La historia de los vicepresidentes desde la recuperación democrática puede darnos algún indicio sobre la veracidad de alguna de esas afirmaciones. Si nos remontamos al primer vicepresidente de la nación de la era posdictadura, podría afianzarse la postura de quienes dicen que este no tiene rol político. El cordobés Víctor Martínez, que secundó a Raúl Alfonsín en la fórmula, tuvo una escueta y gris participación en aquel Gobierno radical.

Sin embargo, avanzando a la presidencia posterior, el bonaerense Eduardo Duhalde, vicepresidente de Carlos Menem, tuvo una actividad política bastante más intensa, contrapuesta en muchos casos a su presidente. El gabinete del riojano se dividió a principios de su gestión en dos grupos que la prensa llamó “Celestes” y “Rojo Punzó”. Duhalde integró el grupo Celeste. Menem asumió en medio de una crisis económica hiperinflacionaria y tardó dos años en controlarla, en 1991, cuando se impuso la convertibilidad.

Esos dos años fueron tremendos para Menem y las internas se multiplicaron. Escribía el recordado Hugo Gambini en la revista Redacción: “lo terrible es que se ha deteriorado la credibilidad presidencial, a tal extremo que no son pocos los que le prueban la banda a Duhalde, hasta se habla de una nueva ley de acefalía”.

En sintonía, un artículo de la revista Somos, del 25 de marzo de 1991, firmado por Jorge Grecco, se titulaba “Operación Chaleco”, y describía cómo la mitad del gabinete de Menem consideraba que no estaba en condiciones psiquiátricas de seguir con el gobierno y pretendía su destitución por tales motivos para promover la instalación de Duhalde en el gobierno.

Pensar que el vicepresidente era ajeno a tales múltiples conspiraciones es subestimar a un Duhalde que llegó al poder tras la caída de un gobierno constitucional. Menem lo resolvió: se deshizo de la sombra del hombre de Lomas de Zamora y lo envío como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero cuando Menem intentó volver a la competir por la presidencia en 2003, su mayor enemigo fue Duhalde. Le impidió usar el sello del Partido Justicialista (PJ), inventó un candidato hasta entonces inexistente: Néstor Kirchner y dividió al PJ para neutralizar al riojano. Y cumplió su objetivo. Si todo esto es un vicepresidente decorativo, no quiero imaginar lo que es uno con el aparato kirchnerista detrás.

Para su segundo período, Menem eligió un vicepresidente con escaso peso territorial y sin estructura política. Le resultó bien, Carlos Ruckauf nunca fue una amenaza.

Si Carlos “Chacho” Álvarez se considera decorativo en el Gobierno de Fernando De la Rúa, tenemos problemas de lectura. Desde el principio, el vicepresidente de la Alianza fundó un engendro que llamó “oficialismo crítico” y que fue una oposición interna.

Chacho jaqueó y desmoronó al gobierno. Propició una investigación por supuestos sobornos en el Senado para la sanción de una ley laboral. La Alianza tuvo su principal base electoral en el discurso de la transparencia. Cuando Álvarez puso en tela de juicio ese capital político, el gobierno cayó en picada. Para colmo de males, Chacho renunció justamente por dichos sobornos, dejó al gobierno rengo y herido de muerte. Poco tiempo después, De la Rúa, vacío de poder, debió abandonar la Casa Rosada. Álvarez, de decorativo, nada.

La Presidencia interna de Duhalde no tuvo vicepresidente, de modo que debemos pasar directamente a Néstor Kirchner. Su primer vicepresidente fue el propio Scioli. En principio, uno tiende a decir que el exmotonauta no causó problemas, pero esto no es tan cierto. En diciembre de 2005, en plena sesión del Senado, la senadora Cristina Kirchner, apostrofó durante por más de una hora a Scioli, acusándolo de montar una operación mediática en su contra. Al otro día, el presidente Kirchner despidió a todos los sciolistas que trabajaban en la Secretaría de Deportes de la Nación, reducto que detentó para “contener” a los suyos.

En el año 2010, con Scioli ya como gobernador y Cristina como presidente, se registró una nueva escaramuza. Al gobernador se le ocurrió declarar que tenía “las manos atadas” para solucionar el problema de la inseguridad, en elíptica referencia al gobierno nacional. En un acto público compartido con Kirchner, el expresidente lo apuró: “Gobernador, diga quién le ata las manos, con nombre y apellido. ¡No tenga miedo!”. Scioli se mantuvo en silencio y se olvidó del tema.

Como se dijo, Cristina ya era presidente y su vicepresidente, el radical Julio Cobos, inventor del radicalismo K. Algunos dicen que Cobos fue un presidente anodino, y tal vez así haya sido, pero le generó al Gobierno una crisis de proporciones inimaginables, con su voto “no positivo” en el Senado para desempatar la votación por “la 125” y lo puso al borde del colapso de gobernabilidad. Es cierto, luego Cobos fue segregado y se mantuvo en el ostracismo, pero esto se debió a que el radicalismo lo rechazaba por haberse ido con el Gobierno, y los radicales K lo abandonaron cuando “traicionó” al gobierno, por lo cual quedó sin sustento político.

Pero al margen de si la 125 era una medida apropiada, o no lo era, el vicepresidente Cobos generó un daño político catastrófico al Gobierno, que lo llevó a perder las legislativas de 2009. No es poco para una persona sin poder territorial y sin soporte de una estructura política.

El último y actual vicepresidente es Amado Boudou. La selección fue cuidadosa: un hombre absolutamente “del palo” y elegido por la presidenta y nadie más, sin posibilidad alguna de una construcción política propia. Boudou también hizo daño, pero no por disputar política, sino porque se destaparon múltiples hechos de corrupción que lo involucraron.

En conclusión: solamente dos vicepresidentes cumplieron el precepto de ser decorativos, Martínez y Ruckauf. Duhalde, Álvarez y Cobos disputaron políticamente con sus presidentes, buscaron dañarlos y en buena parte lo consiguieron. Respecto a Scioli, debe decirse que planteó algunas disputas, pero por cuestiones de carácter o de estrategia retrocedió cada vez que lo corrieron. Pero lo intentó.

Ahora bien, Zannini es, después de Cristina, el dirigente de mayor peso de kirchnerismo que viene de gobernar 12 años y ha contado con el aparato y la caja del Estado. Ha demostrado vocación de poder y cuenta con el respaldo de La Cámpora. Su grupo político, que no es el de Scioli, ha poblado las listas de candidatos a legisladores nacionales, para dominar el Congreso y varios ítems más que podrían considerarse.

Si Scioli gana las próximas presidenciales, El Chino es, por lejos, el vicepresidente que llega con más poder propio a su cargo desde la recuperación democrática. Ni Duhalde, ni Álvarez, ni Cobos controlaban el Congreso, ni los precedían 12 años de acumulación de poder y dinero desde el Estado nacional. Quien lo considere decorativo vive en Dinamarca o le está mintiendo a la gente.

Ese día él estaba puertas adentro de Tribunales, terminando su alegato acusatorio, y un nutrido grupo de pibes estábamos afuera en la Plaza Lavalle, esperando la sentencia. No vimos ni escuchamos en el momento su voz vibrando, pronunciando la frase “Nunca Más”, vivíamos afuera nuestra propia tensión, porque la democracia era fuerte y débil a la vez. Fuerte por la energía popular que la empujaba a consolidarse como nunca antes, débil porque los que la amenazaban todavía controlaban las armas y el poder de la violencia.

No puedo saber cómo era la vida íntima de Strassera por entonces, un simple y mero fiscal federal, pero debo suponer que familia sentía ciertos temores. Las familias de todos los que estábamos en la Plaza los tenían. Nuestras madres suponían que seríamos los desaparecidos del futuro, porque estábamos ahí acompañando y bancando con escasos 16 años.

Los períodos que podríamos llamar “entre dictaduras” en nuestro país no superaban los tres años desde la caída de Juan Perón en 1955, nuestros padres tendrían entre 10 y 15 años en esa época, se criaron presos del miedo justificado por la represión, y se encontraron a los cuarenta y pico o cincuenta, muchos tenían amigos y familiares desaparecidos; y se encontraron con hijos que nacían a la adolescencia bancando una democracia que parecía pujante y a la vez no lo era, y tenían miedo. La juventud aplaca el miedo, pero tampoco éramos idiotas, sabíamos bien lo que había pasado y el alto porcentaje de posibilidades de que volviera a pasar. La familia del doctor Strassera seguramente también lo sabía.

En contexto regional tampoco era demasiado favorable, nuestros hermanos limítrofes vivían todavía en dictadura, y nosotros ya estábamos mandando al banquillo de los acusados, con las únicas armas del estado de derecho, con sus jueces y fiscales naturales, con la Constitución en la mano, a los genocidas de antes de ayer, no de hace 20 años.

Strassera acusaba, la Cámara Federal condenaba, la Plaza explotaba entre abrazos, llantos y carcajadas nerviosas y felices a la vez, y el fiscal trocaba entonces a prócer, a héroe. La historia que unió mi vida a Don Julio empezó 25 años antes de conocerlo, y el día que pude estrecharle la mano, sentí lo mismo que cuando pude hacerlo con Raúl Alfonsín, o con Adolfo Pérez Esquivel: un profundo y conmocionante agradecimiento por haberme permitido, sin darme cuenta todavía en ese entonces, asegurarle a mis hijos un futuro en paz. Nada menos que por eso, gracias Don Julio.

Fayt es un lujo para cualquier Corte Suprema, porque ha mantenido desde su asunción independencia respecto de cada uno de los gobiernos que pasaron durante el ejercicio de su alto cargo. Fue independiente del radicalismo de Raúl Alfonsín que lo nominó para el cargo no siendo radical; se mantuvo independiente de la “mayoría automática” menemista durante los diez años de gestión del ex presidente riojano. Siguió siendo independiente del gobierno de Fernando De la Rúa, y lo fue de Eduardo Duhalde quien ya por 2002 ejercía presión para que Fayt abandone su cargo, basado en su edad. Por cierto lo fue del kirchnerismo, que en diversas épocas siguió la línea duhaldista en la búsqueda de su sillón en la Corte.

Eso es Fayt. Independencia del poder político, defensa a rajatabla de las garantías constitucionales, calidad y claridad intelectual, arduo trabajo y fallos y obras memorables. La historia le reserva un sitial especial, al margen de las reyertas políticas de ocasión, a la par de Juan Bautista Alberdi o de Dalmacio Vélez Sarsfield.

Sentarse a hablar con Fayt es una experiencia enriquecedora a cada minuto y sobre cada tema que se toque; el saber jurídico de la personalidad más importante de nuestra historia en materia de derecho político resulta esclarecedor a cada momento. Integra hoy una Corte con colegas también importantes. Nadie puede desconocer, aun pensando distinto, el aporte y el conocimiento que Eugenio Zaffaroni posee sobre la ciencia del derecho penal, ni tampoco el bagaje de sabiduría de Ricardo Lorenzetti y Elena Higthon de Nolasco sobre derecho civil.

Pero no puede uno desentenderse del hecho de que la Corte es el último resguardo del control de constitucionalidad: en el cuarto piso del Palacio de Justicia se custodia nuestra forma de vida, la que hemos elegido, el sistema republicano, la democracia, y con ellos la división de poderes y la garantías de los ciudadanos. Y sobre esos temas es sobre los que Fayt da cátedra constante incluso a sus colegas. Hoy, a sus 96 años conserva un vuelo intelectual y una capacidad de elaboración y aplicación de conceptos jurídicos y sociales únicos, envidiables para quienes tenemos menos de la mitad de su edad.

Si alguna vez vamos a perder el extraordinario lujo de tener a Fayt en la Corte, es deseable que sea él mismo o la naturaleza quien lo decida. No la presión, no la operación política de bajo vuelo buscando quebrarlo en base a la menor resistencia física lógica de su edad. La necesidad política de determinada facción, la que fuese, no puede privarnos de la trascendente ventaja para la libertad y garantías ciudadanas, que significa la presencia de Fayt en la Corte Suprema.

Sin embargo esa República fracasó. Desde 1880 se sucedieron una serie de gobiernos basados en el fraude electoral, la supresión del peso de las mayorías en las decisiones que afectaban a todos, y el sistema de gobierno fue republicano por enunciación y oligárquico en los hechos. Pudo haberse considerado la ley Sanz Peña de 1912 y su primera aplicación en 1916, como el inicio de una segunda república, pero lo cierto es que el período de vigencia real fue demasiado breve: ya en 1930, comenzó una sucesión de gobiernos de facto a cargo de fuerzas militares que hicieron trizas el republicanismo. La interrupción más larga de dicho proceso fue el gobierno del General Perón entre 1946 y 1955, en la cual además, se introdujeron cambios constitucionales profundos, pero nuevamente se trató de una fase muy breve y casi todos los cambios mencionados fueron derogados por el gobierno de hecho que lo desplazó del poder.

Por ende, podemos establecer que la Segunda República nació el 10 de diciembre de 1983, con la asunción del presidente Raúl Alfonsín. Como primera medida porque el sistema republicano que restituye ya lleva más de 30 años de vigencia. Desde entonces la división de poderes funciona, con tropiezos pero lo hace; el soberano pueblo impone su voluntad sin mayores inconvenientes, no ha habido elecciones presidenciales formalmente fraudulentas; y la libertad de expresión, los derechos civiles, sociales y políticos están presentes en la cotidianeidad argentina. Se puede decir que la Segunda República inaugurada por Alfonsín, generó la certeza y conciencia social de la necesidad impostergable de que el sistema se mantenga vigente y pleno.

Ahora bien, desde el fin del gobierno del líder radical a nuestros días, esta Segunda República se ha ido deteriorando sustancialmente. A diferencia de lo que era previsible, el sistema republicano y democrático ha perdido intensidad y plenitud a medida que pasaron los gobiernos. Un ejemplo claro son los decretos de necesidad y urgencia. En 5 años y medio de mandato, Alfonsín firmó 10 de ellos; pero en un decenio de ejercicio, su sucesor Carlos Menem impuso su voluntad por decreto en 545 ocasiones; Fernando de la Rúa los utilizó 73 veces; pero quien completó su mandato, Eduardo Duhalde, rubricó 158 en un año y medio; y su sucesor Néstor Kirchner, 270 en solamente cuatro años. Esto es ni más ni menos que el uso de violencia jurídica sobre la división de poderes y la voluntad popular de modo masivo, un comportamiento autocrático. Que si bien es cierto, mermó con el gobierno de Cristina Fernández, bien puede creerse que esto ocurre por el control que la misma ha tenido del Congreso Nacional, dado que su marido y antecesor, también disminutó la cantidad de decretos firmados a partir de 2006, cuando se hizo se control casi absoluto de ambas Cámaras parlamentarias.

No es el único dato que prueba la descomposición republicana. Los organismos de control, como la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas que ocupaba el centro de la escena en 1983 (los memoriosos recordarán al fiscal Ricardo Molinas en acción) ya casi no existen. Se ha cambiado el número de miembros y la composición de la Corte Suprema de Justicia reiteradamente de acuerdo a las necesidades del gobierno de turno. Desde la creación del Consejo de la Magistratura, el mismo también ha sufrido variaciones con idénticos fines e intentos gravísimos de cambiar el régimen a una elección directa de sus componentes jueces, que no han prosperado, pero el mero intento implica una muestra de “desentendimiento” republicano.

A todo ello puede sumársele la supresión de fiscales “molestos” que han pretendido controlar al poder, la manipulación de la pauta publicitaria del Estado a los medios como un modo sofisticado de censura, la aprobación de concursos irregulares de origen en la designación de magistrados, y los más variados etcéteras. Por eso es que la Segunda República ya ha transitado la decadencia y se encuentra en estado terminal.

La sociedad buscará, en las elecciones del año próximo, al grupo político que sea capaz de fundar la Tercera República. Algo que no implica mucho más que demostrar que se puede gobernar eficientemente y a la vez cumplir la ley y respetar las instituciones. Que acepte que “democratizar” en muchos casos implica intensificar los controles sobre los organismos y agentes públicos, y que aún controlado, pueda gobernar. La Tercera República deberá demostrar que se puede combatir el delito y respetar los derechos humanos de todos, al mismo tiempo; y también que los intentos de eternización en el poder son nocivos para la sociedad. En síntesis, deberá mantener la esencia de la Segunda República pero en la práctica y prolongándola en el tiempo. Con instituciones sólidas y controles férreos, la corrupción se diluye, la educación, la salud y el trabajo cobran la dimensión que deberían tener, me veo tentado a decir que “se come, se cura y se educa”, porque es cierto. Los franceses van por su quinta república, nosotros podemos concretar nuestros sueños fundando la Tercera.

La fecha olvidada es el 13 de febrero de 1984, hace exactamente 30 años, en la que el Congreso de la Nación, por iniciativa e impulso del presidente Raúl Alfonsín, sancionó la ley 23.049 que reformaba el Código de Justicia Militar, para evitar que las juntas responsables del genocidio de fines de los 70 y principios de los 80 sean juzgadas por tribunales militares.

Dicha norma estableció que la Justicia Militar solo atendería los delitos que afectasen su propia actividad, mientras que todo otro delito cometido por un militar debería ser juzgado por la Justicia ordinaria, la de todos. Asimismo, se estableció que los fallos de los tribunales militares podían ser objeto de apelación ante la Cámara Federal, y que además, en caso de que la Justicia Militar demorase excesivamente una sentencia, dicha Cámara podía tomar el expediente en sus manos y tramitarlo por su cuenta.

Es esencial hacer notar que en febrero de 1984, Alfonsín llevaba dos meses a cargo de la presidencia, el poder militar y su vocación de gobierno eran todavía un problema serio. Los uniformados habían abandonado el control del Estado por el error estratégico de la guerra de Malvinas, pero sus referentes en términos de violencia eran todavía hombres jóvenes con peso dentro de las Fuerzas, como Jorge Videla y Emilio Massera. Desde 1955, es decir a lo largo de 30 años, los gobiernos constitucionales duraban un promedio de tres años, en un uso muy relativo del poder, y ninguno de ellos, como sí lo hizo el de Alfonsín, sometió a la Justicia el accionar de los dictadores de turno que los precedieron. No lo hizo Arturo Frondizi respecto a los dictadores de la llamada Revolución “Libertadora” que derrocó al general Juan Perón, ni tampoco lo hizo Héctor Cámpora ni el mismo Perón, respecto a los golpistas de la Revolución “Argentina” que los precedieron. Sea porque acordaron con los dictadores o tal vez porque ninguna de ellas tuvo la violencia y desmesura del “Proceso de Reorganización Nacional” que antecedió al Alfonsín.

Esta ley olvidada jugó un rol fundamental en el juzgamiento de los genocidas, porque tal como estaba previsto, la Justicia Militar se negaba a proceder al juzgamiento y el 4 de octubre de 1984, la Cámara Federal hizo uso de la norma y tomó directamente en sus manos la administración de justicia en esas causas, que concluyeron en las históricas condenas del 9 de diciembre de 1985.

Históricas desde todo punto de vista. Por un lado porque después de más de 50 años de sucesivas interrupciones democráticas, los golpistas enfrentaban sanciones judiciales. Pero principalmente, porque la Argentina fue ejemplo en el mundo de vigencia plena del sistema institucional. No se trató de una venganza ni de una lapidación pública. Se sometió a los delincuentes a sus jueces naturales, se emitió una condena conforme a las previsiones legales. La respuesta política y social a tan aberrante genocidio no fue un linchamiento público, no se aplicó la ley del Talión, sino la ley de todos. No hubo juicios sumarísimos y se respetó el derecho de defensa en juicio. Por un momento, la Argentina escapaba de la impunidad como método e imponía la legalidad como sistema de vida.

No ha pasado tanto tiempo, pero empieza a perfilarse cierta distancia histórica que permite apreciar los hechos, incluso a aquellos que hace un tiempo preferían omitirlos. También la continuidad democrática permite ciertas comparaciones, odiosas dicen, indispensables creo. Cultivar y fomentar los derechos humanos en los tiempos que corren (aún cuando fuese cierto que es ocurre) es equivalente a repartir planes sociales en Recoleta, si se lo compara con el coraje necesario para dictar y aplicar la ley 23.049, recordada en estos párrafos.

Por plantear una de esas comparaciones odiosas, podemos decir que entre diciembre de 2011, cuando obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados y noviembre de 2012, la Ley Antitortura (que diseña en sistema preventivo para evitar torturas en las unidades carcelarias) estuvo parada en el Senado de la Nación, mientras el mismo cuerpo se ocupaba de cosas sustanciales para nuestra democracia y Estado de Derecho, como intentar designar procurador a Daniel Reposo o estatizar Ciccone. No puedo imaginar de quién provendría el “lobby pro tortura” que impedía la sanción, pero si en dichos 11 meses hubo alguien que fuese torturado en una cárcel, y esa tortura pudo evitarse con el sistema que diseñaba esa ley, debe responsabilizar a un Senado inerte, ocupado en cuestiones irrelevantes.

La sanción y aplicación de aquella ley 23.049, junto a otra serie de medidas gubernamentales de la más diversa índole, implicaron el cenit democrático de la historia argentina. Y si bien, para los que apoyamos ese proceso resulta un orgullo, esto es en realidad un enorme problema. Porque el gobierno de Alfonsín debió ser un punto de partida para el desarrollo democrático e institucional de la Argentina, se sembraron las bases para ello, y sin embargo social y políticamente iniciamos luego un profundo retroceso y declive, basado en una cultura autoritaria que no llegó a disolverse y que, aun sin militares y sin violencia física, volvió poco a poco a imponerse en la política y la sociedad.

Es tiempo de un nuevo punto de partida. De volver a buscar entre nosotros mismos a quienes respeten y hagan respetar los fundamentos de nuestra convivencia y subsistencia. Todavía escuchó algunas burlas a una frase de campaña utilizada por Alfonsín: “con la democracia, se come, se cura y se educa”. No me permitiría postularme como un exégeta del viejo líder, pero creo entender que no se refería a votar cada dos años cuando decía democracia. Eso es un punto de partida básico, pero apenas eso. Democracia es también promover y sustentar la educación pública, el derecho a trabajar y a una vivienda digna, no obsequiadas por quien luego pretende manipularnos en base a ese obsequio, ganadas, porque es nuestro solamente aquello que nos hemos ganado. Democracia es igualdad ante la ley, que los niños a 50 kilómetros de Buenos Aires no sigan muriendo de enfermedades fácilmente curables, que el 25% de los miembros de pueblos originarios de noroeste argentino, no sigan usando como sanitario un pozo en el suelo. Democracia es en síntesis, verdadera igualdad de oportunidades, y en tal sentido, aquella frase también es inobjetable. Lo que resulta objetable, por el contrario, es postular que el estado actual de cosas constituya una democracia, aunque nos dediquemos a votar día por medio.

La democracia, que por definición es tolerante, ha perdido ese rumbo. No puede negarse que a la gente no se la mata por opinar diferente. El kirchnerismo alega que existe una enorme libertad de prensa en razón a ello: no hay muertos o torturados por opinar diferente. Pero la intolerancia K se ha ejercido de acuerdo al espíritu de los tiempos: no te secuestro pero te mando a la AFIP; no te cierro el diario pero sacó una ley con mis mayorías legislativas exclusivamente destinada a complicarte a subsistencia; no matan jueces en un esquina pero les pongo un Consejo de la Magistratura que los destituya a mi capricho.

En estos últimos diez años, el retroceso en materia de convivencia democrática ha sido incremental, y se ha reflejado en la retórica gubernamental, porque se ha ejercido el poder desde la división: ellos o nosotros, y ellos son todos aquellos que, en cualquier aspecto, disientan con nosotros, sea que no los geste nuestra corrupción, que no crean en nuestro discurso vacío en materia de derechos humanos, o que intenten explicar que se puede gobernar en el marco de la ley. Dice Alfonsín en ese mismo libro, pocos párrafos después: “toda mi actividad política buscó fortalecer la autonomía de las instituciones democráticas y fortalecer el gobierno de la ley, para que la ley y el estado de derecho estuvieran separados de cualquier personalismo”. Tanto el menemismo como (y especialmente) el kirchnerismo, gobernaron desde personalismos absolutos al margen de la ley en muchos casos.

El estado de derecho no consiste únicamente en seleccionar gobernantes mediante el voto. Es mucho más que eso. Implica además que esos gobernantes se sometan a la ley de todos, mecánica indispensable de la soberanía del pueblo. Durante este 2013, casi todo el año, se produjo una prolongada batalla político-social para sostener la vigencia de las instituciones de la República, mientras los gobernantes seleccionados por el pueblo trataban de darle vida a una ley abiertamente inconstitucional para reformar el modo de selección de los miembros del Consejo de la Magistratura y así manipular a su antojo el Poder Judicial.

La cosa terminó con un fallo de la Corte, que por cierto decretó la inconstitucionalidad de esta intentona. Pero se perdió todo el año, con la sociedad resistiendo una voluntad indeclinable del gobierno por violar la Constitución. ¡Un año entero tratando que un gobierno no viole la Ley Fundamental de todos! Un disparate, impensable en aquel 1983. En un país que claramente no tiene un año para perder, porque mucha gente muere de enfermedades fácilmente curables, padece hambre, miseria o marginalidad estructural, o es asesinada por las calles por 50 pesos. No puede perderse el tiempo en estas batallas obsoletas, mucho menos cuando se incentivan desde el gobierno, tanto como las divisiones.

La Argentina vive del ’83 para acá una especie de tobogán siniestro en el cual la política se ha alejado de la gente, cuando la política es la gente y no los 50 tipos que se adjudican su propiedad; se han profundizado las divisiones con un nivel de violencia (al menos en términos retóricos), típico de las peores épocas de nuestra historia; el avance de los niveles de corrupción es impensado y extraordinario; el desprecio por la ley del pueblo en beneficio de los sectores gobernantes se ha transformado en la mecánica de ejercicio de la administración, y se han manipulado y bastardeado cuestiones esenciales para la vida democrática, tales como el concepto de derechos humanos, en los que nuestra sociedad fue un maravilloso ejemplo en aquellas épocas.

Por cierto, sería ridículo pensar en volver al ’83. Era otro contexto, otro mundo, y el futuro no se construye en base a nostalgias. Ni siquiera para los que vivimos esa época con orgullo y ferocidad militante. Esta es otra realidad. Con similitudes, pero con características propias. Lo que es cierto es que, como entonces, hay que reconstruir la institucionalidad y si algo debe tomarse del espíritu de aquella época, es la búsqueda del respeto irrestricto por la ley, empezando por quienes deben llevar adelante la administración; y siguiendo por la enorme vocación social de esos tiempos, tan deseable ahora, de volcarse a las calles a reclamar y exigir por nuestros derechos.

Un pueblo conocedor de sus derechos y su soberanía exclusiva, haciéndolos respetar a rajatabla, controlando al príncipe, reclamando información. Una sociedad consciente de que la utopía del gobierno de la ley, tiene ese carácter porque no hemos hecho lo suficiente y del modo correcto. La utopía como fin tiene un rol social, empuja al grupo hacia la meta. Y uno se sorprende cuando observa cómo, a lo largo de la historia, tantas se han hecho realidad. La utopía del gobierno del pueblo, por y para el pueblo, es posible, y como siempre, depende de nosotros.

Especialmente desde el advenimiento de Cristina Fernández de Kirchner, la figura del General Perón no ha jugado un papel relevante, ni es mencionada como antecedente en “el relato”. Sí, es cierto, se rescata con cierta asiduidad la figura de Eva Perón, y algunos iconos setentistas, pero no la del propio Perón. La presidente, de hecho, casi no lo ha mencionado públicamente.

Incluso en las boletas para la próxima elección, a las tradicionales caras de Perón y Evita juntos que suelen incluir las papeletas del Justicialismo, se le ha agregado, del otro lado, un símbolo similar, pero con la cara de Néstor Kirchner. A la misma altura y con el mismo tamaño, como una nueva simbología.

Tampoco puede extraerse del análisis que pese a contar con el control completo y total del Partido Justicialista en todo el país, el kirchnerismo nunca ha ido a elecciones con él. Siempre ha sido el “Frente para la Victoria”, dándole a su instrumento electoral el nombre de uno de los pequeños partidos que integran esa alianza, el Partido de la Victoria. Cuando bien pudo usar el nombre, por ejemplo, de Frente Justicialista.

Desde los sectores de la oposición que la prensa, a fin de simplificar el mensaje, designa como “peronistas”, puede observarse una todavía más profunda lejanía del peronismo. Francisco De Narváez se llama a sí mismo “peronista”, pero lo cierto es que no existen ni en sus publicidades, ni en sus símbolos, ni tampoco en su discurso, referencias al peronismo.

Quien intenta jugar el papel de opositor moderado y unificador del “peronismo”, Sergio Massa, no usa ninguna simbología vinculada a Perón o Evita, o a sus logros o bondades. En su primer acto de campaña, se observaba una estética bastante moderna y aséptica, similar a la adoptada habitualmente por el PRO, clara y cuidadosamente estudiada por algún gurú del marketing, con un logo de campaña nada peronista (se veía por todos lados ­­+a por Massa). Nada de marcha alusiva, ni “que grande sos”.

Eso en Provincia de Buenos Aires. En Capital Federal no se observan vestigios de peronismo. Salvo en algún local de Propuesta Peronista del vicepresidente primero de la Legislatura Cristian Ritondo, a los que los militantes llaman “básicas” (por unidades básicas el nombre histórico de los locales justicialistas) y en los que se ve (no en todos) alguna fotografía de Perón rodeada del color amarillo que distingue al PRO, no hay otras identificaciones peronistas, más allá de las boletas de votación de Daniel Filmus que tienen la misma lógica ya descripta de todo el Frente para la Victoria.

Solamente aquellos sectores con fuerte impronta sindical mantienen un alto grado de simbología peronista y prometen rescatar los valores del justicialismo tradicional. Usan en sus actos grandes fotografías de los viejos líderes, y vuelcan en sus discursos algunos conceptos a la usanza tradicional, sin profundizarlos demasiado.

¿Qué pasa con el peronismo? ¿Se agotó? Incluso los que se llaman a sí mismos peronistas, ¿creen que serlo es “piantavotos? Una de las cosas que debe reconocerse es que el paso del tiempo es inexorable, y que las figuras políticas relevantes se desdibujan con él. Incluso cuando sus participaciones en la vida pública hayan sido superlativas, sus medidas, propuestas o improntas son acomodadas a su época, tal vez con una visión de futuro, pero nunca eternas. Posiblemente si Perón, Yrigoyen o incluso Mariano Moreno viviesen hoy, sus ideas base serían las mismas que en sus tiempos, pero su aplicación, instrumentación e incluso su “puesta en escena” serían muy diferentes.

También es cierto que cuando los procesos políticos son muy personalistas, el mero paso del tiempo diluye el liderazgo. El Perón profundamente transformador de 1950 sólo es conocido por gente que hoy tenga más de 73 años. Porque para saber medianamente de qué se trataba, sentir con cierta lucidez el imán del líder, debía tenerse al menos 10 años a 1950. Si a eso se suma que las estadísticas electorales indican que en 2015 la mitad de los electores tendrán menos de 40 años, la dilución del peronismo es lógica y casi obvia.

El Perón posterior, el que algunos podemos recordar con cierta nitidez, fue el que volvió en los ’70, con un país diferente, con problemáticas distintas y un grado de conflictividad que el General no pudo resolver. No es un peronismo “para recordar” como la base de un diseño político futuro.

¿Esto quiere decir que murieron las ideas del peronismo? Por cierto que no. Al menos no muchas de ellas que resultaron fundacionales, como el concepto de justicia social, por ejemplo. Sin embargo, hoy forman parte de un “diseño” de plexo de derechos mucho más ampliado, al que llamamos con mayor precisión ”derechos humanos“. Y ese esquema se ha desarrollado con tanta velocidad en los últimos 50 años que ha subsumido, por ejemplo, a los derechos de los trabajadores dentro de ellos. Nadie puede negar hoy la necesidad de respetar y profundizar los derechos humanos. Pero toda la ideología peronista gira alrededor de una porción de tales derechos. En ese sentido, la frase de Perón, “peronistas somos todos”, fue una lectura del futuro.

Más allá de que se haga en mayor o menor medida, con un matiz o con otro, ninguna expresión política de estos tiempos, con alguna aspiración de alcanzar el mandato popular, puede negar la necesidad de la existencia del derecho del trabajo por ejemplo, que expresa mecanismos de equidad jurídica entre el más débil, el trabajador, y el más fuerte, el empleador. Ni tampoco la necesidad de que existan mecanismos de generación de empleo en condiciones dignas, o de proteger las fuentes de trabajo nacionales, o el derecho de huelga o las potestades de los trabajadores de agremiarse y defender todos juntos sus reclamos.

Pero eso será, en todo caso, el aporte histórico que el peronismo hizo a los argentinos. No forma parte de una batalla actual, ya es una conquista inalienable, pero pasada. Por eso no integra los discursos de campaña, así como tampoco están en la escenografía de campaña los iconos de aquellos logros.

Antes del advenimiento del kirchnerismo, hubo otra expresión política que dio el primer paso en este proceso de “disolución” del peronismo. Fue el menemismo, que entremezcló en sus filas sectores devenidos de fuerzas políticas que en nada coincidían con la doctrina peronista, como la por entonces pujante UCeDe. Y esa mixtura al menos extraña generó secuelas, no fue un hecho momentáneo. Tanto es así que muchas figuras “peronistas” de hoy provienen de aquella UCeDe. El propio Massa fue un militante juvenil del partido de Álvaro Alsogaray. Y si vamos al riñón kirchnerista, Amado Boudou, nada menos que el vicepresidente K, o Ricardo Echegaray, titular de la AFIP, provienen de la misma cuna.

Esto explica, por ejemplo, la estética massista del acto de lanzamiento. O la guitarra de Boudou en sus presentaciones. Algunos pueden decir que son pragmáticos. Yo creo que la mejor definición es que son híbridos, su origen es confuso, mestizo; salvo dentro de las organizaciones del movimiento obrero, no hay ya puros.

Todavía hay muchos dirigentes que ciertamente se reputan a sí mismos peronistas. Pero cuando uno los escucha hablar, queda claro que no son “de aquellos peronistas”. No tienen nada que ver. Uno sospecha, en realidad, que se hacen eco del mito popular de que “en este país sólo pueden gobernar los peronistas”, y que para sentir que tienen la posibilidad de acceder a espacios de poder, o crecer a partir de los que ya tienen, deben autodenominarse peronistas.

Desde tal idea, parece que ser peronista, por estos días, tiene más relación con el preconcepto social del supuesto modo que el peronismo tiene de ejercer el poder, que lo hace el único viable. “Me hago llamar peronista para que la gente sepa que yo puedo gobernar” o porque “me otorga un halo de persona decidida”. Pero el peronismo no es un “carácter”. Es una forma de pensar la política, una ideología. En todos los sectores políticos hay personas con carácter para ejercer el gobierno y tomar las decisiones y otras que no. Solamente por citar ejemplos: ¿que Daniel Scioli nunca termine de decidir qué hacer lo hace un estratega porque es supuestamente peronista, y a cualquier otro lo transformaría en un pelafustán porque no se autoproclame peronista? Lo mismo hubiese cabido en su momento a Carlos Reutemann.

De hecho, la sociedad se niega a recordarlo por algún mecanismo de psicología social intrincado, pero la Asamblea Legislativa de enero de 2002 nominó a Eduardo Duhalde para terminar el mandato de Fernando De la Rúa, hasta el 10 de diciembre de 2003. Y el poderoso cacique bonaerense fue incapaz de terminar ese mandato. Por un evento que costó la vida de dos personas en la Estación de tren de Avellaneda, adelantó 6 meses las elecciones y 8 la entrega del poder a Néstor Kirchner. Ese solo hecho debió dar por tierra con el mito de que solo los peronistas terminan sus mandatos. Duhalde, a quien nadie puede negarle su peronismo casi en estado puro, recibió manda constitucional por 23 meses y sintió la necesidad de abandonar ese mandato luego de sólo 15. La realidad es que entregó el poder tres meses antes que, por ejemplo, Raúl Alfonsín. En términos porcentuales, Alfonsín gobernó el 93% del mandato otorgado, mientras que Duhalde, peronista, solo llegó a cumplir el 65% del suyo, poco más que Fernando De la Rúa que aneas superó el 50% en un gobierno de coalición como era la Alianza, que también incluía peronistas disidentes, como el llamado Frepaso, del cual buena parte de sus cuadros eran de origen peronista.

Por ende, no es disparatado evaluar que buena parte de los dirigentes políticos que hoy se autopostulan como peronistas en realidad lo hacen para continuar el poco consistente mito popular que prescribe que solamente siendo peronista se puede ejercer el poder. Pero cuando se trata de la captación de voto, de buscar la identificación del elector con su idea o sus candidatos, se recurre a estéticas despojadas de peronismo, o diluidas, como el caso de la boleta del Frente para la Victoria, con el rostro de Kirchner.

¿Esto implica que murió el peronismo, que ya no existe? Depende de cómo se lo vea. El peronismo dejó su huella indeleble en la historia, grandiosa o nefasta, depende quién sea el observador, y no es tema de estas líneas esa evaluación, aunque el suscripto se inclina por valorar los extraordinarios logros que obtuvo a mediados del siglo pasado. Lo que sí parece quedar claro es que los protagonistas de la política de hoy no consideran al peronismo una matriz idónea para la captación del voto, y eso lo conduce inequívocamente a ocupar su destacadísimo lugar en la historia, y un espacio cada vez menos definitorio en el presente y futuro.