Scioli dijo, con su inasistencia, lo que piensa de las instituciones y del pueblo. El debate tuvo un bloque donde los candidatos hablaban de institucionalidad. ¿Qué hubiese dicho el actual gobernador? ¿Que no le importa? ¿Que la independencia del Poder Judicial es algo que lo perjudica y que va a impedirla a como dé lugar? Por cierto que no, hubiese dicho una mentira.

El ex motonauta fue sobreseído la semana pasada en una causa en la que se le imputaba enriquecimiento ilícito, porque su patrimonio evolucionó en los últimos diez años de una deuda de 40 mil pesos (es decir, patrimonio negativo) a declarar en la actualidad 15 millones de pesos en activos.

El sobreseimiento dictado por un juez de La Plata se llevó a cabo sin requerir una pericia contable sobre la documentación presentada por Scioli en el juzgado. Es decir, el juez, un abogado, analizó por su cuenta documentación contable compleja y con eso sobreseyó. El fiscal de la causa, encargado de representar al pueblo en la acusación, no apeló. Si Scioli iba al debate, ¿qué decía sobre institucionalidad? Hizo bien en no ir a mentir.

El candidato oficialista tiene otras prioridades. Para él, el debate carece de valor práctico, como dijo: “Es un chamuyo”. Es que sus votos no provienen de ciudadanos a los que les importe lo que se diga en un debate, y él lo sabe. Scioli bien hubiera podido subirse al atril y no decir nada o exagerar con promesas de inversiones por 100 mil billones de dólares en salud y educación; y sus votos hubiesen sido exactamente los mismos.

Las preferencias por el gobernador provienen de otro origen: son votos condicionados, no libres, de aparato, de apriete, de prebenda o de fraude directo, y se clava en su 38,5 % de las PASO. Nada de lo que dijese por fuera de “Con fe, con esperanza” iba a ser creíble, lo más sincero fue su ausencia. Le hizo con ella el pequeño favor que está dispuesto a hacerle a la institucionalidad: se privó de mentir, al menos en dicho evento.

Ayer se conoció la noticia de que Scioli se recibió. A los 58 años, en medio de una campaña electoral para presidente, con las inundaciones de por medio, las recorridas por el país, el festejo con los distintos gobernadores electos y además la obligación de gobernar (o lo que sea que haga en la provincia de Buenos Aires), el candidato oficialista cursó 9 materias en 7 meses en la carrera de comercio exterior y obtuvo un 7 como calificación de su tesina, lo que le otorgó el título de licenciado en la materia. ¿Habrá faltado al debate para estudiar? Difícil. En lo personal, le agradezco que no haya ido a tomarme el pelo también desde el atril del debate.

Para Scioli carece de sentido confrontar propuestas, porque no las tiene, ni le interesa tenerlas. Mientras los otros candidatos se esmeran en exhibir sus más elaboradas ideas para inducir el voto hacia ellos, el sciolismo-kirchnerismo hace operaciones de prensa, prepara maniobras irregulares en las provincias del noroeste, deniega mediante sus jueces electorales subrogantes (como el magistrado electoral de La Plata) medidas para paliar el robo y la destrucción de boletas, entrega heladeras, licuadoras y bolsones de comida a los ciudadanos que empobreció hasta necesitar la caridad del Estado y se ocupa de obtener cierres exprés de causas judiciales en su contra. Esos son sus instrumentos para ganar la elección, por ende, ¿para qué debatir? O peor, ¿para qué tener propuestas?

Es absolutamente cierto, en la lógica de Scioli, que el debate “es chamuyo”. Para él sí lo es. Goza de otras armas mucho más eficientes y menos riesgosas que aventurarse a decir una soberana pavada y quedar expuesto al innecesario papelón. Su ausencia fue un acto de sinceridad con el pueblo, tal vez el único que podamos esperar de él hasta el final de la campaña.

Todo lo que hayan hecho a lo largo de los años, será puesto en una balanza. Se sopesaran pros y contras, se destacarán virtudes y defectos y, naturalmente, habrá un modo en que en el futuro, se reconocerá a dicho personaje. O simplemente será olvidado, sólo mencionado en una cena multitudinaria en una casa de barrio, por alguno de esos memoriosos: “-¿Te acordás de Aníbal?. -¿Quién?. – ¡El de los bigotes!. –Qué sé yo, ni había nacido”. El que uno no recuerda porque “no había nacido”, no quedó en la historia.

Parece que en los últimos tiempos el juicio de la historia les ha importado a pocos. Como primera medida, porque, claro, la sentencia del mismo no conduce a prisión, ni a tener que devolver nada ni indemnizar a nadie, con lo cual, mucha ave rapiña con poder, que llegó a donde está al solo efecto de alzarse con dineros ajenos, difícilmente ande preocupado por el juicio de la historia.

Por otro lado, tal proceso se produce a varios años vista, cuando se apaciguan las pasiones y surgen las razones, y seguramente todos a los que la historia evalúe, recibirán sentencia cuando ya no estén en este mundo. Es cierto, estarán sus hijos tal vez, seguramente sus nietos, pero a este tipo de gente no parece importarle mucho.

El juicio de la historia no puede controlarse comprando magistrados, ni amenazándolos, ni dominando la Procuración General, o el Consejo de la Magistratura. Y no se puede comprar al historiador porque seguramente no sepan quién es, hoy tal vez no tenga más de 20 años.

Uno puede hacer un ejercicio de imaginación y estimar que la historia de estos últimos 12 años tendrá seguramente matices. Hablará de un gran crecimiento económico, de la salida de la Argentina de una crisis gravísima, de un gobierno con alto respaldo en las urnas. Pero también resaltará miserias importantes. La alianza internacional con dictadores diversos como Kadafi o Dos Santos (Angola), la búsqueda desesperada de estrechar vínculos con Irán, el país, en principio, responsable de la voladura de la AMIA con sus 85 muertos, el intento apasionado por encubrir tal aberración, la muerte eternamente dudosa de un fiscal federal después de haber denunciado a la Presidenta y varios de sus funcionarios, y cada paso dado en pos del control del Poder Judicial buscando casi, un cambio en la forma de gobierno, la fundación de un unicato.

Cuando la historia se populariza y se difunde, el imaginario colectivo suele obtener un conocimiento genérico resaltado algunos pocos hechos que quedan fijados como grandes hitos, momentos claves, que describen la época y el personaje. “San Martín liberó medio continente y cruzó Los Andes”. “Belgrano creó la bandera”. “Julio Cesar fue asesinado por su hijo, Bruto, y le costó años dominar la Galia”. “Alejandro Magno fue el conquistador de todo el mundo conocido y llegó al poder muy joven”. Todos conceptos generalísimos y reduccionistas apoyados en un conocimiento superficial y genérico, etiquetas que definen una persona o una época.

¿Qué hitos forjarán la historia de estos 12 años?. Difícil saberlo, pero empiezo a creer que la arremetida feroz de un grupo de operadores, la mayoría de ellos de baja estatura intelectual, contra un juez de la Corte Suprema de 97 años, será uno de esos dos o tres hechos que la historia plasme en la mente de la sociedad futura. Y la resistencia de este hombre mayor pero calmo, extraordinariamente inteligente e instruido, gladiador de tantas batallas en pos de la democracia, la difusión de los derechos de todos y la Constitución Nacional, establecerán una marca indeleble de la época.

A nivel jurídico Carlos Fayt ya dejó su sello. Incluso en su visión de la Sociología y las Ciencias Políticas. Su obra como académico, sus decenas de libros todos innovadores y extraordinarios y sus fallos, por ejemplo sobre libertad de prensa en el Alto Tribunal, le han dado no solamente reconocimiento mundial, sino un sitio cercano a Juan Bautista Alberdi y Dalmacio Velez Sarsfield.

Pero el hoy anciano jurista, no por ello débil como algunos creen, dejará una marca adicional, de evidente contenido político. Porque se ha constituido en el último bastión de resistencia republicana real de este país institucionalmente hecho trizas. Todo lo que hagamos los que creemos en sus valores y su capacidad, es insuficiente frente a la atroz avanzada del gobierno, y para peor, no veo que tampoco estemos haciendo mucho.

A su soledad y su coraje, debe combinársele también su desprendimiento. ¿Qué tiene que ganar Fayt con esta resistencia? ¿Por qué debería tolerar un minuto más de agravios y presiones de estas lagartijas? Nada para él. Fayt sabe que es la piedra angular de la resistencia final de un sistema de gobierno en el que cree, y que está muy cercano a derrumbarse si él se derrumba. El juez está haciendo su último acto de servicio a la Patria. Su última corajeada seguramente sea su más importante legado, su mensaje más vivo y estruendoso hacia una sociedad que debe despertar.

“No habría tiranos si no hubiese esclavos, y si todos sostuvieran sus derechos, la usurpación sería imposible. Luego de que un pueblo se corrompe pierde la energía, porque a la transgresión de sus deberes es consiguiente el olvido de sus derechos, y al que se defrauda a sí propio, le es indiferente ser defraudado por otro”. (Bernardo de Monteagudo).

Tienen en realidad los mismos efectos de los antiguos “planteos militares” del siglo XX, desgastan, agobian y buscan que los jueces dejen sus cargos. Intentan generar una falsa noción de acefalía del Poder Judicial, o una acefalía real si logran las dimisiones que pretenden.

Debe decirse que el modo en que los esbirros oficiales disparan contra Fayt es de cobardes, aunque en el barrio los llamaríamos de un modo más gráfico. Y de descarados también. Algunos de ellos no solamente son charlatanes de toda ocasión, opinólogos iletrados que repiten una frase de algún libro del que ocasionalmente leyeron un resumen y definiciones de Wikipedia, sino que además han tenido severos problemas con la Justicia. Otros se han cobrado vidas inocentes durante la “lucha armada”.

Pero, en definitiva, hoy no son más que un grupo de mercenarios que atacan a un hombre mayor por su calidad de tal, y que resiste en soledad. Bravucones de paradas fáciles, guapos de patota.

Fayt es un lujo y un orgullo para todo hombre de bien que aprecie la libertad, la democracia y el estado de derecho. Es y ha sido en los últimos 30 años, uno de los cinco juristas más brillantes que haya dado nuestro país, reconocido en todo el mundo por tales calidades. Pero ciertamente, no reconoce la autoridad de la patota para manipularlo, no está en su espíritu, genéticamente Fayt no es susceptible al empellón tosco de los irracionales del poder.

Algunos dicen que el jurista debe probar su idoneidad haciéndose un examen psicofísico. ¿Por qué Fayt? ¿Y si lo hacemos bien y lo ponemos como condición general, incluyendo a todos los funcionarios públicos? Y ya que estamos con rinoscopia incluida. Me da la sensación que Fayt se queda y muchos se van.

El kirchnerismo ha intentado profanar la República y con ella el estado de derecho, cada día de su período el frente del gobierno, y debe reconocerse, en muchos casos ha sido exitoso. Con esta Corte sus victorias han sido limitadas, en algunas ocasiones la ha condicionado, pero en la mayoría de los casos se ha encontrado con un grupo de hombres libres que les pusieron freno, Fayt entre ellos.

Las comparaciones nunca son tan precisas, pero uno se ve tentado y al cabo, la historia debe servir para aprender de ella. Hace ya unos años vengo escuchando a muchos contar lo maravilloso que fue Arturo Illia. Su honestidad, sus logros económicos increíbles, su calidad de hombre de bien. No viví su presidencia, pero padezco hace tiempo la amarga sospecha que unos cuantos de los que hoy añoran su decencia, en aquel momento lo dejaron caer, indiferentes, mientras un malnacido con el poder de las armas, lo sacaba totalmente solo y de una oreja, de la Casa de Gobierno. Me parece que a Illia se lo abandonó y ahora se lo extraña.

Deberíamos protegerlo a Fayt, porque el día que puedan con él lo vamos a extrañar. No hay en estos tiempos hombres tan decentes, tan probos, y al mismo tiempo de tanta altura intelectual. Fayt es más que un jurista, es un científico social extraordinario. Y es un hombre honesto. ¿Alguien duda que si se hubiese llevado una resma de hojas de la Corte a su domicilio el kirchnerismo ya lo habría colgado en Plaza Lavalle?. La verdad, en algún punto comprendo a los bravucones de marras. Tanta decencia y tanta altura intelectual combinadas debe resultarles ofensiva a su triste mediocridad, apenas paliada por dinero de origen dudoso. Raro sería que no lo agravien, resentidos por su amarga existencia pueril.

No abandonemos a Fayt como se abandonó a Illia. Tenemos derecho a hacer respetar las instituciones de la República, la Constitución nos lo otorga cuando en su artículo 36 establece el derecho de resistencia del que todos los ciudadanos gozan para combatir “actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático”.

Si perdemos lo poco que queda de la tan menoscabada institucionalidad no tendremos retorno, y Fayt es un símbolo de la resistencia republicana y democrática.

El Alto Tribunal, en su rol de cabeza del Poder Judicial, no puede verse sometido a un golpe de Estado institucional desde otros poderes, sin ejercer tal derecho, y lo ha hacho seleccionando el modo y la oportunidad, para declarar la inconstitucionalidad de la lista de conjueces oficialistas.

El plan para destrozar a la Corte, descripto hace pocos días en este mismo medio, incluía la utilización de esa irregular nómina, cambiando el orden de prelación para la ocupar las vacancias en el Alto Cuerpo, para luego ampliar el número de miembros e “invadirla” con conjueces a la medida del kirchnerismo.

Por cierto, la ampliación del número de miembros está entre las facultades del Congreso, es una medida que se ha tomado de modo reiterado de acuerdo a las necesidades políticas del Gobierno de turno; y también se encuentra entre las prerrogativas del Poder Legislativo, modificar la ley de ordenamiento del Poder Judicial, de modo de alterar el mecanismo de cobertura de vacancias actualmente vigente.

Nada de esto pudo haberlo impedido la Corte Suprema. Pero sí estaba en sus manos que esas vacancias fueran ocupadas por conjueces habilitados para ello por fuera de la ley, y así lo ha hecho. Los ministros tienen esta causa en sus manos desde que la lista se aprobó, en diciembre del 2013, durante una prórroga de sesiones ordinarias, pero ha decidido declarar su inconstitucionalidad ahora, cuando el Gobierno acechaba, buscando utilizarla para “ocupar” la Corte.

El uso de mecanismos ilegales para manipular o directamente dominar uno de los poderes constitucionales no es otra cosa que un golpe de Estado, debe detentar tal denominación, tanto como si se ordenara al Ejército entrar a ocupar el Palacio de Justicia, y eso es lo que intentaba el oficialismo.

La mentada lista de conjueces, poblada por diez juristas de pertenencia definidamente kirchnerista, fue aprobada por mayoría simple en el Senado. El problema es que su objetivo es ejercer, eventualmente, como Ministro de la Corte Suprema, y a tal fin, la Constitución Nacional establece la necesidad de los dos tercios de los miembros de la Cámara Alta.

Del mismo modo que no se puede ser Presidente de la Nación de otro modo que mediante el voto popular, obteniendo determinados porcentajes o yendo a una segunda vuelta; ni se puede tampoco detentar la calidad de legislador nacional sin ser electo por el pueblo; no se puede ejercer ni un minuto el rol de Ministro de la Corte Suprema sin los dos tercios de los respaldos de los miembros del Senado. Cualquier otro mecanismo es inconstitucional.

Es cierto, la Corte eligió el momento para resolver en esta causa, y lo hizo en su carácter de tribunal político, como cabeza de uno de los poderes del Estado, el que define el sistema republicano, y en defensa de los derechos propios y de terceros, preservando la tan agraviada institucionalidad.

En una entrevista publicada el domingo al secretario de Justicia y novel miembro del Consejo de la MagistraturaAlejandro Julián Álvarez, al margen de una serie de afirmaciones con las que puede coincidir o no, dice: “Ojalá pueda convencer a los jueces de este país. No quiero convencerlos de que sean kirchneristas, quiero convencerlos de que un país inclusivo y pensar en el otro es importante; venimos de un país demasiado ensimismado, del sálvese quien pueda, quisiera que los jueces hagan política a través de sus sentencias mirando al más débil”.

Imperdible, infinidad de conclusiones surgen de esos pocos renglones. Como primera medida, es claro que Álvarez no conoce el rol de los jueces, que no son los que pueden hacer un país inclusivo. Los magistrados tienen el rol de interpretar y aplicar la ley, y ningún otro. Si las leyes que emanan del Poder Legislativo -que controla el kirchnerismo hace 10 años y el peronismo en su conjunto hace 30 años- no son inclusivas, no existe modo alguno de que los jueces tengan criterios inclusivos. El juez no hace lo que se le da la gana, hace lo que marca la ley.

Si una persona usurpa el predio que es propiedad de otra por no tener vivienda, y el propietario no tiene ese predio en uso, seguramente sería más “inclusivo” dejar al intruso permanecer, pero el magistrado tiene la obligación de desalojarlo porque es lo que marca la ley emanado del Poder Legislativo que, repito con énfasis, controla el kirchnerismo.

Por cierto que es muy bueno que toda persona piense que el otro es importante, no solamente los jueces, y que éstos, cuando deban resolver, tengan siempre en consideración la cuestiones sociales que rodean al caso, como por ejemplo lo hizo la Corte Suprema al exigir a las provincias una reglamentación del aborto no punible en los términos de su propio fallo en el caso “A.F. medida autosatisfactiva” el 13 de marzo de 2012. El del aborto es un problema social, y el Poder Judicial estuvo incluso más allá de la altura de la circunstancias, casi podría decirse que hasta superó los límites de sus prerrogativas, dado que el Congreso, y sigo repetitivo, que controlan los K hace 10 años, no se digna a legislar las cuestiones sobre el aborto en forma razonable.

El doctor Álvarez pide además que los jueces hagan política. Imagino que no partidaria, por cierto, eso está fuera de sus facultades y prohibido por la ley. Cabe entender que pretende que surjan políticas sociales desde el Poder Judicial. Pero ¿es que el Ejecutivo y el Legislativo tienen pensado no hacer nada?

La Justicia ha mostrado una gran sensibilidad social pero ajustándose a derecho. Por ejemplo tanto el fuero de la Seguridad Social, como la Corte Suprema misma han dictado miles de sentencias favorables a los jubilados para que se les actualicen sus haberes. El problema es que el Poder Ejecutivo, mediante el ANSES, se niega a cumplir las condenas y pagar a ese sector vulnerable de la población. No puedo saber si el tema estará en la agenda de Álvarez, pero si lo está, tal vez entonces pretenderá que la Corte decrete la intervención judicial del ANSES, y la detención de sus autoridades por incumplimiento de órdenes judiciales. Y probablemente debería hacerlo, sería una enérgica nota de la Justicia “mirando al más débil”, como promociona el secretario y consejero Álvarez.

Algunos personajes de este kirchnerismo son verdaderamente fabulosos. Si uno los escucha y no observa lo que hacen, si uno fuese por ejemplo ucraniano y solo escuchase sus declaraciones, creería que el kirchnerismo es oposición o, como mucho, un oficialismo recién llegado con una pesada herencia y con tendencia socialdemócrata. Si uno los observa, pero en “mute”, bien podría creer que Carlos Menem sigue en el poder. Ahora el ucraniano que haga ambas cosas al mismo tiempo, si abusa, puede terminar en un neuropsiquiátrico.

Pero ni usted ni yo somos ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cabeza del Poder Judicial y tribunal superior de la Nación. Si lo fuéramos, deberíamos tener otros cuidados en la celebración de nuestros onomásticos, dado que ese amigo “erróneamente” imputado en 50 expedientes penales bien podría caer con alguno de ellos en el tribunal que eventualmente integraríamos, y eso afectaría nuestro buen juicio y nos obligaría a excusarnos de sentenciar en tal causa.

Cuando por casualidad los jueces reciben el expediente donde se ventila el conflicto judicial de alguna persona relacionada, los magistrados de buena fe suelen excusarse de intervenir en ellos “por razones de decoro y delicadeza”, dejando que dichos autos sean evaluados por otro juez sin vínculos con los involucrados, para que pueda aplicarse la ley conforme a un razonamiento equilibrado sin influencias emocionales.

Así las cosas, cuando se es un juez de la Corte Suprema y se quiere festejar un cumpleaños, no resulta muy “prudente” invitar al vicepresidente de la Nación, constantemente potencial presidente en ejercicio, y muy en especial cuando éste tiene al menos medio centenar de causas penales de diversa índole, todas ellas relacionadas con diversas modalidades de uso de su cargo para negocios privados. Más concretamente, me refiero al segundo cumpleaños consecutivo en que el ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni invita a la celebración al vice Amado Boudou, y esto, a la vez, trasciende.

El vice no es la única persona en conflicto con la ley que participó de la fiesta. La señora Hebe de Bonafini tampoco está totalmente liberada de las implicaciones que rozan a su hija, por ejemplo, en la causa que investiga el desfalco del programa de viviendas “Sueños Compartidos”, donde curiosamente el ex mano derecha e “hijo putativo” de Hebe, Pablo Schoklender, imputó además al propio Boudou. Pero en todo caso, lo de la titular de Madres de Plaza de Mayo es bastante menos “abrumador” que el tema Boudou, en términos de cantidad de causas y niveles de involucramiento procesal.

El “decoro y delicadeza” de los magistrados debe mantenerse no solamente en el ejercicio de sus fueros, sino también en toda su vida pública. Y claramente, el cumpleaños de Zaffaroni es público. No es posible pensar que el mencionado es el único ministro del alto tribunal que festeja el aniversario de su nacimiento. Tal vez alguno no sea afecto a estas cuestiones, pero la mayoría de la gente de un modo u otro celebra estas fechas. Lo que queda claro es que en ninguno de los demás casos tales fiestas trascienden. Por menos pomposas, por menos pintorescas, o porque no asisten funcionarios de otros de poderes del Estado, a los que dicho juez eventualmente debería juzgar.

Las fiestas de cumpleaños de Zaffaroni sí trascienden, y lo que especialmente se sabe siempre es quiénes son sus invitados, y en algunos casos, es posible pensar que el mencionado ministro no guarda “decoro y delicadeza”. Es cierto que el juez de marras anunció que se retirará del alto cuerpo este mismo año, y que es más que probable que ningún expediente que involucre a Boudou llegue a ser tratado tan rápido por el tribunal que integra. Pero también lo es que al formar parte de la cabeza del Poder Judicial, aun cuando las sentencias de cada magistrado son propias e independientes, un juez de grado bien podría verse “condicionado” en su resolución sobre un imputado que muestra manifiesta y pública amistad con su superior jerárquico, en este caso, Zaffaroni.

No es un delito, ni siquiera una infracción ni una violación, en principio, de ninguna normativa; pero sí es un grotesco, es totalmente inconveniente, es una imprudencia, en tiempos en que la corrupción administrativa está en el centro de la escena y resulta lacerante socialmente, cuando existe demasiada gente que no se alimenta de modo suficiente o no accede a condiciones mínimas de sanidad, o no puede salir de la marginalidad, en buena parte por esa corrupción, y cuando el vicepresidente, con razón o sin ella, está señalado por los más diversos actos de corrupción.

Es un criterio y por cierto puede haber otros, pero parece alejado de los cánones habituales de decoro y delicadeza que deben observar los magistrados que Boudou asista al cumpleaños de Zaffaroni, que éste lo invite siquiera, que celebren y brinden juntos. Sin prisa pero sin pausa, nos acercamos a los cánones éticos de la republiqueta bananera que Alberto Olmedo graficaba al personificar al “Mariscal de Costa Pobre”.

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) fue creada por Raúl Alfonsín el 15 de diciembre de 1983. Sólo cinco días después de asumir su mandato presidencial. Su informe, el Nunca más, sirvió de alimento y guía a la Cámara del Crimen que juzgó a los genocidas. Los condenó el 9 de diciembre de 1985. A partir de allí comenzó el círculo a generarse; luego de la sentencia, se inició el camino de retorno a la injusticia.

En Semana Santa del 87’ el primer levantamiento militar y la ley de Punto Final. En el ’89 el segundo alzamiento y la Obediencia Debida. En el ’90 el tercero y los indultos. La lucha democrática y por la justicia no cejó, y en 1998 el Congreso derogó las leyes de punto final y obediencia debida, con un proyecto que llevó la firma de Humberto Roggero, Carlos “Chacho” Álvarez y Federico Storani. En mayo del 2000, el juez federal Gabriel Cavallo dictó la primera sentencia declarando inconstitucionales los indultos y reabriendo las causas, y en noviembre del mismo año, la Cámara Federal avaló la sentencia de Cavallo. A partir de allí comienzan a reabrirse muchas y voluminosas causas contra los genocidas, como las de apropiaciones indebidas de hijos de desaparecidos; la del Primer Cuerpo de Ejército, etcétera.

Luego de esos años de puja espiralada por verdad y justicia, vinieron los extraños tiempos kirchneristas. Los K propusieron y lograron que el Congreso sancionase una ley simbólica pero poco eficiente. “Para la gilada”, digamos. Se trató de la nulidad absoluta e insanable de las leyes de obediencia debida y punto final. El Congreso no puede decretar nulidades, dicha actividad está reservada exclusivamente al Poder Judicial. Fue una fantochada, una pantomima con mero efecto mediático, mas no jurídico. Lo mismo que descolgar el cuadro del dictador Jorge Videla de la Escuela de Cadetes o entregar la ESMA para hacer un Museo. Cartón pintado.

Pero el kirchnerismo cerró un círculo realmente grosero y sangriento de retorno a la impunidad. Como primera medida, corrompió hasta sus cimientos a organismos de derechos humanos que fueron símbolo de la lucha contra los dictadores, organismos inobjetables hasta que el dinero sucio y la administración fraudulenta los llevaron al peor deterioro de su imagen frente a la sociedad. Luego, y por otro lado, persiguieron, maltrataron o ignoraron a los pueblos originarios, especialmente en norte de la Argentina, poniéndolos a merced de gobernadores dictatoriales, señores feudales abusivos y superpoderosos, pero vinculados inescindiblemente al poder central, que avaló por acción u omisión, sus procederes.

Cercenó o intentó hacerlo en todo momento, la libertad de expresión y prensa, como jamás antes había ocurrido desde la dictadura; manipuló y presionó al Poder Judicial para deteriorar su imagen, dinamitar sus potestades o amedrentar a sus magistrados, y en otros casos hizo caso omiso a sus sentencias, directamente.

Ahora con el general César Milani obteniendo el aval del Poder Legislativo, el círculo rojo de sangre y dolor, se cierra, para volver al punto de comienzo. Un militar investigado por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad durante aquel genocidio. Avalando o actuando personalmente, Milani bien podría estar implicado en la desaparición y muerte de al menos dos personas. ¿Por qué lo avala el gobierno. Simplemente porque Milani le garantiza el control de la inteligencia militar, que si bien está prohibida por ley dentro del territorio argentino, ya sabemos lo poco que cualquier ley significa para los K. En síntesis Milani les es útil, y por ende, los proclamados derechos humanos pasan a importar tres belines, los muertos, los desaparecidos y los torturados, también.

Muchos kirchneristas me han dicho, cuando en intercambios de ideas uno les mencionaba a Ricardo Jaime o a Amado Boudou, que “son sapos que tenemos que comernos para la transformación de la Argentina”. ¿Cómo cuaja ese argumento con Milani? ¿Cuál es la necesidad para “la transformación” de que un general con un pasado relacionado con la desaparición de personas conduzca las fuerzas armadas? ¿No existen otros generales con pasado menos dudoso, por no decir turbio? ¿Dónde está el límite a la ingesta de batracios? Aquellos que se “tragaron” a Jaime y Boudou, ¿se tragarán a Milani? Si es así, antes mentían, porque en este caso, no hay ninguna necesidad, salvo la del gobierno de controlar cierta inteligencia que uno sospecha que también es irregular.

Milani cerró el círculo rojo, el de la sangre, el que nos devuelve al principio. Su nominación está en la línea de la frase de la inmaculada señora Estela de Carlotto, cuando preguntada sobre los muertos en los saqueos, dijo que “habría que ver quiénes eran”, el “algo habrán hecho” versión 2013, algo inesperado en una madre y abuela de desaparecidos, también contaminada por el kirchnerismo.

El general del recontraespionaje y la señora Carlotto dieron la vuelta completa. Los que murieron, los que sufrieron, los torturados, los hijos; lo digan o no, lo reconozcan o no, prefieran olvidarlo para disfrutar las mieles del dinero K, o no; todos ellos saben que el círculo de sangre se cerró, que volvimos al principio, que no hay Justicia ni paz, y saben a quienes se lo deben.

La democracia, que por definición es tolerante, ha perdido ese rumbo. No puede negarse que a la gente no se la mata por opinar diferente. El kirchnerismo alega que existe una enorme libertad de prensa en razón a ello: no hay muertos o torturados por opinar diferente. Pero la intolerancia K se ha ejercido de acuerdo al espíritu de los tiempos: no te secuestro pero te mando a la AFIP; no te cierro el diario pero sacó una ley con mis mayorías legislativas exclusivamente destinada a complicarte a subsistencia; no matan jueces en un esquina pero les pongo un Consejo de la Magistratura que los destituya a mi capricho.

En estos últimos diez años, el retroceso en materia de convivencia democrática ha sido incremental, y se ha reflejado en la retórica gubernamental, porque se ha ejercido el poder desde la división: ellos o nosotros, y ellos son todos aquellos que, en cualquier aspecto, disientan con nosotros, sea que no los geste nuestra corrupción, que no crean en nuestro discurso vacío en materia de derechos humanos, o que intenten explicar que se puede gobernar en el marco de la ley. Dice Alfonsín en ese mismo libro, pocos párrafos después: “toda mi actividad política buscó fortalecer la autonomía de las instituciones democráticas y fortalecer el gobierno de la ley, para que la ley y el estado de derecho estuvieran separados de cualquier personalismo”. Tanto el menemismo como (y especialmente) el kirchnerismo, gobernaron desde personalismos absolutos al margen de la ley en muchos casos.

El estado de derecho no consiste únicamente en seleccionar gobernantes mediante el voto. Es mucho más que eso. Implica además que esos gobernantes se sometan a la ley de todos, mecánica indispensable de la soberanía del pueblo. Durante este 2013, casi todo el año, se produjo una prolongada batalla político-social para sostener la vigencia de las instituciones de la República, mientras los gobernantes seleccionados por el pueblo trataban de darle vida a una ley abiertamente inconstitucional para reformar el modo de selección de los miembros del Consejo de la Magistratura y así manipular a su antojo el Poder Judicial.

La cosa terminó con un fallo de la Corte, que por cierto decretó la inconstitucionalidad de esta intentona. Pero se perdió todo el año, con la sociedad resistiendo una voluntad indeclinable del gobierno por violar la Constitución. ¡Un año entero tratando que un gobierno no viole la Ley Fundamental de todos! Un disparate, impensable en aquel 1983. En un país que claramente no tiene un año para perder, porque mucha gente muere de enfermedades fácilmente curables, padece hambre, miseria o marginalidad estructural, o es asesinada por las calles por 50 pesos. No puede perderse el tiempo en estas batallas obsoletas, mucho menos cuando se incentivan desde el gobierno, tanto como las divisiones.

La Argentina vive del ’83 para acá una especie de tobogán siniestro en el cual la política se ha alejado de la gente, cuando la política es la gente y no los 50 tipos que se adjudican su propiedad; se han profundizado las divisiones con un nivel de violencia (al menos en términos retóricos), típico de las peores épocas de nuestra historia; el avance de los niveles de corrupción es impensado y extraordinario; el desprecio por la ley del pueblo en beneficio de los sectores gobernantes se ha transformado en la mecánica de ejercicio de la administración, y se han manipulado y bastardeado cuestiones esenciales para la vida democrática, tales como el concepto de derechos humanos, en los que nuestra sociedad fue un maravilloso ejemplo en aquellas épocas.

Por cierto, sería ridículo pensar en volver al ’83. Era otro contexto, otro mundo, y el futuro no se construye en base a nostalgias. Ni siquiera para los que vivimos esa época con orgullo y ferocidad militante. Esta es otra realidad. Con similitudes, pero con características propias. Lo que es cierto es que, como entonces, hay que reconstruir la institucionalidad y si algo debe tomarse del espíritu de aquella época, es la búsqueda del respeto irrestricto por la ley, empezando por quienes deben llevar adelante la administración; y siguiendo por la enorme vocación social de esos tiempos, tan deseable ahora, de volcarse a las calles a reclamar y exigir por nuestros derechos.

Un pueblo conocedor de sus derechos y su soberanía exclusiva, haciéndolos respetar a rajatabla, controlando al príncipe, reclamando información. Una sociedad consciente de que la utopía del gobierno de la ley, tiene ese carácter porque no hemos hecho lo suficiente y del modo correcto. La utopía como fin tiene un rol social, empuja al grupo hacia la meta. Y uno se sorprende cuando observa cómo, a lo largo de la historia, tantas se han hecho realidad. La utopía del gobierno del pueblo, por y para el pueblo, es posible, y como siempre, depende de nosotros.

Como primera medida, debe decirse que el gobierno no puede aplicar esta ley porque es una ley penal, no una ley que determina un proceso administrativo. No la aplica el Poder Ejecutivo, sino el Poder Judicial, más precisamente el fuero penal federal. Es decir, lo único que el gobierno podría hacer es denunciar, con nombre y apellido, a los productores agropecuarios que a su criterio, estén cometiendo un delito; y será un juez el que determine si el mismo realmente existe.

Es cierto que el gobierno controla a un grupo importante de jueces federales, y que la “bolilla” de los sorteos suele caer siempre en el mismo, uno bastante afín al gobierno, con lo cual en definitiva, la denuncia podría tener efectos bastante similares a aplicar.

Desde lo jurídico, la ley antiterrorista es esencialmente la configuración de un nuevo agravante. El Código Penal en su artículo 40 establece que los tribunales fijarán las penas, dentro del monto establecido por la ley (por ejemplo de 8 a 25 años) de acuerdo a la existencia de circunstancias atenuantes y agravantes que presente cada caso. Y luego, el artículo 41 en adelante, menciona esas circunstancias.

El agravante del artículo 41 quinques, que es el que incorpora la ley anti terrorista, es sustancialmente distinto a los demás, porque a diferencia del resto, es genérico e impreciso. Por ejemplo el artículo 41 bis, explica que será un agravante, cuando alguno de los delitos descritos en el Código se lleve a cabo mediante violencia o intimidación con el uso de un arma de fuego. Dicha situación es absolutamente precisable. El delincuente amenazó con un arma, o no lo hizo, no hay margen interpretativo. También como ejemplo, el artículo 41 quater dice que si en la comisión de un delito hubiesen participado menores de 18 años, los mayores participantes junto a ellos, tienen pena agravada. Situación también totalmente objetiva: tienen más o menos de 18 años, no hay margen interpretativo.

Ahora bien, al agravante que incorpora la ley antiterrorista en el artículo 41 quinques es absolutamente difuso, genérico, pasible de interpretaciones y dependiente de la intencionalidad del magistrado que aplique la norma. Dice: “cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población”. ¿Cómo se define eso? ¿Un hurto simple cometido por una persona con una careta de Videla hace al autor acreedor al agravante? ¿Qué cosas aterrorizan a la población? ¿La difusión de la leyenda del chupacabras es aterrorizante? ¿No liquidar los granos genera terror? Claramente, existe una libertad casi obscena entregada al juez de la causa, sobre la interpretación de que conductas son aterrorizantes y cuáles no.

La ley incorpora también un tipo penal, pero siempre dependiente de la interpretación de “aterrorizar” que haga el magistrado. Dice en el artículo 306 del Código Penal que es pasible de penas de entre 5 y 15 años el que directa o indirectamente recolectare bienes o dinero con los fines del mencionado artículo 41 quinques, es decir “aterrorizar a la población”. Con lo cual todo depende del mismo difuso término, que puede conducir incluso al condicionamiento de la mismísima difusión del pensamiento.

En el caso de los productores agropecuarios y de otras actividades económicas, ¿Cuál es el límite entre la libertad de trabajo y empresa constitucionalmente protegidas y una eventual interpretación amañada del terror público? Si yo retiro momentáneamente  mi casa de la venta porque el precio de mercado no me conviene y espero mejor ocasión ¿estoy causando un daño a las arcas del Estado que van a ver demorada la percepción de las tasas de la operación, o estoy simplemente ejerciendo mi derecho de propiedad?.

A mayor escala, si los productores “sojeros” no venden SUS insumos porque consideran que el precio no es conveniente, y tal acción no pone en riesgo los empleos de sus trabajadores ni el abastecimiento del mercado interno, ¿cuál sería el delito? El mencionado artículo 41 quinques, dice que el mismo agravante es aplicable cuando la acción esté destinada a obligar a las autoridades a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Ahora bien, los grupos de ciudadanos constantemente negocian con las autoridades y en muchos casos condicionan a las mismas mediante determinadas acciones. El paro casi eterno de docentes en la Provincia de Buenos Aires en la búsqueda de mejores salarios, ¿es un acto susceptible de la aplicación de la ley anti terrorista? Porque lo que buscan es que las autoridades hagan algo que de otro modo no harían, que es pagarles más. ¿O su acción se inscribe en el derecho de huelga constitucionalmente protegido?.

No estoy muy al tanto sobre que buscan los “sojeros” cuando no venden sus productos como quisiese el gobierno, pero seguramente está relacionado con una reducción de la carga impositiva a la exportación. Ahora bien, es SU soja. Venderla o no, es SU derecho. El ejercicio de ese derecho, ¿aterroriza a la población? No veo como.

¿Condiciona al gobierno? Posiblemente, porque se ve privado de percibir el impuesto, pero ¿puede constituir esto un delito? No se me ocurre ninguna otra situación donde un propietario de algún bien este obligado a venderlo al mercado externo bajo pena de prisión. Y aún cuando esa “no venta” sea utilizada como herramienta de negociación con los poderes públicos en la búsqueda de aminorar una carga impositiva, ¿en qué se diferencia de quien retira su casa de la venta a la espera de un mejor precio de mercado?

La llamada ley anti terrorista padece una serie de defectos de gravedad institucional. Entre ellos, el mencionado término “aterrorizar” que permite un grado de discrecionalidad al magistrado demasiado amplio. Y por otro, pone en constante colisión libertades y derechos individuales constitucionalmente tutelados contra intereses coyunturales del gobierno de turno. Bien podría ser objeto de un planteo de inconstitucionalidad en caso de pretender aplicarse a determinadas circunstancias.