Sin embargo, transcurridos dos meses de gestión, la actual administración solamente emitió cinco de ese tipo de decretos. Los artículos de algunos medios, cuando el Presidente tenía apenas días en su cargo, giraban injustamente sobre la idea de que Macri había hecho uso de dicha herramienta constitucional con más frecuencia que todos sus antecesores. Comparaban la cantidad emitida en pocos días con el promedio anual de los anteriores presidentes, lo que configura un grosero error, porque es evidente que, cuando el Gobierno se ordena y las sesiones ordinarias del Congreso comienzan, el promedio desciende.

De hecho, no se observan notas que refieran a que hoy, a dos meses de administración, Macri sigue teniendo en su haber los mismos cinco DNU, con lo cual su promedio disminuyó a 2,5 por mes, la mitad que los emitidos, por ejemplo, por Néstor Kirchner, sacando el promedio total de su mandato, y un tercio de los que el mismo mandatario dictó en sus primeros dos meses.

Justamente, es posible comparar, por sus similitudes, el inicio de Macri con el de Kirchner; ambos de algún modo representaron un cambio de estilo de gobierno respecto a sus predecesores. De los cinco DNU emitidos por Macri, uno de ellos es la reforma de la ley de ministerios, algo que, con toda lógica, debe realizar un presidente para ordenar su administración y nuevo estilo de gobierno. De hecho, también lo hizo de ese modo Néstor Kirchner el 4 de junio de 2003. Otro de los decretos que se le contabilizan al actual Presidente es el que derogó uno dictado pocos días antes de que su predecesora dejara el cargo y que, a entender el nuevo mandatario, complicaba su gestión. La realidad en este caso indica que Macri no hubiese tenido que dictar dicha norma si la Presidente anterior, carente ya de legitimidad y a diez días del traspaso del mando, no hubiera tenido la mala fe de emitirlo. Un tercer DNU crea el nuevo Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), reforma así la ley de comunicación audiovisual; el cuarto posterga la vigencia del nuevo Código Procesal Penal, y el quinto traspasa de la Procuración a la Corte Suprema las escuchas telefónicas.

Para proceder con la comparación respecto al inicio de Kirchner, debe resaltarse una diferencia sustancial: el santacruceño empezó su mandato con el Congreso en plenas sesiones ordinarias y mayoría en ambas Cámaras. Sea por apuro o por puro gusto, decidió lanzarse a la emisión de DNU, a diferencia del caso de Macri, en que el Congreso está en receso.

Dicho esto y establecida la marca de los primeros dos meses del actual Presidente, hay que dejar sentado que Kirchner emitió, entre el 25 de mayo de 2003 y el 25 de julio del mismo año, 15 DNU, a un promedio de 7,5 por mes. Soslayando que a los 12 meses de mandato llevaba 55 (performance inigualable), debe considerarse que los actuales republicanistas que otrora abrazaron el kirchnerismo con entusiasmo sin par, o nos toman por tontos o han perdido la memoria. Es decir que, si bien el promedio total del mandato de Néstor es de cinco DNU por mes, si se consideran sus primeros dos meses, para hacer una comparación justa con el comienzo macrista, el promedio es de 7,5 por mes contra el 2,5 del Presidente en funciones.

Toda la información sobre aquellos DNU puede encontrarse en el “Dossier legislativo-Decretos de necesidad y urgencia, 1994-2014”, elaborado por la Comisión Administradora Bicameral de la Biblioteca del Congreso de la Nación, bajo la Presidencia de la senadora justicialista Roxana Latorre; comisión de la que participó, entre otros, la diputada camporista Mayra Mendoza.

Cuando el actual Presidente asumió y debía ordenar los primeros días de su Gobierno con el Congreso en receso, llovían los pronunciamientos sobre el supuesto alto promedio de DNU emitidos. Hoy no he podido encontrar artículos sobre cómo ese promedio se redujo a la mitad, ni comparaciones con cierto rigor técnico con situaciones similares anteriores. Pero los números no pueden mentir, la aritmética es inobjetable y la parcialidad poco rigurosa en el manejo de la información, también.

Es histórico, tradicional, de buen uso y gusto, y un gesto de vocación democrática, que los funcionarios y los empleados políticos del Estado que ejercieron un rol en una administración entreguen sus renuncias cuando esa gestión concluye. Y que aquellos que no lo hacen esperen pacíficamente su reemplazo cuando el nuevo Gobierno lo decida.

Es lógico, cada gestión tiene su impronta, su modo de ver las cosas, sus confianzas y sus fidelidades, al cabo, por eso el pueblo toma su soberana decisión de cambiar una administración por otra, no solamente para el cambio de un presidente, sino de todos sus equipos de trabajo. Es disparatado pensar que el nuevo gobernante deberá llevar adelante el país con gente que piensa absolutamente distinto o guarda fidelidades con sus rivales políticos. Con estos puede sentarse y acordar, debatir, intercambiar ideas e incluso aceptar propuestas, pero no son su equipo de gestión.

Por eso resulta insólita la sorpresa cuando un medio publica: “Despidieron a Fulano”. No, Fulano debió tener la dignidad de dimitir cuando la administración que lo nombró concluyó su mandato y, si no lo ha hecho, con absoluta lógica el nuevo Presidente debe reemplazarlo. Cuanto más cuando su designación ha sido fruto de un decreto emitido con toda animosidad en los últimos días de la gestión anterior. En ese caso, Fulano debió, si es una persona de bien, decir: “Por favor, no me designen, no corresponde”.

Respecto a quienes no detentan la calidad de funcionarios, pero han sido empleados por una gestión, sea en planta de gabinete o por medio de contratos de locación de servicios, o cualquier otro modo de relación laboral que no tenga estabilidad definitiva por la ley de empleo público, rigen los mismos principios. El título “Tal ministerio despidió a 200 empleados” no se condice con la lógica y tiene un impacto negativo cuando se trata de algo absolutamente normal. A tales empleados probablemente se les haya terminado su contrato en diciembre y simplemente no se les renovará, porque la administración que los contrató ya no está, y la nueva quiere arreglarse con menos empleados o con otros de su confianza. Si tal contrato se renovó artificiosamente antes del 10 de diciembre, cuando esto siempre ocurre el 31 de ese mes, como son esencialmente rescindibles, pues está en todo su derecho el Estado empleador de proceder de este modo. O tal vez se trate de las llamadas “planta de gabinete”, justamente, gente que trabajaba en el gabinete de un funcionario que ya no está, ¿bajo qué parámetros podría pretender esta persona permanecer?

Respecto de aquellos que durante la administración extinta pasaron a planta permanente y, en caso de no haber transcurrido el plazo de un año establecido por la ley de empleo público, el régimen es similar a lo mencionado anteriormente.

Lo cierto es que la enorme mayoría de los agentes públicos que van perdiendo tal condición en la nueva administración en realidad concluyen sus contratos, o han sido plantas de gabinete, o no adquirieron la estabilidad por falta de tiempo, es decir, son empleados o funcionarios de carácter político que han cambiado con las nuevas administraciones ante cada nueva gestión, desde 1989 a la fecha, indefectiblemente, y sin una sola queja, ni mucho menos notas periodísticas al respecto.

Que la administración anterior haya colocado en el Estado a muchos miles de empleados o funcionarios más de lo que es lógico y de uso, y de lo que ha hecho cualquier gestión que lo precedió, le da un volumen especial a lo que ocurrió siempre y las fuerzas políticas aceptaron pacíficamente, no solamente por ser absolutamente legal, sino porque es el cariz obvio de una designación política. Salvo que el Presidente o el responsable de la dependencia deseen mantener por sus cualidades a tal o cual persona en un puesto, ¿por qué el nuevo mandatario debería mantener el equipo de la administración anterior? El pueblo no elige a una persona, sino a un equipo de trabajo y confía en esa persona para que construya ese equipo, no en el que se fue, que oportunamente diseñó el suyo, gestionó con él y luego fue reemplazado por voluntad popular, junto con todos sus colaboradores.

De tal modo que la polémica desatada es más bien un invento del que se aprovechan algunos gremios y otras organizaciones de lo que queda del kirchnerismo, para intentar crear confusión sobre una situación que siempre fue clara, al menos cuando gozábamos de cierta normalidad. Es cierto, hay jóvenes de treinta y pico que ingresaron al mundo de la política de la mano de la gestión estatal y, en muchos casos, por la facilidad que esto les brindaba para obtener algún tipo de ingreso. Deberán entender la lógica democrática que no les enseñaron y razonar que los cuadros políticos trabajan en el Estado en la administración que los eligió y no lo hacen en la que no los contrató. Es obvio, es evidente, es democrático. El Gobierno que terminó en diciembre duró más tiempo que el plazo que fue desde la última elección popular, antes del golpe del 1976 y la recuperación democrática de 1983, e hizo que se olvidaran algunas buenas costumbres del recambio de gestión.

“Anoche el Congreso dio forma definitiva al acuerdo con Irán para permitir que los sospechados por el brutal múltiple homicidio de la AMIA se juzguen a sí mismos. El artículo 214 del Código Penal, la Constitución y la duración de los fueros.

La Constitución Nacional los llama infames a los traidores a la patria. El artículo 214 del Código Penal tipifica la traición. Dice: ‘Será reprimido con reclusión o prisión de 10 a 25 años, o reclusión o prisión perpetua en uno u otro caso, inhabilitación absoluta perpetua, siempre que el hecho no se halle comprendido en otra disposición de este código, todo argentino o toda persona que deba obediencia a la nación por razón de su empleo o función pública, que tomare las armas contra esta, se uniere a sus enemigos o les prestare cualquier ayuda o socorro’.

Interesante artículo para desmenuzar: tanto la presidente Cristina Fernández como el canciller Héctor Timerman, y todos y cada uno de los legisladores que en el Senado y la Cámara de Diputados votaron a favor la ley que corroboró el memorándum de entendimiento con Irán deben obediencia a la nación por razón de su función pública.

Cuando la ley habla de nación, en ninguna parte de toda la Constitución hace referencia al Gobierno de turno, sino a los intereses superiores de la patria, el cuidado de su soberanía, las vidas, la seguridad personal y la libertad de sus habitantes. La nación no es el Gobierno.

Seguramente no existe acepción de la palabra enemigo que pueda excluir a quien comete un acto terrorista contra un país que cuesta 85 vidas. Y si bien no se ha condenado aún a los iraníes involucrados, el juez los ha llamado a indagatoria, lo que implica que tiene semiplena prueba de su responsabilidad. A su vez, la mayor parte de los iraníes involucrados son funcionarios del Estado y lo eran al momento del atentado. Uno de ellos es hoy su ministro de Defensa y candidato a suceder al actual Presidente.

Por ende, existen altas probabilidades de que el Estado iraní esté involucrado en el atentado, dada la semiplena prueba del involucramiento de varios de sus más encumbrados funcionarios. En esa inteligencia, existen también altas probabilidades de que se trate de un ‘enemigo’.

Y además, el pergeñar un entendimiento para constituir una Comisión de la Verdad, integrada en igualdad de condiciones con el probable enemigo, otorgándole la posibilidad a este de juzgarse a sí mismo, implica, inequívocamente, prestarle ayuda.

En consecuencia, todos los funcionarios públicos de algún modo involucrados en este memorándum, sea impulsándolo, arbitrándolo o votando a favor una norma que le dé carácter constitucional de tratado, cumplen todos y cada uno de los recaudos del tipo penal transcrito en el primer párrafo, sin lugar a dudas.

Los diputados y los senadores tienen fueros, no pueden ser enjuiciados durante el transcurso de su mandato. Y los funcionarios del Ejecutivo tienen la inmunidad de hecho que otorga el poder. Pero el poder termina, se agota, se va. Y los mandatos en el Congreso son finitos. La prescripción del delito de traición es demasiado larga: son 25 años.

Deberá entonces el kirchnerismo mantener el poder por 25 años más, porque si no lo logra, si no gobierna hasta el 2038, si no mantiene hasta entonces el rígido dominio absoluto sobre los tres poderes del Estado que hoy detenta; todos estos funcionarios serán enjuiciados y condenados por el delito más grave cometido en democracia en la historia argentina”.

El informe llevó la firma del suscrito y fue enviado a todos los legisladores que avalaron semejante atrocidad. Tiempo después, el voto de la Cámara de Casación del magistrado Juan Carlos Gemignani recorrió la misma línea argumental y dejó la puerta abierta a investigar la comisión del tipo penal de la traición a la patria por parte de Cristina Kirchner y sus funcionarios.

En esta época política algunos sectores del kirchnerismo saliente, bajo la impronta de la Presidente en sus últimos días de mandato, parecen de aquellos viejos equipos de la Copa Libertadores de los setenta. Por cierto que hay dirigentes probos, que siguen una línea racional en la transición, inteligente y adecuada a los tiempos, pero está claro que no son los del riñón de Cristina Kirchner.

Lo primero que hay que mencionar es que este modo de asimilar el cambio político es una muestra de enorme desprecio a la voluntad popular mayoritaria y un símbolo de la autopercepción como una mayoría iluminada, poseedora de la verdad exclusiva, que no merece otra cosa que el gobierno eterno. Sólo alguien que se autopercibe de tal manera, por encima del pueblo mismo, se conduce como lo hace el Gobierno saliente.

Sería muy larga la enumeración de patadas y codazos que distribuye el Gobierno por estos días, pero resultan ejemplificadoras dos situaciones: el nombramiento de embajadores de último momento y los óbices al traspaso del mando al Presidente electo.

El de embajador es un cargo político. El Presidente de la nación lo designa o remueve a su arbitrio. Por ende, investirlo a una semana del traspaso del poder, erogar los 120 mil dólares que se le asignan para sus gastos de instalación, a sabiendas de que en una semana serán removidos, no solamente es una tropelía política, es además un asalto al pueblo argentino, que resulta quien solventa con sus impuestos el enriquecimiento repentino de esos embajadores exprés.

Las dificultades para un razonable traspaso del mando tienen similar lectura, aunque implican circunstancias un poco más graves que el simple asalto a las arcas del Estado. Es un símbolo. Intentar entregar los atributos del mando bajo una convocatoria a una marcha de resistencia a la decisión soberana del pueblo o en un lugar físico donde el nuevo presidente pueda ser abucheado o maltratado, es la exacerbación del carácter dictatorial de una minoría que pretende imponerse por la fuerza. Además, en el primer caso, es un acto atentatorio contra el orden constitucional, de los que contempla la ley de defensa de la democracia.

¿Qué es entonces hoy el peronismo? ¿Una minoría sectaria, golpista e iluminada que busca imponerse por el uso de la violencia a la voluntad mayoritaria? ¿O el traspaso pacífico y ordenado que plantea Florencio Randazzo, la oposición constructiva que inicia Sergio Massa y la impronta de trabajo conjunto que muestra Juan Manuel Urtubey con su colega electo, el jujeño Gerardo Morales?

Nadie puede ignorar que existen oleadas históricas que producen cambios de época claros, y ha habido casos en que el peronismo se ha adaptado a ellas. Poco aportan los juicios contrafácticos, pero después de la derrota de 1983, si Antonio Cafiero no hubiese llevado adelante la renovación que desplazó a la vieja guardia peronista, tal vez, y aun frente a la hiperinflación de la última porción de Gobierno alfonsinista, el peronismo no se hubiese impuesto en 1989. De hecho, en esa elección, y con el recuerdo fresco del viejo peronismo, pese a todo, el candidato radical Eduardo Angeloz obtuvo casi el 37% de los votos. ¿Qué hubiese pasado si la camada justicialista del estilo Herminio Iglesias hubiera seguido en control del partido? Difícil saberlo, pero probablemente la elección hubiera sido todavía más pareja.

Este kirchnerismo es el viejo peronismo de esa época. Más allá de los hechos puntuales del saqueo del Estado, estos últimos minutos en el poder y la violencia ejercida sobre el Presidente electo, ¿cómo sigue el peronismo? ¿Es Urtubey, Randazzo y Massa? ¿O es Cristina, Luis D’Elía y Aníbal Fernández? Vea, en contraposición: el gobernador de Salta logró su tercer mandato con absoluta transparencia y utilizando el voto electrónico; el ex candidato a gobernador bonaerense consiguió el milagro de perder ese distrito para el peronismo por segunda vez en la historia, pero con un aditamento, ya que el anterior candidato derrotado fue Herminio Iglesias, que cayó frente al “Titán” Alejandro Armendáriz. Pero este último fue “pegado” a la boleta de Raúl Alfonsín, que se impuso a Ítalo Lúder en la provincia, al que iba “pegado” Iglesias. Lo de Fernández fue diferente, porque su papeleta iba adherida a la de Daniel Scioli, que ganó en territorio bonaerense. Aníbal consiguió que el votante lo “cortara”. Es el señor Fernández un recordman de la historia justicialista, porque, además, tomando porcentajes, sacó 4% menos que el propio Herminio.

Volviendo a la idea inicial, el peronismo enfrenta el desafío de reformularse y nuclearse detrás de dirigentes sanos y nuevos, con futuro, o atarse al pasado y a la violencia, a una conducta sectaria de minoría violenta y resentida con las masas populares que no lo prefirieron, que es lo que muestra en estos últimos días al frente del Gobierno.

Hoy podemos observar que no ha existido Gobierno en retirada que haya mostrado más apego al poder por el poder mismo, ni semejante desprecio a la voluntad popular de cambio. No deja de emitir señales descaradas de ello, tanto a nivel nacional como en localidades remotas del interior del país, donde el voto del soberano decidió que no continúen en el poder.

El caso del intendente tucumano de Concepción es paradigmático. Sitiado y amenazado en su oficina por un grupo de empleados políticos a los que cesanteó cuando asumió, como corresponde a toda gestión nueva, sin auxilio de la fuerza pública para normalizar la situación, los punteros lo bloquean y lo amenazan en su despacho.

Todas las administraciones que terminaron desde la recuperación democrática retiraron sus cuadros políticos de la administración. Es cierto que durante esos Gobiernos muchos iniciaron carreras administrativas y se mantuvieron trabajando en el Estado como empleados de la planta estable, pero no lo es menos que en la última etapa de cada período no existió un pase masivo a la planta permanente. Los funcionarios y los empleados políticos saben que terminado su ciclo “vuelven al llano”, en todo caso a recuperar espacio para volver a convencer a la sociedad de sus virtudes. Todos los funcionarios y los empleados políticos, históricamente, ante un cambio de Gobierno, presentan sus renuncias al nuevo jefe de la repartición donde se encuentren. Así ha funcionado siempre.

El kirchnerismo, al contrario, intenta “acovacharse” dentro del Estado, fuerza nombramientos de último momento con maniobras irregulares, como la designación de dos nuevos auditores la semana pasada en el Congreso, lo que implica un claro reconocimiento de derrota electoral, pero además una evidente intención de ocupar espacios de poder, aun contra la voluntad popular. El mandato que el pueblo le dio a esos legisladores oficialistas de modo de conformar la mayoría propia que tienen en la Cámara Baja se lo otorgó hace cuatro años, y si bien mantiene vigencia calendario, ante la inminencia de un cambio de Gobierno indefectible, la coherencia democrática indica que apurar tales nombramientos no es más que un gesto de desprecio a la elección del soberano.

Lo mismo puede decirse del envío de dos nuevos pliegos de postulantes para la Corte Suprema de Justicia. Incluso cuando estos no vayan a encontrar en el Senado el respaldo suficiente, lo que demuestra es la vocación de este estilo de ejercicio del poder.

Han incluso reescrito el Manual del golpista, que explica que se debe simular respetar el resultado de la voluntad popular, conspirar luego en silencio y preparar jugadas subrepticias para hacer tropezar al nuevo Gobierno, empujándolo sigilosamente al abismo. Pues no. Imprimiéndole su estilo, vaticinan todas las desgracias posibles por venir, se atornillan a los cargos para mantener espacios desde donde poner palos en la rueda al Gobierno próximo y hasta llevan a cabo hechos como el de Concepción, en la provincia de Tucumán, para que quede claro que lo que les importa es el poder y no lo que decida el ciudadano.

Buscan nombrar cientos de jueces en su último mes de gestión, y la procuradora general de la nación plantea que va a mantenerse en su cargo a capa y espada. Es cierto que la Constitución le otorga el derecho, pero también lo es que la tradición democrática indica que se pone la dimisión a disposición del nuevo presidente. Especialmente cuando uno se ha proclamado a los cuatro vientos como “procurador militante”, otro hecho inédito en la historia. Cuando manifiestamente y con todo descaro ha pretendido desplazar fiscales que investigaron al poder, los ha trasladado, condicionado y maltratado, para inhibirlos e intimidar al resto. Pretender encadenarse al sillón después de eso es una burla a la sociedad. Una más.

Todo esto sin mencionar los intendentes que vacían sus municipios llevándose hasta los muebles, al límite del robo ridículo. O los que, para el mes de gestión que les queda, se multiplican el sueldo por tres, como si hubiesen hecho poco dinero en los varios períodos que gobernaron. Ni hablar de la usurpación masiva de tierras en Merlo, de la que debe dar cuenta el gobernador en ejercicio, Daniel Scioli (nos habíamos olvidado pero sí, es él), responsable de la seguridad pública y el cumplimiento de la ley en el distrito, el intendente saliente del Frente para la Victoria, Raúl Othacehé, y el que asume el 10 de diciembre, Gustavo Menéndez. Todos del mismo palo, robándose entre sí y, por cierto, al pueblo.

No deja de sorprender el kirchnerismo. Es cierto que 12 años en el poder son tiempo suficiente como para que alguien crea que lejos de mandatario es propietario. Resulta evidente que en la psiquis de esta gente existe la sensación de estar siendo desposeídos de lo que es suyo. Y esto también es nuestra culpa. Demasiados años de cheque en blanco.

Pero, en definitiva, les guste o no a algunos, el soberano es el pueblo, el poder siempre vuelve a él y las instituciones de la república le pertenecen. Parecemos estar asumiéndolo y, si es así, debemos estar alerta para hacer respetar nuestra voluntad. Exigir que nuestro mandato se cumpla, ejercer nuestro inmenso poder como sociedad, el único poder real de nuestra democracia.

Desesperado por el resultado electoral de la presidencial, el oficialismo incrementó su campaña del miedo, que, por cierto, no empezó ahora. Si uno recuerda a aquel pobre empleado de una inmobiliaria que se le ocurrió decirle a un periodista que habían bajado las ventas y la AFIP se le vino encima, mientras la Presidente lo destruía por cadena nacional, uno entiende que la estrategia del miedo no es de hoy. Pensando en la mecánica del temor se me vino a la cabeza Alberto Nisman, no sé bien por qué.

Sin embargo, el juego del terror tiene también sus dificultades. Para infundir miedo el emisor del mensaje debe ser creíble. Decir que determinada persona acarreará sobre nosotros las siete plagas de Egipto necesita que quien lo diga goce de credibilidad, porque se trata de un disparate de tal magnitud que solamente la fe en el emisor puede nublar de tal modo la razón como para hacer creíble el mensaje.

Por ende, decir que una presidencia de Mauricio Macri traerá al país los peores males de su historia, cuando el emisor es el peor gobernador de la historia de la provincia de Buenos Aires, o agentes asalariados del Gobierno, no causa ningún efecto en la campaña, al menos no lo causa entre los potenciales votantes de Macri. O, al contrario, es efecto rebote: genera aún más distancia, más rechazo hacia el que lo postula.

Se trata una vez más de campaña interna. El kirchnerismo-sciolismo se ha encerrado tanto en sí, se ha reducido tanto, que no consigue leer la realidad, instrumenta estrategias que solamente mueven el amperímetro interno, el de su cada vez más ciega, pero también más reducida militancia. Han virado de un movimiento político a una secta, donde unos a otros se retroalimentan con insumos fantasiosos que sólo ellos consumen, y se espantan unos a otros con fantasmas que solamente ellos ven.

Hacia el exterior de las murallas de la apocalíptica secta k del fin del mundo, el mensaje termina siendo obviamente contraproducente, porque una vez más subestima al ciudadano, el que el domingo 25 de octubre ha demostrado que ya no está para ser subestimado. Ya no teme fantasmas inexistentes y el desprecio por su intelectualidad le resulta bastante molesto.  Los ideólogos de este juego parecen creer que ser humilde o carecer de recursos económicos es sinónimo de estupidez, pero el resultado electoral, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, ha dejado claro que esto no es así, que la sociedad está harta de ser subestimada.

Por otra parte, cuando alguien solicita que se lo elija basándose en “El otro es malísimo”, lo único que desnuda es su carencia de virtudes para ser votado, deja claro que el único motivo por el se lo debería elegir es porque su rival posee cuernos y sostiene un tridente, no tiene nada propio y bueno para exhibir. ¡Soy el menos horroroso, vótenme!

Lo peor de todo es que el objetivo de semejante estrategia no es un absoluto desconocido del cual desconfiar. Es Mauricio Macri, una persona que ha gobernado la ciudad de Buenos Aires, casualmente capital de la república, y por ende a la vista de todo el país, desde hace nada menos que 8 años. Nada de lo que se le achaca como futuras acciones trágicas de su Gobierno nacional ha ocurrido en la ciudad. ¿Ha estado Macri agazapado estos 8 años simulando gobernar bien y especialmente para los menos favorecidos, con el fin de engañar a todos, llegar así a la Presidencia y a partir de allí desayunarse un par de infantes todas las mañanas? Suena un tanto ridículo.

Y para terminar de redondear el escenario, el candidato que pretende llegar basándose en miedo se consigue un especialista extranjero en campaña sucia con procesos por corrupción en más de un país. Podría ser chistoso si no hubiésemos pasado todo lo que pasamos los argentinos, pero termina siendo el final perfecto, el que cierra el círculo de lo que significó el kirchnerismo para la Argentina. A toda orquesta. Esta es la síntesis de los 12 años k. Y la gente lo sabe, lo entiende. La mente es misteriosa, pero por algún motivo creí escuchar la canción que tantas veces oí mientras tomaba la merienda al volver del colegio, cuando empezaba el Correcaminos. En referencia al coyote decía: “Si sigue con sus tontas trampas, se va a matar. Beep-beep”.

Scioli dijo, con su inasistencia, lo que piensa de las instituciones y del pueblo. El debate tuvo un bloque donde los candidatos hablaban de institucionalidad. ¿Qué hubiese dicho el actual gobernador? ¿Que no le importa? ¿Que la independencia del Poder Judicial es algo que lo perjudica y que va a impedirla a como dé lugar? Por cierto que no, hubiese dicho una mentira.

El ex motonauta fue sobreseído la semana pasada en una causa en la que se le imputaba enriquecimiento ilícito, porque su patrimonio evolucionó en los últimos diez años de una deuda de 40 mil pesos (es decir, patrimonio negativo) a declarar en la actualidad 15 millones de pesos en activos.

El sobreseimiento dictado por un juez de La Plata se llevó a cabo sin requerir una pericia contable sobre la documentación presentada por Scioli en el juzgado. Es decir, el juez, un abogado, analizó por su cuenta documentación contable compleja y con eso sobreseyó. El fiscal de la causa, encargado de representar al pueblo en la acusación, no apeló. Si Scioli iba al debate, ¿qué decía sobre institucionalidad? Hizo bien en no ir a mentir.

El candidato oficialista tiene otras prioridades. Para él, el debate carece de valor práctico, como dijo: “Es un chamuyo”. Es que sus votos no provienen de ciudadanos a los que les importe lo que se diga en un debate, y él lo sabe. Scioli bien hubiera podido subirse al atril y no decir nada o exagerar con promesas de inversiones por 100 mil billones de dólares en salud y educación; y sus votos hubiesen sido exactamente los mismos.

Las preferencias por el gobernador provienen de otro origen: son votos condicionados, no libres, de aparato, de apriete, de prebenda o de fraude directo, y se clava en su 38,5 % de las PASO. Nada de lo que dijese por fuera de “Con fe, con esperanza” iba a ser creíble, lo más sincero fue su ausencia. Le hizo con ella el pequeño favor que está dispuesto a hacerle a la institucionalidad: se privó de mentir, al menos en dicho evento.

Ayer se conoció la noticia de que Scioli se recibió. A los 58 años, en medio de una campaña electoral para presidente, con las inundaciones de por medio, las recorridas por el país, el festejo con los distintos gobernadores electos y además la obligación de gobernar (o lo que sea que haga en la provincia de Buenos Aires), el candidato oficialista cursó 9 materias en 7 meses en la carrera de comercio exterior y obtuvo un 7 como calificación de su tesina, lo que le otorgó el título de licenciado en la materia. ¿Habrá faltado al debate para estudiar? Difícil. En lo personal, le agradezco que no haya ido a tomarme el pelo también desde el atril del debate.

Para Scioli carece de sentido confrontar propuestas, porque no las tiene, ni le interesa tenerlas. Mientras los otros candidatos se esmeran en exhibir sus más elaboradas ideas para inducir el voto hacia ellos, el sciolismo-kirchnerismo hace operaciones de prensa, prepara maniobras irregulares en las provincias del noroeste, deniega mediante sus jueces electorales subrogantes (como el magistrado electoral de La Plata) medidas para paliar el robo y la destrucción de boletas, entrega heladeras, licuadoras y bolsones de comida a los ciudadanos que empobreció hasta necesitar la caridad del Estado y se ocupa de obtener cierres exprés de causas judiciales en su contra. Esos son sus instrumentos para ganar la elección, por ende, ¿para qué debatir? O peor, ¿para qué tener propuestas?

Es absolutamente cierto, en la lógica de Scioli, que el debate “es chamuyo”. Para él sí lo es. Goza de otras armas mucho más eficientes y menos riesgosas que aventurarse a decir una soberana pavada y quedar expuesto al innecesario papelón. Su ausencia fue un acto de sinceridad con el pueblo, tal vez el único que podamos esperar de él hasta el final de la campaña.

Frente a esta situación, la Cámara Nacional Electoral ha decidido tomar medidas para afianzar la confiabilidad de un sistema que de por sí es proclive a facilitar el fraude, pero que los camaristas no pueden cambiar, simplemente porque ellos no legislan.

En otros artículos se ha mencionado la necesidad de que la Argentina cuente con una autoridad electoral autónoma, que sea la que organice los comicios, al margen del Poder Ejecutivo, que por lógica está controlado por un partido político que participa de la elección. Pero la conformación de dicha autoridad electoral es también una cuestión legislativa y no podría concretarse en medio de un proceso como el que estamos atravesando.

Por otro lado, dicha Cámara Nacional tiene un problema adicional. Es, en realidad, un tribunal de alzada, de apelación; la elección la conducen los juzgados federales con competencia electoral de cada una de las provincias. Un tercio de la totalidad de esos magistrados son subrogantes, es decir, están a merced del Poder Ejecutivo o, para decirlo en términos más claros, del kirchnerismo. Y por otro lado, no son jueces de la especialidad: Cumplen roles de otros fueros y solo en forma contingente la función electoral. La existencia de un fuero electoral exclusivo y autónomo es urgente si pretendemos transparencia y eficiencia.

Sin embargo, con las medidas anunciadas por los camaristas, se tienden a resguardar algunos de los problemas graves que se advirtieron en las últimas elecciones y que explotaron por las aires en el escándalo tucumano.

Como primera medida, es fundamental que la Justicia se haga cargo de la distribución de todas las boletas, como anunciara el magistrado Santiago Corcuera. Es el Estado quien debe garantizar la provisión de estas y, con ella, que el votante tenga a disposición la oferta electoral completa y no una porción. Y habrá también, según el mismo camarista, un delegado de la Justicia por escuela, que será el encargado de administrar las boletas extra y su reposición. De funcionar el sistema de ese modo, no se estaría sometiendo al elector a que “vote lo que encuentre” en el cuarto oscuro. Es el Estado, en este caso el Poder Judicial, quien se hace responsable de que las boletas lleguen a las escuelas y se repongan cuando faltan. Esto subsanaría de hecho, el robo o la destrucción de los instrumentos de sufragio.

Después de la experiencia en Tucumán, es muy importante la decisión de que los camiones que trasladen las urnas cuenten con un sistema GPS, para que en todo momento se pueda saber dónde están, si se detienen y permanecen en esa condición un tiempo imprudente, y qué recorrido hicieron hasta que llevaron las urnas a su lugar de custodia.

Otro de los problemas graves que se ha producido es la falta de coincidencia entre el acta de escrutinio y el telegrama que refleja los resultados insertos en tal acta o, incluso, la adulteración de las actas. Frente a esto, la Cámara Nacional Electoral tiene planeado un sistema de duplicado del acta que será firmado también en original y ambos tendrán el mismo valor jurídico, de modo que si se contradicen una con otra, la mesa resultará invalidada. El acta original siempre viaja dentro de la misma urna; habrá que ver qué modalidad se sigue con la copia, para que llegue a manos de la Justicia por una vía diferente, garantizando así que si se adultera una, no pueda hacerse lo mismo con la otra.

Las medidas tomadas son paliativos, a priori eficientes, pero no más que ello. La Cámara no puede hacer otra cosa, porque está dicho, no es la que dicta las normas. Pero el sistema electoral argentino requiere una profunda modificación y será necesario, cuando esta se lleve adelante, hacer un trabajo conjunto con los camaristas, que son en definitiva quienes, cuando el sistema falla, deben tomar medidas complementarias para minimizar las deficiencias. No hay mayor especialista en la materia que quien ha debido aplicar una legislación deficiente a lo largo de los años.

Pero no puede omitirse una gran reforma, que tampoco puede reducirse exclusivamente al modo de emisión del sufragio (boleta papel, electrónica, única, o cualquiera de sus variantes), sino que debe ser integral, consensuada y tendiente a terminar con el sistema feudal, clientelar y fraudulento que impera en nuestro país. Mientras tanto, solo nos queda la Cámara Nacional Electoral, que hoy es la única garante del imperio de la soberanía electoral del ciudadano.

Saben que se van. Que ya no hay fraude suficiente, que las prebendas no alcanzan, y la agonía del régimen, como en todos los casos se vuelve violenta. Tucumán es un caso y posiblemente no sea el último. El domingo a la noche el candidato a presidente Daniel Scioli salió abrazado entre carcajadas con los que ayer ordenaron la represión al pueblo. Simulaba festejar lo que sabe que fue una derrota.

Es claro que las maniobras fraudulentas ya no son suficientes. A José Alperovich, en Tucumán, hace cuatro años lo ayudaron a llegar al 70% de los votos, y en 2007 al 78%. El domingo apenas superó el 50%, quemando urnas, baleando gendarmes, repartiendo comida a los mismos a los que sumieron en el hambre.

Curiosos los índices de indigencia del NOA. Según en el INDEC en tal región del país se ha alcanzado el “hambre cero”, pero compran votos con bolsones de comida por un valor de $50 o $70 según el caso. Difícilmente puedan meter más de cinco paquetes de fideos: no es un bolsón, es una bolsita. Si comprás un voto con eso, el hambre y la miseria deben ser catastróficos.

La Policía tucumana ayer, por orden del gobernador, salió a golpear a un par de decenas de miles de manifestantes pacíficos que reclamaban por el evidente fraude electoral. Disparó balas de goma, arrojó gases lacrimógenos, corrió y apaleó con la caballería y la infantería, todo un dispositivo puesto en marcha reprimir al pueblo. Como todo régimen autocrático en agonía, lo que vimos ayer es casi una venganza contra la sociedad que ya no les da el sustento de los votos.

La necesidad, el espíritu del cambio que reina en la sociedad, es harto evidente. En la Provincia de Buenos Aires se impuso María Eugenia Vidal, una candidata que hace un año directamente no medía en el distrito, y que a fuerza de caminar, de estar, de ser distinta, terminó imponiéndose en las PASO, en un distrito que tampoco es ajeno al fraude, a volcar las urnas, a robar boletas. Vidal le ganó al PJ y también al fraude que lo acompaña siempre, como una característica inescindible.

Lo que viene no será fácil. Si esta es la reacción del kirchnerato frente a las muestras de su deceso, el final será cruento. Si como indican las encuestas encargadas por ellos mismos, Scioli registra para las generales índices de crecimiento nulos respecto a las primarias, y Macri rondaría el 33% de los votos, el fraude será masivo y escandaloso, para tratar de estirar una diferencia exigua que le asegura la derrota en segunda vuelta. Y si ese fraude no es tampoco suficiente, la violencia contra el pueblo se multiplicará.

Es complejo imaginar lo que ocurrirá en caso de una segunda vuelta, que todos los sondeos dan como totalmente segura. Posiblemente la idea sea quemar todas las urnas que encuentren y reprimir a los electores directamente en las mesas de votación.

El problema con todo esto es que no resulta tan dificultoso ver el final, incluso con todas estas maniobras de por medio, y los totalitarios lo saben. A la mala elección que Scioli hizo en las PASO (38% cuando CFK alcanzó el 50% hace cuatro años), se sumaron las inundaciones, la fuga del gobernador a sus lujosas vacaciones, la causa Hotesur que avanza contra todas las operaciones judiciales que intentan, las denuncias de los abogados en la causa por la muerte de Alberto Nisman, el dólar paralelo que crece y crece sin techo y la violencia, que cumple el rol de castigo al pueblo, pero que también le impide a Scioli alcanzar ese 6 o 7 por ciento de votos de clase media que necesita para tener chances.

Se van y la agonía de los regímenes totalitarios siempre es violenta. En el Tucumanazo como en la Primavera Árabe egipcia, las protestas y manifestaciones toman el rol de revolución democrática. Las dictaduras fraudulentas del NOA, incluyendo en él a Formosa, tienen características muy similares a las de muchos países árabes, y enfrentan en el caso del “Jardín de la República” un problema serio: existe una porción de la sociedad dispuesta a reclamar sus derechos y con vuelo intelectual para hacerlo. En otra provincias, la opresión tiene la ventaja de de haber sometido al pueblo a la hambruna y la carencia de educación suficientes, como para seguir doblegándolo por un tiempo.

Lo que ocurrió ayer en Tucumán fue doloroso y triste, pero sus resultados a mediano plazo serán importantes para la república. Como en 1816, deberemos agradecer a los tucumanos su coraje, su lucha y su dignidad, como ariete fundamental de un cambio que ya es indefectible.

La historia de los vicepresidentes desde la recuperación democrática puede darnos algún indicio sobre la veracidad de alguna de esas afirmaciones. Si nos remontamos al primer vicepresidente de la nación de la era posdictadura, podría afianzarse la postura de quienes dicen que este no tiene rol político. El cordobés Víctor Martínez, que secundó a Raúl Alfonsín en la fórmula, tuvo una escueta y gris participación en aquel Gobierno radical.

Sin embargo, avanzando a la presidencia posterior, el bonaerense Eduardo Duhalde, vicepresidente de Carlos Menem, tuvo una actividad política bastante más intensa, contrapuesta en muchos casos a su presidente. El gabinete del riojano se dividió a principios de su gestión en dos grupos que la prensa llamó “Celestes” y “Rojo Punzó”. Duhalde integró el grupo Celeste. Menem asumió en medio de una crisis económica hiperinflacionaria y tardó dos años en controlarla, en 1991, cuando se impuso la convertibilidad.

Esos dos años fueron tremendos para Menem y las internas se multiplicaron. Escribía el recordado Hugo Gambini en la revista Redacción: “lo terrible es que se ha deteriorado la credibilidad presidencial, a tal extremo que no son pocos los que le prueban la banda a Duhalde, hasta se habla de una nueva ley de acefalía”.

En sintonía, un artículo de la revista Somos, del 25 de marzo de 1991, firmado por Jorge Grecco, se titulaba “Operación Chaleco”, y describía cómo la mitad del gabinete de Menem consideraba que no estaba en condiciones psiquiátricas de seguir con el gobierno y pretendía su destitución por tales motivos para promover la instalación de Duhalde en el gobierno.

Pensar que el vicepresidente era ajeno a tales múltiples conspiraciones es subestimar a un Duhalde que llegó al poder tras la caída de un gobierno constitucional. Menem lo resolvió: se deshizo de la sombra del hombre de Lomas de Zamora y lo envío como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero cuando Menem intentó volver a la competir por la presidencia en 2003, su mayor enemigo fue Duhalde. Le impidió usar el sello del Partido Justicialista (PJ), inventó un candidato hasta entonces inexistente: Néstor Kirchner y dividió al PJ para neutralizar al riojano. Y cumplió su objetivo. Si todo esto es un vicepresidente decorativo, no quiero imaginar lo que es uno con el aparato kirchnerista detrás.

Para su segundo período, Menem eligió un vicepresidente con escaso peso territorial y sin estructura política. Le resultó bien, Carlos Ruckauf nunca fue una amenaza.

Si Carlos “Chacho” Álvarez se considera decorativo en el Gobierno de Fernando De la Rúa, tenemos problemas de lectura. Desde el principio, el vicepresidente de la Alianza fundó un engendro que llamó “oficialismo crítico” y que fue una oposición interna.

Chacho jaqueó y desmoronó al gobierno. Propició una investigación por supuestos sobornos en el Senado para la sanción de una ley laboral. La Alianza tuvo su principal base electoral en el discurso de la transparencia. Cuando Álvarez puso en tela de juicio ese capital político, el gobierno cayó en picada. Para colmo de males, Chacho renunció justamente por dichos sobornos, dejó al gobierno rengo y herido de muerte. Poco tiempo después, De la Rúa, vacío de poder, debió abandonar la Casa Rosada. Álvarez, de decorativo, nada.

La Presidencia interna de Duhalde no tuvo vicepresidente, de modo que debemos pasar directamente a Néstor Kirchner. Su primer vicepresidente fue el propio Scioli. En principio, uno tiende a decir que el exmotonauta no causó problemas, pero esto no es tan cierto. En diciembre de 2005, en plena sesión del Senado, la senadora Cristina Kirchner, apostrofó durante por más de una hora a Scioli, acusándolo de montar una operación mediática en su contra. Al otro día, el presidente Kirchner despidió a todos los sciolistas que trabajaban en la Secretaría de Deportes de la Nación, reducto que detentó para “contener” a los suyos.

En el año 2010, con Scioli ya como gobernador y Cristina como presidente, se registró una nueva escaramuza. Al gobernador se le ocurrió declarar que tenía “las manos atadas” para solucionar el problema de la inseguridad, en elíptica referencia al gobierno nacional. En un acto público compartido con Kirchner, el expresidente lo apuró: “Gobernador, diga quién le ata las manos, con nombre y apellido. ¡No tenga miedo!”. Scioli se mantuvo en silencio y se olvidó del tema.

Como se dijo, Cristina ya era presidente y su vicepresidente, el radical Julio Cobos, inventor del radicalismo K. Algunos dicen que Cobos fue un presidente anodino, y tal vez así haya sido, pero le generó al Gobierno una crisis de proporciones inimaginables, con su voto “no positivo” en el Senado para desempatar la votación por “la 125” y lo puso al borde del colapso de gobernabilidad. Es cierto, luego Cobos fue segregado y se mantuvo en el ostracismo, pero esto se debió a que el radicalismo lo rechazaba por haberse ido con el Gobierno, y los radicales K lo abandonaron cuando “traicionó” al gobierno, por lo cual quedó sin sustento político.

Pero al margen de si la 125 era una medida apropiada, o no lo era, el vicepresidente Cobos generó un daño político catastrófico al Gobierno, que lo llevó a perder las legislativas de 2009. No es poco para una persona sin poder territorial y sin soporte de una estructura política.

El último y actual vicepresidente es Amado Boudou. La selección fue cuidadosa: un hombre absolutamente “del palo” y elegido por la presidenta y nadie más, sin posibilidad alguna de una construcción política propia. Boudou también hizo daño, pero no por disputar política, sino porque se destaparon múltiples hechos de corrupción que lo involucraron.

En conclusión: solamente dos vicepresidentes cumplieron el precepto de ser decorativos, Martínez y Ruckauf. Duhalde, Álvarez y Cobos disputaron políticamente con sus presidentes, buscaron dañarlos y en buena parte lo consiguieron. Respecto a Scioli, debe decirse que planteó algunas disputas, pero por cuestiones de carácter o de estrategia retrocedió cada vez que lo corrieron. Pero lo intentó.

Ahora bien, Zannini es, después de Cristina, el dirigente de mayor peso de kirchnerismo que viene de gobernar 12 años y ha contado con el aparato y la caja del Estado. Ha demostrado vocación de poder y cuenta con el respaldo de La Cámpora. Su grupo político, que no es el de Scioli, ha poblado las listas de candidatos a legisladores nacionales, para dominar el Congreso y varios ítems más que podrían considerarse.

Si Scioli gana las próximas presidenciales, El Chino es, por lejos, el vicepresidente que llega con más poder propio a su cargo desde la recuperación democrática. Ni Duhalde, ni Álvarez, ni Cobos controlaban el Congreso, ni los precedían 12 años de acumulación de poder y dinero desde el Estado nacional. Quien lo considere decorativo vive en Dinamarca o le está mintiendo a la gente.