Algo parecido sucede en la economía latinoamericana. A principios de la década pasada, fundamentalmente luego de la crisis argentina, nuestro país se volvió la estrella del crecimiento emergente. Incluso premios Nobel alabaron nuestro modelo enfocándose solo en el crecimiento de nuestro PBI. Lo mismo le pasó a Venezuela, que crecía a tasas altas ayudada por los precios del petróleo y una política económica marcadamente expansiva.

Si observamos el gráfico de más abajo, que muestra el crecimiento de algunos países sudamericanos (se toma un promedio móvil de tres años para suavizar las líneas), se ve claramente que Argentina y Venezuela eran, hasta el 2006-2007, la liebre.

Éramos los más rápidos y nos reíamos de los demás. El gasto público crecía, también la emisión monetaria y manteníamos un tipo de cambio competitivo para estimular el crecimiento. La idea fundamental: impulsar el consumo y el mercado interno. Las instituciones, que afectan principalmente la inversión de largo plazo, no eran una variable importante.

La tortuga (en nuestro caso, Chile, Colombia y Perú) optó por un camino diferente. Los países vecinos se preocuparon mucho más que nosotros por sus instituciones, empezando por sus monedas, que se apreciaron frente al dólar durante todo el período. Por otro lado, saludaron y le dieron una cálida bienvenida a las inversiones del exterior, a la espera de que eso fuera lo que, gracias a la mejora de la productividad, estimulara el consumo y la balanza comercial.

Además, mantuvieron a raya las cuentas públicas. Con aumentos de gasto, sí, pero siempre dentro de las posibilidades de un financiamiento razonable.

En nuestro caso y en el venezolano, el gasto se financió con emisión monetaria y finalmente las variables se descontrolaron. Hoy la inflación es el peso más importante que acarrea la economía. Porque distorsiona los precios relativos y genera malas inversiones, y porque achica el horizonte de planificación, llegando incluso a paralizar la actividad económica. A esto se le suma, además, una batería de innumerables controles y regulaciones que solo sirven para ahogar aún más a los sectores productivos.

No es extraño que hoy hasta el INDEC reconozca la recesión y que las perspectivas para los años venideros tengan a Argentina y Venezuela en los últimos puestos del ránking regional de crecimiento. Viendo las cosas desde esta perspectiva, parece mucho más razonable recorrer el camino de la tortuga. En ese contexto, tal vez no volvamos a tener “tasas chinas” de crecimiento. Pero ¿quién las necesita? Lo que necesitamos es un crecimiento sostenido y sostenible, algo que solo se logra con apertura económica, respeto por la propiedad privada y equilibrio fiscal.

Lo demás es el camino de la liebre, que luego de tanto ensayarlo, ya debería tenernos cansados.

Según Heritage, la libertad económica es “el derecho fundamental de todo ser humano de controlar su propio trabajo y propiedad. En una sociedad económicamente libre, los individuos son libres de trabajar, producir, consumir e invertir en todo lo que quieran”. En este sentido, el índice mide algunos conceptos que intentaremos poner en términos sencillos:

Imperio de la ley (derechos de propiedad y corrupción): supongamos que una persona, llamémosle Juan, quiere comenzar un emprendimiento. A Juan le será más fácil hacerlo si el gobierno no pone excesivas trabas burocráticas. Por otro lado, una vez comenzado el emprendimiento, Juan será más libre si no corre riesgo de sufrir expropiaciones o si el gobierno le deja comprar y vender a quien quiera y a los precios que desee. Por otro lado, si Juan tiene que pasar por un sinfín de “peajes y colaboraciones extras” para “aceitar trámites”, por ejemplo, el uso de su propiedad y trabajo se verá restringido, y su moral, dañada.

Gobierno limitado (libertad fiscal, gasto público): si Juan vive en un país en el que el gobierno gasta por encima de sus posibilidades, tendrá menos libertad económica. ¿Por qué pasa esto? Porque el gobierno puede financiarse de tres formas: o cobra impuestos o se endeuda o le pide al banco central que emita moneda. Esto quiere decir que un país con alto gasto público, Juan deberá pagar más impuestos, sufrir las consecuencias de una deuda que pueda convertirse en insostenible o padecer altos niveles de inflación.

Eficiencia en la regulación (libertad empresaria, libertad laboral y libertad monetaria): en un país libre, Juan podrá emprender libremente sin trabas burocráticas. Sin embargo, si el país sufre el síndrome de la hiperregulación, el comienzo de nuevas actividades productivas será cada vez más costoso. Por otro lado, si Juan fuera un ciudadano que buscara trabajo, la mayor cantidad de regulaciones laborales complicaría esta búsqueda, ya muchas veces funcionan como barreras de ingreso al mercado laboral. La eficacia en la regulación, también hace referencia a la “libertad monetaria”. Esto quiere decir que si el gobierno gasta más de lo que gana y para financiarse acude a la impresión de billetes del banco central, la moneda de Juan perderá progresivamente poder de compra, lo que terminará empobreciéndolo sin que él haya tomado ninguna mala decisión económica.

Apertura comercial (libertad de comercio, libertad de inversión, libertad financiera): ahora supongamos que Juan quiere comprar un insumo para su emprendimiento que se consigue muy barato en otro país. Supongamos que el gobierno decide arbitrariamente prohibir esa compra, ¿está Juan disponiendo libremente de su trabajo y propiedad? Supongamos ahora que Juan desea comprar dólares o alguna otra moneda extranjera para ahorrar y escapar de la inflación. Si el gobierno prohíbe arbitrariamente esta transacción ¿está Juan disponiendo libremente de su trabajo y propiedad? Como se ve, los anteriores son parámetros distintos para medir la capacidad de los individuos de un país para tomar decisiones económicas en libertad. En Argentina, el conjunto de estos dio, como en años anteriores, un mal resultado.

Cuando la libertad se pierde

Cuando los ciudadanos no pueden ejercer el derecho fundamental de controlar su trabajo y su propiedad, comienza a caer el incentivo para producir e invertir. En un sistema tal, los únicos que se arriesgan son los que tienen algún contacto con el gobierno y que, gracias a él, se aseguran privilegios que garantizan que su inversión no será tocada. Sin embargo, este será siempre un grupo reducido en relación con lo que pasaría si el país fuera económicamente más libre.

Como consecuencia, cae la producción y la inversión busca mejores destinos, lo que deja al país con un capital fijo (infraestructura eléctrica, vías férreas, rutas, antenas de celulares, tecnología en general) que no crece al ritmo que debería y que se consume hasta que, finalmente, no aguanta más.

Por otro lado, las empresas deciden operar en otros destinos, dejando al país con pocos contratantes, lo que presiona hacia abajo el salario real de los trabajadores, condenando a la pobreza a grandes porciones de la población.

Casos extremos de ausencia de libertad económica son la Unión Soviética, cuyo famoso muro cayó derribado a golpes por sus propios ciudadanos, y Cuba, donde la miseria y el atraso son el pan de cada día. Del otro lado está Hong Kong, donde las pocas trabas transformaron una pequeña península sin recursos en una potencia económica cuyos ciudadanos gozan de uno de los estándares de vida más altos del planeta.

Como consecuencia, Argentina se encuentra en el peor de los mundos ya que sufre, no sólo de una inflación galopante, sino de las consecuencias de los controles de precios, lo que agrava aún más las cosas.

El primer problema del “combo” inflación más controles de precios es, como indica cualquier libro de texto, la escasez. A medida que los precios suben, también suben los costos de producción. Entonces, si al Moreno de turno se le ocurre poner un freno a los precios, habrá empresas que deberán cerrar sus puertas debido a que se les acabará el margen de ganancia. En ese contexto, aparecerá la escasez, algo que en el caso venezolano llega a niveles tragicómicos, pero que ya se evidencia en los cartelitos de algunas góndolas de nuestros supermercados.

En segundo lugar, cuando a la inflación (que, por sí misma, es la gran distorsión del sistema de precios relativos) se le suman los controles, lo que pasa es que todos los precios se vuelven prácticamente locos. Así es como “estacionar en una playa privada de la Capital cuesta diez veces más que en los parquímetros públicos” o “se paga casi lo mismo por la factura de gas de todo un año que por un suéter”.

Esta situación genera un consumo excesivo de los productos artificialmente abaratados y, por ende, una pésima calidad de servicio de los mismos, algo que es evidente tanto en el caso de la infraestructura del transporte como en el caso energético, ya que vivimos en un país donde cuando hace frío se corta el gas y cuando hace calor nos quedamos sin luz.

Por último, este combo de la ignorancia económica también ayuda a incrementar las diferencias sociales, ya que las empresas productoras de bienes con precios controlados intentan evadir la regulación discontinuando productos y creando nuevos pero de líneas “premium”. La consecuencia: desabastecimiento para los pobres y “distinción” para los ricos.

El cuento de los gobiernos populistas siempre empieza con las mejores intenciones. Un poquito de inflación para crecer y controles para que los sectores populares no queden marginados. Sin embargo, los resultados – en la forma de escasez, crisis energética, crisis de infraestructura (con tragedias incluidas) y mayor brecha entre ricos y pobres – prueban que de buenas intenciones está lleno el camino al infierno económico.