El Gobierno pareciera cambiar el libreto según el interlocutor. Cuando se dirige al sector empresarial lo responsabiliza por los aumentos desmedidos, de abusar de su posición dominante en vastos sectores de la economía y pide responsabilidad y solidaridad para no perjudicar el bolsillo de los argentinos.

En cambio, cuando se dirige hacia los trabajadores, les pide moderación en sus reclamos, no perjudicar al resto de la sociedad. Como dijo el Jefe de Gabinete en un programa de televisión hace pocos días, “no somos nosotros, sino la economía la que pone el límite a los aumentos de salarios”.

¿En qué quedamos? ¿El problema de la inflación se origina en el abuso de los empresarios o en los reclamos de los trabajadores?

Un primer error frecuente en la teoría económica tradicional es considerar la ecuación “salarios-inflación” y omitir un tercer factor protagónico que es la ganancia empresarial. Por ese “olvido” se cae en la discusión sobre la traslación de los aumentos salariales a los precios como si se tratara de una operación automática sin tomar en cuenta que, dado el precio de un bien, un aumento salarial tiene como primer impacto una reducción del beneficio empresarial. Es para defender o elevar ese nivel de ganancia que se produce luego el ajuste de precios, pero a diferencia de los trabajadores que dependen de extensas negociaciones y muchas veces de la realización de paros o protestas, a los empresarios les alcanza con apretar un botón del teclado de la computadora o a lo sumo ponerse de acuerdo con sus pares en alguna cena de gala o en un buen partido de Golf.

Al introducir la ganancia, lo que suele llamarse “puja distributiva” aparece como un claro desencadenante del aumento de precios, en un juego en donde el resultado es incierto y el rol del Estado no es en nada neutral. Entonces aparecen nuevas preguntas. ¿Son los niveles de rentabilidad empresarial tan bajos en nuestro país que imposibilitan absorber los reclamos salariales? Y además, ¿habrán atado los empresarios sus propios aumentos en las ganancias a los niveles de inflación en los últimos años?

Mientras que se escribe este artículo, se terminan de cerrar los detalles de la paritaria bancaria. Los trabajadores exigen aumentos que superen el 33% mientras que el Banco Central informa que las ganancias de los bancos privados durante 2014 crecieron un 56,2% respecto al 2013, año en el cual ya habían aumentado su rentabilidad en 50,2% respecto a 2012, año en que aumentaron un 32% sus beneficios en relación a 2011 y así siguen las cuentas.

En el sector agroalimentario el crecimiento de las ganancias fue aún más abultado. Según la información publicada por la Bolsa de Buenos Aires, en promedio las ganancias de las principales empresas del sector aumentaron nada menos que un 391% entre 2013 y 2014 destacándose Mastellone, Ledesma, Cresud, La Anonima, entre otras.

En la industria se destacan Aluar que aumentó sus ganancias un 274% y Siderar que lo hizo en un 55%. También en la construcción y el negocio inmobiliario hubo crecimientos importantes en donde firmas como IRSA, Caputo, Holcim, Polledo, entre otras, lograron incrementar en un 119% las ganancias sobre el patrimonio o un 61% si se miden sobre el nivel de ventas. Idéntica situación se registró en el sector energético, liderado por YPF.

Podría argumentarse que estos niveles de crecimiento en la rentabilidad de las empresas se explican por el bajo nivel del punto de partida durante los años más duros de la crisis financiera internacional. Pero los estudios sobre la rentabilidad de las principales empresas permiten desmentir esta idea al observar que los niveles de ganancias que se produjeron en nuestro país durante la crisis mundial, fueron superiores al resto del mundo. Según un estudio de Pablo Manzanelli (Flacso) durante el quinquenio 2008 – 2012 calculando las ganancias sobre el nivel de ventas, se concluyó que el nivel de rentabilidad de las principales firmas multinacionales que operan en nuestro país fue un 32,7% superior al promedio mundial. De aquí la correcta afirmación de la presidenta cuando se refirió a los que “la juntan en pala” en nuestro territorio.

Los altísimos niveles de rentabilidad no son una novedad en nuestro país, pero sí permiten desmontar algunas ideas fuertemente instaladas en el sentido común y que aparecen cuando se discuten las paritarias y las causas de la inflación. La primera es la falsa idea de la economía liberal que coloca al Estado como responsable del aumento en el nivel de precios y ubica a las empresas como víctimas. La segunda conclusión es la falsedad respecto de los supuestos “problemas de rentabilidad” que enfrentarían las grandes firmas, ya que incluso en un contexto de estancamiento  y crisis internacional como el que vive nuestro país en los últimos años las cifras son contundentes. Por último y más importante, es que la contracara del proceso inflacionario que ocurre en la Argentina no es la evolución del salario, sino las ganancias exorbitantes del sector empresario. En lugar de discutir la ecuación de causalidad “salario – inflación” debiéramos comenzar a plantearnos la de “ganancia empresarial – inflación”.

Ahora sí, volvamos al punto de partida. El Gobierno intenta estabilizar las paritarias en porcentajes aproximados al 27,8%. Este número supone un incremento acorde a las expectativas de inflación y podría garantizar la estabilidad en el bolsillo de los trabajadores para el 2015, lo cual no es poco cuando los principales grupos económicos están reclamando ajuste en las cuentas fiscales y recuperación de la competitividad a partir de la caída de los salarios.

Pero esta política de contención de las demandas salariales de ninguna manera es el mejor resultado posible para los trabajadores. En primer lugar porque no permite recuperar la pérdida salarial de 2014 originada en la devaluación de enero. En segundo lugar porque por lo expuesto anteriormente los niveles de rentabilidad empresarial son la verdadera causa de la inflación. La expectativa inflacionaria debería ser un piso, pero de ninguna manera un techo para las necesidades de mejora salarial de los trabajadores de nuestro país.

La contención salarial se fundamenta en la necesidad de dar estabilidad al equilibrio macroeconómico. Pero esta política, aunque lograra sostener el poder adquisitivo de los trabajadores durante el presente año, seguirá funcionando a costa de postergar la necesidad de avanzar sobre las ganancias y rentas extraordinarias que se generan en nuestro país. La historia demuestra que sin afectar esos beneficios será imposible asumir la agenda postergada de terminar con el trabajo precario y los salarios de subsistencia y pasar a construir una sociedad en donde la dignidad del trabajo este por encima del lucro del capital.

En la actualidad hay 380.000 familias que alquilan en la CABA. Esto representa un 50% más de lo que había hace diez años, es decir que todos los años se suman unos 10.000 nuevos inquilinos.  ¿Por qué crecen tanto los inquilinos? En primer lugar hay que aclarar que la población total de la Ciudad no varió en todos estos años, por lo que el aumento no se debe a que haya más gente. La razón es la más obvia, cada vez es más difícil acceder a una vivienda propia por los altos precios y la falta de créditos hipotecarios accesibles.

El programa “Alquilar se puede” consiste en el otorgamiento de 2.000 créditos con el objetivo de financiar los gastos que supone el ingreso de contrato de locación de inmueble (honorarios de inmobiliaria, mes de adelanto y depósito, certificaciones, etc). También establece un sistema de “ahorro previo” para demostrar capacidad de pago para quienes no tienen posibilidad de demostrar ingresos y una garantía bancaria.

¿Cuáles son los principales defectos de este programa? El más evidente es que 2.000 créditos sobre una población inquilina de 380.000 familias, es muy limitado. Además el plan es muy restrictivo ya que sólo es aplicable a personas menores de 35 años para acceder a alquileres que no superen el 30% de sus ingresos. Supongamos una persona de 30 años que gana $8.000 por mes, debería conseguir una vivienda que no supere los $2.400 mensuales, lo cual es muy difícil con los precios actuales.

El otro gran defecto del programa es que no modifica ninguno de los problemas de fondo, los que explican el crecimiento constante de los inquilinos porteños. No establece ninguna regulación sobre las actividades de las inmobiliarias para evitar los constantes abusos que cometen, no influye sobre la formación de precios de las viviendas, ni establece reglas sobre los contratos que protejan los derechos de los inquilinos. De esta manera, aunque los 2.000 créditos sean otorgados, cada vez habrá más inquilinos. Recordemos que todos los años hay 10.000 inquilinos nuevos, es decir que “alquilar se puede” no sólo que no llegará a la mayoría de las familias que requieren de esa ayuda, sino que ni siquiera alcanzará al flujo anual de crecimiento de la proporción de familias que no tienen vivienda propia.

“Alquilar se puede”, el programa lanzado un mes antes de las elecciones luego de 8 años de gobierno durante los cuales no se hizo nada a favor de los inquilinos, parece puro marketing electoral.  ¿Hay una solución alternativa a este problema? Sí, y es más sencilla de lo que parece. Requiere de cuatro decisiones fundamentales.

UNO. Regular por ley las actividades de las inmobiliarias estableciendo que los propietarios (que son quienes contratan sus servicios) deberán hacerse cargo de sus honorarios y no los inquilinos. Prohibiendo el cobro de honorarios en la renovación de contratos y los gastos de certificación.

DOS. Incentivar la ampliación de la oferta de viviendas a través de un mecanismo impositivo que castigue la especulación, como el que existe en muchos países del mundo. De esta manera se evitaría que haya 340.000 viviendas que están vacías, que ingresen al mercado y ayuden a bajar los precios de los inmuebles tanto para la compra como para el alquiler.

TRES. Establecer por ley los derechos de los inquilinos en los contratos de locación. Por ejemplo que el impuesto inmobiliario (contenido en el ABL), sea pagado por el propietario ya que es un impuesto a la propiedad y que sea delito abusar de los inquilinos cargándoles la responsabilidad de pagar este tributo. Lo mismo contra mecanismos que eluden la prohibición de la indexación de los contratos, muy utilizados en la actualidad.

CUATRO. Crear la Defensoría de los Inquilinos, una institución pública con participación de asociaciones civiles y organizaciones de la comunidad, para velar por los derechos de los inquilinos. Que sirva para canalizar las denuncias sobre abusos tanto de propietarios como inmobiliarias frente a la justicia y al Gobierno de la Ciudad.

Estas medidas para proteger a los inquilinos de la Ciudad, podrían y deberían ser complementadas con una política integral de vivienda, que incluya una política de créditos hipotecarios accesibles, la urbanización con radicación de las villas y la creación de un Ministerio de Vivienda que centralice y ejecute el conjunto de las políticas necesarias para resolver este problema. Hacer todo esto es perfectamente posible, pero requiere abandonar el marketing y ponerse a trabajar para mejorar la calidad de vida de la gente. 

Pero al mismo tiempo el crecimiento del país asiático no se contrapone de manera directa al funcionamiento del capitalismo globalizado heredado del neoliberalismo sino que incluso profundiza muchos de sus aspectos, dejando a América Latina como proveedora de materias primas con mayor o menor nivel de procesamiento.

Considerando estos dos elementos cabe hacerse la pregunta: ¿es positivo para nuestro país profundizar sus lazos con el gigante asiático? ¿Qué intereses tienen los chinos en la Argentina? ¿Son compatibles con las necesidades de nuestra población? ¿Quién se apropiaría en nuestro país de los potenciales beneficios?

Financiamiento y dependencia

El Convenio Marco de Cooperación firmado el 18 de julio pasado y estos nuevos acuerdos llegan cuando China desplazó a Estados Unidos y se convirtió en nuestro segundo socio comercial -después de Brasil- donde Argentina exporta fundamentalmente harina, aceite y pellets de soja. A cambio, China realiza inversiones para obras de infraestructura y financiamiento para nuestro país. Se destacan la construcción de una central nuclear, la instalación de una estación espacial, la construcción de las famosas represas Kirchner y Cepernic en Santa Cruz, y otras inversiones vinculadas a comunicaciones y otros rubros. En ese marco también Argentina logró negociar un “swap” (canje de monedas) con China que le brindó cierta tranquilidad a las reservas del Banco Central que fue sumamente importante para sortear las presiones devaluatorias del segundo semestre del año pasado. Visto así y a corto plazo, los acuerdos parecen ser todo ganancia.

Pero China se limita a invertir en los sectores que considera necesarios para el crecimiento de su economía y esos no son precisamente convergentes con las necesidades del pueblo argentino. Por eso en el encuentro que Cristina tuvo con treinta de las principales empresas chinas, se ocupó de destacar que la Argentina es “una fuente inagotable de negocios” en donde “prácticamente todo el país es cultivable”, el “más competitivo del mundo en la producción de granos” y “muy rico en minerales”.

Aquí está el problema. Los intereses chinos en nuestro país se concentran en aquellas áreas que sostienen nuestra dependencia como economía subdesarrollada. La profundización del modelo agroalimentario para abastecer el mercado interno chino, la proliferación de la explotación minera y ahora también el usufructo del yacimiento de Vaca Muerta. No se puede considerar ingenuamente que en el caso de abrir de manera indiscriminada nuestra economía a las inversiones chinas, las consecuencias serán radicalmente diferentes de las que generaron las europeas en siglo XIX o norteamericanas en el siglo XX. Tanto es así que los empresarios chinos le reclamaron al gobierno argentino por su derecho a utilizar los puertos privados en los que realizaron inversiones en los últimos años y por la remisión de utilidades de sus empresas, imitando el comportamiento de sus pares occidentales.

Argentina merece un debate amplio sobre este tema. No es gratuito atar nuestro futuro a las “potencias emergentes”. Es necesario, ahora más que nunca en este mundo en transición posneoliberal, revitalizar el truncado ideario de integración regional que quedó estancado desde hace años. Proyectos como el Banco del Sur y otras herramientas que privilegiaban el enfoque de bloque latinoamericano fueron relegados por estrategias particulares de cada país para negociar los términos de su inserción en el mundo. Este elemento quizás sirva para comprender mejor el giro político que se observa en muchos gobiernos “progresistas” de la región.

En lugar de reinsertarnos en el mercado mundial, ahora con eje en China, de forma dependiente para que los sectores exportadores, concentrados y extranjerizados hagan negocios, debemos poner en pie un proyecto latinoamericano de desarrollo basado en otros principios, como la soberanía sobre nuestros recursos naturales, la garantía y ampliación de los derechos sociales y laborales de los trabajadores y trabajadoras latinoamericanos, la cooperación entre las distintas economías de la región y la solidaridad entre los pueblos.

La dilatada decisión obedece a las especulaciones y cálculos al interior del PRO de Mauricio Macri. Quienes argumentan a favor del desdoblamiento, ven como una necesidad para las aspiraciones nacionales de Macri mostrar un triunfo contundente en la Capital antes de las PASO presidenciales de agosto. La interna del PRO no da respiro y allí disputan, en primer lugar, Gabriela Michetti  y Horacio Rodríguez Larreta.

En el 2015 los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires tendremos la oportunidad de elegir nuestros representantes una vez más. La atención estará centrada en quién será el próximo Jefe de Gobierno porteño, pero también se renovarán los cargos en la Legislatura y, por segunda vez, siete comuneros serán elegidos por cada una de las quince comunas porteñas.

La fuerza que lidera Mauricio Macri buscó representar desde el comienzo una suerte de renovación en la política. Poniendo el énfasis en la gestión, decía querer “desideologizar” la discusión sobre el modelo de ciudad, proponiendo soluciones concretas a los problemas concretos. Pero la emergencia de graves problemas como el déficit habitacional, la basura, la situación de los hospitales y escuelas porteñas demostraron que todas las “soluciones” tienen una concepción por detrás, implica conflicto de intereses y por tanto beneficiados y perjudicados.

El caso del desfinanciamiento de la educación pública y la caída sistemática de las partidas presupuestarias de vivienda son quizás las mayores evidencias del sentido que la gestión PRO ha tenido en la Ciudad de Buenos Aires. Es precisamente por esto que hemos visto innumerables conflictos vinculados a estos dos ejes, con los estudiantes y docentes defendiendo una educación de calidad y al alcance de todos, y con fuertes movimientos exigiendo soluciones para los vecinos de las villas y para la inmensa población que tiene la necesidad de pagar un alquiler y a la que le es imposible acceder a la vivienda propia.

La gestión del PRO apuntaló un modelo de ciudad excluyente, privilegiando el negocio inmobiliario y los servicios privados, en detrimento de los derechos que todos los ciudadanos deberíamos tener garantizados. La Ciudad, poco a poco, se va convirtiendo en exclusiva y excluyente.

El desafío de la oposición

La verdadera oposición al modelo PRO de Ciudad no son los conglomerados políticos que aparecen en las elecciones. La oposición efectiva son los movimientos y organizaciones populares que día a día enfrentan en cada territorio a la privatización que promueve la fuerza de gobierno. Sin embargo cuando llegan las elecciones, no hemos sido capaces de traducir eso en una alternativa real.

Es por eso el espacio de la “oposición” es ocupado elección tras elección por armados de estructuras tradicionales cuyo interés no está atado al de los sectores populares que habitan en la Ciudad de Buenos Aires. Tal es el caso de UNEN, al que algunos medios asocian con un supuesto “progresismo” y que con sólo un año de existencia demostró ser un fiel aliado de las políticas del macrismo en la Ciudad, avalando las reformas educativas contra los docentes y las políticas de endeudamiento serial del PRO. No es casual entonces que sus referentes estén discutiendo tanto en el país como en la Ciudad, un acuerdo electoral con el PRO.

También es el caso del Frente para la Victoria que con la salvedad de algunas pocas (aunque valorables) excepciones, acordó y votó junto al macrismo numerosas leyes antipopulares como la venta de terrenos públicos para negocios inmobiliario privados o la disolución del Instituto Espacio para la Memoria de la Ciudad (IEM).

Pero si existe tan variada y rica experiencia de organización política, social y cultural en la Ciudad, una fuerte militancia comprometida con los sectores populares, ¿por qué no somos capaces de transformar eso en una alternativa de gobierno popular en la Ciudad? Es hora que nos pongamos a construir una propuesta política unitaria que pueda ser alternativa al modelo PRO. Que sea oposición efectiva y no rosca palaciega en la legislatura. Que esté atada y constituida a partir de las experiencias concretas de lucha de la Ciudad

El 2015 nos presenta una gran oportunidad para presentar un espacio amplio y unitario, que contenga a expresiones distintas pero que tenga la mira puesta en resolver el problema de la vivienda, en construir una educación pública y de calidad y en desarticular este modelo expulsivo y excluyente para hacer de Buenos Aires una ciudad justa e igualitaria.

La convocatoria debe ser generosa y poniendo por encima los intereses de los sectores populares de la Ciudad por sobre todas las cosas. Solo por mencionar algunos, aunque la lista puede ser mucho más amplia, creemos que espacios como los que aglutinó el año pasado Camino Popular, las fuerzas del Frente de Izquierda, Autodeterminación y Libertad de Luis Zamora, Seamos Libres de Pablo Ferreyra y otras fuerzas presentes en las batallas cotidianas de la Ciudad, deberíamos converger para construir un gran polo articulador de un cuarto espacio alternativo a las viciadas estructuras del PRO, UNEN y el PJ.

Las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) son una herramienta que puede ser utilizada para construir esta unidad y patear un tablero que de continuar de esta forma nos sigue condenando a la marginalidad, y conduce a un nuevo triunfo conservador en la ciudad. Desde Patria Grande nos proponemos trabajar para lograr ese objetivo.

Los síntomas del período pre-devaluatorio son peligrosamente coincidentes con el escenario de finales del año pasado. Las entidades agrarias y exportadoras reteniendo cosecha, el Banco Central con una política de mini-devaluaciones diarias y una demanda de divisas creciente frente a una inflación que no cede. El caldo especulativo se está forjando y si se dejan que las cosas sigan el curso “natural” del mercado, no hay motivos serios para suponer resultados distintos.

A esta situación se le agregan dos factores que hacen más dificultosa la situación respecto al año anterior. Por un lado el cuadro de recesión con su contraparte en situaciones de despidos y/o suspensiones. Un salto devaluatorio en este marco tendría como consecuencia directa mayor caída de la actividad y del consumo y por ende más desempleo.

La otra novedad es el bloqueo al curso de acercamiento a los mercados internacionales generado por la justicia norteamericana al favorecer a los fondos buitres. Hasta que no se resuelva el asunto, la Argentina no gozará de la supuesta “lluvia de dólares” que traerían los acuerdos con el Club de París, Repsol y el CIADI.

Medidas para proteger nuestra economía y a los sectores populares

Hasta ahora la única medida oficial en esta materia ha sido activar el “swap” firmado con China, que le brinda un colchón de divisas para enfrentar una corrida. Pero se trata de una medida coyuntural y de incierta suficiencia para contrarrestar las presiones del mercado.

Como sostuvimos luego de la devaluación de enero aquí, el análisis no debe limitarse al manejo de ciertas variables de la política económica. No se trata de buscar simplemente la correcta administración de la política monetaria, cambiaria o fiscal, sino de modificar la correlación de fuerzas que existe en la estructura económica argentina, hoy dominada en todos los sectores estratégicos por el capital privado y multinacional.

La medida central para proteger nuestra economía y a la población que sufre las consecuencias de estos ajustes es establecer el control público del comercio exterior, nuestra principal fuente de divisas. La actual retención de la producción es aun superior a la del año 2013, ya que con una cosecha mayor que el año pasado las exportaciones primarias cayeron un 21% interanual, potenciada también por la caída de los precios internacionales de la soja. Sólo ocho grandes empresas explican casi el 90% de las ventas sojeras al mundo y su accionar especulativo afecta a los 40 millones de habitantes de nuestro país.

Esta decisión debería ser acompañada con el control sobre el sistema financiero. La banca privada ha sido el sector económico más beneficiado en los últimos años, con un exponencial crecimiento de sus ganancias que superó el 50% en el 2013. A su vez, sólo con la devaluación de enero lograron un rédito extraordinario equivalente a un tercio de la rentabilidad total de todo el año pasado. Controlar el sistema financiero es una herramienta clave para evitar maniobras especulativas contra nuestra moneda y orientar el ahorro hacia la producción y los ingresos de los sectores populares.

Estas medidas podrían ser complementadas con otras que por razones de extensión no desarrollamos en esta nota pero que hemos señalado en otras. Por ejemplo una revisión de la política de deuda externa, una reforma tributaria, entre otras. Pero lo urgente es considerar hacernos del manejo de las dos variables claves mencionadas: comercio exterior y sistema financiero.

Algunos afirman que esta propuesta es utópica porque las entidades empresariales opondrían una feroz resistencia y cuenta con apoyo de los grandes medios. Pero como se vio con el debate sobre la absolutamente moderada ley de abastecimiento en donde el presidente de la Sociedad Rural pronosticó el fin de la propiedad privada, el titular de la UIA comparó al Congreso con la dictadura militar y los grandes medios comenzaron a hablar de “argenzuela”, el rechazo de grupos económicos no guarda ninguna proporcionalidad con las medidas cuestionadas. Lo ilusorio, podríamos decir, es en realidad considerar que no tomando medidas radicales se obtendrá el apoyo del establishment.

Lo que el poder económico quiere es marcar la cancha para la Argentina que se viene y en particular para los presidenciables de 2015. Ellos ya tienen su programa definido y es de una ofensiva contra los trabajadores y los sectores populares. En ese marco y como dice el arte de la guerra, no hay mejor defensa que un buen ataque.

En una nota del diario Clarín publicada el 27 de julio pasado, se afirma que “el 32,1% de los hogares de la Ciudad están ocupados bajo el modo alquiler. El porcentaje de inquilinos sobre el total de hogares viene creciendo en forma sistemática. En 2003 eran el 23,9”. Es decir que en poco más de diez años la cantidad de inquilinos ha ascendido en un 34%.

A estos números hay que sumarle que actualmente más de un tercio del salario se va en alquileres. Por si fuera poco, el sueño de comprar una vivienda se ha ido alejando un poco más de la realidad en los últimos años. Si en 2011 hacía falta acumular en promedio 46 sueldos para comprar un inmueble de tres ambientes, en 2013 esa cifra aumentó a 69.

En resumen, de un total de 1.150.000 hogares que hay en la Capital, 350.000 son ocupados por inquilinos que cada dos años desconocen si permanecerán en el mismo hogar y lidian permanentemente con precios, condiciones y exigencias cada vez mayores por parte de las inmobiliarias.

La vivienda como negocio: mercado inmobiliario y socios políticos

¿Cómo es posible que luego de una década de crecimiento económico se haya alcanzado esta situación? ¿Será que no hay espacio o viviendas suficientes para todos? La ecuación es sencilla: desde 2004 se otorgaron permisos para construir casi 20 millones de metros cuadrados, lo que equivaldría por ejemplo a 200.000 departamentos de 100 metros cuadrados. Sin embargo, en la actualidad existen aproximadamente 150.000 viviendas ociosas. Se trata de unidades totalmente vacías: ni habitadas como viviendas, ni destinadas a otro uso; ni alquiladas, ni en venta ni prestadas. Vacías. Entonces, ¿para qué construir tanto si finalmente nadie ocupa esos inmuebles? La respuesta es simple: el mercado inmobiliario se transformó en un fabuloso negocio para pocos. La consecuencia, concreta: cientos de miles sin el derecho a la vivienda garantizado, entre ellos los inquilinos, que ya representan ⅓ de los habitantes de la ciudad.

Frente a semejante problemática social, la política del macrismo ha sido a veces pasiva y muchas veces cómplice, favoreciendo a las corporaciones inmobiliarias. En sus 7 años de gestión ha hecho gala de la venta de terrenos y propiedades del Estado a grandes empresas, la privatización del espacio público y la vista gorda en el control e inspección de la construcción de edificios.

Al mismo tiempo, la política de construcción de vivienda para que más porteños accedan a la casa propia nunca fue una prioridad. El Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) ha tenido como dinámica persistente la subejecución y reducción de su presupuesto. Mientras que en el 2008 la partida presupuestaria representaba el 3,5% del total, en 2013 se había reducido a un 1,76%, es decir la mitad. Al mismo tiempo, año a año se han subejecutado cientos de millones de pesos, aplazando el derecho de miles de ciudadanos de acceder a su vivienda propia

Una ley en defensa de los inquilinos de la Ciudad

Son muchos los sectores que se levantado en la Ciudad para denunciar esta situación por demás indignante. El caso más cercano lo encontramos hace pocos meses, y en uno de los sitios más emblemáticos de la Capital: los 53 días que estuvo plantada la Carpa Villera al pie del Obelisco, además de concluir con un contundente triunfo en el reclamo por urbanizar las villas de la Ciudad, significó poner sobre la mesa de la agenda pública el problema del acceso a una vivienda y un hábitat dignos.

Atendiendo a este problema fundamental de la Ciudad, durante las próximas semanas distintas organizaciones políticas y sociales llevarán adelante una campaña por la sanción efectiva de una ley en defensa de los inquilinos de la Ciudad. Sin la regulación de precios y condiciones de los alquileres; sin un impuesto a la vivienda ociosa que permita crear un Fondo de Garantías para locaciones con destino vivienda; sin la creación de una Defensoría de los Inquilinos que ponga un freno a los abusos de las inmobiliarias; y sin la creación del Ministerio de la Vivienda que lleve adelante un Plan Integral de Vivienda y que intervenga decididamente en el mercado inmobiliario. Sin que se efectivicen todos estos reclamos, difícilmente pueda torcerse el rumbo de una Ciudad cada vez más excluyente

A los desequilibrios en las cuentas externas y las fuertes presiones sobre el tipo de cambio de 2013, le siguió una devaluación cuyo impacto regresivo e inflacionario aún estamos pagando. Sobre este escenario iniciamos formalmente una recesión económica que tiene su correlato en despidos y suspensiones en determinadas ramas de la industria, y un desplome particular en el sector automotor. A esta situación de desequilibrio cambiario y estancamiento económico se le sumó, quizás inesperadamente, una potencial crisis de deuda externa a partir del fallo del juez Griesa a favor de los fondos buitre, que coloca a la Argentina al borde del default.

Pero, a diferencia de otros momentos de complicaciones económicas de los últimos años, esta vez parece existir un fuerte consenso entre los sectores de poder de que no hay otra salida a esta crisis que resignarse a las reglas de juego del sistema financiero internacional.

Hay otra salida y hacerla realidad depende de nosotros. Una medida urgente y posible de ser tomada para salir de esta situación de crisis tiene que ver con el empleo y los salarios. Desde que comenzó la recesión, empezaron a aparecer suspensiones de personal en numerosas plantas, y en algunas incluso despidos. Si bien la crisis es más fuerte en el rubro automotor, toda la industria está atravesando problemas.

Al día de hoy se encuentran suspendidos 15 mil trabajadores dentro de la rama automotriz, alcanzando al conjunto de las empresas del sector como Honda, Peugeot/Citroën con 1000 suspensiones y Renault que viene de hacer lo mismo en su planta de Santa Isabel con 1600 operarios. A ello se suma Volkswagen, que tomó la decisión de suspender desde  el viernes pasado hasta el lunes 28 a los 4 mil trabajadores de su planta, ubicada en General Pacheco.

A este cuadro de situación, habría que agregarle el clima que atraviesan las principales autopartistas donde despidos y suspensiones son desde hace meses parte del panorama cotidiano. En Lear, también ubicada en General Pacheco 1000 trabajadores fueron despedidos y 200 suspendidos, Gestamp enfrentó tiempo atrás una situación similar, y la semana pasada Visteon Corporation, autopartista de origen norteamericano, despidió a 240 operarios.

La propia dirigencia sindical demuestra estar más cercana a los intereses empresariales que a la defensa de los trabajadores y trabajadoras, más preocupada por impedir el surgimiento de un nuevo activismo obrero en las fábricas que por garantizar los salarios y los puestos de trabajo. Son los herederos de la vieja burocracia sindical que denunciaba ya Rodolfo Walsh hace cuarenta años.

Y el gobierno nacional, por su parte, profundiza el cambio de su política hacia la protesta social recurriendo a una respuesta represiva encarnada en la figura de Sergio Berni.

¿Pero por qué si las grandes empresas ganaron fortunas durante todos estos años, ahora son los trabajadores y trabajadoras los que tienen que sufrir las consecuencias de la caída en la producción? Es la misma historia de siempre, los empresarios se apropian en forma privada de las ganancias, pero pretender socializar las pérdidas.

¿La única opción es aceptar esto como realidad inmodificable? De ninguna manera. Pero para eso es necesario que el Estado intervenga protegiendo a los más débiles en estas situaciones, que son los trabajadores. Por ejemplo con una ley o decreto que prohíba los despidos mientas dure la recesión, y obligue a las empresas a hacerse cargo de sus empleados en el momento de “vacas flacas”.

Pero además de una respuesta inmediata frente a la posibilidad de que miles de familias queden en la calle, es necesario implementar un sistema de control de la ganancia empresarial. No puede ser que los capitales puedan ganar infinitamente, mientras que los trabajadores y trabajadoras apenas puedan pelear para no perder contra la inflación. ¿Qué tipo de justicia social es esa?

Es perfectamente posible discutir una ley de control de ganancias o una ley contra las ganancias extraordinarias, que asigne límites acordes al tipo de actividad. Esta medida, perfectamente viable, permitiría asegurar una mejor distribución entre las ganancias y los salarios de los trabajadores y trabajadoras, y además serviría para combatir la inflación, ya que pondría límites al aumento desmedido de los precios. Finalmente, se trata de una medida que generaría recursos fiscales, pudiendo implementarse estos fondos para otros programas favorables a la clase trabajadora.

Estas medidas suponen afectar intereses de unos pocos para mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías. Implican tomar partido por los de abajo y no poner expectativas en que de la mano de inversiones extranjeras y endeudamiento podremos salir adelante. Por supuesto que estas medidas deben ser complementadas con otras como investigar la legitimidad y legalidad de la deuda externa, avanzar sobre las leyes neoliberales vigentes (Ley de Inversiones Extranjeras y Ley de Entidades Financieras, entre otras), el control público del sistema financiero, la apropiación de mayores niveles de renta agraria, minera o hidrocarburífera, la regulación del mercado inmobiliario, una reforma tributaria progresiva, y un larguísimo etcétera. Pero en este momento y de forma urgente, es necesario proteger a quienes están comenzando a sufrir y pagar esta crisis.

En números redondos la deuda externa aumentó de 8 mil millones de dólares a 45 mil millones en la última dictadura, es decir se multiplicó por 5 veces y media. Luego de los gobiernos democráticos de Alfonsin, Menem y finalmente de la Alianza, la deuda pasó a sumar 144 mil millones, multiplicándose por más de 3 desde 1983 y por 18 si comparamos con 1976. ¿A dónde fue todo ese dinero? ¿Para qué se usó? ¿Fue todo legal o hubo estafas de por medio y por tanto gente a la que condenar y pedir resarción?

Luego de años y años de denuncia, en el año 2000 hasta la propia Justicia argentina gracias a la causa Olmos reconoció que la deuda externa, al menos en una parte mayoritaria, tiene un origen ilegítimo e ilegal. Este carácter no se debe solamente a que fue contraída por una dictadura militar, sino que además de eso las siguientes reestructuraciones realizadas en democracia se realizaron con operaciones ilegales (Plan Brady, Megacanje y reestructuración de 2005 y 2010).

A su vez aproximadamente el 50% de la deuda pública tiene en realidad un origen privado. Es decir que estamos pagando con recursos públicos que podrían ir para educación, salud, viviendas y trabajo, deudas de las grandes empresas privadas nacionales y extranjeras como Citibank, Celulosa Argentina, Loma Negra, Acindar, Alpargatas, Pérez Companc, Bridas, Aluar, Sevel, Cogasco, IBM.

¿Qué significa investigar la deuda? Realizar una auditoría para establecer: a) el origen de cada peso y dólar que supuestamente debemos; b) la utilización que se le dio a ese dinero; c) quienes son los acreedores a los que les pagamos y cómo se hicieron de esos activos. De esta manera se podría discernir fácilmente cuales son los componentes fraudulentos de la deuda externa.

La deuda externa representa hoy una de las principales restricciones para el desarrollo de nuestro país, al igual que para todo el tercer mundo. Después de la fuga de capitales, los pagos de deuda son la segunda razón de transferencia de recursos de los países pobres hacia los centros del poder financiero internacional. Luego del default en 2001, la Argentina volvió a pagar a los acreedores privados a partir de una reestructuración en 2005. En la última década se fueron de nuestro país unos 50 mil millones de dólares en billetes verdes en concepto de pagos de deuda y aún así hoy seguimos sufriendo el problema como si no hubiéramos pagado nada.

El fallo de Griesa y el triunfo legal de los fondos buitre quieren poner de rodillas a nuestro país y al continente. Cualquier negociación que implique reendeudar al país implica volver a entrar en la misma bicicleta financiera y renunciar a las posibilidades de cambiar la Argentina. Por eso investigar la deuda no es un dilema moral, es una necesidad pragmática para poder independizarnos y construir un futuro mejor.

Investigar la deuda nos permitirá plantarnos desde una posición de soberanía y poner condiciones a quienes quieren sacarnos nuestros recursos, en lugar de que ellos nos pongan las condiciones a nosotros. Es perfectamente posible, necesario y buen momento para hacerlo.

En materia de política económica tuvimos la devaluación de enero, los aumentos de las tasas de interés y el “redireccionamiento” de subsidios. En términos de variables macroeconómicas, las medidas permitieron estabilizar el tipo de cambio a 8 pesos y frenar la caída de reservas. Pero en términos de costo social, esto implicó una transferencia regresiva de ingresos, es decir que se perjudicó a la clase trabajadora y se benefició a las grandes empresas, bancos y en particular a las exportadoras.

Sin embargo esta estabilidad lograda podría ponerse en riesgo en el segundo semestre del año. Sin la cosecha que se liquida en el primer semestre, ¿cómo evitar que el 2014 no termine igual que el 2013? ¿Cómo evitar una nueva sangría de reservas, una nueva corrida contra el peso y en consecuencia una nueva devaluación?

Las respuestas del gobierno a estos interrogantes no se distancian mucho de la agenda propuesta por la oposición y la palabra clave es “confianza”. Había que dar “seguridad” para que vengan los dólares a través de inversiones y/o nueva deuda. Para lograr confianza había que sincerar al menos parcialmente los números del Indec, había que darle una compensación “razonable” a Repsol, había que dejar de rechazar las negociaciones con la Unión Europea para un acuerdo de Libre Comercio y había que llegar a un acuerdo con el Club de París.

La confianza tiene precio

¿Cuánto cotiza la confianza? En el corto plazo sale barata. El gobierno espera que gracias a todas estas señales pro-mercado en el segundo semestre y en el comienzo de 2015 tengamos una verdadera “lluvia de dólares” con inversiones en la industria, en la minería y en el sector energético a través de Vaca Muerta. Y también contar con acceso al mercado financiero internacional tanto para las empresas privadas como para la emisión de deuda pública a tasas “razonables”. Por supuesto que esto habrá que verlo, pero supongamos que fuera cierto y el objetivo es logrado. En ese caso en el corto plazo esto permitirá al Estado mejorar sus reservas internacionales, enfrentar posibles corridas y si todo sale bien liberar importaciones que están frenadas y hasta contar algún recurso para hacer política expansiva.

Pero el contrato tiene una letra chica y que eleva muy alto el precio de la seguridad brindada al mercado. Con esta orientación de reconciliación con los mercados internacionales el gobierno está firmando la renuncia a las transformaciones estructurales que no se hicieron durante estos diez años y que muchos creían que a lo mejor se podrían comenzar a hacer en los próximos. Esta nueva orientación es incompatible con sancionar una nueva ley de inversiones extranjeras que afecte los intereses de las grandes multinacionales, con avanzar en el control público del comercio exterior, de ir por las rentas extraordinarias del agro y la minería, de regular el sistema financiero o de simplemente elevar el nivel de presión tributaria sobre los grandes capitales. Cualquiera de estas medidas y varias más que podríamos enumerar dinamitarían el objetivo enunciado y por el cual se hicieron todos los deberes en los últimos meses.

Las consecuencias políticas de esta orientación, por lo tanto, no son para nada gratuitas. El establishment ya ha expresado su vocación de contar a partir de 2015 con un gobierno más confiable, más previsible, tal como expresó a través del “Foro de Convergencia Empresarial”. Massa, Macri o Cobos ya se anotaron en esa carrera. El Frente para la Victoria no quiere quedar atrás y el círculo se va cerrando. Lógicamente, el candidato más cómodo y acorde a la nueva versión del modelo que se prepara para el 2015 se llama Daniel Scioli. 

La nueva ley supone que la principal razón de la informalidad laboral son los altos costos de las empresas (sobre todo las Pymes), de allí que las exenciones impositivas sean el mecanismo ideado para facilitar el blanqueo, ya que reducir la carga fiscal permitiría a las empresas aliviar sus costos y dar margen para asumir el pago de las cargas sociales que implican formalizar el empleo. Supongamos por un momento que esto es cierto y las Pymes efectivamente enfrentan un problema de rentabilidad, habría no obstante varios aspectos discutibles que el proyecto de ley no asume.

La nueva ley invisibiliza la responsabilidad de las grandes empresas

Si bien es cierto que la mayoría del trabajo informal se concentra en las Pymes, es equivocado asumir que se trata un problema exclusivo o aislado de ese sector, ya que nuestra estructura productiva gira alrededor de las grandes empresas, muchas de ellas multinacionales, que aquí se ubican fuera del radar. Y es que en gran medida estas pequeñas y medianas empresas son proveedoras de las grandes industrias y en muchos casos directamente empresas tercerizadas de las grandes cadenas, una modalidad de producción que se ha extendido en todos estos años, a medida que se fue fortaleciendo una estructura económica inserta en las cadenas de valor del capitalismo global. Lógicamente, el poder de las grandes firmas les permite fijar precios que las Pymes asumen como dados y por tanto compensan sobre-explotando a sus trabajadores al “contratarlos” en negro. En cualquier caso la variable de ajuste siempre es el salario y el trabajo, es el eslabón más débil de toda la cadena.

Pero lo que no se puede soslayar es el rol de las grandes empresas en la estructuración del mercado de trabajo. La tercerización es una forma que las firmas líderes tienen para “lavarse las manos” de sus responsabilidades y traspasarlas a las Pymes. Un proyecto de ley que se proponga combatir la informalidad laboral no puede eludir esta realidad y concentrarse en bajar los costos de las pequeñas empresas. Dicho de otro modo, la informalidad laboral no es otra cosa que la contracara de la altísima rentabilidad de las empresas más concentradas de nuestra economía, por lo que resulta imposible atacar verdaderamente un aspecto dejando inmutable al otro. Aunque en apariencia sean cuestiones separadas, las brutales condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del campo, por ejemplo no son independientes de las enormes ganancias de las grandes exportadoras.

La nueva ley elude el problema de la democracia sindical

Las razones por las cuales una empresa “negrea” no son sólo de costo salarial en un sentido directo. La informalidad permite, además de bajar costos, evitar la conquista de la estabilidad laboral y por sobre todas las cosas el “dolor de cabeza” que significa para los empresarios la sindicalización. El “negreo” es la forma más directa de evitar que los trabajadores se organicen para reclamar por sus derechos. Si incluso en empresas que contratan mano de obra de manera formal existen todo tipo de artilugios para evitar la organización gremial, más difícil aún resulta para quienes no cuentan con ningún amparo formal.

En este sentido la nueva ley sólo tiene en cuenta como sujeto para resolver el problema de la informalidad a los empresarios de las Pymes y no a sus trabajadores, quienes no son convocados a reclamar, organizarse o movilizarse para exigir sus derechos. De esta manera no se asume otra dimensión clave para terminar con la informalidad y precarización laboral: promover la organización y la democracia sindical en los lugares de trabajo. Distintas estadísticas laborales demuestran que los establecimientos laborales que cuentan con delegados sindicales electos por sus compañeros no llegan al 15% del total. Asumir esta realidad y esta dimensión de la precarización laboral, permitiría un abordaje mucho más serio y efectivo para terminar con el trabajo informal. Incentivar la sindicalización y sobre todo la democratización de la representación gremial en los lugares de trabajo, daría mayor capacidad a los trabajadores y trabajadoras para pelear por trabajar en condicionar dignas y con derechos plenos.

Vale la pena mencionar también el ninguneo a los trabajadores de la Economía Popular que vienen organizándose gremialmente en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y exigiendo su reconocimiento al Ministerio de Trabajo. En lugar de concentrarse exclusivamente en beneficios impositivos para los empresarios, otorgar legalidad a un sindicato integrado por trabajadores precarizados o informales, sería una gran herramienta para avanzar en la lucha contra el fraude laboral.

Ausencia de una perspectiva integral

En resumen, aislar el problema de la informalidad laboral constituye un diagnóstico equivocado, que explica los fracasos previos. Incluso concediendo que las exenciones impositivas puedan llegar a ser un mecanismo útil, lo cual también es discutible, lo concreto es que hecho de manera aislada probablemente no produzca los resultados esperados y sobre todo no permita resolver la cuestión de fondo. Es que la precarización laboral en un sentido amplio y en particular el “negreo”, no son problemas sectoriales, sino un rasgo estructural del conjunto del mercado laboral que se fue diseñando en las últimas décadas.

Por eso, combatir la informalidad debería contemplar derogar las leyes de flexibilización laboral, discutir una ley para terminar con el fraude laboral de las tercerizaciones de las grandes empresas y promover la organización democrática de los trabajadores. Puede parecer utópico, pero en realidad es la única vía hasta en el sentido más pragmático del asunto. Lo que sin dudas resulta utópico es pretender combatir la informalidad con políticas focalizadas de dudosa aplicabilidad.