Para saber si alguien se peroniza o desperoniza hay que subir primero una cuesta complicadísima y de múltiples senderos, casi todos conducentes a la nada, que implica definir qué es el peronismo. En principio, soy de la idea de que tal concepto encierra una serie de nociones vinculadas a equiparar las posibilidades de todos los ciudadanos, cualquiera sea su origen, estableciendo principios de justicia social, tanto discursivamente como en los hechos. En definitiva, ese es el gran legado del peronismo a la historia argentina: el establecimiento como ineludibles de una serie de derechos del pueblo que ya nadie niega.

En tal sentido, es harto evidente que Mauricio Macri no necesita peronizar su campaña, dado que ya está altamente peronizada, no solamente desde las declaraciones públicas como candidato, sino especialmente desde sus hechos en el Gobierno en la ciudad de Buenos Aires. No ha habido, si tal es el concepto de peronismo, un Gobierno más peronista que el de Macri en esta ciudad. En retrospectiva histórica, es imposible encontrar un mayor y mejor acceso a la salud y la educación públicas que en la gestión macrista. Es imposible recordar que algún otro Gobierno local se haya empecinado de la forma en que lo hizo el de Macri en hacer progresar con infraestructura las zonas más empobrecidas y postergadas históricamente en la ciudad de Buenos Aires, como La Boca, Barracas o Parque Patricios.

Por ende, desde esos conceptos, ni lo que dice Macri, ni lo que ha hecho, lo desperoniza, todo lo contrario.

Ahora bien, el peronismo también ha sido, especialmente en los últimos años, desde la recuperación democrática, otras cosas, aparte de esos conceptos ideológicos. Ha sido el responsable de la decadencia de los últimos 25 años. Ha acumulado, entre el Gobierno de Carlos Menem, el interinato de Eduardo Duhalde y los de los Kirchner, 24 años de corrupción generalizada, violencia y pobreza. Ni hablar de la provincia de Buenos Aires. ¿En este sentido Macri debería peronizarse?

Algunos estiman que peronizarse es mostrarse públicamente con referentes peronistas. En dicho esquema, Macri comparte hace años su espacio con dirigentes surgidos de las filas del peronismo como Cristian Ritondo, Diego Santilli o Daniel Lipovetzky, y se ha aliado con otros como Patricia Bullrich, Eduardo Amadeo y Gerónimo “Momo” Venegas, entre unos cuantos más. ¿No basta eso para que se lo considere peronizado? ¿Con qué peronistas debería mostrarse? ¿Con los que arrasaron el país? ¿Qué clase de garantía es mostrarse peronizado?

Difícilmente alguien pueda considerarse más peronizado que Carlos Menem, de origen estrictamente peronista. Ganó la interna de su partido, que lo llevó a la candidatura presidencial, contra Antonio Cafiero, y lo hizo apoyado por lo más rancio del peronismo histórico: sindicalismo y líderes caudillescos del interior. Y cuando le tocó gobernar, fue la gestión menos peronista de la historia argentina, desde lo económico, mucho más cercana a la de Videla-Martínez de Hoz que a la de Celestino Rodrigo, antes o Jorge Remes Lenicov, después. Entonces, ¿vale peronizarse en campaña?

La última pregunta nos encamina a una nueva duda respecto de la tan mentada peronización. No hay objeciones a que Daniel Scioli es un candidato peronista. Pocos pueden tenerlas sobre que Sergio Massa es otro candidato peronista. Si faltasen variantes de algún tipo, Adolfo Rodríguez Saá también es candidato y peronista. En ese universo, ¿es legítimo pedirle a Macri que se peronice? Porque esto implicaría contar en la oferta electoral con tres candidatos peronistas y otro peronizado, es decir, alguien que pretende mostrarse peronista sin serlo. ¿No implicaría tal conducta subestimar al elector peronista, pretendiendo venderle un peronizado a cambio de un peronista?

Y en la misma hipótesis, ¿es esto conveniente? Porque, en definitiva, sería creer que casi no existen electores que no sean peronistas. “Peronistas somos todos”, dijo el General. Era otra época. La justicia social, el resguardo de los derechos de los trabajadores y los principios de equidad básicos que introdujo el peronismo están presentes en los discursos de todos los candidatos, desde el principio de la campaña. Nadie que los niegue alcanzaría a superar las PASO.

Hoy categorizar a los candidatos en peronizados o no peronizados es incluir categorías de análisis anticuadas, descontextuadas y que el elector no considera. Macri no debe entrar en esos juegos, porque aspira a gobernar para todos, a ser el presidente de la unidad, el que abra la puerta al futuro. Para representar al pasado y a fraccionar a la sociedad ya hay más de un candidato. Los principios justicialistas más puros, los que simbolizan su aporte histórico, están hoy no solamente en discurso sino también en los hechos de su gestión, sencillamente observable. Lo demás es para los estrategas, políticos y analistas que atan el futuro de categorías del pasado.

En los últimos días, algunos encuestadores han comenzado a dar presuntos resultados de la elección del 25 de octubre, con la que llaman “proyección de indecisos”. Calculando esta, por ejemplo, Daniel Scioli, que parece no poder moverse en su intención de voto, de lo obtenido en las PASO (un 38,5 %), crecería a 41 o 42 puntos y si consigue separarse 10 % de Mauricio Macri, sería presidente en primera vuelta.

Ahora bien, más allá de la coyuntura que utilizamos para poder trabajar sobre un caso concreto, debemos saber con precisión en qué consiste la proyección de indecisos y qué verosimilitud tiene tal proyección.

Los encuestadores tienen un método que es casi siempre el mismo, con pocos matices, y está bien que así sea, porque de otro modo se haría imposible llegar a conclusiones más o menos plausibles. Pero ese método no siempre se relaciona con la verdadera indecisión de los indecisos, es decir, los que manifiestan que no han decidido todavía a quién votar padecen una duda, pero la proyección no valora en qué consiste esa incertidumbre.

Para proyectar, se toma el caudal de intención de voto de cada candidato. Digamos, para simplificar, que hoy Scioli tiene un 40 % de intención de voto, Mauricio Macri un 30 % y Sergio Massa un 20 %, suprimiendo a los demás candidatos a efectos metodológicos y pensando que hay un 10 % de indecisos. ¿Cómo se proyecta? Este último 10 % se prorratea de acuerdo con la intención de voto de cada uno, de manera que en este ejemplo lineal, 4 puntos irían para Scioli, 3 para Macri y 2 para Massa (en todos los casos con alguna décima adicional que completa dicho 10 %); queda entonces, con la intención de voto proyectada, el gobernador bonaerense con 44 %, el jefe de gobierno porteño con 33 % y el exintendente de Tigre con 22 %. Como se verá, la diferencia entre Scioli y Macri crece, con los votos proyectados, el 1 %.

Ahora bien, ¿es una regla de oro semejante cálculo? Veamos, podría uno sospechar que existen votantes opositores indecisos entre votar a Macri y votar a Massa. Y tal vez algunos electores podrían estar con dudas sobre si impulsar a este último o apoyar a Scioli. Pero muy difícilmente alguien esté indeciso entre votar a Scioli y votar Macri. Incluso uno podría creer que un voto positivo para el oficialismo ya está decidido o que si existen votos potenciales todavía indecisos para el Frente para la Victoria, estos son muy pocos, tal vez bastante menos que el 4 % que las proyecciones adjudicarían a Scioli, con su método.

Por ende, uno bien podría pensar que el candidato kirchnerista llegó a su techo electoral en las PASO y no puede sumar más que un par de puntos, que el resto de los indecisos, 8 % de ese hipotético 10 %, se podría repartir entre opciones opositoras, y que Macri se haría acreedor del 5 % y Massa del 3 %, o a la inversa. En el primer caso, el exmotonauta llegaría a un 40,5 %, el expresidente de Boca a 35 % o 33 %, según el caso, y Massa a un 23 % o 25 %., y entonces las hipótesis de que esto se termina en la primera vuelta se desvanecen totalmente.

¿Por qué proyectar entonces los indecisos de modo proporcional como lo hacen los encuestadores? Simplemente porque es un método y porque no hay otro modo científico de hacerlo y eliminar a los indecisos de las encuestas. Pero tal método está extremadamente lejos de ser una ciencia exacta. Hoy el resultado de las encuestas “con indecisos proyectados” es una aventura, una tómbola que las consultoras ponen a jugar, sea para influir en el electorado o simplemente porque es su mecanismo de funcionamiento.

Cuando asistimos a un escrutinio y vemos que el 20 % de las mesas ya se encuentran contabilizadas, decimos que hay una tendencia. Es cierto, pueden estar contadas las urnas que más nos favorecen y faltar las que favorecen al adversario; por tal hecho, a esos niveles de recuento nadie festeja, pero sonríe animadamente. Hay una tendencia estadísticamente relevante.

El domingo 5 de julio, el frente electoral Cambiemos que integran el PRO, la UCR y la Coalición Cívica obtuvo, contabilizando las cinco provincias (CABA, Córdoba, La Rioja, Corrientes y La Pampa) el 43,90 % de los sufragios emitidos, mientras que su inmediato perseguidor, el Frente para la Victoria, apenas alcanzó el 24,10 % de los votos. Y si consideramos los electores que prefirieron al delasotismo en Córdoba, como votos de la alianza UNA (el cordobés, más Sergio Massa), puede considerarse que esa fuerza obtuvo el 18 % de los sufragios.

Ciertamente, no resulta fácil construir la estadística. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, resultó difícil contabilizar a efectos nacionales el voto de la alianza ECO, que responde a la UCR, la CC (ambos dentro de Cambiemos), pero también el Frente Progresista de Margarita Stolbizer. Para minimizar los riesgos de error en la construcción estadística, se le adjudicaron a Cambiemos solamente el 50 % de los votos de ECO.

En Corrientes tampoco fue sencillo. Allí, el ganador fue una alianza que sostiene el gobernador Ricardo Colombi, también llamada ECO, pero que la integran la UCR, el PRO y el massismo, este último fuera de Cambiemos. Por ende, se le adjudicó a dicho frente nacional dos tercios de los votos obtenidos por ECO, mientras un tercio se colocó dentro de los votos de la alianza UNA en la que conviven Sergio Massa y José Manuel De la Sota.

En la provincia de La Pampa lo que se disputó fue una elección primaria, y si bien el candidato justicialista Carlos Verna se mostró totalmente antagónico con el Frente para la Victoria y venció a un rival absolutamente kirchnerista, al no poder determinar la preferencia nacional de Verna, todos los votos del justicialismo pampeano se los adjudicamos al Frente para la Victoria.

En Córdoba la cosa estuvo un poco más clara, aunque no totalmente. Si bien la alianza Unión por Córdoba que lidera De la Sota forma parte del frente UNA, es difícil decir si los votos locales son transferibles a votos presidenciales para el gallego. De todas maneras y a efectos estadísticos, asumimos que sí, e incluimos todos esos votos en UNA. La alianza Juntos por Córdoba, que salió segunda, refleja el acuerdo nacional de Cambiemos casi a la perfección, con lo que en tal cuestión no hubo dificultades. Tampoco en cuanto al Frente para la Victoria. Y por fin, La Rioja tampoco ofreció problemas: ganó el kirchnerismo y salió segunda la UCR, que integra Cambiemos.

Así, debemos decir que pese a que Daniel Scioli se apresuró a ir a festejar a La Rioja con el ganador kirchnerista de la elección en esa provincia, lo cierto es que a su candidatura presidencial un triunfo riojano le estaría aportando 108.000 votos. Si de los 30 millones de electores con derecho a voto sufragasen en la presidencial el 75 %, esto representa 21.750.000 sufragios válidos emitidos. Y Scioli hubiese obtenido de La Rioja el 0,49 % del total de sus votos. Da la sensación de que más debió festejar con Eduardo Acastello, aunque haya salido tercero en Córdoba, porque la cantidad de votos que le aportó esa provincia al Frente para la Victoria fue de 312.000, es decir, casi el 1,45 % de lo que podría alcanzar en la elección presidencial, tres veces más que La Rioja.

Por su parte, el peso del voto para Cambiemos en la ciudad de Buenos Aires parece de incidencia fundamental para las aspiraciones presidenciales de dicho frente. Representa casi el 5 % del total de los votos que obtendría para presidente de la Nación el candidato que surja de la primaria entre Mauricio Macri, Ernesto Sanz y Elisa Carrió. Casi exactamente lo mismo que el aporte que Scioli recibe de La Rioja, Córdoba, La Pampa, Corrientes y CABA sumados. Córdoba también aparece como muy importante para Cambiemos. Allí se adjudicó casi otro 3 % del total nacional.

Si se traslada el mismo método a todas las elecciones realizadas hasta el momento (Tierra del Fuego, Neuquén, Río Negro, La Pampa, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires, Corrientes, La Rioja y Salta), emitieron su voto 8.860.000 argentinos aproximadamente, esto es, el 41 % del padrón nacional, y si se quiere, lo que llamaríamos una tendencia más que importante.

De todos ellos, el Frente para la Victoria obtuvo 2.678.279 votos, alcanzando apenas el 30% del total, mientras que el Frente Cambiemos se adjudicó 3.395.874 sufragios, que representan el 38,30 % de los sufragios emitidos. Si querían una encuesta, esta es una sobre la realidad efectiva.

Hay quienes podrán decir que falta votar en la provincia de Buenos Aires, que encierra alrededor del 37 % del total país, con 11 millones y medio de electores. Si pretendemos agregarla, habrá que hacer un ejercicio de imaginación y perderemos precisión, pero puede intentarse. Como primera medida, debe reducirse el número de electores, considerando que los que votan son el 75 % del padrón, de modo que la muestra debe considerar 8.625.000 votantes. El kirchnerismo ronda habitualmente en esa provincia el 45 % de los votos, unos 3.900.000. Puede pensarse que el frente Cambiemos haga una mala elección en ese distrito, por ejemplo, un 30 % de los sufragios, el equivalente a 2.600.000 de voluntades.

Si sumamos cada cifra a las ya obtenidas en cada una de las provincias enunciadas, el Frente para la Victoria alcanzaría unos 6.500.000 votos, el 30 % del total país (incluyendo provincia de Buenos Aires con el supuesto indicado); mientras que Cambiemos se acercaría a los 6.000.000 de sufragios, el 28 % del total, y considerando casi el 80 % del padrón total nacional. Eso en una primera vuelta electoral.

Nada puede ocurrir tan decisivo en el resto de las provincias que faltan considerar. Su volumen de electores a nivel nacional es bajo como para incidir en una presidencial, y si se considera que el cálculo efectuado abarca el 80 % del padrón, la tendencia parece irreversible.

Lo dijo Mauricio Macri el domingo y lo completó luego Elisa Carrió. Tratan de instalar que Daniel Scioli ya ganó, pero no le dan los números. Indefectiblemente habrá segunda vuelta.

Vamos a un sencillo ejemplo. Las elecciones simultáneas con las de cargos nacionales mas importantes, son las de la Provincia de Buenos Aires, por el volumen de votantes. El mismo encuestador le otorga siguiendo el ejemplo, el 27,2% de intención de voto a Mauricio Macri a nivel país, lo que debería representar al menos un 20% en la Provincia de Buenos Aires. Pero a su vez, la confiere a su principal candidata en dicho distrito, María Eugenia Vidal, un 9,4% de las preferencias, lo que nos pondría frente a un inédito escenario de corte de boleta en la provincia que superaría el 10% cuando la media histórica no alcanza el 2%. ¿Alguien puede creer tal cosa?. Lo veo complejo.

El problema es que el encuestador ofrece las opciones por separado, como si se tratase de de una elección con boleta única al estilo Santa Fe, cada candidato en una boleta y el elector pone varias en la urna, tantas como categorías se pongan en disputa. Pero en el caso de Buenos Aires, cuando el elector llega al cuarto oscuro encuentra la boleta completa, una larga tira con varias categorías, apenas separadas por una línea de puntos que muy pocos deciden cortar.

A la inversa, el mismo encuestador, para seguir con el ejemplo, otorga a Sergio Massa para la presidencial apenas un 21% de preferencias. Podríamos creer que esas voluntades son mas en la Provincia de Buenos Aires que en otros distritos, digamos un 25%. Pero los candidatos massistas a gobernador, con Francisco De Narváez a la cabeza, sumarían casi el 32% de los sufragios. Otra vez el consultor parece esperar un masivo corte de boleta, en este caso de casi 7 puntos, algo totalmente imposible.

Lo que ninguna encuesta considera es que en las elecciones simultáneas con boleta completa, el corte es casi imperceptible, y que es más que probable, que los guarismos que obtenga el candidato presidencial en los distritos con ese sistema electoral, casi se repitan para el el candidato a gobernador variando entre uno y dos puntos entre ellos, pero no más que eso. El candidato presidencial, que es quien encabeza la boleta, termina digitando la suerte de quienes lo acompañan en los paños adheridos.

Para no corrernos del ejemplo usado, si Macri anda alrededor de los 20 puntos en la Provincia, Vidal podrá obtener 18% o 22%, pero no mucho más ni mucho menos. Lo mismo ocurre si Massa alcanza el 25%, su candidato a gobernador podrá obtener 23% o 27%, aunque cuando se lo consulta al elector como si fuesen boletas independientes, el resultado sea muy distinto.

Tampoco puede omitirse en la lectura de encuestas, la consecuencia histórica de las primarias, a las que el electorado suele darle un cariz de primera vuelta, donde evalúa las auténticas posibilidades de los candidatos que seleccionó y si los mismos no cumplen las expectativas, vira su voto en las elecciones generales.

Cambiando de consultor, en la última encuesta de Raúl Aragón, puede verse que, para las primarias, en un extenso trabajo realizado sobre 3.000 casos en todo el país, Macri se lleva el 23.9% de las adhesiones, contra 19,6% de Massa, 13,2% de Scioli, 8,3% de Randazzo, Julio Cobos llegaría al 5,7%, Hermes Binner consigue 4,8% y José Manuel De la Sota 3,4%. Luego Aragón pregunta a quién votaría en las elecciones generales y da por supuesto que, por ejemplo, es Scioli el que se impone en la primaria del FpV, tal como arroja su primer test. Esto da los siguientes resultados: Macri con un 27,2% contra 21,6% de Scioli, 21,4% de Massa y 8,6% De la Sota.

Sin embargo, el encuestado, luego elector, en este caso, a diferencia de lo que ocurrirá en las elecciones reales, no conoce el resultado de la primaria en porcentajes. El encuestador le pregunta primero a quien votaría en las PASO e inmediatamente después, dando por supuesto un resultado, por quién se inclinaría en las generales. Pero en el proceso electoral esto ocurre distinto e influye notoriamente en el votante. Si creyésemos que el resultado de la primaria será el que plantea Aragón posiblemente Scioli se vea mucho más afectado de lo que indica su propia encuesta.

Si nos basamos en la reacción social en experiencias anteriores, podemos ver que en las elecciones primarias para Presidente de la Nación del año 2011, el oficialismo con Cristina Fernández de Kirchner a la cabeza, se impuso con holgura. Pero el fenómeno se produjo más abajo, en la pelea por el segundo lugar. En el estreno de las PASO, el candidato radical Ricardo Alfonsín y el del peronismo antiK Eduardo Duhalde, empataron el segundo lugar con 12,20% de los votos. Cuarto aparecía sorpresivamente el ex gobernador de Santa Fe, Hermes Binner con 10% de los votos.

Los sufragios obtenidos por Duhalde, evidentemente no se debieron al volúmen de gente que creía en él, sino al grupo de ciudadanos que creyó que podría forzar una segunda vuelta electoral contra el kirchnerismo. Como el resultado de la elección primaria fue escaso, la gente desistió de votarlo en la elección general, y apenas cosechó el 5,80% de los sufragios, siendo superado por Binner que se alzó con casi 17 puntos, Alfonsín, y hasta Alberto Rodriguez Saa.

¿Que pasó?. Ciudadanos que le veían al bonaerense chances de pelear la elección, entendieron en las primarias que no las tenía, lo vieron “perdedor”, y en la general, votaron otros candidatos.

En el año 2013 el fenómeno se repitió, especialmente en Provincia de Buenos Aires y el protagonista fue Francisco De Narvaéz. Buena parte del electorado opositor creyó que “el colorado” era una opción mas interesante que quien resultó ganador, Sergio Massa. Pero en la elección primaria, no pudo sacar más que el 10,5% de los votos, contra el casi 35% del intendente de Tigre. ¿Que ocurrió en la elección general?. De Narváez cayó estrepitosamente al 5,40%. Un fenómeno muy similar al de Duhalde en 2011.

Conclusión: cuando el ciudadano pone expectativas en un candidato que obtiene en las primarias menos votos de los esperados, lo percibe sin chances, “perdedor”, y lo abandona en la general.

Volviendo al escenario de PASO planteado por Aragón, un escaso 13,2% de Scioli podría resultar poco atractivo para concentrar los votos del electorado, y si bien en este caso tal vez no disminuya su porcentual, el crecimiento sea bastante menor al esperado. No puede omitirse que el gobernador cuenta entre su caudal de votos no solamente a justicialistas, sino a electores que creen todavía, que “no es lo mismo que el kirchnerismo”. Tales electores que aun votando a Scioli buscan un cambio, podrían no verlo como un agente idóneo para llevar adelante ese cambio frente al resultado de las primarias y modificar sus preferencias en la elección general.

De tal modo, la lectura de encuestas tiene particularidades que no son tenidas en cuenta al revelar los números obtenidos del modo en que los sondeos de opinión pueden hacerlo, fraccionado por un lado, y sin considerar los efectos políticos de un escenario y otro, porque tales escenarios aún no se han producido. Por eso, un análisis político idóneo debe tomar los números relevados como una referencia y no como una verdad, y trazar las campañas con previsiones menos rígidas, contemplando fenómenos electorales que las encuestas no pueden medir, pero que se han venido repitiendo elección tras elección.

Estas líneas no implican una crítica a los consultores ni a las encuestas, ni a los métodos para efectuarlas, por el contrario, tales trabajos tienen una enorme relevancia en el análisis político, pero son una herramienta que debe combinarse con otras para llegar a conclusiones que permitan determinar las diversas hipótesis plausibles y los cursos de acción en cada caso.

No puede negarse que la idea es imaginativa, pero el realismo mágico siempre es dañino en política. El derecho electoral no es un misterio, son una pocas normas, están escritas y a disposición de todos y le sería muy útil los grandes pensadores que alcanzan el nirvana político con estas ocurrencias cotejar con la ley para ver si son aplicables en el mundo terrenal.

El artículo 22 de la ley 26.571, que rige las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) dice con claridad: “Los precandidatos que se presenten en las elecciones primarias sólo pueden hacerlo en las de una (1) sola agrupación política, y para una sola categoría de cargos electivos”. Si se concretase la bella idea, tanto Macri como Massa, estarían compitiendo por dos cargos electivos de modo simultáneo: para presidente y para vice. Ergo, es legalmente imposible.

Dicho engendro de la imaginación solamente sería posible cambiando la ley y modificando el artículo transcripto, pero si se cuenta con la potencia legislativa para tal sanción en el Congreso, entonces tal vez sería más conveniente introducir un sistema como el vigente en las PASO de la Ciudad de Buenos Aires, donde el candidato a Jefe de Gobierno electo en las primarias puede elegir como su candidato a vice a quien haya salido segundo (entre otras opciones) en esos comicios, de modo que si los mencionados dirigentes compiten, el que gane pueda elegir al otro para que lo secunde en la elección general.

De otro modo, el cambio legislativo consistiría en habilitar que una misma persona se presente a más de un cargo, lo que implicaría un claro fraude al elector porque de obtener ambos seguramente no asumiría alguno de ellos.

Hace unos tres años escuché de un experimentado dirigente político, ante el planteo que determinada cosa no podía hacerse, que “el derecho electoral es flexible”. Es tan flexible como cualquier otra rama del derecho: lo que está expresamente prohibido no puede hacerse, las candidaturas las debe avalar un juez federal y no existe magistrado que vaya a avalar ningún engendro contra legem por más divertido que le parezca a algún dirigente.

El artículo 140 del Código Electoral Nacional, inserto dentro del Capítulo “Delitos Electorales”, tipifica: “Se impondrá prisión de dos meses a dos años al que con engaños indujere a otro a sufragar de determina forma o a abstenerse de hacerlo”. Toda conducta descripta en un tipo penal, que por definición contiene una sanción, es una conducta prohibida. Y resulta evidente que presentar una candidatura que no se piensa asumir si resultase electo es un modo de inducir el voto hacia determinada lista de manera engañosa.

Difícilmente el legislador de marras no conozca la existencia de este artículo 140, dado que responde al Código Electoral Nacional original, sancionado mediante la ley 19.945 de 1972. Aunque debe reconocerse, suena bien a oídos del ciudadano que no tiene porqué conocer derecho electoral que alguien quiera “prohibir las testimoniales”, dado que casi nadie sabe que ya están prohibidas. Marketing legislativo podría llamárselo.

El radicalismo tuvo una intervención mediática bastante importante en el año 2009, cuando en las elecciones legislativas se presentó en la Justicia Electoral intentando impedir las candidaturas de Néstor Kirchner, Daniel Scioli y Sergio Massa en la lista de candidatos a diputados nacionales del Frente para la Victoria por la Provincia de Buenos Aires. Aducían que estos no asumirían los cargos para los que se proponían, que simplemente pretendían obtener votos para su partido y que defraudarían al elector. Su pretensión fue rechaza por la Cámara Nacional Electoral, sencillamente porque como en todo proceso judicial, hacían falta pruebas para aplicar la sanción pretendida, que en este caso era, prohibirles ser candidatos.

¿Qué elementos probatorios ofreció el radicalismo?. Solamente rumores periodísticos. Citados los presuntos “candidatos testimoniales”, todos aseguraron a los jueces que asumirían sus cargos en caso de ser electos, por lo cual la Justicia no tuvo otra opción que permitirles ser candidatos. En ese caso también, la presentación fue un juego de marketing, los letrados que la efectuaron debían saber que jamás podrían probar lo que alegaban y que el destino del expediente era el que termino siendo, dado que la prueba del mismo era “diabólica”: consistía en que los jueces viajasen al futuro para asegurarse que los electos no asumirían sus cargos y volviesen al 2009 para aplicar la sanción. Es más, el planteo equivocó el cálculo al menos con un candidato: Kirchner fue electo y asumió su cargo, con los cual de habérselo prohibido como pretendía la presentación del diputado Ricardo Gil Lavedra, se hubiese privado de su derecho constitucional a ser elegido a un ciudadano que no conformó la conducta que el presentante predecía que llevaría a cabo.

Tan alejada de la real intención de hacer justicia y tan cercana al marketing electoral fue la apuesta judicial del radicalismo por entonces, que terminado el proceso electoral, y viendo que los candidatos Scioli y Massa efectivamente no asumieron los cargos para los que fueron electos, no efectuaron las denuncias correspondientes por infracción al artículo 140 del Código Electoral Nacional. En ese caso sí, habiéndose configurado el hecho, la acción delictiva podría entenderse como consumada y era pasible de sanciones. Ciertamente, luego del proceso electoral, la presentación no generaba ya efectos políticos en términos de captación de votos, sino que era una acción exclusivamente en busca de justicia efectiva y en términos de respeto al voto del ciudadano, con lo cual, jamás hubo presentación alguna.

El proyecto de ley para “prohibir” unas testimoniales que ya están prohibidas se inscribe en el mismo juego, una supuesta pretensión de protección al elector que no es tal porque al momento de promover las sanciones nadie lo hace porque no generan rédito político.

Seguramente ha de ser muy complejo, pero sería importante buscar el modo de “prohibir los proyectos de ley testimoniales”, aparte de las candidaturas. Es decir, que los legisladores electos por el pueblo no puedan usar sus bancas para proponer proyectos sobre problemáticas ya resueltas por otras normas, que tienen como único fin aprovechar el desconocimiento del ciudadano para hacerse algunos votos.

En dicho esquema, se prevé una puja que ya puede observarse, y que incluye maniobras, golpes de efecto, búsqueda de posicionamiento, propuestas (pocas e inconsistentes es cierto), lecturas diversas del electorado, y cálculo. Estos párrafos tienen mucho de esto último, de cálculo. No es un secreto que para cualquiera de las versiones del peronismo, la Ciudad de Buenos Aires es un territorio hostil, desconocido, poco descifrable y en la mayoría de los casos, inaccesible. Sin embargo, en la capital del país votan dos millones y medio de individuos -en porcentaje, el 7,5% del total de los electores de todo el país- que es lo que en realidad importa en una elección presidencial. Es decir, cualquier peronismo tiene serios problemas con ese porcentual de los votantes.

Hacer una buena elección en la Ciudad, casi para asegurarse ganarla, podría consistir en sacar, por ejemplo, el 40% de los votos, lo cual representaría a nivel nacional, algo así como el 3% de los votos totales, y si se lo compara con la Provincia de Buenos Aires, a la cual se le da en política el carácter de La Meca a alcanzar para definir la elección; ese 40% de la Ciudad es casi equivalente a 10% de los votos en la Provincia. Por ende, una elección presidencial pareja, reñida, puede encontrar una definición en el distrito porteño. Es más, posiblemente frente a un marco de opciones electorales atomizadas, los números de la Capital pueden determinar quién entra y quién no a una eventual segunda vuelta.

Las encuestas muestran a Sergio Massa al frente de las preferencias, seguido por Daniel Scioli. Y todo indica que, de producirse hoy la elección, “la madre de todas las batallas” se libraría en la Provincia de Buenos Aires. Ahora bien, si esa lucha termina siendo pareja, los eventuales desniveles deberán provenir de la CABA, de Córdoba o de Santa Fe, distritos con peso electoral muy similar. Y en todos ellos el peronismo tiene problemas. Los santafesinos vienen prefiriendo al socialismo, ensombrecido de a ratos por la figura de Miguel Del Sel, crédito PRO. No hay versión del peronismo que tenga peso real. En la provincia mediterránea, la luz del gobernador José De la Sota se va apagando y lo que se enciende y crece es el radicalismo con Ramón Mestre u Oscar Aguad. Y en el distrito porteño, el control absoluto parece tenerlo el PRO de Mauricio Macri, que encima es también un candidato presidencial. El tercero en las preferencias, también según las encuestas.

Por ende Massa o Scioli deben proveer a la conquista de alguno de esos territorios y la lógica indica que por proximidad territorial con la Provincia de Buenos Aires, donde se juegan a todo o nada, la CABA es el listón a alcanzar. De hecho, si Macri logra sus tradicionales niveles de votos en la Ciudad y María Eugenia Vidal consigue consolidar, por ejemplo, un digno 20% de los votos en la Provincia, y Del Sel colabora con una buena elección en Santa Fe, el jefe de Gobierno porteño se le puede meter en la pelea a cualquiera para alcanzar la segunda vuelta.

Por eso merece un análisis especial, la imposibilidad de los peronismos de hacer pie en la Ciudad de Buenos Aires. Es cierto que por cuestiones de imagen, Massa parece tener más chances que Scioli de hacer una buena elección en este distrito. Pero las encuestas de hoy no consideran el panorama real. En una elección presidencial unas boletas traccionan y otras empujan. La del candidato a presidente tracciona a los candidatos locales para obtener más votos, y la de los candidatos locales empuja a la boleta de presidente en igual sentido. Pero bien puede ser al revés. Si en candidato presidencial no es querido en el distrito, puede arruinarle la elección a un buen candidato local. Y a la inversa, un candidato a presidente con posibilidades, puede verse afectado por no contar con candidatos locales con buenas chances. Esta segunda hipótesis es la que enfrentan Massa y Scioli. En la CABA, Macri cuenta con variedad de posibles candidatos, y el frente panradical también; pero los dos candidatos peronistas no tienen una sola figura en capacidad de conseguir tres votos para su causa. Ni estructura, ni desarrollo territorial, ni conocimiento de la idiosincrasia social, ni de los perfiles de cada barrio, ni nada.

En el invisible inframundo político que el votante real no conoce (y lo bien que hace en no perder el tiempo), existen unos cuantos pretendidos dirigentes que se adjudican ser “los hombres” de Massa y de Scioli en la Capital, pero son gente de peso político irrelevante y con nulas posibilidades lograr relevancia en el plazo que sea. Algunos podrán tener dinero, otros podrán tener partidos, y otros más ambas cosas, lo que no posible que consigan es votos. Las encuestas que miden imagen e intención de voto incluso, no están considerando todavía a un año del comienzo del proceso electoral 2015, variables que realmente pueden condicionar el resultado, en un escenario que inevitablemente lleva a una segunda vuelta electoral. Pero para estar en ese todo o nada, hay que entrar y cada voto cuenta, especialmente para quien salga segundo, que seguramente sea perseguido de muy cerca por otro candidato. Y en tal esquema, la CABA es un distrito trascendental, donde los que hoy aparecen como los dos candidatos que gozan del más alto porcentaje de preferencias, se encaminan a hacer un papel poco decoroso y nada contributivo a su objetivo final.

La gobernación de Scioli, que ya lleva seis años, tuvo una característica sustancial: no se caracterizó por nada. La impronta para el recuerdo, aquello por lo que el gobernador ingresará en los libros de historia, bien podría ser la de haber encabezado la gobernación más inmóvil e ineficiente de la historia del gran distrito argentino. Las excusas son todas ciertas. La Provincia es muy grande, muy poblada y muy difícil. El gobierno nacional ayudó poco y nada financieramente, temiendo que Scioli se autonomice y pretenda ser candidato a presidente. Su territorio es el más perjudicado del país por un sistema de coparticipación federal injusto y desequilibrado. Pero, salvo respecto a la carencia de colaboración nacional, todo lo demás debía saberlo el ex motonauta cuando se postuló, y si se propuso para el cargo, algo debería haber tenido en mente, un par de acciones de gobierno para resolverlo. Al menos pudo haber fracasado en sus intentos. Hubiese sido mejor que no hacer nada, la opción seleccionada.

Sí es cierto, Scioli podrá ser recordado por el marketing de la esperanza, con el que evidentemente cautivó a los bonaerenses unos años. Si un preso con una condena de 35 años por homicidio escapa de un penal en la patineta de su hijo, la respuesta del titular del Ejecutivo local se vinculaba con la fe, la esperanza y un discurso casi yogui como respuesta política a la ineficiencia. Con eso mantuvo el favor de los bonaerenses y fue incluso reelecto. También es posible que haya conseguido que quede en la memoria de sus electores el color naranja. Lo impuso el gobernador. Alguien le dijo seguramente que traía “buena vibra”, y visto que a Mauricio Macri le fue bien con el amarillo, Scioli le dio con todo al naranja. Gran logro.

Más allá de eso, la inseguridad creció y decreció a los ritmos habituales, de modo estacional, variando las modalidades delictivas de acuerdo con las necesidades del crimen organizado y sus propios contextos. Los secuestros extorsivos, por ejemplo, que requieren una gigantesca logística, y una banda más o menos grande y organizada, fueron disminuyendo. No por acción estatal, sino porque en su momento las bandas de narcos locales necesitaban fuertes sumas que conseguían mediante estos secuestros, para adquirir droga y luego multiplicar el dinero “exportándola” especialmente a Europa. Hoy es innecesario ese paso previo, porque los “capitales” colombianos que llegaron en los últimos 5 años evitan el paso previo del secuestro extorsivo. Así navegó la “no administración Scioli”, de acuerdo con los vaivenes coyunturales.

Tampoco se lo vio reclamar con la energía necesaria un rediseño de la Ley de Coparticipación Federal, especialmente en cuanto a la devolución de los puntos de coparticipación que la provincia perdió en tiempos de Domingo Cavallo, que fueron compensados por el arbitrario fondo del conurbano, pero que jamás volvieron cuando ese fondo se desactivó. Esa realidad condena a la provincia a la pobreza. Cualquier gobernador que se precie debería encadenarse al Congreso hasta que le devuelvan lo que es de los bonaerenses y se les ha quitado. Daniel ha preferido la fe y la esperanza.

Esta opinión no tiene nada que ver con la batalla Scioli-Sergio Massa por el peronismo, y la candidatura presidencial de 2015, que ambos ambicionan y en lo único que tienen fijos sus ojos aunque digan lo contrario. Massa no es más que Scioli, también manejó su intendencia en base al marketing, la sonrisa fácil y la relación con Mariano Iúdica. Los argentinos hemos venido oscilando los últimos años entre mafiosos malhumorados y vendedores de humo simpáticos al momento de seleccionar gobernantes. Pero volviendo al gobernador bonaerense, es injusto salir a pedirle todo ahora. No le pedimos absolutamente nada en 6 años. Incluso hace dos se lo reeligió, en el mismo momento en que se reeligió a Cristina Kirchner, y los guarismos electorales indican que sacó hasta más votos que ella. Y para entonces, a 2011, llevaba ya cuatro años de “no administración”. Y ahora resulta que, de golpe y porrazo, pretendemos que los presos no escapen de las unidades carcelarias a “cocochito” de un ocasional transeúnte, o que alguien haga algo contra el narcotráfico al que se dejó instalar cómodamente, sin ninguna restricción, todos estos años.

Como sociedad deberíamos plantearnos ser un poco más justos con nuestros “no gobernantes” y con nosotros mismos. Porque están ahí porque los votamos y porque los reelegimos. Y aquellas cosas que apreciamos cuando les damos nuestro voto suelen ser poco relevantes, incluso contrapuestas con lo que deseamos. En 2011, cuando se reelegió a Scioli, el problema de la inseguridad provincial ya estaba agravado notoriamente respecto de 2007, cuando asumió. Era, de acuerdo a las encuestas, la mayor preocupación social. Y se terminó votando la fe, la esperanza y el color naranja. No todo es culpa de Scioli.

Tal vez sea porque muchos de sus dirigentes de relevancia o con aceptación social tienen orígenes confusos, o porque éstos perciben que viene una de esas etapas de la Argentina en las que el peronismo pierde peso electoral. Los dos referentes que hoy, a dos años de las presidenciales, tienen más posibilidades electorales son Sergio Massa y Daniel Scioli. Uno proveniente de la UCeDe de Álvaro Alsogaray, asimilado durante los 90; el otro con un origen deportivo y una ideología poco clara o, al menos, nunca bien explicada.

Massa, por caso, trabaja en el armado de una liga nacional de intendentes que respalden sus aspiraciones presidenciales y se sumen al proyecto. Sabe bien que los gobernadores jugaran otro rol, seguramente más cerca de Scioli y de la estructura formal del partido; pero son bastante poco los gobernadores sin los intendentes. El poder territorial real, aquellos a los que la gente ve todos los días, los que le solucionan los problemas cotidianos, son justamente los intendentes. Sin ellos, los administradores provinciales pierden su base de sustentación. A eso juega el diputado electo del Frente Renovador, a erosionar la base de apoyo político de los gobernadores. Pero además Massa no hace distinciones. Mantenerse por fuera de la estructura formal del PJ le permite sumar también intendentes con buen calado social de otros espacios. Especialmente radicales, pero también muchos vecinalistas. El caso de Gustavo Posse puede considerarse un ejemplo interesante. Intendente de San Isidro por la eternidad, de origen radical, pero luego vecinalista. Jugó cerca de Julio Cobos cuando éste fundó el radicalismo K, rompió a medias con el gobierno después del “voto no positivo”, se dio un “baño de lavandina” un par de años y se estacionó cerca del PRO, y luego aterrizó con Massa. Como Posse, distribuidos en todo el interior del país hay decenas, y el candidato de Tigre los quiere a todos. Por ende, lo que Massa construye no es peronismo, o al menos, es peronismo con soda. Resulta una construcción no ideológica, un proceso de acumulación de poder y armado de estructura política sin límites puestos por etiquetas partidarias. Tan bien la viene Posse, como le vendría sumar a Jorge Macri (PRO), como a Jesús Cariglino. Palo y a la bolsa.

La estructura formal del peronismo que parece recostarse en Scioli o tal vez en Sergio Urribarri, gobernador de Entre Ríos, tampoco es tan pura. Primero porque el caso de Scioli debe entendérselo como el de un “peronista sui generis”, pero además, porque estando controlado por el kirchnerismo, hay vestigios de aquellas transversalidad que dominó su construcción política los primeros años y que sigue teniendo influencia dentro del esquema de poder del espacio.

Veamos un simple ejemplo. La famosa Ley de Medios, y su organismo de aplicación el AFCSA, son prioridades extraordinarias del peronismo gobernante. Lo han sido los últimos años, y hoy, implican su única victoria ante un desastre electoral. Y la figura rutilante de ese gran espacio de poder es Martín Sabatella, que tiene menos peronismo que el Comité Nacional de la UCR.

Pero además, si Scioli pretende competir seriamente por la presidencia en 2015, debe ampliar su base de construcción de poder político. Los intendentes oficialistas que todavía le responden en la Provincia de Buenos Aires son los mismos que perdieron la última elección. La gente de Mario Ishii perdió José C. Paz, Fernando Espinoza en La Matanza y Hugo Curto (por paliza) cayó en Tres de Febrero.

A nivel gobernadores, aquellos que le responden al justicialismo formal y consiguieron imponerse en la elección pertenecen a provincias sin peso electoral en una presidencial. Está muy bien ganar en Formosa, pero el porcentual de electores a nivel nacional de ese distrito para una presidencial es casi irrelevante. El distrito más grande que ganó el PJ fue Entre Ríos, justamente el de Urribarri, el rival interno más fuerte de Scioli.

En Córdoba, nadie sabe bien qué camino tomará José Manuel De la Sota, pero hacia adentro del peronismo cordobés hay importantes “pases de facturas”, porque si bien ganó la elección, lo hizo con muy pocos votos, muchos menos de los esperados. Así las cosas, Scioli tiene un peronismo “rebajado”, que deberá “aguar” aún más si pretende tener alguna chance electoral en 2015. La pureza por estos tiempos parece ser más un disvalor que una ventaja, quedar prisionero de una estructura partidaria, sea cual sea, resulta una limitante feroz en el nuevo escenario político social. La ventaja la tendrá quien sepa leer lo tiempos que se avecinan.

El artículo 141 del Código Nacional Electoral se encuentra dentro del “Capítulo II- Delitos Electorales” y se titula “Inducción con Engaños”. Establece que “se impondrá prisión de dos meses a dos años, al que con engaños indujere a otro a sufragar de determinada forma o abstenerse de hacerlo”. La conducta del diputado electo encuadraría dentro de dicho tipo penal en forma clara y flagrante, en caso de no ocupar el próximo 10 de diciembre la banca para la que fue electo. Insaurralde se presentó como candidato de un partido político a diputado nacional.

Encabezó la lista, de modo tal que su presencia -debe entenderse- era aquella más especialmente atractiva para el electorado; su partido creyó que debía encabezarla para obtener más sufragios. Formuló una larga lista de promesas respecto de cómo desempañaría el cargo para el que se estaba postulando, y en base a ello los ciudadanos lo consagraron diputado nacional. Evidentemente, Insaurralde “indujo” el voto a su favor. Es decir, pidió el voto del ciudadano en base a promesas de un futuro mejor, y tal futuro promisorio se basaba en que él fuese electo diputado, porque para eso y para ninguna otra cosa se postulaba. Y a la postre, en caso de no asumir su banca, tal inducción resulto perpetrada con “engaños”, habida cuenta de que jamás podría cumplir todo aquello, porque no se sentará en la banca.

Si bien hay muchos candidatos que han usado este mecanismo y jamás les generó consecuencias, esto es así debido a que tradicionalmente la acción penal sobre este tipo de temas es impulsada por otros actores también políticos, que suelen resguardarse de no avanzar demasiado en tales cuestiones, no sea cosa que tengan cometer el mismo delito en el futuro y hayan sentado un antecedente “molesto”. Sin embargo, en 2009, hubo un interesante debate judicial sobre lo que la prensa llamó “candidaturas testimoniales”, que en realidad no eran más que lo que en doctrina penal se llaman “actos preparatorios” de un delito como el descripto. El radicalismo, como instrumento de campaña, intentó que la Justicia impidiese las candidaturas, entre otros, de Daniel Scioli y Sergio Massa, sosteniendo que no iban a asumir sus bancas aun cuando fuesen electos. La presentación de los radicales fue previa a la comisión del delito, en base a indicios periodísticos, pero que no podían ser confirmados con la prueba indispensable que requiere una causa judicial para obtener sentencia favorable. Simplemente porque el delito (hoy ya prescripto, lo hizo el 10 de diciembre de 2011) de Scioli y Massa se perpetraría el día que efectivamente no asumiesen, es decir el 10 de diciembre de 2009 y no antes. Sin embargo, los denunciantes que usaron la actividad jurisdiccional como argumento de campaña omitieron, una vez efectivamente perpetrado el delito, efectuar e impulsar las denuncias correspondientes.

Sin embargo, de aquel expediente, la Cámara Nacional Electoral deja algunos rastros interesantes. Dijo, en el fallo en que rechazó la pretensión de que a Scioli y a Massa se les impidiese presentarse, que “la solución que se adopta, atendiendo a las manifestaciones de voluntad de los candidatos, no importa sino atenerse al principio de ‘buena fe’ que debe primar en la evaluación de la exteriorización de conductas como las que aquí se atribuyen. Sin embargo, esta obligada predisposición que deben ostentar los órganos del Estado no precave a la ciudadanía del riesgo de que tal creencia -basada en la confianza que, como se dijo, deben merecer manifestaciones de esa naturaleza- resulte traicionada si, por acciones futuras, llegase luego a comprobarse que los candidatos no fueron ‘honestos’ en su expresión ante el a quo y que ratificaron de modo nuevamente expreso ante este Tribunal”.

Continúa diciendo que “tales circunstancias importarían además fundamentalmente una inaceptable manipulación de las instituciones de la República, a la vez que una grave lesión al proyecto de Nación al que todos, electores y candidatos, deben tributar”. Es decir, dicha Cámara, sin posibilidad de obtener prueba de comportamientos futuros, debe basarse en la buena fe de los candidatos, pero considera la posibilidad de que acciones posteriores de los candidatos “traicionen” la confianza pública, no habiendo sido “honestos” al expresar que iban a asumir sus bancas, configurando una grave “manipulación de la instituciones de la República”. Es decir, la Cámara deja un indicio claro, describiendo casi a la perfección el tipo penal del artículo 141 del Código Electoral, que podría ser aplicado a futuro, si los candidatos no asumen su banca. Tipo en el que estaría incurriendo Insaurralde de no asumir el cargo para el que fue electo.

Es interesante el modo en que el legislador ha diseñado tal artículo 141 pese a su brevedad. El uso de la palabra “engaño” asemeja de algún modo el delito al del artículo 172 del Código Penal, donde se tipifica la estafa. Curiosamente, el Código Penal usa solamente diez veces la palabra engaño: cuatro de ellas cuando se refiere a las diversas variantes del delito de “tráfico de personas”. Otras tres veces cuando tipifica las conductas entendidas como estafa o defraudación. Una vez utiliza la palabra cuando describe la conducta de la usurpación y una más cuando tipifica la piratería. Por último vuelve a usar el término “engaño” cuando describe uno de los tipos de delitos “Contra la paz y dignidad de la Nación”.

Difícilmente Insaurralde, en caso de resultar cierto que no asumirá su banca, pueda alegar como causa de justificación en la comisión del delito que incurre en él amparado en legítima defensa, porque siendo diputado “se pierde” entre 257 personas, o que actúa en “estado de necesidad” porque a Jesica Cirio no le gustan los legisladores y, si asumiese, podría hacerle comer los churros que vende su padre.

Es hora de que los actores políticos dejen de manipular a la sociedad, de usarla en pos de sus particulares beneficios. Postularse para un cargo, en este caso legislativo, y hacerse acreedor a la confianza del pueblo para ser su representante en la Honorable Cámara de Diputados es una distinción a la que hay que hacer honor, y no un suplicio a despreciar, luego de haber usado todos los elementos a la mano para hacerse del voto. A esa defraudación de la “buena fe” pública se refiere el artículo 141 del Código Electoral, y la gravedad que esa conducta implica merece hasta dos años de prisión. Es hora de que todos quienes piensen en defraudar al pueblo vayan sabiendo también que deberán enfrentar las sanciones.