del jefe de gabinete y este lo firmó “con mucho orgullo”.

Es simple: la designación de Delfina Rossi no dependió de la capacidad, ni del estudio, ni de la experiencia de la joven, sino de la firma de Aníbal Fernández, a quien tampoco se le conoce experiencia en el manejo bancario.

Ahora bien, alguno podrá argumentar que también en el ámbito privado sucede, a menudo, que el que ocupa cargos de jerarquía no es el más idóneo, sino aquel que tiene mejor relación con el de arriba. Es cierto, a veces hay factores intangibles que pesan en estas decisiones y la confianza o la afinidad pueden derivar en un ascenso laboral. Sin embargo, la diferencia está en que, en el sector privado, si la persona contratada o ascendida no resulta apta para el cargo, el costo es asumido por el dueño de la compañía.

En el caso de la administración pública y sus organismos, la situación es diferente. Dado que el Banco Nación tiene acceso ilimitado al presupuesto público por ser una empresa estatal, el costo de las malas decisiones administrativas no es afrontado por nadie en particular, sino por todos los argentinos, que financiamos coactivamente con nuestros impuestos las aventuras de dicha empresa.

El caso de Delfina Rossi no es el único. De hecho, el directorio del Nación también está conformado por un compañero de colegio de Máximo Kirchner, el consuegro de Julio de Vido, y una militante de La Cámpora (organización que logró una verdadera colonización del Estado). Además, hace poco también se conoció que Alejandro Vanoli, presidente del Banco Central, nombró a su pareja y a su hijo en la planta permanente del organismo.

Es que esta es una característica intrínseca del modelo de Estado presente que patrocina el kirchnerismo. A mayor Estado, más y mayores son las empresas estatales, más y mayores son los fondos públicos administrados por funcionarios, más y mayores son las regulaciones y, finalmente, más y mayores son las posibilidades de que aparezcan la discrecionalidad y el nepotismo.

El caso de la hija de Rossi es uno más de esos que nos indigna y nos preocupa como sociedad. Y hasta que no haya un cambio profundo de sistema seguiremos indignándonos con los eternos beneficiarios de la prebenda y el privilegio.

El Frente Renovador

Por el lado del Frente Renovador de Sergio Massa, ya han anunciado que presentarán una propuesta para elevar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, que ya alcanza a trabajadores que ganan por encima de 8000 pesos. Esta es una buena idea ya que liberaría del pago del impuesto a muchos empleados que, en realidad, no ganan más que antes sino que simplemente reciben un salario nominal más alto para poder hacerle frente a la inflación. Sin embargo, el mismo Massa declaró, en el programa de Alejandro Fantino, que esta modificación impositiva tiene que estar necesariamente acompañada de otra para “reemplazarle ese recurso al Estado”.

En este sentido, su equipo económico ya trabaja en una propuesta para gravar la renta financiera, algo que ya existe y que el mismo kirchnerismo se apuró a reflotar. Poco queda de Renovador en el Frente de Massa.

El PRO

Otro partido que lanzó su campaña con propuestas económicas fue el PRO que, en Capital Federal, lleva al presidente del Banco Ciudad, Federico Sturzenegger, como candidato a diputado.

En una entrevista, Sturzenegger sorprende gratamente cuando afirma que la Argentina está llena de oportunidades y que “el crecimiento lo hace la gente. La cuestión es darle libertad y la economía florecerá sola”. Además, también afirma que la inflación es un impuesto que debe eliminarse.

Sin embargo, sugiere que la eliminación implicará la creación de algún nuevo impuesto para sustituir la fuente de ingresos que generaba la inflación: “el Gobierno debe sustituir ese impuesto, muy regresivo por cierto, por otros impuestos. Tiene que dar la cara y explicarle a la sociedad en qué gasta, y convencer al Congreso de subir los impuestos necesarios para sostener ese gasto”. Lo extraño del caso es que Sturzenegger siempre sostiene que bajar la inflación es un factor de reactivación de la economía porque equivale, justamente, a reducir un impuesto. Pero si en lugar de bajar un impuesto se lo sustituye por otro, ¿cómo espera que vaya a haber una reactivación?

Devolverle la economía a la gente

Ambos candidatos muestran buenas intenciones pero también una llamativa preocupación por mantener las fuentes de financiamiento del Estado como si éstas fueran sacrosantas. Lo cierto, no obstante, es que las fuentes de financiamiento del Estado son la principal causa, primero, de que la Argentina tenga un índice de inflación récord a nivel mundial y, en segundo lugar, que la presión tributaria sea la más alta de la historia del país (pasando del 24% del PBI en 2003 al 45% en la actualidad).

En los diez años de kirchnerismo, el Estado aumentó su gasto 450% medido en dólares. Eso disparó la inflación, aumentó los impuestos en todas las provincias, fue el origen de la estatización de los fondos jubilatorios, de la polémica resolución 125 y hoy está poniendo en riesgo las finanzas tanto de la ANSES como del Banco Central.

Sin embargo, ni el PRO ni Massa plantean lo saludable que sería, además de bajar los impuestos, bajar el gasto público. La oposición coincide con el kirchnerismo porque ambos operan bajo la premisa de que bajar el gasto público daría lugar a una catástrofe y una recesión, ignorando que lo que ocurriría sería todo lo contrario.

De hecho, eso es lo que pasó en los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Luego del cese de hostilidades, el gasto público en EEUU cayó del 55% al 16% del PBI dando lugar a las predicciones más oscuras. Sin embargo, ninguna se cumplió y el consumo y la inversión se dispararon a medida que el sector privado generaba empleo para los millones de desafectados del ejército.

¿Qué pasó? Que se le devolvió la economía, altamente dirigida y controlada por el gobierno durante la guerra, a los privados y éstos son los que más saben cómo satisfacer las necesidades del público consumidor.

Los altos impuestos y el elevado gasto público desalientan la inversión y dan lugar a un consumo que necesariamente es ineficiente porque no responde a las preferencias de los consumidores sino a las preferencias políticas de los funcionarios y eso, en el tiempo, no es sostenible, dando lugar a crisis, hiperinflaciones, o a situaciones de largo estancamiento y decadencia.

Volviendo a la escena nacional, los candidatos deberían abandonar la demagogia de prometer lo imposible y comprometerse, en serio, con el crecimiento futuro del país. Ese futuro requiere, por supuesto, de una menor carga tributaria. Pero requiere también de su necesaria contrapartida, la reducción del gasto público, de manera que (junto con una inescapable mejora del ambiente institucional) se le devuelva la economía a la gente para que esta tenga más libertad y la economía florezca sola.