El gobierno anunció dos medidas para hacer frente al fallo judicial norteamericano que intima a la Argentina a pagar a los fondos buitre, es decir, a los capitales que se hicieron de una parte de la deuda argentina con fines exclusivamente especulativos. Por un lado, se anunció un proyecto de ley para reabrir el canje de deuda para que ese 7% que no ingresó ni en 2005 ni en 2010 pueda hacerlo ahora. Por otro lado, una oferta para el 93% restante que sí ingresó en los canjes anteriores para que cambie sus bonos actuales regidos por la legislación norteamericana por otros bajo jurisdicción nacional.

La decisión de reabrir el canje implica persistir en una política que nos convirtió en lo que la presidenta denominó correctamente “pagadores seriales”. ¿Queremos seguir siendo eso? A su vez, el conflicto con los buitres, nos lleva a cuestionarnos por el problema de fondo de la deuda externa en Argentina. ¿En qué medida realmente fue exitosa la política de “desendeudamiento”? ¿En qué medida los pagos “seriales” de deuda afectan a nuestra economía y las posibilidades de crecimiento y desarrollo? ¿Existe otro camino diferente a quienes nos plantean volver a endeudarnos o a quienes nos proponen simplemente seguir pagando? Las dificultades actuales imponen pensar seriamente estas preguntas.

Durante la década de los noventa fuimos gobernados por endeudadores seriales. La apelación al endeudamiento externo fue el mecanismo que sostuvo la ficticia convertibilidad del 1 a 1 durante diez años hasta que sencillamente no dio para más. La contrapartida para lograr que los organismos internacionales y los mercados financieros nos presten divisas fueron las leyes que profundizaron el modelo neoliberal iniciado durante la dictadura. Una gran parte de esa estructura jurídica y financiera sigue aún vigente, como es el caso de los más de 50 tratados bilaterales de inversión, nuestra pertenencia al tribunal del CIADI o la Ley de Inversiones Extranjeras, todos ejemplos de legislaciones que atentan contra los intereses nacionales.

Cuando estalló todo y la Argentina declaró el “default” la deuda externa sumaba 144.500 millones de dólares, la mayor parte tomada por la dictadura militar y el gobierno de Menem. En ese momento la mayoría de las organizaciones populares que resistieron las políticas de ajuste y represión del neoliberalismo levantaban la consigna “No al pago de la deuda”. No era un capricho o una consigna irresponsable, ya que la deuda externa ahogaba las posibilidades de crecimiento económico, condicionaba las políticas sociales y condenaba a los países del tercer mundo en sus posibilidades de desarrollo. A su vez existían buenos argumentos jurídicos para plantear que al menos una parte importante de esa deuda tuvo un origen y un uso ilegítimo, por lo que le asistía el derecho a nuestro país de negarse a honrar esos compromisos en nombre de nuestra soberanía nacional que había sido violada. Como dijo Alejandro Olmos: “las deudas se pagan, las estafas no”.

El gobierno actual eligió una estrategia diferente, el mentado “desendeudamiento”, que consistió en dos canjes con importantes quitas de capital, pero distintos mecanismos de indexación por los que lograron que el 93% de los acreedores aceptaran las nuevas reglas de juego. A su vez se canceló deuda con los organismos multilaterales como el famoso pago el FMI del 2005 por casi 10 mil millones de dólares. Luego de estos años de desendeudamiento la Argentina logró efectivamente bajar sustancialmente la relación deuda/PBI, lo que ubica a nuestro país en una situación de solvencia en ese terreno. Pero la contrapartida, tal como lo dijo ayer la presidenta, fue convertirnos en “pagadores seriales”, por lo que en estos diez años, según la misma Cristina,  desembolsamos 173.733 millones de dólares. Ese dinero representa casi seis veces el nivel de reservas que nuestro país tiene en el Banco Central y el doble de la fuga de divisas que sufrimos en esta década y que motivó el control cambiario y la restricción de compra de dólares.

Hoy la situación económica Argentina impone discutir seriamente cómo superar las limitaciones estructurales para el crecimiento y el desarrollo, que emergen bajo la forma de síntomas coyunturales: falta de divisas, inflación, déficit fiscal. El problema que subyace es la restricción externa que operó históricamente en nuestro país y nuestra región. El crecimiento económico implica una demanda de dólares que nuestra economía no puede generar y la falta de dólares funciona como un factor de estancamiento económico. A su vez, los miles de millones de dólares que todos los años salen del país para el pago de deuda externa se realizan a costa de las reservas del Banco Central que se encuentran en franca caída.  La “espada de Damocles” de la que hablaba Cristina ayer existe y pende sobre nuestro cuello.

Los sectores del establishment, que en este punto dejan a un lado su faceta opositora y acuerdan con el gobierno en seguir pagando,  proponen salir de este esquema con las recetas ortodoxas: devaluar la moneda, achicar el gasto, volver a endeudarnos con los mercados internacionales. Si queremos evitar estas salidas, la discusión sobre el pago de la deuda externa debe ponerse sobre la mesa. El pago sistemático no presenta sólo un dilema moral en relación con la legitimidad de la deuda contraída, sino un componente fuerte de la restricción actual que sufre nuestro país.

Una medida imprescindible para relanzar la estrategia de nuestro país en este terreno es la realización de una auditoría sobre el conjunto de la deuda, con el objetivo de discriminar aquella parte que resulta fraudulenta o ilegal, siguiendo las investigaciones existentes. Mientras tanto, los pagos deben suspenderse. Ese es el camino que siguió Ecuador de manera exitosa, a diferencia de nuestro país. Como dijo la presidenta, el origen del dinero pagado a los especuladores es el fruto del esfuerzo de millones de argentinos y argentinas que dejan su energía en su puesto de trabajo. Por esa razón, ese dinero debe ser puesto en función del desarrollo nacional, y no en las arcas de los especuladores.

La dictadura del 76 no puede reducirse a la aplicación del terrorismo de Estado. La represión fue el instrumento utilizado para cortar el sueño de una generación de hombres y mujeres que soñaban con una sociedad regida por otros valores a los que sustentan el sistema actual. Pero el llamado “Proceso de Reorganización Nacional” era también un proyecto de reestructuración integral de la economía, el sistema político y la cultura argentina. En el ideario de los militares que lo ejecutaron, el “proceso” culminaría en una limpieza de tipo moral, condición para reconciliar ala Nación con los valores tradicionales conservadores.

Ese proyecto quedó trunco gracias a la resistencia popular y a errores garrafales cometidos por la propia dictadura como la guerra de Malvinas. A diferencia de Chile, donde Pinochet gobernó durante 17 años y luego negoció su salida del poder a una democracia absolutamente condicionada, en la Argentina la dictadura se cayó permitiendo recuperar las libertades civiles y constitucionales. Luego vino el juicio a las Juntas, y luego también las bochornosas leyes del perdón y los indultos. No podemos decir que la dictadura haya podido llevar hasta el final su cometido, pero tampoco sería cierto afirmar que fracasó. Lo ocurrido en la Argentina en las décadas siguientes hubiera sido imposible sin el interregno 76-83 y las huellas de las transformaciones operadas en aquellos años, pesar en el presente de las nuevas generaciones de tal forma, que 37 años después aun no hemos sido capaces de desmontarlas por completo.

Se podrían decir muchas cosas en esta fecha, pero me interesa uno de los aspectos menos mencionado y que la muerte del ex Ministro de Economía de Videla reflota. Martínez de Hoz no fue simplemente un civil colaboracionista. Fue un protagonista, uno de los arquitectos y ejecutores del plan. Fue el representante en el gobierno de facto, del poder económico detrás del poder militar.

Existe mucha literatura sobre el programa económico de la dictadura. Reforma financiera y liberalización de las tasas de interés, apertura de la economía, achicamiento del Estado, estatización de la deuda privada, endeudamiento con los organismos internacionales de crédito. ¿Pero qué ocurre con los empresarios que fueron beneficiados o directamente participes de esta política? ¿Por qué seguimos tolerando que sean las mismas empresas que actualmente constituyen el núcleo del poder económico enla Argentina?

La participación del empresariado no fue sólo el lucro económico. Hay sobrados ejemplos de participación directa. El caso de la Mercedes Benz cuyos directivos entregaban listas negras de los trabajadores combativos que luego fueron secuestrados y desaparecidos. La Ford, donde se instaló dentro de la misma fábrica un Centro Clandestino de Detención, situación que se repitió en las plantas de Acindar y Siderca. Otro caso emblemático fue el del Ingenio Ledesma en Jujuy que proveyó de camiones al ejército para secuestrar a trabajadores de la propia empresa en la famosa noche “del apagón”.

Antes de ser Ministro de Economía, Martinez de Hoz era presidente del Consejo Empresario Argentino, organismo que representaba a las principales empresas del país. Macri, Perez Companc, Fortabat, Rocca, Noble, son algunos de los apellidos del poder económico de ayer y no casualmente son los mismos de hoy. Esa organización se fundió en la Asociación Empresaria Argentina que reúne en la actualidad a las empresas más importantes del país.

El empresariado argentino nunca pagó por su rol en la última dictadura. Gozó de una impunidad aún mayor de la que gozaron los militares con las leyes y los indultos. Hoy la mayor parte de esas empresas se ubican en la cúspide de ganancias y concentración económica. El mismo Estado que dio nulidad a las leyes y reabrió los juicios a los genocidas, subsidia y festeja las ganancias de estas empresas. ¿Es posible una Argentina con memoria, verdad y justicia sin poner en su lugar histórico al poder económico? A 37 años del golpe, aún tenemos esta deuda. Para las nuevas generaciones que no vivimos aquellas épocas, es imprescindible conocer a quienes hoy declaman su compromiso con la democracia sobre sus fortunas amasadas en tiempo de dictaduras.