Ese día él estaba puertas adentro de Tribunales, terminando su alegato acusatorio, y un nutrido grupo de pibes estábamos afuera en la Plaza Lavalle, esperando la sentencia. No vimos ni escuchamos en el momento su voz vibrando, pronunciando la frase “Nunca Más”, vivíamos afuera nuestra propia tensión, porque la democracia era fuerte y débil a la vez. Fuerte por la energía popular que la empujaba a consolidarse como nunca antes, débil porque los que la amenazaban todavía controlaban las armas y el poder de la violencia.

No puedo saber cómo era la vida íntima de Strassera por entonces, un simple y mero fiscal federal, pero debo suponer que familia sentía ciertos temores. Las familias de todos los que estábamos en la Plaza los tenían. Nuestras madres suponían que seríamos los desaparecidos del futuro, porque estábamos ahí acompañando y bancando con escasos 16 años.

Los períodos que podríamos llamar “entre dictaduras” en nuestro país no superaban los tres años desde la caída de Juan Perón en 1955, nuestros padres tendrían entre 10 y 15 años en esa época, se criaron presos del miedo justificado por la represión, y se encontraron a los cuarenta y pico o cincuenta, muchos tenían amigos y familiares desaparecidos; y se encontraron con hijos que nacían a la adolescencia bancando una democracia que parecía pujante y a la vez no lo era, y tenían miedo. La juventud aplaca el miedo, pero tampoco éramos idiotas, sabíamos bien lo que había pasado y el alto porcentaje de posibilidades de que volviera a pasar. La familia del doctor Strassera seguramente también lo sabía.

En contexto regional tampoco era demasiado favorable, nuestros hermanos limítrofes vivían todavía en dictadura, y nosotros ya estábamos mandando al banquillo de los acusados, con las únicas armas del estado de derecho, con sus jueces y fiscales naturales, con la Constitución en la mano, a los genocidas de antes de ayer, no de hace 20 años.

Strassera acusaba, la Cámara Federal condenaba, la Plaza explotaba entre abrazos, llantos y carcajadas nerviosas y felices a la vez, y el fiscal trocaba entonces a prócer, a héroe. La historia que unió mi vida a Don Julio empezó 25 años antes de conocerlo, y el día que pude estrecharle la mano, sentí lo mismo que cuando pude hacerlo con Raúl Alfonsín, o con Adolfo Pérez Esquivel: un profundo y conmocionante agradecimiento por haberme permitido, sin darme cuenta todavía en ese entonces, asegurarle a mis hijos un futuro en paz. Nada menos que por eso, gracias Don Julio.

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) fue creada por Raúl Alfonsín el 15 de diciembre de 1983. Sólo cinco días después de asumir su mandato presidencial. Su informe, el Nunca más, sirvió de alimento y guía a la Cámara del Crimen que juzgó a los genocidas. Los condenó el 9 de diciembre de 1985. A partir de allí comenzó el círculo a generarse; luego de la sentencia, se inició el camino de retorno a la injusticia.

En Semana Santa del 87’ el primer levantamiento militar y la ley de Punto Final. En el ’89 el segundo alzamiento y la Obediencia Debida. En el ’90 el tercero y los indultos. La lucha democrática y por la justicia no cejó, y en 1998 el Congreso derogó las leyes de punto final y obediencia debida, con un proyecto que llevó la firma de Humberto Roggero, Carlos “Chacho” Álvarez y Federico Storani. En mayo del 2000, el juez federal Gabriel Cavallo dictó la primera sentencia declarando inconstitucionales los indultos y reabriendo las causas, y en noviembre del mismo año, la Cámara Federal avaló la sentencia de Cavallo. A partir de allí comienzan a reabrirse muchas y voluminosas causas contra los genocidas, como las de apropiaciones indebidas de hijos de desaparecidos; la del Primer Cuerpo de Ejército, etcétera.

Luego de esos años de puja espiralada por verdad y justicia, vinieron los extraños tiempos kirchneristas. Los K propusieron y lograron que el Congreso sancionase una ley simbólica pero poco eficiente. “Para la gilada”, digamos. Se trató de la nulidad absoluta e insanable de las leyes de obediencia debida y punto final. El Congreso no puede decretar nulidades, dicha actividad está reservada exclusivamente al Poder Judicial. Fue una fantochada, una pantomima con mero efecto mediático, mas no jurídico. Lo mismo que descolgar el cuadro del dictador Jorge Videla de la Escuela de Cadetes o entregar la ESMA para hacer un Museo. Cartón pintado.

Pero el kirchnerismo cerró un círculo realmente grosero y sangriento de retorno a la impunidad. Como primera medida, corrompió hasta sus cimientos a organismos de derechos humanos que fueron símbolo de la lucha contra los dictadores, organismos inobjetables hasta que el dinero sucio y la administración fraudulenta los llevaron al peor deterioro de su imagen frente a la sociedad. Luego, y por otro lado, persiguieron, maltrataron o ignoraron a los pueblos originarios, especialmente en norte de la Argentina, poniéndolos a merced de gobernadores dictatoriales, señores feudales abusivos y superpoderosos, pero vinculados inescindiblemente al poder central, que avaló por acción u omisión, sus procederes.

Cercenó o intentó hacerlo en todo momento, la libertad de expresión y prensa, como jamás antes había ocurrido desde la dictadura; manipuló y presionó al Poder Judicial para deteriorar su imagen, dinamitar sus potestades o amedrentar a sus magistrados, y en otros casos hizo caso omiso a sus sentencias, directamente.

Ahora con el general César Milani obteniendo el aval del Poder Legislativo, el círculo rojo de sangre y dolor, se cierra, para volver al punto de comienzo. Un militar investigado por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad durante aquel genocidio. Avalando o actuando personalmente, Milani bien podría estar implicado en la desaparición y muerte de al menos dos personas. ¿Por qué lo avala el gobierno. Simplemente porque Milani le garantiza el control de la inteligencia militar, que si bien está prohibida por ley dentro del territorio argentino, ya sabemos lo poco que cualquier ley significa para los K. En síntesis Milani les es útil, y por ende, los proclamados derechos humanos pasan a importar tres belines, los muertos, los desaparecidos y los torturados, también.

Muchos kirchneristas me han dicho, cuando en intercambios de ideas uno les mencionaba a Ricardo Jaime o a Amado Boudou, que “son sapos que tenemos que comernos para la transformación de la Argentina”. ¿Cómo cuaja ese argumento con Milani? ¿Cuál es la necesidad para “la transformación” de que un general con un pasado relacionado con la desaparición de personas conduzca las fuerzas armadas? ¿No existen otros generales con pasado menos dudoso, por no decir turbio? ¿Dónde está el límite a la ingesta de batracios? Aquellos que se “tragaron” a Jaime y Boudou, ¿se tragarán a Milani? Si es así, antes mentían, porque en este caso, no hay ninguna necesidad, salvo la del gobierno de controlar cierta inteligencia que uno sospecha que también es irregular.

Milani cerró el círculo rojo, el de la sangre, el que nos devuelve al principio. Su nominación está en la línea de la frase de la inmaculada señora Estela de Carlotto, cuando preguntada sobre los muertos en los saqueos, dijo que “habría que ver quiénes eran”, el “algo habrán hecho” versión 2013, algo inesperado en una madre y abuela de desaparecidos, también contaminada por el kirchnerismo.

El general del recontraespionaje y la señora Carlotto dieron la vuelta completa. Los que murieron, los que sufrieron, los torturados, los hijos; lo digan o no, lo reconozcan o no, prefieran olvidarlo para disfrutar las mieles del dinero K, o no; todos ellos saben que el círculo de sangre se cerró, que volvimos al principio, que no hay Justicia ni paz, y saben a quienes se lo deben.