A los desequilibrios en las cuentas externas y las fuertes presiones sobre el tipo de cambio de 2013, le siguió una devaluación cuyo impacto regresivo e inflacionario aún estamos pagando. Sobre este escenario iniciamos formalmente una recesión económica que tiene su correlato en despidos y suspensiones en determinadas ramas de la industria, y un desplome particular en el sector automotor. A esta situación de desequilibrio cambiario y estancamiento económico se le sumó, quizás inesperadamente, una potencial crisis de deuda externa a partir del fallo del juez Griesa a favor de los fondos buitre, que coloca a la Argentina al borde del default.

Pero, a diferencia de otros momentos de complicaciones económicas de los últimos años, esta vez parece existir un fuerte consenso entre los sectores de poder de que no hay otra salida a esta crisis que resignarse a las reglas de juego del sistema financiero internacional.

Hay otra salida y hacerla realidad depende de nosotros. Una medida urgente y posible de ser tomada para salir de esta situación de crisis tiene que ver con el empleo y los salarios. Desde que comenzó la recesión, empezaron a aparecer suspensiones de personal en numerosas plantas, y en algunas incluso despidos. Si bien la crisis es más fuerte en el rubro automotor, toda la industria está atravesando problemas.

Al día de hoy se encuentran suspendidos 15 mil trabajadores dentro de la rama automotriz, alcanzando al conjunto de las empresas del sector como Honda, Peugeot/Citroën con 1000 suspensiones y Renault que viene de hacer lo mismo en su planta de Santa Isabel con 1600 operarios. A ello se suma Volkswagen, que tomó la decisión de suspender desde  el viernes pasado hasta el lunes 28 a los 4 mil trabajadores de su planta, ubicada en General Pacheco.

A este cuadro de situación, habría que agregarle el clima que atraviesan las principales autopartistas donde despidos y suspensiones son desde hace meses parte del panorama cotidiano. En Lear, también ubicada en General Pacheco 1000 trabajadores fueron despedidos y 200 suspendidos, Gestamp enfrentó tiempo atrás una situación similar, y la semana pasada Visteon Corporation, autopartista de origen norteamericano, despidió a 240 operarios.

La propia dirigencia sindical demuestra estar más cercana a los intereses empresariales que a la defensa de los trabajadores y trabajadoras, más preocupada por impedir el surgimiento de un nuevo activismo obrero en las fábricas que por garantizar los salarios y los puestos de trabajo. Son los herederos de la vieja burocracia sindical que denunciaba ya Rodolfo Walsh hace cuarenta años.

Y el gobierno nacional, por su parte, profundiza el cambio de su política hacia la protesta social recurriendo a una respuesta represiva encarnada en la figura de Sergio Berni.

¿Pero por qué si las grandes empresas ganaron fortunas durante todos estos años, ahora son los trabajadores y trabajadoras los que tienen que sufrir las consecuencias de la caída en la producción? Es la misma historia de siempre, los empresarios se apropian en forma privada de las ganancias, pero pretender socializar las pérdidas.

¿La única opción es aceptar esto como realidad inmodificable? De ninguna manera. Pero para eso es necesario que el Estado intervenga protegiendo a los más débiles en estas situaciones, que son los trabajadores. Por ejemplo con una ley o decreto que prohíba los despidos mientas dure la recesión, y obligue a las empresas a hacerse cargo de sus empleados en el momento de “vacas flacas”.

Pero además de una respuesta inmediata frente a la posibilidad de que miles de familias queden en la calle, es necesario implementar un sistema de control de la ganancia empresarial. No puede ser que los capitales puedan ganar infinitamente, mientras que los trabajadores y trabajadoras apenas puedan pelear para no perder contra la inflación. ¿Qué tipo de justicia social es esa?

Es perfectamente posible discutir una ley de control de ganancias o una ley contra las ganancias extraordinarias, que asigne límites acordes al tipo de actividad. Esta medida, perfectamente viable, permitiría asegurar una mejor distribución entre las ganancias y los salarios de los trabajadores y trabajadoras, y además serviría para combatir la inflación, ya que pondría límites al aumento desmedido de los precios. Finalmente, se trata de una medida que generaría recursos fiscales, pudiendo implementarse estos fondos para otros programas favorables a la clase trabajadora.

Estas medidas suponen afectar intereses de unos pocos para mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías. Implican tomar partido por los de abajo y no poner expectativas en que de la mano de inversiones extranjeras y endeudamiento podremos salir adelante. Por supuesto que estas medidas deben ser complementadas con otras como investigar la legitimidad y legalidad de la deuda externa, avanzar sobre las leyes neoliberales vigentes (Ley de Inversiones Extranjeras y Ley de Entidades Financieras, entre otras), el control público del sistema financiero, la apropiación de mayores niveles de renta agraria, minera o hidrocarburífera, la regulación del mercado inmobiliario, una reforma tributaria progresiva, y un larguísimo etcétera. Pero en este momento y de forma urgente, es necesario proteger a quienes están comenzando a sufrir y pagar esta crisis.

En números redondos la deuda externa aumentó de 8 mil millones de dólares a 45 mil millones en la última dictadura, es decir se multiplicó por 5 veces y media. Luego de los gobiernos democráticos de Alfonsin, Menem y finalmente de la Alianza, la deuda pasó a sumar 144 mil millones, multiplicándose por más de 3 desde 1983 y por 18 si comparamos con 1976. ¿A dónde fue todo ese dinero? ¿Para qué se usó? ¿Fue todo legal o hubo estafas de por medio y por tanto gente a la que condenar y pedir resarción?

Luego de años y años de denuncia, en el año 2000 hasta la propia Justicia argentina gracias a la causa Olmos reconoció que la deuda externa, al menos en una parte mayoritaria, tiene un origen ilegítimo e ilegal. Este carácter no se debe solamente a que fue contraída por una dictadura militar, sino que además de eso las siguientes reestructuraciones realizadas en democracia se realizaron con operaciones ilegales (Plan Brady, Megacanje y reestructuración de 2005 y 2010).

A su vez aproximadamente el 50% de la deuda pública tiene en realidad un origen privado. Es decir que estamos pagando con recursos públicos que podrían ir para educación, salud, viviendas y trabajo, deudas de las grandes empresas privadas nacionales y extranjeras como Citibank, Celulosa Argentina, Loma Negra, Acindar, Alpargatas, Pérez Companc, Bridas, Aluar, Sevel, Cogasco, IBM.

¿Qué significa investigar la deuda? Realizar una auditoría para establecer: a) el origen de cada peso y dólar que supuestamente debemos; b) la utilización que se le dio a ese dinero; c) quienes son los acreedores a los que les pagamos y cómo se hicieron de esos activos. De esta manera se podría discernir fácilmente cuales son los componentes fraudulentos de la deuda externa.

La deuda externa representa hoy una de las principales restricciones para el desarrollo de nuestro país, al igual que para todo el tercer mundo. Después de la fuga de capitales, los pagos de deuda son la segunda razón de transferencia de recursos de los países pobres hacia los centros del poder financiero internacional. Luego del default en 2001, la Argentina volvió a pagar a los acreedores privados a partir de una reestructuración en 2005. En la última década se fueron de nuestro país unos 50 mil millones de dólares en billetes verdes en concepto de pagos de deuda y aún así hoy seguimos sufriendo el problema como si no hubiéramos pagado nada.

El fallo de Griesa y el triunfo legal de los fondos buitre quieren poner de rodillas a nuestro país y al continente. Cualquier negociación que implique reendeudar al país implica volver a entrar en la misma bicicleta financiera y renunciar a las posibilidades de cambiar la Argentina. Por eso investigar la deuda no es un dilema moral, es una necesidad pragmática para poder independizarnos y construir un futuro mejor.

Investigar la deuda nos permitirá plantarnos desde una posición de soberanía y poner condiciones a quienes quieren sacarnos nuestros recursos, en lugar de que ellos nos pongan las condiciones a nosotros. Es perfectamente posible, necesario y buen momento para hacerlo.