A los desequilibrios en las cuentas externas y las fuertes presiones sobre el tipo de cambio de 2013, le siguió una devaluación cuyo impacto regresivo e inflacionario aún estamos pagando. Sobre este escenario iniciamos formalmente una recesión económica que tiene su correlato en despidos y suspensiones en determinadas ramas de la industria, y un desplome particular en el sector automotor. A esta situación de desequilibrio cambiario y estancamiento económico se le sumó, quizás inesperadamente, una potencial crisis de deuda externa a partir del fallo del juez Griesa a favor de los fondos buitre, que coloca a la Argentina al borde del default.

Pero, a diferencia de otros momentos de complicaciones económicas de los últimos años, esta vez parece existir un fuerte consenso entre los sectores de poder de que no hay otra salida a esta crisis que resignarse a las reglas de juego del sistema financiero internacional.

Hay otra salida y hacerla realidad depende de nosotros. Una medida urgente y posible de ser tomada para salir de esta situación de crisis tiene que ver con el empleo y los salarios. Desde que comenzó la recesión, empezaron a aparecer suspensiones de personal en numerosas plantas, y en algunas incluso despidos. Si bien la crisis es más fuerte en el rubro automotor, toda la industria está atravesando problemas.

Al día de hoy se encuentran suspendidos 15 mil trabajadores dentro de la rama automotriz, alcanzando al conjunto de las empresas del sector como Honda, Peugeot/Citroën con 1000 suspensiones y Renault que viene de hacer lo mismo en su planta de Santa Isabel con 1600 operarios. A ello se suma Volkswagen, que tomó la decisión de suspender desde  el viernes pasado hasta el lunes 28 a los 4 mil trabajadores de su planta, ubicada en General Pacheco.

A este cuadro de situación, habría que agregarle el clima que atraviesan las principales autopartistas donde despidos y suspensiones son desde hace meses parte del panorama cotidiano. En Lear, también ubicada en General Pacheco 1000 trabajadores fueron despedidos y 200 suspendidos, Gestamp enfrentó tiempo atrás una situación similar, y la semana pasada Visteon Corporation, autopartista de origen norteamericano, despidió a 240 operarios.

La propia dirigencia sindical demuestra estar más cercana a los intereses empresariales que a la defensa de los trabajadores y trabajadoras, más preocupada por impedir el surgimiento de un nuevo activismo obrero en las fábricas que por garantizar los salarios y los puestos de trabajo. Son los herederos de la vieja burocracia sindical que denunciaba ya Rodolfo Walsh hace cuarenta años.

Y el gobierno nacional, por su parte, profundiza el cambio de su política hacia la protesta social recurriendo a una respuesta represiva encarnada en la figura de Sergio Berni.

¿Pero por qué si las grandes empresas ganaron fortunas durante todos estos años, ahora son los trabajadores y trabajadoras los que tienen que sufrir las consecuencias de la caída en la producción? Es la misma historia de siempre, los empresarios se apropian en forma privada de las ganancias, pero pretender socializar las pérdidas.

¿La única opción es aceptar esto como realidad inmodificable? De ninguna manera. Pero para eso es necesario que el Estado intervenga protegiendo a los más débiles en estas situaciones, que son los trabajadores. Por ejemplo con una ley o decreto que prohíba los despidos mientas dure la recesión, y obligue a las empresas a hacerse cargo de sus empleados en el momento de “vacas flacas”.

Pero además de una respuesta inmediata frente a la posibilidad de que miles de familias queden en la calle, es necesario implementar un sistema de control de la ganancia empresarial. No puede ser que los capitales puedan ganar infinitamente, mientras que los trabajadores y trabajadoras apenas puedan pelear para no perder contra la inflación. ¿Qué tipo de justicia social es esa?

Es perfectamente posible discutir una ley de control de ganancias o una ley contra las ganancias extraordinarias, que asigne límites acordes al tipo de actividad. Esta medida, perfectamente viable, permitiría asegurar una mejor distribución entre las ganancias y los salarios de los trabajadores y trabajadoras, y además serviría para combatir la inflación, ya que pondría límites al aumento desmedido de los precios. Finalmente, se trata de una medida que generaría recursos fiscales, pudiendo implementarse estos fondos para otros programas favorables a la clase trabajadora.

Estas medidas suponen afectar intereses de unos pocos para mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías. Implican tomar partido por los de abajo y no poner expectativas en que de la mano de inversiones extranjeras y endeudamiento podremos salir adelante. Por supuesto que estas medidas deben ser complementadas con otras como investigar la legitimidad y legalidad de la deuda externa, avanzar sobre las leyes neoliberales vigentes (Ley de Inversiones Extranjeras y Ley de Entidades Financieras, entre otras), el control público del sistema financiero, la apropiación de mayores niveles de renta agraria, minera o hidrocarburífera, la regulación del mercado inmobiliario, una reforma tributaria progresiva, y un larguísimo etcétera. Pero en este momento y de forma urgente, es necesario proteger a quienes están comenzando a sufrir y pagar esta crisis.

Sin embargo es importante resaltar que gravar la renta financiera no implica afectar las ganancias de las entidades financieras. Los bancos se verían afectados de la misma medida que cualquier otro agente particular en tanto poseedor de acciones, obligaciones negociables o bonos. En los últimos años la actividad y la rentabilidad de los bancos crecieron muy por encima de la media de la economía. La “intermediación financiera” resultó el sector más dinámico de la economía en los últimos dos años. En 2011, mientras que el PBI se expandió un 8,9%, la actividad financiera lo hizo un 21,2%. En 2012, cuando el PBI sólo creció un 1,9%, el sector financiero lo hizo en un 19,6%. Según datos proporcionados por el Banco Central, los bancos privados incrementaron sus ganancias en este período en un 40,1%, duplicando los incrementos salariales que apenas alcanzaron para cubrir la inflación.

Esta situación por un lado desmiente la afirmación de Héctor Recalde de que con este proyecto se está “enfrentando la patria financiera”. También explica porqué cuenta con el apoyo de candidatos opositores que representan al sector financiero como Alfonso Prat Gay del UNEN (nuevo aliado de Pino Solanas). La discusión de fondo sobre el sector financiero en la Argentina implica avanzar en una reforma de la Ley de Entidades Financieras, que es la ley que regula la actividad de los bancos. La actualmente vigente fue elaborada durante la dictadura militar y tuvo como objetivo desregular el sistema financiero con el argumento de que el mercado es el asignador más eficiente de los recursos. De esta manera se eliminó el control estatal sobre las tasas de interés, se suprimió el direccionamiento del crédito y estableció al Banco Central como garante de los depósitos de los bancos privados.

Avanzar en una reforma financiera es necesario, pero no solamente por una cuestión de “justicia distributiva”, es decir porque los bancos están ganando mucho y hace falta repartir la torta. Orientar el crédito y tener control público sobre la tasa de interés es una palanca fundamental para llevar adelante un proyecto de desarrollo nacional autónomo, que permita reindustrializar el país, avanzar en proyectos de integración regional y terminar con nuestra excesiva dependencia del comercio internacional de commodities.

En estas elecciones, quiero ingresar en el Congreso para plantear la necesidad de una nueva Ley de Entidades Financieras para que los bancos no sigan siendo los grandes ganadores de esta Argentina.