Los síntomas del período pre-devaluatorio son peligrosamente coincidentes con el escenario de finales del año pasado. Las entidades agrarias y exportadoras reteniendo cosecha, el Banco Central con una política de mini-devaluaciones diarias y una demanda de divisas creciente frente a una inflación que no cede. El caldo especulativo se está forjando y si se dejan que las cosas sigan el curso “natural” del mercado, no hay motivos serios para suponer resultados distintos.

A esta situación se le agregan dos factores que hacen más dificultosa la situación respecto al año anterior. Por un lado el cuadro de recesión con su contraparte en situaciones de despidos y/o suspensiones. Un salto devaluatorio en este marco tendría como consecuencia directa mayor caída de la actividad y del consumo y por ende más desempleo.

La otra novedad es el bloqueo al curso de acercamiento a los mercados internacionales generado por la justicia norteamericana al favorecer a los fondos buitres. Hasta que no se resuelva el asunto, la Argentina no gozará de la supuesta “lluvia de dólares” que traerían los acuerdos con el Club de París, Repsol y el CIADI.

Medidas para proteger nuestra economía y a los sectores populares

Hasta ahora la única medida oficial en esta materia ha sido activar el “swap” firmado con China, que le brinda un colchón de divisas para enfrentar una corrida. Pero se trata de una medida coyuntural y de incierta suficiencia para contrarrestar las presiones del mercado.

Como sostuvimos luego de la devaluación de enero aquí, el análisis no debe limitarse al manejo de ciertas variables de la política económica. No se trata de buscar simplemente la correcta administración de la política monetaria, cambiaria o fiscal, sino de modificar la correlación de fuerzas que existe en la estructura económica argentina, hoy dominada en todos los sectores estratégicos por el capital privado y multinacional.

La medida central para proteger nuestra economía y a la población que sufre las consecuencias de estos ajustes es establecer el control público del comercio exterior, nuestra principal fuente de divisas. La actual retención de la producción es aun superior a la del año 2013, ya que con una cosecha mayor que el año pasado las exportaciones primarias cayeron un 21% interanual, potenciada también por la caída de los precios internacionales de la soja. Sólo ocho grandes empresas explican casi el 90% de las ventas sojeras al mundo y su accionar especulativo afecta a los 40 millones de habitantes de nuestro país.

Esta decisión debería ser acompañada con el control sobre el sistema financiero. La banca privada ha sido el sector económico más beneficiado en los últimos años, con un exponencial crecimiento de sus ganancias que superó el 50% en el 2013. A su vez, sólo con la devaluación de enero lograron un rédito extraordinario equivalente a un tercio de la rentabilidad total de todo el año pasado. Controlar el sistema financiero es una herramienta clave para evitar maniobras especulativas contra nuestra moneda y orientar el ahorro hacia la producción y los ingresos de los sectores populares.

Estas medidas podrían ser complementadas con otras que por razones de extensión no desarrollamos en esta nota pero que hemos señalado en otras. Por ejemplo una revisión de la política de deuda externa, una reforma tributaria, entre otras. Pero lo urgente es considerar hacernos del manejo de las dos variables claves mencionadas: comercio exterior y sistema financiero.

Algunos afirman que esta propuesta es utópica porque las entidades empresariales opondrían una feroz resistencia y cuenta con apoyo de los grandes medios. Pero como se vio con el debate sobre la absolutamente moderada ley de abastecimiento en donde el presidente de la Sociedad Rural pronosticó el fin de la propiedad privada, el titular de la UIA comparó al Congreso con la dictadura militar y los grandes medios comenzaron a hablar de “argenzuela”, el rechazo de grupos económicos no guarda ninguna proporcionalidad con las medidas cuestionadas. Lo ilusorio, podríamos decir, es en realidad considerar que no tomando medidas radicales se obtendrá el apoyo del establishment.

Lo que el poder económico quiere es marcar la cancha para la Argentina que se viene y en particular para los presidenciables de 2015. Ellos ya tienen su programa definido y es de una ofensiva contra los trabajadores y los sectores populares. En ese marco y como dice el arte de la guerra, no hay mejor defensa que un buen ataque.

A los desequilibrios en las cuentas externas y las fuertes presiones sobre el tipo de cambio de 2013, le siguió una devaluación cuyo impacto regresivo e inflacionario aún estamos pagando. Sobre este escenario iniciamos formalmente una recesión económica que tiene su correlato en despidos y suspensiones en determinadas ramas de la industria, y un desplome particular en el sector automotor. A esta situación de desequilibrio cambiario y estancamiento económico se le sumó, quizás inesperadamente, una potencial crisis de deuda externa a partir del fallo del juez Griesa a favor de los fondos buitre, que coloca a la Argentina al borde del default.

Pero, a diferencia de otros momentos de complicaciones económicas de los últimos años, esta vez parece existir un fuerte consenso entre los sectores de poder de que no hay otra salida a esta crisis que resignarse a las reglas de juego del sistema financiero internacional.

Hay otra salida y hacerla realidad depende de nosotros. Una medida urgente y posible de ser tomada para salir de esta situación de crisis tiene que ver con el empleo y los salarios. Desde que comenzó la recesión, empezaron a aparecer suspensiones de personal en numerosas plantas, y en algunas incluso despidos. Si bien la crisis es más fuerte en el rubro automotor, toda la industria está atravesando problemas.

Al día de hoy se encuentran suspendidos 15 mil trabajadores dentro de la rama automotriz, alcanzando al conjunto de las empresas del sector como Honda, Peugeot/Citroën con 1000 suspensiones y Renault que viene de hacer lo mismo en su planta de Santa Isabel con 1600 operarios. A ello se suma Volkswagen, que tomó la decisión de suspender desde  el viernes pasado hasta el lunes 28 a los 4 mil trabajadores de su planta, ubicada en General Pacheco.

A este cuadro de situación, habría que agregarle el clima que atraviesan las principales autopartistas donde despidos y suspensiones son desde hace meses parte del panorama cotidiano. En Lear, también ubicada en General Pacheco 1000 trabajadores fueron despedidos y 200 suspendidos, Gestamp enfrentó tiempo atrás una situación similar, y la semana pasada Visteon Corporation, autopartista de origen norteamericano, despidió a 240 operarios.

La propia dirigencia sindical demuestra estar más cercana a los intereses empresariales que a la defensa de los trabajadores y trabajadoras, más preocupada por impedir el surgimiento de un nuevo activismo obrero en las fábricas que por garantizar los salarios y los puestos de trabajo. Son los herederos de la vieja burocracia sindical que denunciaba ya Rodolfo Walsh hace cuarenta años.

Y el gobierno nacional, por su parte, profundiza el cambio de su política hacia la protesta social recurriendo a una respuesta represiva encarnada en la figura de Sergio Berni.

¿Pero por qué si las grandes empresas ganaron fortunas durante todos estos años, ahora son los trabajadores y trabajadoras los que tienen que sufrir las consecuencias de la caída en la producción? Es la misma historia de siempre, los empresarios se apropian en forma privada de las ganancias, pero pretender socializar las pérdidas.

¿La única opción es aceptar esto como realidad inmodificable? De ninguna manera. Pero para eso es necesario que el Estado intervenga protegiendo a los más débiles en estas situaciones, que son los trabajadores. Por ejemplo con una ley o decreto que prohíba los despidos mientas dure la recesión, y obligue a las empresas a hacerse cargo de sus empleados en el momento de “vacas flacas”.

Pero además de una respuesta inmediata frente a la posibilidad de que miles de familias queden en la calle, es necesario implementar un sistema de control de la ganancia empresarial. No puede ser que los capitales puedan ganar infinitamente, mientras que los trabajadores y trabajadoras apenas puedan pelear para no perder contra la inflación. ¿Qué tipo de justicia social es esa?

Es perfectamente posible discutir una ley de control de ganancias o una ley contra las ganancias extraordinarias, que asigne límites acordes al tipo de actividad. Esta medida, perfectamente viable, permitiría asegurar una mejor distribución entre las ganancias y los salarios de los trabajadores y trabajadoras, y además serviría para combatir la inflación, ya que pondría límites al aumento desmedido de los precios. Finalmente, se trata de una medida que generaría recursos fiscales, pudiendo implementarse estos fondos para otros programas favorables a la clase trabajadora.

Estas medidas suponen afectar intereses de unos pocos para mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías. Implican tomar partido por los de abajo y no poner expectativas en que de la mano de inversiones extranjeras y endeudamiento podremos salir adelante. Por supuesto que estas medidas deben ser complementadas con otras como investigar la legitimidad y legalidad de la deuda externa, avanzar sobre las leyes neoliberales vigentes (Ley de Inversiones Extranjeras y Ley de Entidades Financieras, entre otras), el control público del sistema financiero, la apropiación de mayores niveles de renta agraria, minera o hidrocarburífera, la regulación del mercado inmobiliario, una reforma tributaria progresiva, y un larguísimo etcétera. Pero en este momento y de forma urgente, es necesario proteger a quienes están comenzando a sufrir y pagar esta crisis.

En materia de política económica tuvimos la devaluación de enero, los aumentos de las tasas de interés y el “redireccionamiento” de subsidios. En términos de variables macroeconómicas, las medidas permitieron estabilizar el tipo de cambio a 8 pesos y frenar la caída de reservas. Pero en términos de costo social, esto implicó una transferencia regresiva de ingresos, es decir que se perjudicó a la clase trabajadora y se benefició a las grandes empresas, bancos y en particular a las exportadoras.

Sin embargo esta estabilidad lograda podría ponerse en riesgo en el segundo semestre del año. Sin la cosecha que se liquida en el primer semestre, ¿cómo evitar que el 2014 no termine igual que el 2013? ¿Cómo evitar una nueva sangría de reservas, una nueva corrida contra el peso y en consecuencia una nueva devaluación?

Las respuestas del gobierno a estos interrogantes no se distancian mucho de la agenda propuesta por la oposición y la palabra clave es “confianza”. Había que dar “seguridad” para que vengan los dólares a través de inversiones y/o nueva deuda. Para lograr confianza había que sincerar al menos parcialmente los números del Indec, había que darle una compensación “razonable” a Repsol, había que dejar de rechazar las negociaciones con la Unión Europea para un acuerdo de Libre Comercio y había que llegar a un acuerdo con el Club de París.

La confianza tiene precio

¿Cuánto cotiza la confianza? En el corto plazo sale barata. El gobierno espera que gracias a todas estas señales pro-mercado en el segundo semestre y en el comienzo de 2015 tengamos una verdadera “lluvia de dólares” con inversiones en la industria, en la minería y en el sector energético a través de Vaca Muerta. Y también contar con acceso al mercado financiero internacional tanto para las empresas privadas como para la emisión de deuda pública a tasas “razonables”. Por supuesto que esto habrá que verlo, pero supongamos que fuera cierto y el objetivo es logrado. En ese caso en el corto plazo esto permitirá al Estado mejorar sus reservas internacionales, enfrentar posibles corridas y si todo sale bien liberar importaciones que están frenadas y hasta contar algún recurso para hacer política expansiva.

Pero el contrato tiene una letra chica y que eleva muy alto el precio de la seguridad brindada al mercado. Con esta orientación de reconciliación con los mercados internacionales el gobierno está firmando la renuncia a las transformaciones estructurales que no se hicieron durante estos diez años y que muchos creían que a lo mejor se podrían comenzar a hacer en los próximos. Esta nueva orientación es incompatible con sancionar una nueva ley de inversiones extranjeras que afecte los intereses de las grandes multinacionales, con avanzar en el control público del comercio exterior, de ir por las rentas extraordinarias del agro y la minería, de regular el sistema financiero o de simplemente elevar el nivel de presión tributaria sobre los grandes capitales. Cualquiera de estas medidas y varias más que podríamos enumerar dinamitarían el objetivo enunciado y por el cual se hicieron todos los deberes en los últimos meses.

Las consecuencias políticas de esta orientación, por lo tanto, no son para nada gratuitas. El establishment ya ha expresado su vocación de contar a partir de 2015 con un gobierno más confiable, más previsible, tal como expresó a través del “Foro de Convergencia Empresarial”. Massa, Macri o Cobos ya se anotaron en esa carrera. El Frente para la Victoria no quiere quedar atrás y el círculo se va cerrando. Lógicamente, el candidato más cómodo y acorde a la nueva versión del modelo que se prepara para el 2015 se llama Daniel Scioli. 

Sin embargo, lo ocurrido en los últimos días no es otra cosa que un rotundo triunfo de estos victimizados “mercados”,  y muy por el contrario del imaginario que los ubica como presos de los vaivenes de la política oficial, en realidad han demostrado que tienen y siempre tuvieron la sartén por el mango (y el mango también diría María Elena Walsh). El gobierno perdió una de las pulseadas más fuertes con los exportadores y, de declamar su rechazo absoluto a sus pedidos, pasó a convalidarlos. Primero defendió el tipo de cambio como ancla de precios contra los argumentos devaluacionistas, para luego adoptar la política de “devaluación gradual” contrapuesta a la “brusca” impulsada por el poder económico. Finalmente ahora se defiende los ajustes bruscos en el tipo de cambio contrapuestos a la “megadevaluación” que promueven los mercados.

Muchos analistas aciertan en colocar el impacto inflacionario como el peligro más relevante a corto plazo, ya que tanto por razones de aumento de costos o por simple juego especulativo, todos los empresarios están prestos a remarcar sus productos, si es que no lo hicieron ya en estos días. Las medidas “compensatorias”, como el Plan PROGRESAR, aunque positivas, aparecen claramente como insuficientes, y la posibilidad de sostener el poder adquisitivo de los trabajadores y el conjunto de la población dependerá fundamentalmente de la capacidad de movilización y presión que se pueda generar desde abajo. La paritaria docente que debería comenzar a negociarse próximamente puede ser un botón de muestra de lo que vendrá en el futuro inmediato.

Pero, independientemente de lo que ocurrirá en los próximos caldeados meses, interesa preguntarse: ¿Cómo se llegó a esta situación? ¿Había otras alternativas? ¿Qué evidencia este cambio en el panorama económico nacional?

La sartén por el mango

Detrás de los movimientos de la cotización del dólar existen poderosos intereses económicos. El “problema cultural” que tenemos los argentinos que nos lleva a buscar permanentemente transformar nuestros ahorros en moneda norteamericana sólo explica una parte (y probablemente pequeña) de la escasez de divisas.

La devaluación operada la semana pasada es hija del fracaso de una estrategia que ya había demostrado sus límites en reiteradas oportunidades y es la creencia de que haciendo “política cambiaria” y negociando precios con los grandes grupos económicos se lograrían sortear los profundos desequilibrios que enfrentamos. Es decir, sin encarar las cuestiones estructurales.

El problema de fondo es el dominio absoluto (con excepción reciente de YPF) del sector privado en todas las áreas sensibles y estratégicas de nuestra economía. ¿Qué esperaba el gobierno por parte de las grandes cerealeras y los pooles de siembra sino la especulación con el tipo de cambio? Luego de intentar convencerlas de que liquiden sus cosechas y ofrecerles bonos atados al tipo de cambio, finalmente terminaron por convalidar su estrategia: los que especularon, ganaron. Ahora pueden liquidar exportaciones un 33% más caras. No estamos hablando de “mercados desconfiados” sino puntualmente de ocho grandes empresas multinacionales que explican aproximadamente el 90% de las ventas sojeras al exterior.

Poco más de un mes atrás planteábamos en otro artículo [1] la necesidad de avanzar en el control público del comercio exterior y terminar con la especulación privada de este puñado de multinacionales, que impacta además en el precio de los alimentos que consumimos todos los días. Comercio exterior, producción de alimentos, sistema financiero, grandes conglomerados industriales, cadenas de comercialización interna, todas estas áreas siguen dominadas por el capital privado (y en su mayoría multinacional), algunas incluso con marcos regulatorios heredados de la última dictadura militar. ¿Algún kirchnerista honesto puede suponer que es posible conquistar la justicia social y la soberanía económica sin avanzar en este terreno, pactando y re-pactando con un empresariado que ya demostró que lo mueve el bolsillo y no el compromiso con “El Proyecto”? Y al mismo tiempo, ¿es posible razonar que si nada de esto se hizo en estos diez años se debe simplemente a que “no se pudo”? Y si no se puede ahora, y a sólo año y medio de la campaña presidencial del 2015, ¿cuándo se va a poder?

Volvamos a la actualidad, ya que mientras todos estos problemas estructurales no se encaran hay que dar respuesta a los conflictos que se avecinan en el corto plazo: la inflación y su posible aceleración por el impacto cambiario. ¿Qué hace pensar que, a diferencia de lo que ocurrió con los acuerdos de precios anteriores, esta vez va a fructificar? Desde el escepticismo es que nos animamos a hacer una propuesta. ¿No será hora de pensar que el Estado participe en forma directa en la comercialización de productos? ¿Tan osado es? ¿Qué impide montar una red de distribución de alimentos y productos de la canasta básica administrada por el propio Estado y marcando precios de referencia a las grandes cadenas de supermercados? ¿Y qué impide desarrollar una campaña comunicacional señalando los precios acordados y los abusos de los grandes comerciantes? La existencia de una activa y numerosa militancia en los barrios populares a lo largo y ancho de la Argentina permite pensar soluciones creativas que de seguro no se encontrarán en ningún manual de economía. Eso sería realmente empoderar al pueblo, algo que suele declamarse en los actos pero no en políticas concretas. Lo contrario es volver a apostar, una vez más, a la buena voluntad de los dueños de la sartén y el mango. Pero, seamos serios, si por enésima vez la estrategia no prospera no vale echarle la culpa a “la gente”.

En los últimos días vimos marchas y contramarchas en el gobierno nacional, algo poco común en la gestión kirchnerista, respecto de dos temas: una reforma del impuesto a los bienes personales y la importación de tomates para frenar los aumentos de precios. Ambas cuestiones terminaron por ser desmentidas por Kicillof, ungido ahora como voz de mando en temas económicos por la Presidenta.

A esto se suma el lanzamiento de un nuevo acuerdo de precios, el inicio de las primeras negociaciones paritarias del 2014, los cortes de luz y el aumento del boleto de colectivo. Esta batería de cuestiones pone en evidencia la preocupación gubernamental por encontrar un rumbo para actuar sobre una situación económica que, si bien por el momento no preanuncia una crisis explosiva (como en cambio repiten día y noche en los medios opositores los pregoneros del ajuste y la devaluación), sí muestra dificultades importantes y complejas de resolver.

Ahora bien, si por un lado es cierto que el gobierno hasta ahora rechaza el discurso de los economistas del establishment, que promueven una brusca pérdida de valor del peso y la disminución del gasto público, por otro lado también lo es que las medidas que propone el kirchnerismo están muy lejos de la “profundización del modelo” que ya parece una consigna abandonada, y en general no atacan las causas de fondo de los problemas.

El mayor peligro es que de continuarse esta política, mal que le pese a una parte importante de la propia militancia oficialista y a su base social de apoyo, se deja el espacio abierto para que avancen las propuestas de la clase dominante como salida concreta. En esta clave puede leerse la reciente reunión convocada por la Sociedad Rural y la Mesa de Enlace, de la que participaron la UIA, la AEA, ADEBA, ABA, la Cámara Argentina de Comercio y las cámaras de comercio española, estadounidense y brasileña, entre otras entidades.

Tal como venimos sosteniendo desde Marea Popular, el problema no es en sí la inflación o la disminución de las reservas, sino que estos son síntomas de un desequilibrio fundamental de nuestra economía causados en última instancia por su carácter concentrado, extranjerizado y dependiente. Es por eso que para superar los grandes problemas que afectan al pueblo trabajador no alcanza con pequeñas reformas ni medidas de maquillaje sino que es necesario proponerse transformaciones estructurales.

 Tres casos muy claros

La realidad nos proporciona tres ejemplos muy contundentes de estos dilemas. En primer lugar el tema del tomate, que es en realidad el tema del modelo de producción y comercialización agraria. Si dejamos que sean las presiones de las grandes multinacionales y el mercado las que gobiernen la producción agropecuaria el resultado es que cualquier productor va a terminar prefiriendo cultivar soja alrededor de las grandes ciudades antes que abastecer de alimentos saludables y baratos a la población.

La sola posibilidad de que se discuta la necesidad de importar tomate desnuda una verdad: hoy se prioriza la producción para la exportación y no la soberanía alimentaria de nuestro pueblo. Lo cual implica que el accionar estatal es notoriamente insuficiente. Una intervención más potente requiere la recuperación del control público sobre el comercio exterior y la planificación de una batería de medidas de apoyo a la producción de alimentos saludables, apoyada en los pequeños productores y los movimientos campesinos. Es lo contrario del apoyo gubernamental a la construcción de la planta de Monsanto en Malvinas Argentinas (Córdoba) que acaba de sufrir un revés judicial tras una larga lucha de la población de la zona.

Por otra parte, lo mismo se repite en cuanto a la comercialización que, tal como denuncian los productores, es la responsable de buena parte del precio con el que los alimentos llegan a las góndolas por su carácter concentrado. Los acuerdos de precios ya demostraron ser burlados por los grandes empresarios, de manera que debe ser el Estado junto con los sindicatos los que supervisen los verdaderos costos en cada eslabón de la cadena de producción y comercialización. Además proponemos la apertura de sucursales de venta del Mercado Central en distintos barrios, que podrían ser gestionadas por organizaciones sociales de manera transparente, y así evitar el abuso de los empresarios.

Un segundo ejemplo es el del impuesto a los bienes personales. Efectivamente hubiera sido un despropósito valuar las propiedades según los precios de mercado sin aumentar sensiblemente el mínimo no imponible, porque de ese modo prácticamente cualquier propietario de una vivienda pasaría a pagar un impuesto que se supone fue ideado originalmente para gravar a los ricos. Ahora bien, efectivamente es necesario avanzar en una profunda reforma tributaria porque a pesar de los intentos de las grandes riquezas por hacernos creer que pagan demasiados impuestos, la estructura tributaria argentina está asentada sobre impuestos claramente regresivos, el principal de los cuales es el IVA.

Una reforma tributaria justa debería incluir la devolución del IVA en los productos de primera necesidad a todos los beneficiarios de planes sociales, jubilados y trabajadores que ganen menos del valor de la canasta familiar; el aumento de las contribuciones patronales disminuidas por Cavallo en los noventa; el retorno del impuesto a la herencia derogado por la última dictadura militar y la transformación del impuesto a las ganancias de manera de que las grandes empresas paguen más y las medianas y chicas menos de las actuales alícuotas, así como el aumento definitivo y la actualización por ley del mínimo no imponible para los trabajadores asalariados.

Finalmente el tercer ejemplo tiene que ver con las empresas distribuidoras de la luz. No es necesario explayarse demasiado sobre este tema conocido por todos. Simplemente quedó en evidencia nuevamente que los capitales multinacionales y los grandes empresarios nacionales priorizan el lucro por sobre el bienestar social, con la complicidad de los funcionarios gubernamentales. Insistir con pedidos de buena voluntad para que la ganancia sea reinvertida es pedirle peras al olmo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando que inescrupulosos capitalistas se enriquezcan con el dinero de nuestro pueblo? Es el momento de avanzar en la recuperación de estas empresas mediante una política de estatización con la participación de usuarios y trabajadores para lograr una gestión eficiente y transparente.

El 2015 está en el horizonte y si se pierden las oportunidades de avanzar en transformaciones estructurales, se corre el riesgo de despejar el camino para que opciones políticas totalmente sometidas a los intereses de la clase dominante ganen un terreno decisivo.