Los síntomas del período pre-devaluatorio son peligrosamente coincidentes con el escenario de finales del año pasado. Las entidades agrarias y exportadoras reteniendo cosecha, el Banco Central con una política de mini-devaluaciones diarias y una demanda de divisas creciente frente a una inflación que no cede. El caldo especulativo se está forjando y si se dejan que las cosas sigan el curso “natural” del mercado, no hay motivos serios para suponer resultados distintos.

A esta situación se le agregan dos factores que hacen más dificultosa la situación respecto al año anterior. Por un lado el cuadro de recesión con su contraparte en situaciones de despidos y/o suspensiones. Un salto devaluatorio en este marco tendría como consecuencia directa mayor caída de la actividad y del consumo y por ende más desempleo.

La otra novedad es el bloqueo al curso de acercamiento a los mercados internacionales generado por la justicia norteamericana al favorecer a los fondos buitres. Hasta que no se resuelva el asunto, la Argentina no gozará de la supuesta “lluvia de dólares” que traerían los acuerdos con el Club de París, Repsol y el CIADI.

Medidas para proteger nuestra economía y a los sectores populares

Hasta ahora la única medida oficial en esta materia ha sido activar el “swap” firmado con China, que le brinda un colchón de divisas para enfrentar una corrida. Pero se trata de una medida coyuntural y de incierta suficiencia para contrarrestar las presiones del mercado.

Como sostuvimos luego de la devaluación de enero aquí, el análisis no debe limitarse al manejo de ciertas variables de la política económica. No se trata de buscar simplemente la correcta administración de la política monetaria, cambiaria o fiscal, sino de modificar la correlación de fuerzas que existe en la estructura económica argentina, hoy dominada en todos los sectores estratégicos por el capital privado y multinacional.

La medida central para proteger nuestra economía y a la población que sufre las consecuencias de estos ajustes es establecer el control público del comercio exterior, nuestra principal fuente de divisas. La actual retención de la producción es aun superior a la del año 2013, ya que con una cosecha mayor que el año pasado las exportaciones primarias cayeron un 21% interanual, potenciada también por la caída de los precios internacionales de la soja. Sólo ocho grandes empresas explican casi el 90% de las ventas sojeras al mundo y su accionar especulativo afecta a los 40 millones de habitantes de nuestro país.

Esta decisión debería ser acompañada con el control sobre el sistema financiero. La banca privada ha sido el sector económico más beneficiado en los últimos años, con un exponencial crecimiento de sus ganancias que superó el 50% en el 2013. A su vez, sólo con la devaluación de enero lograron un rédito extraordinario equivalente a un tercio de la rentabilidad total de todo el año pasado. Controlar el sistema financiero es una herramienta clave para evitar maniobras especulativas contra nuestra moneda y orientar el ahorro hacia la producción y los ingresos de los sectores populares.

Estas medidas podrían ser complementadas con otras que por razones de extensión no desarrollamos en esta nota pero que hemos señalado en otras. Por ejemplo una revisión de la política de deuda externa, una reforma tributaria, entre otras. Pero lo urgente es considerar hacernos del manejo de las dos variables claves mencionadas: comercio exterior y sistema financiero.

Algunos afirman que esta propuesta es utópica porque las entidades empresariales opondrían una feroz resistencia y cuenta con apoyo de los grandes medios. Pero como se vio con el debate sobre la absolutamente moderada ley de abastecimiento en donde el presidente de la Sociedad Rural pronosticó el fin de la propiedad privada, el titular de la UIA comparó al Congreso con la dictadura militar y los grandes medios comenzaron a hablar de “argenzuela”, el rechazo de grupos económicos no guarda ninguna proporcionalidad con las medidas cuestionadas. Lo ilusorio, podríamos decir, es en realidad considerar que no tomando medidas radicales se obtendrá el apoyo del establishment.

Lo que el poder económico quiere es marcar la cancha para la Argentina que se viene y en particular para los presidenciables de 2015. Ellos ya tienen su programa definido y es de una ofensiva contra los trabajadores y los sectores populares. En ese marco y como dice el arte de la guerra, no hay mejor defensa que un buen ataque.

A los desequilibrios en las cuentas externas y las fuertes presiones sobre el tipo de cambio de 2013, le siguió una devaluación cuyo impacto regresivo e inflacionario aún estamos pagando. Sobre este escenario iniciamos formalmente una recesión económica que tiene su correlato en despidos y suspensiones en determinadas ramas de la industria, y un desplome particular en el sector automotor. A esta situación de desequilibrio cambiario y estancamiento económico se le sumó, quizás inesperadamente, una potencial crisis de deuda externa a partir del fallo del juez Griesa a favor de los fondos buitre, que coloca a la Argentina al borde del default.

Pero, a diferencia de otros momentos de complicaciones económicas de los últimos años, esta vez parece existir un fuerte consenso entre los sectores de poder de que no hay otra salida a esta crisis que resignarse a las reglas de juego del sistema financiero internacional.

Hay otra salida y hacerla realidad depende de nosotros. Una medida urgente y posible de ser tomada para salir de esta situación de crisis tiene que ver con el empleo y los salarios. Desde que comenzó la recesión, empezaron a aparecer suspensiones de personal en numerosas plantas, y en algunas incluso despidos. Si bien la crisis es más fuerte en el rubro automotor, toda la industria está atravesando problemas.

Al día de hoy se encuentran suspendidos 15 mil trabajadores dentro de la rama automotriz, alcanzando al conjunto de las empresas del sector como Honda, Peugeot/Citroën con 1000 suspensiones y Renault que viene de hacer lo mismo en su planta de Santa Isabel con 1600 operarios. A ello se suma Volkswagen, que tomó la decisión de suspender desde  el viernes pasado hasta el lunes 28 a los 4 mil trabajadores de su planta, ubicada en General Pacheco.

A este cuadro de situación, habría que agregarle el clima que atraviesan las principales autopartistas donde despidos y suspensiones son desde hace meses parte del panorama cotidiano. En Lear, también ubicada en General Pacheco 1000 trabajadores fueron despedidos y 200 suspendidos, Gestamp enfrentó tiempo atrás una situación similar, y la semana pasada Visteon Corporation, autopartista de origen norteamericano, despidió a 240 operarios.

La propia dirigencia sindical demuestra estar más cercana a los intereses empresariales que a la defensa de los trabajadores y trabajadoras, más preocupada por impedir el surgimiento de un nuevo activismo obrero en las fábricas que por garantizar los salarios y los puestos de trabajo. Son los herederos de la vieja burocracia sindical que denunciaba ya Rodolfo Walsh hace cuarenta años.

Y el gobierno nacional, por su parte, profundiza el cambio de su política hacia la protesta social recurriendo a una respuesta represiva encarnada en la figura de Sergio Berni.

¿Pero por qué si las grandes empresas ganaron fortunas durante todos estos años, ahora son los trabajadores y trabajadoras los que tienen que sufrir las consecuencias de la caída en la producción? Es la misma historia de siempre, los empresarios se apropian en forma privada de las ganancias, pero pretender socializar las pérdidas.

¿La única opción es aceptar esto como realidad inmodificable? De ninguna manera. Pero para eso es necesario que el Estado intervenga protegiendo a los más débiles en estas situaciones, que son los trabajadores. Por ejemplo con una ley o decreto que prohíba los despidos mientas dure la recesión, y obligue a las empresas a hacerse cargo de sus empleados en el momento de “vacas flacas”.

Pero además de una respuesta inmediata frente a la posibilidad de que miles de familias queden en la calle, es necesario implementar un sistema de control de la ganancia empresarial. No puede ser que los capitales puedan ganar infinitamente, mientras que los trabajadores y trabajadoras apenas puedan pelear para no perder contra la inflación. ¿Qué tipo de justicia social es esa?

Es perfectamente posible discutir una ley de control de ganancias o una ley contra las ganancias extraordinarias, que asigne límites acordes al tipo de actividad. Esta medida, perfectamente viable, permitiría asegurar una mejor distribución entre las ganancias y los salarios de los trabajadores y trabajadoras, y además serviría para combatir la inflación, ya que pondría límites al aumento desmedido de los precios. Finalmente, se trata de una medida que generaría recursos fiscales, pudiendo implementarse estos fondos para otros programas favorables a la clase trabajadora.

Estas medidas suponen afectar intereses de unos pocos para mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías. Implican tomar partido por los de abajo y no poner expectativas en que de la mano de inversiones extranjeras y endeudamiento podremos salir adelante. Por supuesto que estas medidas deben ser complementadas con otras como investigar la legitimidad y legalidad de la deuda externa, avanzar sobre las leyes neoliberales vigentes (Ley de Inversiones Extranjeras y Ley de Entidades Financieras, entre otras), el control público del sistema financiero, la apropiación de mayores niveles de renta agraria, minera o hidrocarburífera, la regulación del mercado inmobiliario, una reforma tributaria progresiva, y un larguísimo etcétera. Pero en este momento y de forma urgente, es necesario proteger a quienes están comenzando a sufrir y pagar esta crisis.

En números redondos la deuda externa aumentó de 8 mil millones de dólares a 45 mil millones en la última dictadura, es decir se multiplicó por 5 veces y media. Luego de los gobiernos democráticos de Alfonsin, Menem y finalmente de la Alianza, la deuda pasó a sumar 144 mil millones, multiplicándose por más de 3 desde 1983 y por 18 si comparamos con 1976. ¿A dónde fue todo ese dinero? ¿Para qué se usó? ¿Fue todo legal o hubo estafas de por medio y por tanto gente a la que condenar y pedir resarción?

Luego de años y años de denuncia, en el año 2000 hasta la propia Justicia argentina gracias a la causa Olmos reconoció que la deuda externa, al menos en una parte mayoritaria, tiene un origen ilegítimo e ilegal. Este carácter no se debe solamente a que fue contraída por una dictadura militar, sino que además de eso las siguientes reestructuraciones realizadas en democracia se realizaron con operaciones ilegales (Plan Brady, Megacanje y reestructuración de 2005 y 2010).

A su vez aproximadamente el 50% de la deuda pública tiene en realidad un origen privado. Es decir que estamos pagando con recursos públicos que podrían ir para educación, salud, viviendas y trabajo, deudas de las grandes empresas privadas nacionales y extranjeras como Citibank, Celulosa Argentina, Loma Negra, Acindar, Alpargatas, Pérez Companc, Bridas, Aluar, Sevel, Cogasco, IBM.

¿Qué significa investigar la deuda? Realizar una auditoría para establecer: a) el origen de cada peso y dólar que supuestamente debemos; b) la utilización que se le dio a ese dinero; c) quienes son los acreedores a los que les pagamos y cómo se hicieron de esos activos. De esta manera se podría discernir fácilmente cuales son los componentes fraudulentos de la deuda externa.

La deuda externa representa hoy una de las principales restricciones para el desarrollo de nuestro país, al igual que para todo el tercer mundo. Después de la fuga de capitales, los pagos de deuda son la segunda razón de transferencia de recursos de los países pobres hacia los centros del poder financiero internacional. Luego del default en 2001, la Argentina volvió a pagar a los acreedores privados a partir de una reestructuración en 2005. En la última década se fueron de nuestro país unos 50 mil millones de dólares en billetes verdes en concepto de pagos de deuda y aún así hoy seguimos sufriendo el problema como si no hubiéramos pagado nada.

El fallo de Griesa y el triunfo legal de los fondos buitre quieren poner de rodillas a nuestro país y al continente. Cualquier negociación que implique reendeudar al país implica volver a entrar en la misma bicicleta financiera y renunciar a las posibilidades de cambiar la Argentina. Por eso investigar la deuda no es un dilema moral, es una necesidad pragmática para poder independizarnos y construir un futuro mejor.

Investigar la deuda nos permitirá plantarnos desde una posición de soberanía y poner condiciones a quienes quieren sacarnos nuestros recursos, en lugar de que ellos nos pongan las condiciones a nosotros. Es perfectamente posible, necesario y buen momento para hacerlo.

Ellos critican la gestión oficial de los trenes, de Aerolíneas y del petróleo, pero proponen volver al esquema de privatizaciones en lugar de una gestión pública transparente, eficiente y democrática. Hablan de bajar la inflación que golpea nuestros bolsillos, pero su respuesta son las políticas de ajuste fiscal, en lugar de controlar la rentabilidad de las grandes empresas. Cuestionan la política oficial sobre la deuda externa, pero en lugar de impulsar una revisión del origen fraudulento y la legitimidad de la misma, promueven la vuelta del endeudamiento externo.

Por otra parte el kirchnerismo parece creer que adoptando la agenda de la oposición puede recomponer su fuerza. Así es que comenzó a delinear medidas contra la “inseguridad” que no son más que actos demagógicos que no buscan resolver nada sino solamente recomponer su imagen. Bajar la edad de imputabilidad, designar a un abierto defensor de la mano dura policial como Alejandro Granados, defender a César Milani al frente de las Fuerzas Armadas. Pero en ningún caso cuestionar la complicidad de las mafias policiales con el delito ni rechazar la estigmatización de la juventud pobre.

A contramano de todo esto, votar a Camino Popular representa la apuesta a un cambio social profundo, el apoyo a una nueva alternativa que crece desde la juventud para transformar nuestro país. Se trata de un cambio hacia adelante, no hacia atrás.

Votar este proyecto es llevar al Congreso una agenda popular, empezando por hacer realidad el derecho a una vivienda para todos, que no debe ser un negocio sino un derecho. ¿Quién puede decir que no conoce a una persona que ansía comprarse su propia vivienda pero no tiene manera de hacerlo? También es impulsar una reforma tributaria para redistribuir la riqueza: que las grandes fortunas paguen más y el pueblo pague menos.

Nuestra lista propone diez propuestas de la juventud: despenalización del aborto y educación sexual, fin del fraude del trabajo tercerizado y en negro, legalización del consumo de la marihuana, creación de espacios culturales y deportivos para la juventud, boleto educativo para todos los niveles, entre otras.

Finalmente, votar a Camino Popular es respaldar a una izquierda que sabe que solamente se pueden cambiar las cosas en nuestro país a partir de una confluencia amplia con otras tradiciones políticas, como quienes confluimos en esta experiencia electoral. Somos los que no nos autoproclamamos como vanguardia que tiene todas las respuestas sino que aspiramos a construir junto a nuestro pueblo un camino de soberanía nacional e integración latinoamericana, justicia e igualdad social, respeto por la Naturaleza y por la diversidad cultural de nuestro continente, igualdad entre los géneros y rechazo a la violencia machista bajo todas sus formas.

El gobierno anunció dos medidas para hacer frente al fallo judicial norteamericano que intima a la Argentina a pagar a los fondos buitre, es decir, a los capitales que se hicieron de una parte de la deuda argentina con fines exclusivamente especulativos. Por un lado, se anunció un proyecto de ley para reabrir el canje de deuda para que ese 7% que no ingresó ni en 2005 ni en 2010 pueda hacerlo ahora. Por otro lado, una oferta para el 93% restante que sí ingresó en los canjes anteriores para que cambie sus bonos actuales regidos por la legislación norteamericana por otros bajo jurisdicción nacional.

La decisión de reabrir el canje implica persistir en una política que nos convirtió en lo que la presidenta denominó correctamente “pagadores seriales”. ¿Queremos seguir siendo eso? A su vez, el conflicto con los buitres, nos lleva a cuestionarnos por el problema de fondo de la deuda externa en Argentina. ¿En qué medida realmente fue exitosa la política de “desendeudamiento”? ¿En qué medida los pagos “seriales” de deuda afectan a nuestra economía y las posibilidades de crecimiento y desarrollo? ¿Existe otro camino diferente a quienes nos plantean volver a endeudarnos o a quienes nos proponen simplemente seguir pagando? Las dificultades actuales imponen pensar seriamente estas preguntas.

Durante la década de los noventa fuimos gobernados por endeudadores seriales. La apelación al endeudamiento externo fue el mecanismo que sostuvo la ficticia convertibilidad del 1 a 1 durante diez años hasta que sencillamente no dio para más. La contrapartida para lograr que los organismos internacionales y los mercados financieros nos presten divisas fueron las leyes que profundizaron el modelo neoliberal iniciado durante la dictadura. Una gran parte de esa estructura jurídica y financiera sigue aún vigente, como es el caso de los más de 50 tratados bilaterales de inversión, nuestra pertenencia al tribunal del CIADI o la Ley de Inversiones Extranjeras, todos ejemplos de legislaciones que atentan contra los intereses nacionales.

Cuando estalló todo y la Argentina declaró el “default” la deuda externa sumaba 144.500 millones de dólares, la mayor parte tomada por la dictadura militar y el gobierno de Menem. En ese momento la mayoría de las organizaciones populares que resistieron las políticas de ajuste y represión del neoliberalismo levantaban la consigna “No al pago de la deuda”. No era un capricho o una consigna irresponsable, ya que la deuda externa ahogaba las posibilidades de crecimiento económico, condicionaba las políticas sociales y condenaba a los países del tercer mundo en sus posibilidades de desarrollo. A su vez existían buenos argumentos jurídicos para plantear que al menos una parte importante de esa deuda tuvo un origen y un uso ilegítimo, por lo que le asistía el derecho a nuestro país de negarse a honrar esos compromisos en nombre de nuestra soberanía nacional que había sido violada. Como dijo Alejandro Olmos: “las deudas se pagan, las estafas no”.

El gobierno actual eligió una estrategia diferente, el mentado “desendeudamiento”, que consistió en dos canjes con importantes quitas de capital, pero distintos mecanismos de indexación por los que lograron que el 93% de los acreedores aceptaran las nuevas reglas de juego. A su vez se canceló deuda con los organismos multilaterales como el famoso pago el FMI del 2005 por casi 10 mil millones de dólares. Luego de estos años de desendeudamiento la Argentina logró efectivamente bajar sustancialmente la relación deuda/PBI, lo que ubica a nuestro país en una situación de solvencia en ese terreno. Pero la contrapartida, tal como lo dijo ayer la presidenta, fue convertirnos en “pagadores seriales”, por lo que en estos diez años, según la misma Cristina,  desembolsamos 173.733 millones de dólares. Ese dinero representa casi seis veces el nivel de reservas que nuestro país tiene en el Banco Central y el doble de la fuga de divisas que sufrimos en esta década y que motivó el control cambiario y la restricción de compra de dólares.

Hoy la situación económica Argentina impone discutir seriamente cómo superar las limitaciones estructurales para el crecimiento y el desarrollo, que emergen bajo la forma de síntomas coyunturales: falta de divisas, inflación, déficit fiscal. El problema que subyace es la restricción externa que operó históricamente en nuestro país y nuestra región. El crecimiento económico implica una demanda de dólares que nuestra economía no puede generar y la falta de dólares funciona como un factor de estancamiento económico. A su vez, los miles de millones de dólares que todos los años salen del país para el pago de deuda externa se realizan a costa de las reservas del Banco Central que se encuentran en franca caída.  La “espada de Damocles” de la que hablaba Cristina ayer existe y pende sobre nuestro cuello.

Los sectores del establishment, que en este punto dejan a un lado su faceta opositora y acuerdan con el gobierno en seguir pagando,  proponen salir de este esquema con las recetas ortodoxas: devaluar la moneda, achicar el gasto, volver a endeudarnos con los mercados internacionales. Si queremos evitar estas salidas, la discusión sobre el pago de la deuda externa debe ponerse sobre la mesa. El pago sistemático no presenta sólo un dilema moral en relación con la legitimidad de la deuda contraída, sino un componente fuerte de la restricción actual que sufre nuestro país.

Una medida imprescindible para relanzar la estrategia de nuestro país en este terreno es la realización de una auditoría sobre el conjunto de la deuda, con el objetivo de discriminar aquella parte que resulta fraudulenta o ilegal, siguiendo las investigaciones existentes. Mientras tanto, los pagos deben suspenderse. Ese es el camino que siguió Ecuador de manera exitosa, a diferencia de nuestro país. Como dijo la presidenta, el origen del dinero pagado a los especuladores es el fruto del esfuerzo de millones de argentinos y argentinas que dejan su energía en su puesto de trabajo. Por esa razón, ese dinero debe ser puesto en función del desarrollo nacional, y no en las arcas de los especuladores.