Pero al mismo tiempo el crecimiento del país asiático no se contrapone de manera directa al funcionamiento del capitalismo globalizado heredado del neoliberalismo sino que incluso profundiza muchos de sus aspectos, dejando a América Latina como proveedora de materias primas con mayor o menor nivel de procesamiento.

Considerando estos dos elementos cabe hacerse la pregunta: ¿es positivo para nuestro país profundizar sus lazos con el gigante asiático? ¿Qué intereses tienen los chinos en la Argentina? ¿Son compatibles con las necesidades de nuestra población? ¿Quién se apropiaría en nuestro país de los potenciales beneficios?

Financiamiento y dependencia

El Convenio Marco de Cooperación firmado el 18 de julio pasado y estos nuevos acuerdos llegan cuando China desplazó a Estados Unidos y se convirtió en nuestro segundo socio comercial -después de Brasil- donde Argentina exporta fundamentalmente harina, aceite y pellets de soja. A cambio, China realiza inversiones para obras de infraestructura y financiamiento para nuestro país. Se destacan la construcción de una central nuclear, la instalación de una estación espacial, la construcción de las famosas represas Kirchner y Cepernic en Santa Cruz, y otras inversiones vinculadas a comunicaciones y otros rubros. En ese marco también Argentina logró negociar un “swap” (canje de monedas) con China que le brindó cierta tranquilidad a las reservas del Banco Central que fue sumamente importante para sortear las presiones devaluatorias del segundo semestre del año pasado. Visto así y a corto plazo, los acuerdos parecen ser todo ganancia.

Pero China se limita a invertir en los sectores que considera necesarios para el crecimiento de su economía y esos no son precisamente convergentes con las necesidades del pueblo argentino. Por eso en el encuentro que Cristina tuvo con treinta de las principales empresas chinas, se ocupó de destacar que la Argentina es “una fuente inagotable de negocios” en donde “prácticamente todo el país es cultivable”, el “más competitivo del mundo en la producción de granos” y “muy rico en minerales”.

Aquí está el problema. Los intereses chinos en nuestro país se concentran en aquellas áreas que sostienen nuestra dependencia como economía subdesarrollada. La profundización del modelo agroalimentario para abastecer el mercado interno chino, la proliferación de la explotación minera y ahora también el usufructo del yacimiento de Vaca Muerta. No se puede considerar ingenuamente que en el caso de abrir de manera indiscriminada nuestra economía a las inversiones chinas, las consecuencias serán radicalmente diferentes de las que generaron las europeas en siglo XIX o norteamericanas en el siglo XX. Tanto es así que los empresarios chinos le reclamaron al gobierno argentino por su derecho a utilizar los puertos privados en los que realizaron inversiones en los últimos años y por la remisión de utilidades de sus empresas, imitando el comportamiento de sus pares occidentales.

Argentina merece un debate amplio sobre este tema. No es gratuito atar nuestro futuro a las “potencias emergentes”. Es necesario, ahora más que nunca en este mundo en transición posneoliberal, revitalizar el truncado ideario de integración regional que quedó estancado desde hace años. Proyectos como el Banco del Sur y otras herramientas que privilegiaban el enfoque de bloque latinoamericano fueron relegados por estrategias particulares de cada país para negociar los términos de su inserción en el mundo. Este elemento quizás sirva para comprender mejor el giro político que se observa en muchos gobiernos “progresistas” de la región.

En lugar de reinsertarnos en el mercado mundial, ahora con eje en China, de forma dependiente para que los sectores exportadores, concentrados y extranjerizados hagan negocios, debemos poner en pie un proyecto latinoamericano de desarrollo basado en otros principios, como la soberanía sobre nuestros recursos naturales, la garantía y ampliación de los derechos sociales y laborales de los trabajadores y trabajadoras latinoamericanos, la cooperación entre las distintas economías de la región y la solidaridad entre los pueblos.

En materia de política económica tuvimos la devaluación de enero, los aumentos de las tasas de interés y el “redireccionamiento” de subsidios. En términos de variables macroeconómicas, las medidas permitieron estabilizar el tipo de cambio a 8 pesos y frenar la caída de reservas. Pero en términos de costo social, esto implicó una transferencia regresiva de ingresos, es decir que se perjudicó a la clase trabajadora y se benefició a las grandes empresas, bancos y en particular a las exportadoras.

Sin embargo esta estabilidad lograda podría ponerse en riesgo en el segundo semestre del año. Sin la cosecha que se liquida en el primer semestre, ¿cómo evitar que el 2014 no termine igual que el 2013? ¿Cómo evitar una nueva sangría de reservas, una nueva corrida contra el peso y en consecuencia una nueva devaluación?

Las respuestas del gobierno a estos interrogantes no se distancian mucho de la agenda propuesta por la oposición y la palabra clave es “confianza”. Había que dar “seguridad” para que vengan los dólares a través de inversiones y/o nueva deuda. Para lograr confianza había que sincerar al menos parcialmente los números del Indec, había que darle una compensación “razonable” a Repsol, había que dejar de rechazar las negociaciones con la Unión Europea para un acuerdo de Libre Comercio y había que llegar a un acuerdo con el Club de París.

La confianza tiene precio

¿Cuánto cotiza la confianza? En el corto plazo sale barata. El gobierno espera que gracias a todas estas señales pro-mercado en el segundo semestre y en el comienzo de 2015 tengamos una verdadera “lluvia de dólares” con inversiones en la industria, en la minería y en el sector energético a través de Vaca Muerta. Y también contar con acceso al mercado financiero internacional tanto para las empresas privadas como para la emisión de deuda pública a tasas “razonables”. Por supuesto que esto habrá que verlo, pero supongamos que fuera cierto y el objetivo es logrado. En ese caso en el corto plazo esto permitirá al Estado mejorar sus reservas internacionales, enfrentar posibles corridas y si todo sale bien liberar importaciones que están frenadas y hasta contar algún recurso para hacer política expansiva.

Pero el contrato tiene una letra chica y que eleva muy alto el precio de la seguridad brindada al mercado. Con esta orientación de reconciliación con los mercados internacionales el gobierno está firmando la renuncia a las transformaciones estructurales que no se hicieron durante estos diez años y que muchos creían que a lo mejor se podrían comenzar a hacer en los próximos. Esta nueva orientación es incompatible con sancionar una nueva ley de inversiones extranjeras que afecte los intereses de las grandes multinacionales, con avanzar en el control público del comercio exterior, de ir por las rentas extraordinarias del agro y la minería, de regular el sistema financiero o de simplemente elevar el nivel de presión tributaria sobre los grandes capitales. Cualquiera de estas medidas y varias más que podríamos enumerar dinamitarían el objetivo enunciado y por el cual se hicieron todos los deberes en los últimos meses.

Las consecuencias políticas de esta orientación, por lo tanto, no son para nada gratuitas. El establishment ya ha expresado su vocación de contar a partir de 2015 con un gobierno más confiable, más previsible, tal como expresó a través del “Foro de Convergencia Empresarial”. Massa, Macri o Cobos ya se anotaron en esa carrera. El Frente para la Victoria no quiere quedar atrás y el círculo se va cerrando. Lógicamente, el candidato más cómodo y acorde a la nueva versión del modelo que se prepara para el 2015 se llama Daniel Scioli. 

Argumentos de ayer y de hoy

Cuando el año pasado el gobierno tomó la decisión de expropiar el 51% de las acciones de Repsol fuimos muchos quienes apoyamos. Se trató de una medida limitada, ya que era posible avanzar en una YPF 100% estatal y sobre el control público de los recursos hidrocarburíferos que están en manos de otras empresas. Pero indudablemente se trató de un paso positivo, debido a que el modelo de Repsol era insostenible y no generaba en nuestro país más que una enorme sangría permanente para financiar el desarrollo de la multinacional en el mundo. La gestión posterior de YPF demostraría si se había optado por el rumbo de la soberanía energética o no. En este sentido, el acuerdo con Chevron marca un verdadero retroceso, ya que a pesar de que la recuperación de YPF se basó en la crítica a la desinversión de Repsol, en los mismos años Chevron desinvirtió aún más en nuestro país.

Volvemos a escuchar los mismos argumentos de otras veces: sólo es posible llevar adelante estas explotaciones por medio del gran capital, y para “convencerlo” de que venga a ganar plata, se le otorgan beneficios extraordinarios. Son muchas las razones para cuestionar esta forma de pensar.

En primer lugar la experiencia histórica. Bajo ese razonamiento se sancionó durante la dictadura la Ley de Inversiones Extranjeras, más tarde reformada por el menemismo, que aun sigue vigente en nuestro país. ¿Cuál fue la ganancia para la Argentina? Se trata del mismo razonamiento que nos dice que estamos obligados a aceptar al CIADI como tribunal arbitral mientras que países como Venezuela, Bolivia, Ecuador o Brasil no lo hacen. Es claro que las inversiones extranjeras no sirven para desarrollar al país sino sólo para el beneficio de esas compañías. Nuestro problema no es la falta de capitales ni mucho menos un supuesto aislamiento del mundo, sino por el contrario la extrema dependencia de nuestro país de los centros del mercado mundial globalizado.

En segundo lugar en Argentina sí existen los fondos para recuperar una gran empresa petrolera como fue YPF. La renta que producen el campo, la minería, la forestación, la pesca e inclusive las otras petroleras es inmensa, pero se la apropia una ínfima minoría en función de sus propios intereses, en lugar de estar en manos públicas para financiar una transformación del modelo productivo. Lo que hace falta es la voluntad política de construir la fuerza social suficiente para poder avanzar sobre ellas.

En tercer lugar, ante la eventual necesidad de un acuerdo con capitales extranjeros, desde luego debe hacerse en otros términos: en el marco de la integración latinoamericana, y generando en el propio acuerdo las condiciones para superar nuestras limitaciones. Nuestra América cuenta con países productores de energía con grandes empresas estatales que deberían ser priorizadas antes que una multinacional norteamericana. Para peor, en este caso el gobierno nacional prefirió defender a Chevron ante el embargo judicial de 19 mil millones de dólares impuesto por el gobierno ecuatoriano por daños ambientales en la Amazonía. Por otro lado, cualquier acuerdo motivado por la falta de recursos técnicos debería estar regido precisamente por la condición de la transferencia del 100% de la tecnología. Al mismo tiempo, debería contemplar la creación de un fondo específico para evitar en el futuro recaer en la necesidad de capital privado.

Finalmente, la extracción de hidrocarburos no convencionales mediante la técnica del fracking está sumamente cuestionada por su alto impacto ambiental. En este sentido se replantea el debate abierto por las asambleas ciudadanas contra la megaminería. Y se evidencian las fallas en la participación democrática, en la medida en que ni los pobladores de las zonas afectadas son consultados ni escuchados, ni tampoco se promueve un debate nacional para decidir colectivamente sobre un tema estratégico como este.

Actualmente el 90% de nuestra matriz energética se basa en el consumo de hidrocarburos, principalmente gas natural. Es necesario avanzar en un replanteo de esta situación. No será posible si seguimos apostando al camino de la entrega de nuestros recursos naturales a las multinacionales. El verdadero problema no es la intervención del Estado, como dicen los economistas de la derecha, sino el sometimiento del Estado nacional ante intereses contrarios a nuestras necesidades.