Para saber si alguien se peroniza o desperoniza hay que subir primero una cuesta complicadísima y de múltiples senderos, casi todos conducentes a la nada, que implica definir qué es el peronismo. En principio, soy de la idea de que tal concepto encierra una serie de nociones vinculadas a equiparar las posibilidades de todos los ciudadanos, cualquiera sea su origen, estableciendo principios de justicia social, tanto discursivamente como en los hechos. En definitiva, ese es el gran legado del peronismo a la historia argentina: el establecimiento como ineludibles de una serie de derechos del pueblo que ya nadie niega.

En tal sentido, es harto evidente que Mauricio Macri no necesita peronizar su campaña, dado que ya está altamente peronizada, no solamente desde las declaraciones públicas como candidato, sino especialmente desde sus hechos en el Gobierno en la ciudad de Buenos Aires. No ha habido, si tal es el concepto de peronismo, un Gobierno más peronista que el de Macri en esta ciudad. En retrospectiva histórica, es imposible encontrar un mayor y mejor acceso a la salud y la educación públicas que en la gestión macrista. Es imposible recordar que algún otro Gobierno local se haya empecinado de la forma en que lo hizo el de Macri en hacer progresar con infraestructura las zonas más empobrecidas y postergadas históricamente en la ciudad de Buenos Aires, como La Boca, Barracas o Parque Patricios.

Por ende, desde esos conceptos, ni lo que dice Macri, ni lo que ha hecho, lo desperoniza, todo lo contrario.

Ahora bien, el peronismo también ha sido, especialmente en los últimos años, desde la recuperación democrática, otras cosas, aparte de esos conceptos ideológicos. Ha sido el responsable de la decadencia de los últimos 25 años. Ha acumulado, entre el Gobierno de Carlos Menem, el interinato de Eduardo Duhalde y los de los Kirchner, 24 años de corrupción generalizada, violencia y pobreza. Ni hablar de la provincia de Buenos Aires. ¿En este sentido Macri debería peronizarse?

Algunos estiman que peronizarse es mostrarse públicamente con referentes peronistas. En dicho esquema, Macri comparte hace años su espacio con dirigentes surgidos de las filas del peronismo como Cristian Ritondo, Diego Santilli o Daniel Lipovetzky, y se ha aliado con otros como Patricia Bullrich, Eduardo Amadeo y Gerónimo “Momo” Venegas, entre unos cuantos más. ¿No basta eso para que se lo considere peronizado? ¿Con qué peronistas debería mostrarse? ¿Con los que arrasaron el país? ¿Qué clase de garantía es mostrarse peronizado?

Difícilmente alguien pueda considerarse más peronizado que Carlos Menem, de origen estrictamente peronista. Ganó la interna de su partido, que lo llevó a la candidatura presidencial, contra Antonio Cafiero, y lo hizo apoyado por lo más rancio del peronismo histórico: sindicalismo y líderes caudillescos del interior. Y cuando le tocó gobernar, fue la gestión menos peronista de la historia argentina, desde lo económico, mucho más cercana a la de Videla-Martínez de Hoz que a la de Celestino Rodrigo, antes o Jorge Remes Lenicov, después. Entonces, ¿vale peronizarse en campaña?

La última pregunta nos encamina a una nueva duda respecto de la tan mentada peronización. No hay objeciones a que Daniel Scioli es un candidato peronista. Pocos pueden tenerlas sobre que Sergio Massa es otro candidato peronista. Si faltasen variantes de algún tipo, Adolfo Rodríguez Saá también es candidato y peronista. En ese universo, ¿es legítimo pedirle a Macri que se peronice? Porque esto implicaría contar en la oferta electoral con tres candidatos peronistas y otro peronizado, es decir, alguien que pretende mostrarse peronista sin serlo. ¿No implicaría tal conducta subestimar al elector peronista, pretendiendo venderle un peronizado a cambio de un peronista?

Y en la misma hipótesis, ¿es esto conveniente? Porque, en definitiva, sería creer que casi no existen electores que no sean peronistas. “Peronistas somos todos”, dijo el General. Era otra época. La justicia social, el resguardo de los derechos de los trabajadores y los principios de equidad básicos que introdujo el peronismo están presentes en los discursos de todos los candidatos, desde el principio de la campaña. Nadie que los niegue alcanzaría a superar las PASO.

Hoy categorizar a los candidatos en peronizados o no peronizados es incluir categorías de análisis anticuadas, descontextuadas y que el elector no considera. Macri no debe entrar en esos juegos, porque aspira a gobernar para todos, a ser el presidente de la unidad, el que abra la puerta al futuro. Para representar al pasado y a fraccionar a la sociedad ya hay más de un candidato. Los principios justicialistas más puros, los que simbolizan su aporte histórico, están hoy no solamente en discurso sino también en los hechos de su gestión, sencillamente observable. Lo demás es para los estrategas, políticos y analistas que atan el futuro de categorías del pasado.

En los últimos días, algunos encuestadores han comenzado a dar presuntos resultados de la elección del 25 de octubre, con la que llaman “proyección de indecisos”. Calculando esta, por ejemplo, Daniel Scioli, que parece no poder moverse en su intención de voto, de lo obtenido en las PASO (un 38,5 %), crecería a 41 o 42 puntos y si consigue separarse 10 % de Mauricio Macri, sería presidente en primera vuelta.

Ahora bien, más allá de la coyuntura que utilizamos para poder trabajar sobre un caso concreto, debemos saber con precisión en qué consiste la proyección de indecisos y qué verosimilitud tiene tal proyección.

Los encuestadores tienen un método que es casi siempre el mismo, con pocos matices, y está bien que así sea, porque de otro modo se haría imposible llegar a conclusiones más o menos plausibles. Pero ese método no siempre se relaciona con la verdadera indecisión de los indecisos, es decir, los que manifiestan que no han decidido todavía a quién votar padecen una duda, pero la proyección no valora en qué consiste esa incertidumbre.

Para proyectar, se toma el caudal de intención de voto de cada candidato. Digamos, para simplificar, que hoy Scioli tiene un 40 % de intención de voto, Mauricio Macri un 30 % y Sergio Massa un 20 %, suprimiendo a los demás candidatos a efectos metodológicos y pensando que hay un 10 % de indecisos. ¿Cómo se proyecta? Este último 10 % se prorratea de acuerdo con la intención de voto de cada uno, de manera que en este ejemplo lineal, 4 puntos irían para Scioli, 3 para Macri y 2 para Massa (en todos los casos con alguna décima adicional que completa dicho 10 %); queda entonces, con la intención de voto proyectada, el gobernador bonaerense con 44 %, el jefe de gobierno porteño con 33 % y el exintendente de Tigre con 22 %. Como se verá, la diferencia entre Scioli y Macri crece, con los votos proyectados, el 1 %.

Ahora bien, ¿es una regla de oro semejante cálculo? Veamos, podría uno sospechar que existen votantes opositores indecisos entre votar a Macri y votar a Massa. Y tal vez algunos electores podrían estar con dudas sobre si impulsar a este último o apoyar a Scioli. Pero muy difícilmente alguien esté indeciso entre votar a Scioli y votar Macri. Incluso uno podría creer que un voto positivo para el oficialismo ya está decidido o que si existen votos potenciales todavía indecisos para el Frente para la Victoria, estos son muy pocos, tal vez bastante menos que el 4 % que las proyecciones adjudicarían a Scioli, con su método.

Por ende, uno bien podría pensar que el candidato kirchnerista llegó a su techo electoral en las PASO y no puede sumar más que un par de puntos, que el resto de los indecisos, 8 % de ese hipotético 10 %, se podría repartir entre opciones opositoras, y que Macri se haría acreedor del 5 % y Massa del 3 %, o a la inversa. En el primer caso, el exmotonauta llegaría a un 40,5 %, el expresidente de Boca a 35 % o 33 %, según el caso, y Massa a un 23 % o 25 %., y entonces las hipótesis de que esto se termina en la primera vuelta se desvanecen totalmente.

¿Por qué proyectar entonces los indecisos de modo proporcional como lo hacen los encuestadores? Simplemente porque es un método y porque no hay otro modo científico de hacerlo y eliminar a los indecisos de las encuestas. Pero tal método está extremadamente lejos de ser una ciencia exacta. Hoy el resultado de las encuestas “con indecisos proyectados” es una aventura, una tómbola que las consultoras ponen a jugar, sea para influir en el electorado o simplemente porque es su mecanismo de funcionamiento.

Entre ellos, por cierto, se encuentra quemar urnas. “Se penará con prisión de uno a tres años a quien: e) Sustrajere, destruyere o sustituyere urnas utilizadas en una elección antes de realizarse el escrutinio”. Idéntica pena cabe a quien sustraiga, destruya o adultere boletas. Por ende, la palabra ‘fraude’ no es jurídicamente válida en el derecho penal argentino, aunque tengamos una larga tradición en la materia. Para quienes aprecian las cosas de este modo, es cierto, no ha habido fraude, ni ahora ni nunca antes, ni durante la generación del ochenta, ni en la restauración conservadora. Conste que hay para quienes el fraude no existe.

Sin embargo, la idea de fraude sí existe en el derecho general y consiste en una serie de maniobras engañosas, e incluso delictivas, tendientes a cambiar el resultado que determinado hecho hubiese tenido de no existir tales maquinaciones. Desde lo idiomático, según la Real Academia, fraude es una ‘acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete’, o bien un ‘acto tendente a eludir una disposición legal en perjuicio del Estado o de terceros’. Desde este punto de vista, el fraude electoral en la Argentina es sistemático.

Y si se sale de la literalidad jurídica casi ridícula y se entiende que las conductas tipificadas como un delito electoral por la ley lo han sido de ese modo porque constituyen distintas variantes de fraude, entonces se roza la hipocresía diciendo que lo que viene ocurriendo no es fraude. Si se robaron boletas y los ciudadanos no han podido emitir su voto como hubiesen deseado, claramente se influyó en el resultado de la votación. Y si se quemaron urnas para que los votos insertos en ellas no se contabilicen, más aún.

De tal modo que sí, hay fraude. Siempre hay fraude, sistemáticamente hay fraude. El sistema boletas con paños fraccionables por categorías, provistas por los partidos políticos, es un sistema proclive al fraude. El transporte de urnas por parte de una empresa de correos hasta el lugar del escrutinio definitivo, sin otro reaseguro de buena llegada a destino que la bondad de los empleados de dicho empresa, facilita el fraude. El recuento provisorio en manos de un organismo dependiente del Gobierno nacional, que se encuentra controlado por un partido político que, sin dudas, participa de la contienda electoral, es fraudulento.

Robarse boletas del cuarto oscuro, como hemos visto en fotografías incluso con boletas saliendo del bolsillo del algún candidato mientras emitía su propio voto, es un delito, porque constituye un fraude. De la misma envergadura que quemar urnas, porque tiene la misma sanción legal.

Ahora bien, diversos sectores de la oposición están planteando un cambio en el sistema de emisión del sufragio como modo de salvaguardar la voluntad del votante, reiteradamente vulnerada. Y no está mal, es un primer paso. ¿Qué soluciona la boleta única? No es posible robarlas, destruirlas ni adulterarlas, carece de sentido hacerlo, pues todos los candidatos están en ella, no los de un partido. Por otro lado, el Estado es quien debe asegurar la provisión y no los partidos, lo que genera equidad electoral entre quienes rentan fiscales y quienes no lo hacen por principios o falta de fondos. En otro sentido práctico, abarata el proceso electoral, dado que ya el Estado no debe otorgar a los partidos fortunas públicas para que cada uno imprima sus boletas (hoy cada partido recibe el valor de una boleta y media por elector en las PASO y de dos boletas por elector para las generales), sino que es el propio Estado quien imprime una boleta donde están todos.

No obstante, debe decirse que esto no soluciona todo el problema. Solo para ejemplificar, al no haber otro resguardo del recuento inicial que se hace en la misma aula de la escuela donde se votó, la “pérdida”, el incendio, la destrucción, etcétera de la urna con su contenido durante el traslado hacia el centro de cómputos puede producirse de todos modos.

Asimismo, el hecho de que el recuento provisorio esté en manos de un Gobierno administrado por un partido que participa de la contienda electoral promueve que se gradúe la entrega de resultados a su conveniencia, que se manipulen y otras tantas variantes irregulares.

De este modo, es cierto, el cambio del instrumento de emisión del sufragio se hace fundamental a estas alturas y es urgente en estas circunstancias fraudulentas y violentas. Pero no es el único cambio que debe producirse en el sistema electoral. Y terminada la elección, los dirigentes suelen olvidar estos problemas. Buscar un mecanismo de resguardo del recuento inicial, tal vez digital, y establecer una autoridad electoral autónoma del Poder Ejecutivo, como existe en muchos países del mundo, parece imperioso y fundamental para garantizar el sistema democrático.

Saben que se van. Que ya no hay fraude suficiente, que las prebendas no alcanzan, y la agonía del régimen, como en todos los casos se vuelve violenta. Tucumán es un caso y posiblemente no sea el último. El domingo a la noche el candidato a presidente Daniel Scioli salió abrazado entre carcajadas con los que ayer ordenaron la represión al pueblo. Simulaba festejar lo que sabe que fue una derrota.

Es claro que las maniobras fraudulentas ya no son suficientes. A José Alperovich, en Tucumán, hace cuatro años lo ayudaron a llegar al 70% de los votos, y en 2007 al 78%. El domingo apenas superó el 50%, quemando urnas, baleando gendarmes, repartiendo comida a los mismos a los que sumieron en el hambre.

Curiosos los índices de indigencia del NOA. Según en el INDEC en tal región del país se ha alcanzado el “hambre cero”, pero compran votos con bolsones de comida por un valor de $50 o $70 según el caso. Difícilmente puedan meter más de cinco paquetes de fideos: no es un bolsón, es una bolsita. Si comprás un voto con eso, el hambre y la miseria deben ser catastróficos.

La Policía tucumana ayer, por orden del gobernador, salió a golpear a un par de decenas de miles de manifestantes pacíficos que reclamaban por el evidente fraude electoral. Disparó balas de goma, arrojó gases lacrimógenos, corrió y apaleó con la caballería y la infantería, todo un dispositivo puesto en marcha reprimir al pueblo. Como todo régimen autocrático en agonía, lo que vimos ayer es casi una venganza contra la sociedad que ya no les da el sustento de los votos.

La necesidad, el espíritu del cambio que reina en la sociedad, es harto evidente. En la Provincia de Buenos Aires se impuso María Eugenia Vidal, una candidata que hace un año directamente no medía en el distrito, y que a fuerza de caminar, de estar, de ser distinta, terminó imponiéndose en las PASO, en un distrito que tampoco es ajeno al fraude, a volcar las urnas, a robar boletas. Vidal le ganó al PJ y también al fraude que lo acompaña siempre, como una característica inescindible.

Lo que viene no será fácil. Si esta es la reacción del kirchnerato frente a las muestras de su deceso, el final será cruento. Si como indican las encuestas encargadas por ellos mismos, Scioli registra para las generales índices de crecimiento nulos respecto a las primarias, y Macri rondaría el 33% de los votos, el fraude será masivo y escandaloso, para tratar de estirar una diferencia exigua que le asegura la derrota en segunda vuelta. Y si ese fraude no es tampoco suficiente, la violencia contra el pueblo se multiplicará.

Es complejo imaginar lo que ocurrirá en caso de una segunda vuelta, que todos los sondeos dan como totalmente segura. Posiblemente la idea sea quemar todas las urnas que encuentren y reprimir a los electores directamente en las mesas de votación.

El problema con todo esto es que no resulta tan dificultoso ver el final, incluso con todas estas maniobras de por medio, y los totalitarios lo saben. A la mala elección que Scioli hizo en las PASO (38% cuando CFK alcanzó el 50% hace cuatro años), se sumaron las inundaciones, la fuga del gobernador a sus lujosas vacaciones, la causa Hotesur que avanza contra todas las operaciones judiciales que intentan, las denuncias de los abogados en la causa por la muerte de Alberto Nisman, el dólar paralelo que crece y crece sin techo y la violencia, que cumple el rol de castigo al pueblo, pero que también le impide a Scioli alcanzar ese 6 o 7 por ciento de votos de clase media que necesita para tener chances.

Se van y la agonía de los regímenes totalitarios siempre es violenta. En el Tucumanazo como en la Primavera Árabe egipcia, las protestas y manifestaciones toman el rol de revolución democrática. Las dictaduras fraudulentas del NOA, incluyendo en él a Formosa, tienen características muy similares a las de muchos países árabes, y enfrentan en el caso del “Jardín de la República” un problema serio: existe una porción de la sociedad dispuesta a reclamar sus derechos y con vuelo intelectual para hacerlo. En otra provincias, la opresión tiene la ventaja de de haber sometido al pueblo a la hambruna y la carencia de educación suficientes, como para seguir doblegándolo por un tiempo.

Lo que ocurrió ayer en Tucumán fue doloroso y triste, pero sus resultados a mediano plazo serán importantes para la república. Como en 1816, deberemos agradecer a los tucumanos su coraje, su lucha y su dignidad, como ariete fundamental de un cambio que ya es indefectible.

Vamos a un sencillo ejemplo. Las elecciones simultáneas con las de cargos nacionales mas importantes, son las de la Provincia de Buenos Aires, por el volumen de votantes. El mismo encuestador le otorga siguiendo el ejemplo, el 27,2% de intención de voto a Mauricio Macri a nivel país, lo que debería representar al menos un 20% en la Provincia de Buenos Aires. Pero a su vez, la confiere a su principal candidata en dicho distrito, María Eugenia Vidal, un 9,4% de las preferencias, lo que nos pondría frente a un inédito escenario de corte de boleta en la provincia que superaría el 10% cuando la media histórica no alcanza el 2%. ¿Alguien puede creer tal cosa?. Lo veo complejo.

El problema es que el encuestador ofrece las opciones por separado, como si se tratase de de una elección con boleta única al estilo Santa Fe, cada candidato en una boleta y el elector pone varias en la urna, tantas como categorías se pongan en disputa. Pero en el caso de Buenos Aires, cuando el elector llega al cuarto oscuro encuentra la boleta completa, una larga tira con varias categorías, apenas separadas por una línea de puntos que muy pocos deciden cortar.

A la inversa, el mismo encuestador, para seguir con el ejemplo, otorga a Sergio Massa para la presidencial apenas un 21% de preferencias. Podríamos creer que esas voluntades son mas en la Provincia de Buenos Aires que en otros distritos, digamos un 25%. Pero los candidatos massistas a gobernador, con Francisco De Narváez a la cabeza, sumarían casi el 32% de los sufragios. Otra vez el consultor parece esperar un masivo corte de boleta, en este caso de casi 7 puntos, algo totalmente imposible.

Lo que ninguna encuesta considera es que en las elecciones simultáneas con boleta completa, el corte es casi imperceptible, y que es más que probable, que los guarismos que obtenga el candidato presidencial en los distritos con ese sistema electoral, casi se repitan para el el candidato a gobernador variando entre uno y dos puntos entre ellos, pero no más que eso. El candidato presidencial, que es quien encabeza la boleta, termina digitando la suerte de quienes lo acompañan en los paños adheridos.

Para no corrernos del ejemplo usado, si Macri anda alrededor de los 20 puntos en la Provincia, Vidal podrá obtener 18% o 22%, pero no mucho más ni mucho menos. Lo mismo ocurre si Massa alcanza el 25%, su candidato a gobernador podrá obtener 23% o 27%, aunque cuando se lo consulta al elector como si fuesen boletas independientes, el resultado sea muy distinto.

Tampoco puede omitirse en la lectura de encuestas, la consecuencia histórica de las primarias, a las que el electorado suele darle un cariz de primera vuelta, donde evalúa las auténticas posibilidades de los candidatos que seleccionó y si los mismos no cumplen las expectativas, vira su voto en las elecciones generales.

Cambiando de consultor, en la última encuesta de Raúl Aragón, puede verse que, para las primarias, en un extenso trabajo realizado sobre 3.000 casos en todo el país, Macri se lleva el 23.9% de las adhesiones, contra 19,6% de Massa, 13,2% de Scioli, 8,3% de Randazzo, Julio Cobos llegaría al 5,7%, Hermes Binner consigue 4,8% y José Manuel De la Sota 3,4%. Luego Aragón pregunta a quién votaría en las elecciones generales y da por supuesto que, por ejemplo, es Scioli el que se impone en la primaria del FpV, tal como arroja su primer test. Esto da los siguientes resultados: Macri con un 27,2% contra 21,6% de Scioli, 21,4% de Massa y 8,6% De la Sota.

Sin embargo, el encuestado, luego elector, en este caso, a diferencia de lo que ocurrirá en las elecciones reales, no conoce el resultado de la primaria en porcentajes. El encuestador le pregunta primero a quien votaría en las PASO e inmediatamente después, dando por supuesto un resultado, por quién se inclinaría en las generales. Pero en el proceso electoral esto ocurre distinto e influye notoriamente en el votante. Si creyésemos que el resultado de la primaria será el que plantea Aragón posiblemente Scioli se vea mucho más afectado de lo que indica su propia encuesta.

Si nos basamos en la reacción social en experiencias anteriores, podemos ver que en las elecciones primarias para Presidente de la Nación del año 2011, el oficialismo con Cristina Fernández de Kirchner a la cabeza, se impuso con holgura. Pero el fenómeno se produjo más abajo, en la pelea por el segundo lugar. En el estreno de las PASO, el candidato radical Ricardo Alfonsín y el del peronismo antiK Eduardo Duhalde, empataron el segundo lugar con 12,20% de los votos. Cuarto aparecía sorpresivamente el ex gobernador de Santa Fe, Hermes Binner con 10% de los votos.

Los sufragios obtenidos por Duhalde, evidentemente no se debieron al volúmen de gente que creía en él, sino al grupo de ciudadanos que creyó que podría forzar una segunda vuelta electoral contra el kirchnerismo. Como el resultado de la elección primaria fue escaso, la gente desistió de votarlo en la elección general, y apenas cosechó el 5,80% de los sufragios, siendo superado por Binner que se alzó con casi 17 puntos, Alfonsín, y hasta Alberto Rodriguez Saa.

¿Que pasó?. Ciudadanos que le veían al bonaerense chances de pelear la elección, entendieron en las primarias que no las tenía, lo vieron “perdedor”, y en la general, votaron otros candidatos.

En el año 2013 el fenómeno se repitió, especialmente en Provincia de Buenos Aires y el protagonista fue Francisco De Narvaéz. Buena parte del electorado opositor creyó que “el colorado” era una opción mas interesante que quien resultó ganador, Sergio Massa. Pero en la elección primaria, no pudo sacar más que el 10,5% de los votos, contra el casi 35% del intendente de Tigre. ¿Que ocurrió en la elección general?. De Narváez cayó estrepitosamente al 5,40%. Un fenómeno muy similar al de Duhalde en 2011.

Conclusión: cuando el ciudadano pone expectativas en un candidato que obtiene en las primarias menos votos de los esperados, lo percibe sin chances, “perdedor”, y lo abandona en la general.

Volviendo al escenario de PASO planteado por Aragón, un escaso 13,2% de Scioli podría resultar poco atractivo para concentrar los votos del electorado, y si bien en este caso tal vez no disminuya su porcentual, el crecimiento sea bastante menor al esperado. No puede omitirse que el gobernador cuenta entre su caudal de votos no solamente a justicialistas, sino a electores que creen todavía, que “no es lo mismo que el kirchnerismo”. Tales electores que aun votando a Scioli buscan un cambio, podrían no verlo como un agente idóneo para llevar adelante ese cambio frente al resultado de las primarias y modificar sus preferencias en la elección general.

De tal modo, la lectura de encuestas tiene particularidades que no son tenidas en cuenta al revelar los números obtenidos del modo en que los sondeos de opinión pueden hacerlo, fraccionado por un lado, y sin considerar los efectos políticos de un escenario y otro, porque tales escenarios aún no se han producido. Por eso, un análisis político idóneo debe tomar los números relevados como una referencia y no como una verdad, y trazar las campañas con previsiones menos rígidas, contemplando fenómenos electorales que las encuestas no pueden medir, pero que se han venido repitiendo elección tras elección.

Estas líneas no implican una crítica a los consultores ni a las encuestas, ni a los métodos para efectuarlas, por el contrario, tales trabajos tienen una enorme relevancia en el análisis político, pero son una herramienta que debe combinarse con otras para llegar a conclusiones que permitan determinar las diversas hipótesis plausibles y los cursos de acción en cada caso.

No puede negarse que la idea es imaginativa, pero el realismo mágico siempre es dañino en política. El derecho electoral no es un misterio, son una pocas normas, están escritas y a disposición de todos y le sería muy útil los grandes pensadores que alcanzan el nirvana político con estas ocurrencias cotejar con la ley para ver si son aplicables en el mundo terrenal.

El artículo 22 de la ley 26.571, que rige las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) dice con claridad: “Los precandidatos que se presenten en las elecciones primarias sólo pueden hacerlo en las de una (1) sola agrupación política, y para una sola categoría de cargos electivos”. Si se concretase la bella idea, tanto Macri como Massa, estarían compitiendo por dos cargos electivos de modo simultáneo: para presidente y para vice. Ergo, es legalmente imposible.

Dicho engendro de la imaginación solamente sería posible cambiando la ley y modificando el artículo transcripto, pero si se cuenta con la potencia legislativa para tal sanción en el Congreso, entonces tal vez sería más conveniente introducir un sistema como el vigente en las PASO de la Ciudad de Buenos Aires, donde el candidato a Jefe de Gobierno electo en las primarias puede elegir como su candidato a vice a quien haya salido segundo (entre otras opciones) en esos comicios, de modo que si los mencionados dirigentes compiten, el que gane pueda elegir al otro para que lo secunde en la elección general.

De otro modo, el cambio legislativo consistiría en habilitar que una misma persona se presente a más de un cargo, lo que implicaría un claro fraude al elector porque de obtener ambos seguramente no asumiría alguno de ellos.

Hace unos tres años escuché de un experimentado dirigente político, ante el planteo que determinada cosa no podía hacerse, que “el derecho electoral es flexible”. Es tan flexible como cualquier otra rama del derecho: lo que está expresamente prohibido no puede hacerse, las candidaturas las debe avalar un juez federal y no existe magistrado que vaya a avalar ningún engendro contra legem por más divertido que le parezca a algún dirigente.

Ahora bien, la de la semana pasada fue la segunda experiencia PASO, que se estrenó en las presidenciales de 2011. Y en ambas ocasiones, los partidos políticos se empeñaron en y consiguieron violar y destruir su naturaleza. ¿Cómo? Simplemente ejerciendo su alta cuota de autoritarismo. Ese pequeño grupo de personas que controlan los partidos desde hace años, y que son los que diagraman de un modo u otro la oferta electoral se las han ingeniado para evitar los efectos “democratizadores” del nuevo mecanismo de selección de candidatos.

¿Esto implica que hay que derogarlas? Por cierto que no, pero sí modificarlas tratando, en este caso, de no subestimar la capacidad de “trampa”, la maña, de las oligarquías partidarias. Las elecciones primarias y abiertas son imprescindibles para borrar del mapa la anticuada lógica de que es valioso que un puntero tenga “400 votos en la segunda”. Tal ridiculez con la que convivimos casi un siglo, y que es una reminiscencia del fraude conservador de la generación del ’80, muere cuando hay primaria abierta. Y lógicamente deben ser simultáneas, para que los simpatizantes de un espacio no tengan posibilidad de volcar los resultados de otro.

Ahora bien, ¿deben ser en todos los casos obligatorias? En principio para los ciudadanos sí, porque eso genera que el caudal de votos diluya la capacidad de los punteros de definir elecciones con un par de cientos de electores. ¿Pero para los partidos también, aun cuando vayan con lista única? En el esquema actual, la primaria es obligatoria incluso cuando un espacio lleva una sola lista. Y aun cuando en ese caso no hay nada para elegir, el Estado, es decir todos nosotros, le damos muchísimo dinero para que haga campaña para una interna que es ficticia. Y espacios en radio y televisión.

Y como no hay nada que definir, una sola lista recibe dinero y espacios dos veces, para la primaria y para la general. Y en ese contexto, tiene muchísimas ventajas el que no respeta el espíritu de la primaria sobre el que sí lo hace. En el primer caso, una sola lista usa todo el dinero que le aporta el Estado, para una campaña que no es tal. En el segundo las listas que sí compiten, deben repartirse el dinero en partes iguales entre todos, por ende, cada candidato solamente dispone de una porción.

Para ser concretos, usando uno de los pocos ejemplos a mano, el espacio UNEN que presentó cuatro listas en una interna/primaria real, debió dividir en cuatro partes iguales (una parte a cada lista que compite) el dinero aportado por el Estado. Pero el Frente para la Victoria (también usado como mero ejemplo) que violó la naturaleza de la norma, usó todo el dinero para una sola lista, es decir para una no interna.

La obvia consecuencia es que la lista única se difunde con muchos más recursos y llega a más votantes, como resultado de la ventaja que le ofreció vulnerar la naturaleza de la ley y los fines de que esta buscaba. Un disparate. La solución es bastante simple. Debería plantearse una modificación de la ley electoral, donde se establezca que los espacios políticos que determinan la postulación de listas únicas no participan de las primarias. Es decir, para ellos no son obligatorias, ni siquiera posibles. No reciben fondos estatales ni espacios publicitarios y su período de campaña electoral empieza a correr recién, cuando el cronograma que elabora la Justicia dice que puede hacerse campaña para la elección general.

Quienes sí disputen una interna/primaria real recibirán los fondos y los espacios para su campaña y participarán de la elección, que para el ciudadano será obligatoria. De este modo se alcanza una verdadera equidad. Los beneficios económicos y de posicionamiento político que otorga el sistema de primarias podrán aprovecharlo quienes realmente celebren una primaria. Para resolver el problema que podría presentar que el partido A no haga primarias, pero mande a su gente a inclinar la interna del partido B, se elaborará un padrón que excluya a los afiliados de los partidos que no se presentan en primarias. Es decir en la primaria de los partidos que realmente la celebren, votarán afiliados a esos partidos, y toda la masa de independientes no afiliados a ningún partido, que son más del 90% del padrón habitual.

Entonces serán las PAS, porque no serán obligatorias para quienes decidan presentar una única lista de aspirantes a los cargos que se disputen. Y ya que estamos, mejoramos algunas otras cositas. Las listas se presentan ante la Justicia Electoral del distrito y no a las mañosas juntas partidarias. Si hay que dotar de mayor presupuesto a dicha Justicia, para poder atender las necesidades de múltiples listas en primarias, el dinero deberá estar, porque el control de las juntas de los partidos genera inequidades e injusticias.

Otra característica a reformar es el hecho de que la ley imponga que en caso de tratarse de alianzas, el reglamento electoral de no puede prever otro sistema de distribución de cargos que el proporcional (D’Hont) porque es el único que permite una representación democrática de las minorías. Y hasta podría fijarse el debate televisado obligatorio para 5 días antes de las elecciones.

En fin, como quedaron diseñadas las PASO, no se consiguió ninguno de los fines perseguidos. No se alcanzó una competencia interna plena, por el contrario, se premia con publicidad y montañas de plata a quien no compite y además, se le da la posibilidad de hacer doble campaña, poniéndoselo por sobre los que si compiten. Por eso las PASO deberían ser las PAS. Los sistemas electorales se democratizan seriamente con el juego de prueba y error, y buena parte de los errores de las PASO ya quedaron expuestos. Es hora de resolverlos.