La nueva ley supone que la principal razón de la informalidad laboral son los altos costos de las empresas (sobre todo las Pymes), de allí que las exenciones impositivas sean el mecanismo ideado para facilitar el blanqueo, ya que reducir la carga fiscal permitiría a las empresas aliviar sus costos y dar margen para asumir el pago de las cargas sociales que implican formalizar el empleo. Supongamos por un momento que esto es cierto y las Pymes efectivamente enfrentan un problema de rentabilidad, habría no obstante varios aspectos discutibles que el proyecto de ley no asume.

La nueva ley invisibiliza la responsabilidad de las grandes empresas

Si bien es cierto que la mayoría del trabajo informal se concentra en las Pymes, es equivocado asumir que se trata un problema exclusivo o aislado de ese sector, ya que nuestra estructura productiva gira alrededor de las grandes empresas, muchas de ellas multinacionales, que aquí se ubican fuera del radar. Y es que en gran medida estas pequeñas y medianas empresas son proveedoras de las grandes industrias y en muchos casos directamente empresas tercerizadas de las grandes cadenas, una modalidad de producción que se ha extendido en todos estos años, a medida que se fue fortaleciendo una estructura económica inserta en las cadenas de valor del capitalismo global. Lógicamente, el poder de las grandes firmas les permite fijar precios que las Pymes asumen como dados y por tanto compensan sobre-explotando a sus trabajadores al “contratarlos” en negro. En cualquier caso la variable de ajuste siempre es el salario y el trabajo, es el eslabón más débil de toda la cadena.

Pero lo que no se puede soslayar es el rol de las grandes empresas en la estructuración del mercado de trabajo. La tercerización es una forma que las firmas líderes tienen para “lavarse las manos” de sus responsabilidades y traspasarlas a las Pymes. Un proyecto de ley que se proponga combatir la informalidad laboral no puede eludir esta realidad y concentrarse en bajar los costos de las pequeñas empresas. Dicho de otro modo, la informalidad laboral no es otra cosa que la contracara de la altísima rentabilidad de las empresas más concentradas de nuestra economía, por lo que resulta imposible atacar verdaderamente un aspecto dejando inmutable al otro. Aunque en apariencia sean cuestiones separadas, las brutales condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del campo, por ejemplo no son independientes de las enormes ganancias de las grandes exportadoras.

La nueva ley elude el problema de la democracia sindical

Las razones por las cuales una empresa “negrea” no son sólo de costo salarial en un sentido directo. La informalidad permite, además de bajar costos, evitar la conquista de la estabilidad laboral y por sobre todas las cosas el “dolor de cabeza” que significa para los empresarios la sindicalización. El “negreo” es la forma más directa de evitar que los trabajadores se organicen para reclamar por sus derechos. Si incluso en empresas que contratan mano de obra de manera formal existen todo tipo de artilugios para evitar la organización gremial, más difícil aún resulta para quienes no cuentan con ningún amparo formal.

En este sentido la nueva ley sólo tiene en cuenta como sujeto para resolver el problema de la informalidad a los empresarios de las Pymes y no a sus trabajadores, quienes no son convocados a reclamar, organizarse o movilizarse para exigir sus derechos. De esta manera no se asume otra dimensión clave para terminar con la informalidad y precarización laboral: promover la organización y la democracia sindical en los lugares de trabajo. Distintas estadísticas laborales demuestran que los establecimientos laborales que cuentan con delegados sindicales electos por sus compañeros no llegan al 15% del total. Asumir esta realidad y esta dimensión de la precarización laboral, permitiría un abordaje mucho más serio y efectivo para terminar con el trabajo informal. Incentivar la sindicalización y sobre todo la democratización de la representación gremial en los lugares de trabajo, daría mayor capacidad a los trabajadores y trabajadoras para pelear por trabajar en condicionar dignas y con derechos plenos.

Vale la pena mencionar también el ninguneo a los trabajadores de la Economía Popular que vienen organizándose gremialmente en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y exigiendo su reconocimiento al Ministerio de Trabajo. En lugar de concentrarse exclusivamente en beneficios impositivos para los empresarios, otorgar legalidad a un sindicato integrado por trabajadores precarizados o informales, sería una gran herramienta para avanzar en la lucha contra el fraude laboral.

Ausencia de una perspectiva integral

En resumen, aislar el problema de la informalidad laboral constituye un diagnóstico equivocado, que explica los fracasos previos. Incluso concediendo que las exenciones impositivas puedan llegar a ser un mecanismo útil, lo cual también es discutible, lo concreto es que hecho de manera aislada probablemente no produzca los resultados esperados y sobre todo no permita resolver la cuestión de fondo. Es que la precarización laboral en un sentido amplio y en particular el “negreo”, no son problemas sectoriales, sino un rasgo estructural del conjunto del mercado laboral que se fue diseñando en las últimas décadas.

Por eso, combatir la informalidad debería contemplar derogar las leyes de flexibilización laboral, discutir una ley para terminar con el fraude laboral de las tercerizaciones de las grandes empresas y promover la organización democrática de los trabajadores. Puede parecer utópico, pero en realidad es la única vía hasta en el sentido más pragmático del asunto. Lo que sin dudas resulta utópico es pretender combatir la informalidad con políticas focalizadas de dudosa aplicabilidad.

Sin embargo, lo ocurrido en los últimos días no es otra cosa que un rotundo triunfo de estos victimizados “mercados”,  y muy por el contrario del imaginario que los ubica como presos de los vaivenes de la política oficial, en realidad han demostrado que tienen y siempre tuvieron la sartén por el mango (y el mango también diría María Elena Walsh). El gobierno perdió una de las pulseadas más fuertes con los exportadores y, de declamar su rechazo absoluto a sus pedidos, pasó a convalidarlos. Primero defendió el tipo de cambio como ancla de precios contra los argumentos devaluacionistas, para luego adoptar la política de “devaluación gradual” contrapuesta a la “brusca” impulsada por el poder económico. Finalmente ahora se defiende los ajustes bruscos en el tipo de cambio contrapuestos a la “megadevaluación” que promueven los mercados.

Muchos analistas aciertan en colocar el impacto inflacionario como el peligro más relevante a corto plazo, ya que tanto por razones de aumento de costos o por simple juego especulativo, todos los empresarios están prestos a remarcar sus productos, si es que no lo hicieron ya en estos días. Las medidas “compensatorias”, como el Plan PROGRESAR, aunque positivas, aparecen claramente como insuficientes, y la posibilidad de sostener el poder adquisitivo de los trabajadores y el conjunto de la población dependerá fundamentalmente de la capacidad de movilización y presión que se pueda generar desde abajo. La paritaria docente que debería comenzar a negociarse próximamente puede ser un botón de muestra de lo que vendrá en el futuro inmediato.

Pero, independientemente de lo que ocurrirá en los próximos caldeados meses, interesa preguntarse: ¿Cómo se llegó a esta situación? ¿Había otras alternativas? ¿Qué evidencia este cambio en el panorama económico nacional?

La sartén por el mango

Detrás de los movimientos de la cotización del dólar existen poderosos intereses económicos. El “problema cultural” que tenemos los argentinos que nos lleva a buscar permanentemente transformar nuestros ahorros en moneda norteamericana sólo explica una parte (y probablemente pequeña) de la escasez de divisas.

La devaluación operada la semana pasada es hija del fracaso de una estrategia que ya había demostrado sus límites en reiteradas oportunidades y es la creencia de que haciendo “política cambiaria” y negociando precios con los grandes grupos económicos se lograrían sortear los profundos desequilibrios que enfrentamos. Es decir, sin encarar las cuestiones estructurales.

El problema de fondo es el dominio absoluto (con excepción reciente de YPF) del sector privado en todas las áreas sensibles y estratégicas de nuestra economía. ¿Qué esperaba el gobierno por parte de las grandes cerealeras y los pooles de siembra sino la especulación con el tipo de cambio? Luego de intentar convencerlas de que liquiden sus cosechas y ofrecerles bonos atados al tipo de cambio, finalmente terminaron por convalidar su estrategia: los que especularon, ganaron. Ahora pueden liquidar exportaciones un 33% más caras. No estamos hablando de “mercados desconfiados” sino puntualmente de ocho grandes empresas multinacionales que explican aproximadamente el 90% de las ventas sojeras al exterior.

Poco más de un mes atrás planteábamos en otro artículo [1] la necesidad de avanzar en el control público del comercio exterior y terminar con la especulación privada de este puñado de multinacionales, que impacta además en el precio de los alimentos que consumimos todos los días. Comercio exterior, producción de alimentos, sistema financiero, grandes conglomerados industriales, cadenas de comercialización interna, todas estas áreas siguen dominadas por el capital privado (y en su mayoría multinacional), algunas incluso con marcos regulatorios heredados de la última dictadura militar. ¿Algún kirchnerista honesto puede suponer que es posible conquistar la justicia social y la soberanía económica sin avanzar en este terreno, pactando y re-pactando con un empresariado que ya demostró que lo mueve el bolsillo y no el compromiso con “El Proyecto”? Y al mismo tiempo, ¿es posible razonar que si nada de esto se hizo en estos diez años se debe simplemente a que “no se pudo”? Y si no se puede ahora, y a sólo año y medio de la campaña presidencial del 2015, ¿cuándo se va a poder?

Volvamos a la actualidad, ya que mientras todos estos problemas estructurales no se encaran hay que dar respuesta a los conflictos que se avecinan en el corto plazo: la inflación y su posible aceleración por el impacto cambiario. ¿Qué hace pensar que, a diferencia de lo que ocurrió con los acuerdos de precios anteriores, esta vez va a fructificar? Desde el escepticismo es que nos animamos a hacer una propuesta. ¿No será hora de pensar que el Estado participe en forma directa en la comercialización de productos? ¿Tan osado es? ¿Qué impide montar una red de distribución de alimentos y productos de la canasta básica administrada por el propio Estado y marcando precios de referencia a las grandes cadenas de supermercados? ¿Y qué impide desarrollar una campaña comunicacional señalando los precios acordados y los abusos de los grandes comerciantes? La existencia de una activa y numerosa militancia en los barrios populares a lo largo y ancho de la Argentina permite pensar soluciones creativas que de seguro no se encontrarán en ningún manual de economía. Eso sería realmente empoderar al pueblo, algo que suele declamarse en los actos pero no en políticas concretas. Lo contrario es volver a apostar, una vez más, a la buena voluntad de los dueños de la sartén y el mango. Pero, seamos serios, si por enésima vez la estrategia no prospera no vale echarle la culpa a “la gente”.