A los desequilibrios en las cuentas externas y las fuertes presiones sobre el tipo de cambio de 2013, le siguió una devaluación cuyo impacto regresivo e inflacionario aún estamos pagando. Sobre este escenario iniciamos formalmente una recesión económica que tiene su correlato en despidos y suspensiones en determinadas ramas de la industria, y un desplome particular en el sector automotor. A esta situación de desequilibrio cambiario y estancamiento económico se le sumó, quizás inesperadamente, una potencial crisis de deuda externa a partir del fallo del juez Griesa a favor de los fondos buitre, que coloca a la Argentina al borde del default.

Pero, a diferencia de otros momentos de complicaciones económicas de los últimos años, esta vez parece existir un fuerte consenso entre los sectores de poder de que no hay otra salida a esta crisis que resignarse a las reglas de juego del sistema financiero internacional.

Hay otra salida y hacerla realidad depende de nosotros. Una medida urgente y posible de ser tomada para salir de esta situación de crisis tiene que ver con el empleo y los salarios. Desde que comenzó la recesión, empezaron a aparecer suspensiones de personal en numerosas plantas, y en algunas incluso despidos. Si bien la crisis es más fuerte en el rubro automotor, toda la industria está atravesando problemas.

Al día de hoy se encuentran suspendidos 15 mil trabajadores dentro de la rama automotriz, alcanzando al conjunto de las empresas del sector como Honda, Peugeot/Citroën con 1000 suspensiones y Renault que viene de hacer lo mismo en su planta de Santa Isabel con 1600 operarios. A ello se suma Volkswagen, que tomó la decisión de suspender desde  el viernes pasado hasta el lunes 28 a los 4 mil trabajadores de su planta, ubicada en General Pacheco.

A este cuadro de situación, habría que agregarle el clima que atraviesan las principales autopartistas donde despidos y suspensiones son desde hace meses parte del panorama cotidiano. En Lear, también ubicada en General Pacheco 1000 trabajadores fueron despedidos y 200 suspendidos, Gestamp enfrentó tiempo atrás una situación similar, y la semana pasada Visteon Corporation, autopartista de origen norteamericano, despidió a 240 operarios.

La propia dirigencia sindical demuestra estar más cercana a los intereses empresariales que a la defensa de los trabajadores y trabajadoras, más preocupada por impedir el surgimiento de un nuevo activismo obrero en las fábricas que por garantizar los salarios y los puestos de trabajo. Son los herederos de la vieja burocracia sindical que denunciaba ya Rodolfo Walsh hace cuarenta años.

Y el gobierno nacional, por su parte, profundiza el cambio de su política hacia la protesta social recurriendo a una respuesta represiva encarnada en la figura de Sergio Berni.

¿Pero por qué si las grandes empresas ganaron fortunas durante todos estos años, ahora son los trabajadores y trabajadoras los que tienen que sufrir las consecuencias de la caída en la producción? Es la misma historia de siempre, los empresarios se apropian en forma privada de las ganancias, pero pretender socializar las pérdidas.

¿La única opción es aceptar esto como realidad inmodificable? De ninguna manera. Pero para eso es necesario que el Estado intervenga protegiendo a los más débiles en estas situaciones, que son los trabajadores. Por ejemplo con una ley o decreto que prohíba los despidos mientas dure la recesión, y obligue a las empresas a hacerse cargo de sus empleados en el momento de “vacas flacas”.

Pero además de una respuesta inmediata frente a la posibilidad de que miles de familias queden en la calle, es necesario implementar un sistema de control de la ganancia empresarial. No puede ser que los capitales puedan ganar infinitamente, mientras que los trabajadores y trabajadoras apenas puedan pelear para no perder contra la inflación. ¿Qué tipo de justicia social es esa?

Es perfectamente posible discutir una ley de control de ganancias o una ley contra las ganancias extraordinarias, que asigne límites acordes al tipo de actividad. Esta medida, perfectamente viable, permitiría asegurar una mejor distribución entre las ganancias y los salarios de los trabajadores y trabajadoras, y además serviría para combatir la inflación, ya que pondría límites al aumento desmedido de los precios. Finalmente, se trata de una medida que generaría recursos fiscales, pudiendo implementarse estos fondos para otros programas favorables a la clase trabajadora.

Estas medidas suponen afectar intereses de unos pocos para mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías. Implican tomar partido por los de abajo y no poner expectativas en que de la mano de inversiones extranjeras y endeudamiento podremos salir adelante. Por supuesto que estas medidas deben ser complementadas con otras como investigar la legitimidad y legalidad de la deuda externa, avanzar sobre las leyes neoliberales vigentes (Ley de Inversiones Extranjeras y Ley de Entidades Financieras, entre otras), el control público del sistema financiero, la apropiación de mayores niveles de renta agraria, minera o hidrocarburífera, la regulación del mercado inmobiliario, una reforma tributaria progresiva, y un larguísimo etcétera. Pero en este momento y de forma urgente, es necesario proteger a quienes están comenzando a sufrir y pagar esta crisis.

Sin embargo, lo ocurrido en los últimos días no es otra cosa que un rotundo triunfo de estos victimizados “mercados”,  y muy por el contrario del imaginario que los ubica como presos de los vaivenes de la política oficial, en realidad han demostrado que tienen y siempre tuvieron la sartén por el mango (y el mango también diría María Elena Walsh). El gobierno perdió una de las pulseadas más fuertes con los exportadores y, de declamar su rechazo absoluto a sus pedidos, pasó a convalidarlos. Primero defendió el tipo de cambio como ancla de precios contra los argumentos devaluacionistas, para luego adoptar la política de “devaluación gradual” contrapuesta a la “brusca” impulsada por el poder económico. Finalmente ahora se defiende los ajustes bruscos en el tipo de cambio contrapuestos a la “megadevaluación” que promueven los mercados.

Muchos analistas aciertan en colocar el impacto inflacionario como el peligro más relevante a corto plazo, ya que tanto por razones de aumento de costos o por simple juego especulativo, todos los empresarios están prestos a remarcar sus productos, si es que no lo hicieron ya en estos días. Las medidas “compensatorias”, como el Plan PROGRESAR, aunque positivas, aparecen claramente como insuficientes, y la posibilidad de sostener el poder adquisitivo de los trabajadores y el conjunto de la población dependerá fundamentalmente de la capacidad de movilización y presión que se pueda generar desde abajo. La paritaria docente que debería comenzar a negociarse próximamente puede ser un botón de muestra de lo que vendrá en el futuro inmediato.

Pero, independientemente de lo que ocurrirá en los próximos caldeados meses, interesa preguntarse: ¿Cómo se llegó a esta situación? ¿Había otras alternativas? ¿Qué evidencia este cambio en el panorama económico nacional?

La sartén por el mango

Detrás de los movimientos de la cotización del dólar existen poderosos intereses económicos. El “problema cultural” que tenemos los argentinos que nos lleva a buscar permanentemente transformar nuestros ahorros en moneda norteamericana sólo explica una parte (y probablemente pequeña) de la escasez de divisas.

La devaluación operada la semana pasada es hija del fracaso de una estrategia que ya había demostrado sus límites en reiteradas oportunidades y es la creencia de que haciendo “política cambiaria” y negociando precios con los grandes grupos económicos se lograrían sortear los profundos desequilibrios que enfrentamos. Es decir, sin encarar las cuestiones estructurales.

El problema de fondo es el dominio absoluto (con excepción reciente de YPF) del sector privado en todas las áreas sensibles y estratégicas de nuestra economía. ¿Qué esperaba el gobierno por parte de las grandes cerealeras y los pooles de siembra sino la especulación con el tipo de cambio? Luego de intentar convencerlas de que liquiden sus cosechas y ofrecerles bonos atados al tipo de cambio, finalmente terminaron por convalidar su estrategia: los que especularon, ganaron. Ahora pueden liquidar exportaciones un 33% más caras. No estamos hablando de “mercados desconfiados” sino puntualmente de ocho grandes empresas multinacionales que explican aproximadamente el 90% de las ventas sojeras al exterior.

Poco más de un mes atrás planteábamos en otro artículo [1] la necesidad de avanzar en el control público del comercio exterior y terminar con la especulación privada de este puñado de multinacionales, que impacta además en el precio de los alimentos que consumimos todos los días. Comercio exterior, producción de alimentos, sistema financiero, grandes conglomerados industriales, cadenas de comercialización interna, todas estas áreas siguen dominadas por el capital privado (y en su mayoría multinacional), algunas incluso con marcos regulatorios heredados de la última dictadura militar. ¿Algún kirchnerista honesto puede suponer que es posible conquistar la justicia social y la soberanía económica sin avanzar en este terreno, pactando y re-pactando con un empresariado que ya demostró que lo mueve el bolsillo y no el compromiso con “El Proyecto”? Y al mismo tiempo, ¿es posible razonar que si nada de esto se hizo en estos diez años se debe simplemente a que “no se pudo”? Y si no se puede ahora, y a sólo año y medio de la campaña presidencial del 2015, ¿cuándo se va a poder?

Volvamos a la actualidad, ya que mientras todos estos problemas estructurales no se encaran hay que dar respuesta a los conflictos que se avecinan en el corto plazo: la inflación y su posible aceleración por el impacto cambiario. ¿Qué hace pensar que, a diferencia de lo que ocurrió con los acuerdos de precios anteriores, esta vez va a fructificar? Desde el escepticismo es que nos animamos a hacer una propuesta. ¿No será hora de pensar que el Estado participe en forma directa en la comercialización de productos? ¿Tan osado es? ¿Qué impide montar una red de distribución de alimentos y productos de la canasta básica administrada por el propio Estado y marcando precios de referencia a las grandes cadenas de supermercados? ¿Y qué impide desarrollar una campaña comunicacional señalando los precios acordados y los abusos de los grandes comerciantes? La existencia de una activa y numerosa militancia en los barrios populares a lo largo y ancho de la Argentina permite pensar soluciones creativas que de seguro no se encontrarán en ningún manual de economía. Eso sería realmente empoderar al pueblo, algo que suele declamarse en los actos pero no en políticas concretas. Lo contrario es volver a apostar, una vez más, a la buena voluntad de los dueños de la sartén y el mango. Pero, seamos serios, si por enésima vez la estrategia no prospera no vale echarle la culpa a “la gente”.