Pero al mismo tiempo el crecimiento del país asiático no se contrapone de manera directa al funcionamiento del capitalismo globalizado heredado del neoliberalismo sino que incluso profundiza muchos de sus aspectos, dejando a América Latina como proveedora de materias primas con mayor o menor nivel de procesamiento.

Considerando estos dos elementos cabe hacerse la pregunta: ¿es positivo para nuestro país profundizar sus lazos con el gigante asiático? ¿Qué intereses tienen los chinos en la Argentina? ¿Son compatibles con las necesidades de nuestra población? ¿Quién se apropiaría en nuestro país de los potenciales beneficios?

Financiamiento y dependencia

El Convenio Marco de Cooperación firmado el 18 de julio pasado y estos nuevos acuerdos llegan cuando China desplazó a Estados Unidos y se convirtió en nuestro segundo socio comercial -después de Brasil- donde Argentina exporta fundamentalmente harina, aceite y pellets de soja. A cambio, China realiza inversiones para obras de infraestructura y financiamiento para nuestro país. Se destacan la construcción de una central nuclear, la instalación de una estación espacial, la construcción de las famosas represas Kirchner y Cepernic en Santa Cruz, y otras inversiones vinculadas a comunicaciones y otros rubros. En ese marco también Argentina logró negociar un “swap” (canje de monedas) con China que le brindó cierta tranquilidad a las reservas del Banco Central que fue sumamente importante para sortear las presiones devaluatorias del segundo semestre del año pasado. Visto así y a corto plazo, los acuerdos parecen ser todo ganancia.

Pero China se limita a invertir en los sectores que considera necesarios para el crecimiento de su economía y esos no son precisamente convergentes con las necesidades del pueblo argentino. Por eso en el encuentro que Cristina tuvo con treinta de las principales empresas chinas, se ocupó de destacar que la Argentina es “una fuente inagotable de negocios” en donde “prácticamente todo el país es cultivable”, el “más competitivo del mundo en la producción de granos” y “muy rico en minerales”.

Aquí está el problema. Los intereses chinos en nuestro país se concentran en aquellas áreas que sostienen nuestra dependencia como economía subdesarrollada. La profundización del modelo agroalimentario para abastecer el mercado interno chino, la proliferación de la explotación minera y ahora también el usufructo del yacimiento de Vaca Muerta. No se puede considerar ingenuamente que en el caso de abrir de manera indiscriminada nuestra economía a las inversiones chinas, las consecuencias serán radicalmente diferentes de las que generaron las europeas en siglo XIX o norteamericanas en el siglo XX. Tanto es así que los empresarios chinos le reclamaron al gobierno argentino por su derecho a utilizar los puertos privados en los que realizaron inversiones en los últimos años y por la remisión de utilidades de sus empresas, imitando el comportamiento de sus pares occidentales.

Argentina merece un debate amplio sobre este tema. No es gratuito atar nuestro futuro a las “potencias emergentes”. Es necesario, ahora más que nunca en este mundo en transición posneoliberal, revitalizar el truncado ideario de integración regional que quedó estancado desde hace años. Proyectos como el Banco del Sur y otras herramientas que privilegiaban el enfoque de bloque latinoamericano fueron relegados por estrategias particulares de cada país para negociar los términos de su inserción en el mundo. Este elemento quizás sirva para comprender mejor el giro político que se observa en muchos gobiernos “progresistas” de la región.

En lugar de reinsertarnos en el mercado mundial, ahora con eje en China, de forma dependiente para que los sectores exportadores, concentrados y extranjerizados hagan negocios, debemos poner en pie un proyecto latinoamericano de desarrollo basado en otros principios, como la soberanía sobre nuestros recursos naturales, la garantía y ampliación de los derechos sociales y laborales de los trabajadores y trabajadoras latinoamericanos, la cooperación entre las distintas economías de la región y la solidaridad entre los pueblos.

Los síntomas del período pre-devaluatorio son peligrosamente coincidentes con el escenario de finales del año pasado. Las entidades agrarias y exportadoras reteniendo cosecha, el Banco Central con una política de mini-devaluaciones diarias y una demanda de divisas creciente frente a una inflación que no cede. El caldo especulativo se está forjando y si se dejan que las cosas sigan el curso “natural” del mercado, no hay motivos serios para suponer resultados distintos.

A esta situación se le agregan dos factores que hacen más dificultosa la situación respecto al año anterior. Por un lado el cuadro de recesión con su contraparte en situaciones de despidos y/o suspensiones. Un salto devaluatorio en este marco tendría como consecuencia directa mayor caída de la actividad y del consumo y por ende más desempleo.

La otra novedad es el bloqueo al curso de acercamiento a los mercados internacionales generado por la justicia norteamericana al favorecer a los fondos buitres. Hasta que no se resuelva el asunto, la Argentina no gozará de la supuesta “lluvia de dólares” que traerían los acuerdos con el Club de París, Repsol y el CIADI.

Medidas para proteger nuestra economía y a los sectores populares

Hasta ahora la única medida oficial en esta materia ha sido activar el “swap” firmado con China, que le brinda un colchón de divisas para enfrentar una corrida. Pero se trata de una medida coyuntural y de incierta suficiencia para contrarrestar las presiones del mercado.

Como sostuvimos luego de la devaluación de enero aquí, el análisis no debe limitarse al manejo de ciertas variables de la política económica. No se trata de buscar simplemente la correcta administración de la política monetaria, cambiaria o fiscal, sino de modificar la correlación de fuerzas que existe en la estructura económica argentina, hoy dominada en todos los sectores estratégicos por el capital privado y multinacional.

La medida central para proteger nuestra economía y a la población que sufre las consecuencias de estos ajustes es establecer el control público del comercio exterior, nuestra principal fuente de divisas. La actual retención de la producción es aun superior a la del año 2013, ya que con una cosecha mayor que el año pasado las exportaciones primarias cayeron un 21% interanual, potenciada también por la caída de los precios internacionales de la soja. Sólo ocho grandes empresas explican casi el 90% de las ventas sojeras al mundo y su accionar especulativo afecta a los 40 millones de habitantes de nuestro país.

Esta decisión debería ser acompañada con el control sobre el sistema financiero. La banca privada ha sido el sector económico más beneficiado en los últimos años, con un exponencial crecimiento de sus ganancias que superó el 50% en el 2013. A su vez, sólo con la devaluación de enero lograron un rédito extraordinario equivalente a un tercio de la rentabilidad total de todo el año pasado. Controlar el sistema financiero es una herramienta clave para evitar maniobras especulativas contra nuestra moneda y orientar el ahorro hacia la producción y los ingresos de los sectores populares.

Estas medidas podrían ser complementadas con otras que por razones de extensión no desarrollamos en esta nota pero que hemos señalado en otras. Por ejemplo una revisión de la política de deuda externa, una reforma tributaria, entre otras. Pero lo urgente es considerar hacernos del manejo de las dos variables claves mencionadas: comercio exterior y sistema financiero.

Algunos afirman que esta propuesta es utópica porque las entidades empresariales opondrían una feroz resistencia y cuenta con apoyo de los grandes medios. Pero como se vio con el debate sobre la absolutamente moderada ley de abastecimiento en donde el presidente de la Sociedad Rural pronosticó el fin de la propiedad privada, el titular de la UIA comparó al Congreso con la dictadura militar y los grandes medios comenzaron a hablar de “argenzuela”, el rechazo de grupos económicos no guarda ninguna proporcionalidad con las medidas cuestionadas. Lo ilusorio, podríamos decir, es en realidad considerar que no tomando medidas radicales se obtendrá el apoyo del establishment.

Lo que el poder económico quiere es marcar la cancha para la Argentina que se viene y en particular para los presidenciables de 2015. Ellos ya tienen su programa definido y es de una ofensiva contra los trabajadores y los sectores populares. En ese marco y como dice el arte de la guerra, no hay mejor defensa que un buen ataque.

Lo primero a señalar es que el contexto en que avanzan las negociaciones para el acuerdo UE-Mercosur es el de la continuidad de una importante crisis económica internacional de la que no se percibe el final, y cuyo epicentro hoy está en Europa. Producto de ella, en algunos países del Viejo Continente los índices de desocupación superan los dos dígitos, sobre todo entre mujeres y jóvenes; los sistemas financieros fueron “auxiliados” por los Estados con salvatajes millonarios pero continúan quebrados y se suceden fuertes convulsiones sociales frente al desarme de las viejas conquistas de los Estados de bienestar. En última instancia todos estos hechos son fruto de transformaciones a nivel global del capitalismo.

En segundo lugar y como consecuencia de estas modificaciones a escala planetaria, en las últimas décadas se vieron cambios significativos en el comercio internacional. Si bien el nivel de concentración del comercio no ha variado, ya que los diez países principales concentran el 50% del intercambio global, sí se ha modificado sensiblemente la composición de estas potencias, fundamentalmente con la incorporación de China (hoy principal exportador del mundo) y de Corea del Sur. Aunque estos países no tienen capacidad, al menos por el momento, de disputar la hegemonía mundial, constituyen un obstáculo serio para los intereses de las viejas potencias europeas y de los Estados Unidos.

En tercer lugar y vinculado a esto último tenemos el fracaso de las discusiones en la Organización Mundial de Comercio (OMC) para liberalizar el comercio internacional, producto de los intereses encontrados entre las distintas economías. Luego de la virtual disolución de las “Rondas de Doha” durante el 2013, producto de la falta de acuerdo tras más de diez años de negociaciones, se buscan salidas alternativas. En este contexto se enmarca no sólo la discusión de un tratado de libre-comercio entre el Mercosur y la UE sino también entre esta última y los EEUU (“Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión, ATCI), lo que implicaría una suerte de triangulación en el eje de occidente que podría funcionar como barrera para la penetración China en la región. Por otro lado, si bien en el plano latinoamericano el proyecto del ALCA fracasó, EEUU motorizó la “Alianza del Pacífico” que integra a Chile, Colombia, Perú y México y desde donde se viene avanzando en los planes de liberalización del comercio internacional con Asia, Norteamérica y Europa.

El acuerdo y sus consecuencias para América Latina

Si bien la Unión Europea conserva el status de principal socio comercial del Mercosur, tanto en destino de exportaciones como en fuente de nuestras importaciones, y continúa siendo el principal inversor extranjero de la región, su peso en ambos rubros viene disminuyendo en los últimos años cediendo terreno al competidor asiático. La relación comercial no es diferente a la que signó toda nuestra historia. Mientras que nosotros les vendemos productos primarios y derivados (en nuestro caso fundamentalmente agro-industriales) ellos nos venden maquinarias e insumos para la industria. Simétricamente nuestros países cobran aranceles contra la importación de productos industriales, mientras que los europeos los establecen a las materias primas. La misma situación ocurre en materia de subsidios, en donde Europa destina unos 50 mil millones de euros anuales para apuntalar su producción primaria.

Las razones de esta situación son de larga data e incluyen tanto elementos económicos como de dominio político. Lógicamente la eliminación recíproca de aranceles entre el Mercosur y Europa, en lugar de modificar las características de esta relación comercial asimétrica, la profundizarían, es decir que nuestras exportaciones se primarizarían aun más y nuestra dependencia de bienes de capital, de insumos y tecnología se haría aún más elevada.

Pero el peligro es mayor, ya que avanzar en un acuerdo de libre comercio con Europa podría ser el primer paso para realizar acuerdos de esta naturaleza con otros bloques comerciales dominantes y de manera directa o indirecta, con Estados Unidos. De hecho no habría razón para hacerlo sólo con la Unión Europea pero rechazarlo frente a otras potencias, lo que implicaría una apertura total de las economías del cono sur, en correlaciones de fuerza de suma debilidad. En definitiva, nada demasiado diferente a lo que habría ocurrido con el ALCA en caso de prosperar a principios de siglo.

La teoría económica liberal plantea que acuerdos de esta naturaleza son favorables porque aumentan las exportaciones y por ende la producción, lo que sería beneficioso para el empleo y los ingresos. Sin embargo la expansión que viene aparejada por los acuerdos de libre comercio se reduce a las actividades “competitivas”, que en nuestro país son las agro-industriales, las cuales generan muy poco valor agregado, empleo e ingresos. Por el contrario, la contrapartida de inundación de productos manufacturados de origen europeo perjudicaría la incipiente y débil producción manufacturera local empeorando los niveles de empleo e ingreso, además de potenciar las presiones al desequilibrio de las cuentas externas.

Lo que tampoco asume la teoría económica liberal es que en la actualidad del mundo capitalista globalizado, más de la mitad del comercio internacional es intra-firma. Esto significa que en lugar de intercambio de bienes producidos entre distintos países que pueda generar beneficio para ambas partes, se trata en realidad de la integración de empresas trasnacionales que diversifican su producción en distintas economías aprovechando las ventajas de cada una para reducir sus costos. En consecuencia un acuerdo de libre comercio en lugar de mejorar el intercambio comercial entre países, simplemente abarataría los costos de las empresas perjudicando a los Estados y por tanto facilitaría las estrategias globales de las multinacionales en nuestro continente.

Según los pocos transcendidos mediáticos, el Mercosur (exceptuando a Venezuela) avanza en esta discusión impulsada fundamentalmente por Brasil y llegaría a hacer una primera propuesta a la Unión Europea en el mes de junio de 2014. Argentina, que se venía oponiendo a esta posibilidad, ahora se muestra más abierta. El silencio absoluto con el que estas negociaciones se están manejando no resulta sorprendente, ya que contradicen el espíritu con el que se rechazó el ALCA. En lugar de abrir una discusión con el conjunto de la sociedad en relación a este tema, se intenta avanzar sin que nadie se entere. Esto es lo que denuncian los Movimientos Sociales hacia el ALBA, protagonistas diez años atrás del rechazo del ALCA.

En este marco resulta aun más urgente comenzar a instalar este tema en la discusión y generar conciencia de la importancia que tiene para el futuro del pueblo argentino y latinoamericano.