Pero ¿cuál es el cenit, la cumbre de la Revolución Inversa, a dónde vamos con ella, cuál es el fin revolucionario? Vamos a romper lógicas, que en definitiva son ilógicas. Y vamos a empezar por la lógica/ilógica de la política. No vamos a tolerar que se nos diga una cosa y se haga otra, y a castigar severamente con nuestro voto o con la ley ese incumplimiento. Vamos a observar a nuestros gobernantes y exigir mecanismos idóneos para ello, y a seguirlos de cerca, porque toda nuestra vida cotidiana depende de su accionar.

La cima de la Revolución Inversa implica la ruptura de la lógica que indica que la política es sucia. No lo es. Lo son los hombres que la han venido ejerciendo, a los que les hemos permitido su monopolio. La política somos nosotros, los que queremos que sea otra cosa. No existe una premisa que puede reputarse auténtica, que establezca que necesariamente siempre se imponen los corruptos, los egoístas o los traidores. Esa es una falacia, puesta como barrera por quienes monopolizan la política, para que la gente decente no se acerque a ella y mantener el control.

En la primera columna de esta saga, hablamos de la pared de hormigón que separa a la sociedad política de la sociedad civil. Esa pared que desmorona el sentido real de la política y que transforma el sistema democrático en una oligarquía, donde los pocos partidos con posibilidades ciertas de acceso a la administración están controlados por muy pocas personas, en general coaligadas o articuladas entre sí, conformando un ghetto al margen de la mayoría de los ciudadanos. Por eso la oferta electoral es escasa y repetida. La Revolución Inversa debe aniquilar esa lógica perversa y cuasi mafiosa, abrir la política a los políticos, que somos todos aquellos que gozamos de derecho a elegir y ser elegidos.

El ejercicio de los cargos públicos no está reservado a iluminados conductores de colectivos vacíos de pasajeros, tal como es la concepción de los viejos partidos políticos. La Constitución Nacional abre las puertas a todos los ciudadanos, sin embargo socialmente hemos aceptado un cerrojo de hecho y permitimos ser manipulados por unos pocos. Es ésta otra lógica a romper desde la Revolución Inversa.

¿Qué es lo que indica que los ciudadanos electores sólo quieren escuchar mentiras o mirar en publicidades personajes de historietas creados por un ardid publicitario? ¿Qué ha hecho pensar a la amplia mayoría de la “clase política” que somos simples consumidores de fantasías? Hitler dijo una vez “la gente está asombrosamente dispuesta a creer”. Eso parecen pensar. Pues ya no tanto. Ahora está, al menos aquí, asombrosamente dispuesta a desconfiar. Y la identificación con los dirigentes momentáneos y rotativos por venir, no puede sino provenir de una relación sincera. Esa es la Revolución Inversa.

¿Por qué ciertos dirigentes creen que deben disimular sus errores a como dé lugar e incluso negar los que son indisimulables provocando la ira y la irritación de la sociedad? Los gobernantes, los mandatarios, se equivocan, como lo hacemos todos, reconocen el error y proponen un camino nuevo con la idea de que será mejor. En el contexto actual, resulta revolucionario aceptar que se tomo el rumbo equivocado, que se lo acepta y que se está dispuesto a corregirlo. Y también es revolucionario que la sociedad lo comprenda y acompañe.

La Revolución Inversa es un proceso de arraigo y consolidación de principios fundamentales. Decimos, por ejemplo, que tenemos un país federal. Pero el ingreso por el cual el país debió enriquecerse, y en base al cual creció a “tasas chinas” por 10 años, es decir, las retenciones a la exportación de soja; resulta que no es coparticipable. Ahora bien, cada una de las provincias debe hacerse cargo de su seguridad (policía), salud (hospitales y sus insumos y tecnología), educación (escuelas, útiles); absolutamente todo, en síntesis.

Si es un país federal, ¿por qué el mayor ingreso de la historia no se distribuye equitativamente entre los estados provinciales? ¿Por qué lo monopoliza el Estado nacional que no provee nada a los ciudadanos y lo reparte entre quienes resultan más adictos o chupamedias? ¿Por qué los ingresos fiscales por toda la soja que se planta, cultiva y cosecha en Córdoba, por ejemplo, se la queda el gobierno nacional, que después le niega obra pública a Córdoba, porque no le gusta el gobernador? Es esencial redistribuir el ingreso de modo justo y la primer forma es territorialmente, por medio de una norma inviolable y no por capricho de algún dictadorzuelo que le da a unos y le niega a otros. Eso es federalismo, el resto son postulados, frases bonitas.

El anterior es un gran ejemplo, pero no el único. La Constitución garantiza los derechos de los consumidores, pero cuando uno revisa la cuenta de la tarjeta de crédito hay al menos cinco rubros que no sabe que son. Respalda la libertad de prensa, pero los gobiernos presionan a los medios, les quitan publicidad, les generan conflictos gremiales internos. La Carta Magna consagra el derecho de propiedad, pero el Poder Ejecutivo pretende revertir una compra-venta por decreto (caso La Rural). Podría seguir hasta mañana. Hemos vivido presos de declamaciones de alta belleza retórica, pero vacías de realidad objetiva. Eso habrá de concluir urgentemente. Ninguno de esos derechos es una ilusión utópica ni una locura original argentina. Es el modo en que vive el mundo civilizado.

Debemos garantizarlos realmente, de modo eficiente, e incorporarlos naturalmente a la vida en sociedad, del modo cotidiano con que deben tomarse. Un amigo que residió en Canadá me contaba lo difícil que resultaba explicarles a los canadienses la existencia de “desaparecidos”. No es posible que personas “desaparezcan”, o que el Estado los haga desaparecer. Venimos asumiendo como normales cosas que no lo son, y debemos empezar a exigir que ocurra lo que debe ocurrir y vivir nuestros derechos con la espontaneidad con que deben vivirse. La Revolución Inversa es no tener que pelear por nuestros derechos, porque ellos están ahí, a nuestra mano, como la tele o el ventilador: son cotidianos.

La semilla de la Revolución Inversa está plantada y crece. Los cambios que propone están dentro de cada uno de nosotros como un deseo confuso pero pujante. Solamente será posible si todos entendemos que tenemos en ella un rol protagónico.

El gobierno no es el “ejercicio del poder”. Es la delegación por parte de la sociedad, a un grupo surgido de ella misma, de la administración de la cosa pública y de la toma de decisiones urgentes. Y esa delegación es rotativa, en unos ciudadanos primero, en otros luego y así sucesivamente. Todos somos protagonistas del cambio que avanza y crece cada día un poco más, como cada vez que cumplimos un sueño fruto de nuestro esfuerzo y dedicación. El eje de la Revolución Inversa somos todos y nuestra “toma de la Bastilla” es la verdadera democratización de la democracia.

Cuando hablamos de lo cultural nos referimos a lo educacional, por un lado, porque el proceso cultural va de la mano con la educación, pero especialmente apuntamos a las conductas mecánicas, casi automáticas que todos tenemos, o casi todos. Desayunar, detenernos en un semáforo en rojo, cepillarnos los dientes o bañarnos, cuidar a nuestros hijos, trabajar. Son conductas culturalmente reconocidas, habituales, casi automáticas.

En esa misma lista debe estar el respeto por la ley. Hace tres años, la Organización de Estudios Sociales y Políticos (OESYP) realizó la primera Encuesta Nacional de Transparencia Institucional y Valores Sociales. Más allá de una diversidad de resultados interesantísimos, hubo una pregunta cuya respuesta llamó poderosamente la atención. Se consultó a la gente “¿Por qué respeta usted la ley?”. El sistema de respuesta era un multiple choice con cuatro posibles.

Sólo una era la correcta: “Porque la ley es universal y obligatoria”. Las otras tres eran consideraciones de tipo subjetivo y/o moral, tal como: “Porque la ley pacifica a la sociedad” u otras similares. Menos del 20% de los consultados eligió la respuesta correcta. Por ende, el 80% de los ciudadanos en realidad no obedece la ley, sino que hace valoraciones personales y subjetivas sobre ella, y la obedece en tanto la valore positivamente, o en tanto le convenga, y la elude en caso contrario. En referencia al ejemplo dado en el párrafo anterior, si uno obedece la ley porque “pacifica a la sociedad”, ¿qué ocurre cuando uno cree que determinada ley no cumple ese rol? Obviamente la incumple, la elude, la viola.

La generalización de este aspecto “deliberativo” sobre las normas hace que cada uno cumpla la que guste, busque la forma de incumplir sin ser sancionado la que no, y se maneje al margen del sistema legal. En términos filosóficos, el sistema legal es una entelequia, es decir, no es un objeto palpable, una mesa o una silla. Su existencia depende en altos porcentajes, de su legitimidad, del grado de adhesión social, porque si el Estado tiene que andar persiguiendo y reprimiendo al 80% de la población para que cumpla las leyes, el sistema normativo en realidad no existe.

Por ende, el cambio de dicho aspecto cultural debe ser un objetivo de política pública a mediano y largo plazo, que normalice el comportamiento social. En la misma encuesta el 86% de los consultados reconocía que era ilegal evadir impuestos, pero el 74% aceptaría pagar el 20% menos por un producto o servicio recibiéndolo “sin boleta” para eludir el pago de IVA. Es decir, hay al menos un 60% de la gente dispuesta a llevar adelante un acto ilegal que reconoce como tal, porque lo considera “injusto” o “porque los impuestos no vuelven al pueblo”.

La conducta tributaria es un ejemplo flagrante, pero no el único. Todos tendríamos algún motivo personal para incumplir una u otra norma, debemos empezar a comprender que eso no debería ser posible, ni rutinario, todo lo contrario. Si las leyes que se dictan no nos gustan, debemos votar legisladores que dicten leyes que nos gusten para cumplirlas. Y para ello debemos exigir saber qué va a hacer con su cargo cada candidato a legislador antes de votarlo. Si lo que define el voto es una sonrisa o un carácter afable, no sabemos que votamos ni las leyes que nos damos.

Por eso resulta fundamental el proceso cultural de acercamiento de los ciudadanos a sus propios derechos. A saber a quién y qué vota, a controlar al candidato que votó, a conocer el alcance de sus libertades y su posibilidad de participar para cambiar la realidad que le disgusta; y su rol en el proceso de formación de las leyes. También cuáles son sus obligaciones, que redundan siempre en beneficio de la comunidad.

Y tiene derecho el ciudadano a exigir que los funcionarios votados o no, pero circunstancialmente en uso de la administración de los asuntos de todos, tengan conductas honestas, a recriminarle las deshonestas y castigarlas, y con todos esos fines, a monitorear constantemente el desempeño de esos funcionarios. Derechos, deberes, reglas claras y parejas a las que ajustarse y acceso a ellas. Pocas cosas podrían ser tan sencillas. Sin embargo dependen hoy de la reversión de un proceso de descomposición de la relación del ciudadano con dichas normas.

El trabajo que implicará ese proceso, probablemente nadie lo note. Los ciudadanos tienen preocupaciones cotidianas alarmantes como el precio del cartón de leche. Pero alguien deberá hacerlo, aun cuando no genere “réditos políticos”, porque la profundización del proceso de descomposición social van a pagarlo las generaciones futuras, y no es posible simplemente detenerlo sin revertirlo.

La cultura de la legalidad es un pilar inalienable de la Revolución Inversa, posiblemente el principal. Porque implica una conducta conducente desde la dirigencia y el trabajo en equipo con la sociedad. Si los impuestos no vuelven correctamente al pueblo, habrá que condenar al funcionario responsable. Pero no se puede dejar de contribuir, porque es la base de la redistribución del ingreso que requiere toda sociedad capitalista. Y para que usted y su familia estén realmente bien, su vecino debe estar al menos más o menos bien. Lo contrario lo condiciona a usted e incluso, en algunos casos, cuando el vecino es empujado a la marginalidad sistémica, lo pone a usted en riesgo. Y reitero: el ejemplo tributario es tan sólo uno evidente, también es un riesgo para usted que un tercero viole la propiedad privada de otro o las libertades políticas de alguien más. Porque necesariamente si esto ocurre, las suyas también están en peligro.

No hay más excusas. Los egoísmos ya son incluso ineficientes, porque el actual estado de cosas nos perjudica a todos. Aunque creamos que nos estamos salvando solos, jamás es así. Por ende habrá que iniciar la reconstrucción de un pilar indispensable del camino de la Revolución Inversa, que ya avanza, aunque no la percibamos.

Dicha revolución no es ni puede ser una declamación moralista o utópica, por el contrario, debe consistir en una secuencia de hechos concretos, realistas, necesarios. La revolución inversa incluye un plan de gobierno pero va mucho más allá de él, es en realidad un proyecto de país, que surge de esas añoranzas de una Argentina que tal vez nunca vimos pero creemos que alguna vez existió; de nuestras potencialidades intelectuales, pero también morales y emocionales; del ejemplo de los países que nos gustaría ser, pero en el marco de nuestra idiosincrasia y nuestras costumbres.

Dar los pasos en la senda de la revolución inversa implica también organizarse, a efectos de definir con precisión a dónde vamos y por qué caminos, qué pie movemos primero que el otro para empezar el derrotero. Y es cierto, no podemos olvidar que hay que salir del paso, que hay que solucionar o al menos paliar coyunturas dramáticas e indispensables, pero también debemos entender que es tiempo de pensar y ejecutar las acciones que lleven a construir un país a 30 años vista.

Alguna vez, una generación de nuestra Argentina debe trocar el aplauso coyuntural por la gloria de la historia, esa gloria que posiblemente no conocerá en vida, tal vez perdiendo ese aplauso transitorio que suena como Chopin a los oídos del dirigente, pero que indefectiblemente termina siendo el abucheo posterior, y un nuevo regreso a un punto de partida que por reiterado, es doloroso.

Tenemos cosas por definir. ¿Queremos un país con producción y trabajo que fomente la industria nacional pero que a la vez no se cierre al progreso y al desarrollo en un mundo cada vez más integrado? ¿Tal cosa es imposible? Obviamente no lo es. Jamás es necesariamente un extremo o el otro. La industria nacional y el trabajo pueden protegerse y fomentarse con reducciones impositivas o a las cargas patronales, con incentivos y créditos; y todo ello sin restringir escandalosamente las importaciones de modo que falten medicamentos o insumos tecnológicos. Ningún país produce todo.

Hay que definir el perfil productivo de la Argentina pensando en qué tenemos y en qué puede hacernos importantes proveyendo al resto del mundo, y poner el énfasis productivo en ese sentido, abriendo las fronteras.

En temas como seguridad ciudadana por ejemplo, la potestad punitiva del Estado contra quien comete un delito, ¿es un concepto contrapuesto con el derechos humanos? De ningún modo. Endurecer irracionalmente las penas no conduce a nada, es cierto, pero tampoco que las condiciones de excarcelación o condenación condicional sean lo laxas que hoy son. Las unidades de detención no son un castigo, sino el inicio de un proceso de reinserción. Y por eso deben ser sanas y limpias. Pero existen, y quien cometa un hecho que dañe a otros debe realizar en ellas su proceso de recuperación para la sociedad. Una recuperación real, con condiciones de alojamiento que permitan que se trate de una verdadera reinserción, un trabajo reeducativo. Pero el Estado no puede garantizarlo si libera a quien haya delinquido antes de tiempo.

La gente evade impuestos y quita al Estado recursos que son los que este debe contar, para poder “redistribuir” el ingreso, es cierto. Pero el Estado carece de autoridad para exigirlos porque también lo hace. Se evade a sí mismo. Efectúa contrataciones “en negro”. Omite las cargas sociales y los salarios anuales complementarios cuando tiene, por ejemplo, diez años a un agente como “contratado”. La conducta tributaria de los ciudadanos está relacionada con el orden tributario. Un esquema sencillo de tributación y perdurable a través de los años simplifica la vida de quienes quieren tributar bien, y facilita al Estado exigir a quienes pretenden evadir. Pero además la conducta estatal no puede dejar lugar a dudas sobre qué corresponde hacer.

Es cierto que los tribunales no funcionan bien, que la Justicia es lenta y está, en un alto porcentaje, influida por el poder político. Hay muchas cosas por hacer en tal sentido, que no están relacionadas con someter a los jueces a elecciones para controlarlos vía partidos políticos. Los jurados que evalúan a los magistrados deben rediseñarse, los concursos deben poder ser monitoreados por la sociedad civil mediante mecanismos de participación, y los miembros de esos jurados no pueden proceder únicamente de la judicatura. También deberían poder integrarlos profesores universitarios, los colegios de abogados, etcétera. Si cada jurado está compuesto por tres personas de distintos ámbitos, la posibilidad de trampa decrece.

Respecto a los magistrados que están y que “el saber popular” indica que no cumplen sus funciones como deberían, pueden impulsarse los procesos de juicio político, pero con pruebas, con investigaciones profundas y reales, cumpliendo a rajatabla el derecho de defensa. Sobre aquellos que se encuentren pruebas se procederá a quitarlos de sus cargos, y sobre los que no las haya, deberán seguir en su lugar, sabiendo que, como todos, serán constantemente investigados y monitoreados.

No puede ser tan larga esta columna, así que van a quedar muchos temas por considerar para otra siguiente, sobre un proyecto de país posible. Pero lo hasta aquí enumerado no parece poca cosa. Son todos objetivos sencillos y claros, que pueden alcanzarse sin demasiado más que una muestra de compromiso claro con el futuro; y muy particularmente, con la ley en la mano.

Porque la ley es la única fuente real de la equidad, que es igualdad en las mismas condiciones. La ley empareja al poderoso con el débil, al instruido con aquel que no pudo acceder a la educación formal, al rico con el pobre. Garanticemos eso, y tendremos por dónde empezar.