La estrategia planteada por el gobierno en esta última etapa no fue la “profundización” que se había prometido ni las transformaciones estructurales pendientes en esta década, que son el único camino para lograr una auténtica solución de la desigualdad social y la dependencia nacional. Probablemente este camino hubiera implicado el riesgo de agudizar los problemas económicos (inflación, escasez de divisas) y sociales (mayor conflicto con clases medias) y por otro lado también romper el esquema de alianzas políticas vigente. En este sentido quedó clarísimo que Cristina y el núcleo del kirchnerismo no quieren llevar a la Argentina a una situación “a la venezolana”. El camino elegido por el gobierno fue entonces el opuesto. Plantear un pacto de gobernabilidad para llegar al 2015 de la mejor manera posible y reservar a Cristina para un posible retorno al poder más adelante.

En el plano económico, el gobierno volvió a convocar al empresariado y concretó un giro hacia los mercados. Se asumió el diagnóstico empresarial del “atraso cambiario” que por un lado había generado un aumento del salario en dólares (del orden del 50% en 2011 y 2012) y por otro lado una demanda muy grande de moneda extranjera tanto para ahorro (que se cortó con la restricción) como para turismo. Originalmente el plan del oficialismo era devaluar de manera gradual, pero eso generó problemas con los movimientos especulativos de los exportadores, que terminaron logrando la devaluación brusca de enero.

Además de la devaluación, el otro eje central es conseguir financiamiento externo para hacer frente a la escasez de divisas. Para eso se arregló con el FMI, CIADI, Repsol y se sigue negociando con el Club de París y los fondos buitres. La idea del gobierno es que, si esta política es exitosa, la Argentina debería estar pudiendo emitir deuda en el segundo semestre de 2014 y de esa manera hacer frente a una posible nueva corrida contra las reservas cuando los efectos de la devaluación se hayan disipado. Junto al endeudamiento, el gobierno también busca conseguir dólares vía inversiones, sobre todo a través de YPF utilizando el proyecto de Vaca Muerta.

En conclusión, el kirchnerismo devaluó, subió las tasas de interés, hizo política monetaria contractiva. La única diferencia con la receta ortodoxa (la última bandera que le queda a la oposición para seguir exigiendo más ajuste) es que no realiza el ajuste fiscal ni lleva a cabo los famosos “planes antiinflacionarios” (tal como lo indican los organismos internacionales y el lobby empresarial), lo cual tendría efectos aún más recesivos y regresivos que los actuales desde el punto de vista económico y social. Pero incluso considerando ese componente “heterodoxo” del ajuste, el 2014 seguramente termine con una caída del salario real y redistribución negativa del ingreso y por ende en un beneficio para el capital concentrado.

En el plano social la nueva estrategia necesariamente tuvo que venir de la mano de un endurecimiento del discurso hacia la protesta social, que seguramente se va a expresar en mayores niveles, como ya quedó claro con la histórica huelga docente de la provincia de Buenos Aires y la convocatoria al paro del 10 de abril.

Y finalmente en el plano político, el gobierno apuesta cada vez más a consolidar la discusión dentro del Frente Para la Victoria (FPV) en un pacto de gobernabilidad con el PJ. La idea de resolver todo en el marco del FPV (es decir, contener a todo el espectro desde Unidos y Organizados hasta los gobernadores) es parte de esta estrategia más general. Pero también hay que interpretar dentro de esa estrategia política la apelación de Cristina a una gran concertación nacional, los gestos al radicalismo y las conversaciones con el papa Francisco.

En resumen, todo parece indicar que en esta fase el kirchnerismo aspira a llegar al 2015 de la manera más prolija posible, intentando campear la situación económica, fortaleciendo el FPV y cuidando la fuerza propia.  Desde nuestro punto de vista, hoy estamos pagando las consecuencias de no haber encarado transformaciones de fondo, ni en el plano económico ni el político. En lo primero, el gobierno apostó a construir un “capitalismo en serio” dando concesiones a los sectores populares pero hoy se demuestra que no hay capitalismo alguno que pueda resolver los problemas estructurales de la Argentina. En lo segundo, el gobierno apostó al PJ y a la institucionalidad tradicional para sustentar su proyecto político, pero hoy se demuestra que sin apostar a la movilización popular y a la construcción de poder popular no es posible transformar la Argentina.

El gobierno termina su mandato tirando la toalla y haciendo concesiones al poder económico, perjudicando el bolsillo de los trabajadores. El kirchnerismo eligió el camino del pacto de gobernabilidad. Por eso es necesario construir un proyecto popular verdaderamente transformador, que supere el horizonte del capitalismo serio y que sea autónomo de las estructuras tradicionales (PJ-UCR-PRO). Para esto es imprescindible convocar a todos los compañeros y compañeras que durante estos años apostaron al proyecto del gobierno a defender las conquistas de esta década, a construir una opción política superadora en una convocatoria amplia con el conjunto de la militancia popular.

Sin embargo, lo ocurrido en los últimos días no es otra cosa que un rotundo triunfo de estos victimizados “mercados”,  y muy por el contrario del imaginario que los ubica como presos de los vaivenes de la política oficial, en realidad han demostrado que tienen y siempre tuvieron la sartén por el mango (y el mango también diría María Elena Walsh). El gobierno perdió una de las pulseadas más fuertes con los exportadores y, de declamar su rechazo absoluto a sus pedidos, pasó a convalidarlos. Primero defendió el tipo de cambio como ancla de precios contra los argumentos devaluacionistas, para luego adoptar la política de “devaluación gradual” contrapuesta a la “brusca” impulsada por el poder económico. Finalmente ahora se defiende los ajustes bruscos en el tipo de cambio contrapuestos a la “megadevaluación” que promueven los mercados.

Muchos analistas aciertan en colocar el impacto inflacionario como el peligro más relevante a corto plazo, ya que tanto por razones de aumento de costos o por simple juego especulativo, todos los empresarios están prestos a remarcar sus productos, si es que no lo hicieron ya en estos días. Las medidas “compensatorias”, como el Plan PROGRESAR, aunque positivas, aparecen claramente como insuficientes, y la posibilidad de sostener el poder adquisitivo de los trabajadores y el conjunto de la población dependerá fundamentalmente de la capacidad de movilización y presión que se pueda generar desde abajo. La paritaria docente que debería comenzar a negociarse próximamente puede ser un botón de muestra de lo que vendrá en el futuro inmediato.

Pero, independientemente de lo que ocurrirá en los próximos caldeados meses, interesa preguntarse: ¿Cómo se llegó a esta situación? ¿Había otras alternativas? ¿Qué evidencia este cambio en el panorama económico nacional?

La sartén por el mango

Detrás de los movimientos de la cotización del dólar existen poderosos intereses económicos. El “problema cultural” que tenemos los argentinos que nos lleva a buscar permanentemente transformar nuestros ahorros en moneda norteamericana sólo explica una parte (y probablemente pequeña) de la escasez de divisas.

La devaluación operada la semana pasada es hija del fracaso de una estrategia que ya había demostrado sus límites en reiteradas oportunidades y es la creencia de que haciendo “política cambiaria” y negociando precios con los grandes grupos económicos se lograrían sortear los profundos desequilibrios que enfrentamos. Es decir, sin encarar las cuestiones estructurales.

El problema de fondo es el dominio absoluto (con excepción reciente de YPF) del sector privado en todas las áreas sensibles y estratégicas de nuestra economía. ¿Qué esperaba el gobierno por parte de las grandes cerealeras y los pooles de siembra sino la especulación con el tipo de cambio? Luego de intentar convencerlas de que liquiden sus cosechas y ofrecerles bonos atados al tipo de cambio, finalmente terminaron por convalidar su estrategia: los que especularon, ganaron. Ahora pueden liquidar exportaciones un 33% más caras. No estamos hablando de “mercados desconfiados” sino puntualmente de ocho grandes empresas multinacionales que explican aproximadamente el 90% de las ventas sojeras al exterior.

Poco más de un mes atrás planteábamos en otro artículo [1] la necesidad de avanzar en el control público del comercio exterior y terminar con la especulación privada de este puñado de multinacionales, que impacta además en el precio de los alimentos que consumimos todos los días. Comercio exterior, producción de alimentos, sistema financiero, grandes conglomerados industriales, cadenas de comercialización interna, todas estas áreas siguen dominadas por el capital privado (y en su mayoría multinacional), algunas incluso con marcos regulatorios heredados de la última dictadura militar. ¿Algún kirchnerista honesto puede suponer que es posible conquistar la justicia social y la soberanía económica sin avanzar en este terreno, pactando y re-pactando con un empresariado que ya demostró que lo mueve el bolsillo y no el compromiso con “El Proyecto”? Y al mismo tiempo, ¿es posible razonar que si nada de esto se hizo en estos diez años se debe simplemente a que “no se pudo”? Y si no se puede ahora, y a sólo año y medio de la campaña presidencial del 2015, ¿cuándo se va a poder?

Volvamos a la actualidad, ya que mientras todos estos problemas estructurales no se encaran hay que dar respuesta a los conflictos que se avecinan en el corto plazo: la inflación y su posible aceleración por el impacto cambiario. ¿Qué hace pensar que, a diferencia de lo que ocurrió con los acuerdos de precios anteriores, esta vez va a fructificar? Desde el escepticismo es que nos animamos a hacer una propuesta. ¿No será hora de pensar que el Estado participe en forma directa en la comercialización de productos? ¿Tan osado es? ¿Qué impide montar una red de distribución de alimentos y productos de la canasta básica administrada por el propio Estado y marcando precios de referencia a las grandes cadenas de supermercados? ¿Y qué impide desarrollar una campaña comunicacional señalando los precios acordados y los abusos de los grandes comerciantes? La existencia de una activa y numerosa militancia en los barrios populares a lo largo y ancho de la Argentina permite pensar soluciones creativas que de seguro no se encontrarán en ningún manual de economía. Eso sería realmente empoderar al pueblo, algo que suele declamarse en los actos pero no en políticas concretas. Lo contrario es volver a apostar, una vez más, a la buena voluntad de los dueños de la sartén y el mango. Pero, seamos serios, si por enésima vez la estrategia no prospera no vale echarle la culpa a “la gente”.