La fecha olvidada es el 13 de febrero de 1984, hace exactamente 30 años, en la que el Congreso de la Nación, por iniciativa e impulso del presidente Raúl Alfonsín, sancionó la ley 23.049 que reformaba el Código de Justicia Militar, para evitar que las juntas responsables del genocidio de fines de los 70 y principios de los 80 sean juzgadas por tribunales militares.

Dicha norma estableció que la Justicia Militar solo atendería los delitos que afectasen su propia actividad, mientras que todo otro delito cometido por un militar debería ser juzgado por la Justicia ordinaria, la de todos. Asimismo, se estableció que los fallos de los tribunales militares podían ser objeto de apelación ante la Cámara Federal, y que además, en caso de que la Justicia Militar demorase excesivamente una sentencia, dicha Cámara podía tomar el expediente en sus manos y tramitarlo por su cuenta.

Es esencial hacer notar que en febrero de 1984, Alfonsín llevaba dos meses a cargo de la presidencia, el poder militar y su vocación de gobierno eran todavía un problema serio. Los uniformados habían abandonado el control del Estado por el error estratégico de la guerra de Malvinas, pero sus referentes en términos de violencia eran todavía hombres jóvenes con peso dentro de las Fuerzas, como Jorge Videla y Emilio Massera. Desde 1955, es decir a lo largo de 30 años, los gobiernos constitucionales duraban un promedio de tres años, en un uso muy relativo del poder, y ninguno de ellos, como sí lo hizo el de Alfonsín, sometió a la Justicia el accionar de los dictadores de turno que los precedieron. No lo hizo Arturo Frondizi respecto a los dictadores de la llamada Revolución “Libertadora” que derrocó al general Juan Perón, ni tampoco lo hizo Héctor Cámpora ni el mismo Perón, respecto a los golpistas de la Revolución “Argentina” que los precedieron. Sea porque acordaron con los dictadores o tal vez porque ninguna de ellas tuvo la violencia y desmesura del “Proceso de Reorganización Nacional” que antecedió al Alfonsín.

Esta ley olvidada jugó un rol fundamental en el juzgamiento de los genocidas, porque tal como estaba previsto, la Justicia Militar se negaba a proceder al juzgamiento y el 4 de octubre de 1984, la Cámara Federal hizo uso de la norma y tomó directamente en sus manos la administración de justicia en esas causas, que concluyeron en las históricas condenas del 9 de diciembre de 1985.

Históricas desde todo punto de vista. Por un lado porque después de más de 50 años de sucesivas interrupciones democráticas, los golpistas enfrentaban sanciones judiciales. Pero principalmente, porque la Argentina fue ejemplo en el mundo de vigencia plena del sistema institucional. No se trató de una venganza ni de una lapidación pública. Se sometió a los delincuentes a sus jueces naturales, se emitió una condena conforme a las previsiones legales. La respuesta política y social a tan aberrante genocidio no fue un linchamiento público, no se aplicó la ley del Talión, sino la ley de todos. No hubo juicios sumarísimos y se respetó el derecho de defensa en juicio. Por un momento, la Argentina escapaba de la impunidad como método e imponía la legalidad como sistema de vida.

No ha pasado tanto tiempo, pero empieza a perfilarse cierta distancia histórica que permite apreciar los hechos, incluso a aquellos que hace un tiempo preferían omitirlos. También la continuidad democrática permite ciertas comparaciones, odiosas dicen, indispensables creo. Cultivar y fomentar los derechos humanos en los tiempos que corren (aún cuando fuese cierto que es ocurre) es equivalente a repartir planes sociales en Recoleta, si se lo compara con el coraje necesario para dictar y aplicar la ley 23.049, recordada en estos párrafos.

Por plantear una de esas comparaciones odiosas, podemos decir que entre diciembre de 2011, cuando obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados y noviembre de 2012, la Ley Antitortura (que diseña en sistema preventivo para evitar torturas en las unidades carcelarias) estuvo parada en el Senado de la Nación, mientras el mismo cuerpo se ocupaba de cosas sustanciales para nuestra democracia y Estado de Derecho, como intentar designar procurador a Daniel Reposo o estatizar Ciccone. No puedo imaginar de quién provendría el “lobby pro tortura” que impedía la sanción, pero si en dichos 11 meses hubo alguien que fuese torturado en una cárcel, y esa tortura pudo evitarse con el sistema que diseñaba esa ley, debe responsabilizar a un Senado inerte, ocupado en cuestiones irrelevantes.

La sanción y aplicación de aquella ley 23.049, junto a otra serie de medidas gubernamentales de la más diversa índole, implicaron el cenit democrático de la historia argentina. Y si bien, para los que apoyamos ese proceso resulta un orgullo, esto es en realidad un enorme problema. Porque el gobierno de Alfonsín debió ser un punto de partida para el desarrollo democrático e institucional de la Argentina, se sembraron las bases para ello, y sin embargo social y políticamente iniciamos luego un profundo retroceso y declive, basado en una cultura autoritaria que no llegó a disolverse y que, aun sin militares y sin violencia física, volvió poco a poco a imponerse en la política y la sociedad.

Es tiempo de un nuevo punto de partida. De volver a buscar entre nosotros mismos a quienes respeten y hagan respetar los fundamentos de nuestra convivencia y subsistencia. Todavía escuchó algunas burlas a una frase de campaña utilizada por Alfonsín: “con la democracia, se come, se cura y se educa”. No me permitiría postularme como un exégeta del viejo líder, pero creo entender que no se refería a votar cada dos años cuando decía democracia. Eso es un punto de partida básico, pero apenas eso. Democracia es también promover y sustentar la educación pública, el derecho a trabajar y a una vivienda digna, no obsequiadas por quien luego pretende manipularnos en base a ese obsequio, ganadas, porque es nuestro solamente aquello que nos hemos ganado. Democracia es igualdad ante la ley, que los niños a 50 kilómetros de Buenos Aires no sigan muriendo de enfermedades fácilmente curables, que el 25% de los miembros de pueblos originarios de noroeste argentino, no sigan usando como sanitario un pozo en el suelo. Democracia es en síntesis, verdadera igualdad de oportunidades, y en tal sentido, aquella frase también es inobjetable. Lo que resulta objetable, por el contrario, es postular que el estado actual de cosas constituya una democracia, aunque nos dediquemos a votar día por medio.

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) fue creada por Raúl Alfonsín el 15 de diciembre de 1983. Sólo cinco días después de asumir su mandato presidencial. Su informe, el Nunca más, sirvió de alimento y guía a la Cámara del Crimen que juzgó a los genocidas. Los condenó el 9 de diciembre de 1985. A partir de allí comenzó el círculo a generarse; luego de la sentencia, se inició el camino de retorno a la injusticia.

En Semana Santa del 87’ el primer levantamiento militar y la ley de Punto Final. En el ’89 el segundo alzamiento y la Obediencia Debida. En el ’90 el tercero y los indultos. La lucha democrática y por la justicia no cejó, y en 1998 el Congreso derogó las leyes de punto final y obediencia debida, con un proyecto que llevó la firma de Humberto Roggero, Carlos “Chacho” Álvarez y Federico Storani. En mayo del 2000, el juez federal Gabriel Cavallo dictó la primera sentencia declarando inconstitucionales los indultos y reabriendo las causas, y en noviembre del mismo año, la Cámara Federal avaló la sentencia de Cavallo. A partir de allí comienzan a reabrirse muchas y voluminosas causas contra los genocidas, como las de apropiaciones indebidas de hijos de desaparecidos; la del Primer Cuerpo de Ejército, etcétera.

Luego de esos años de puja espiralada por verdad y justicia, vinieron los extraños tiempos kirchneristas. Los K propusieron y lograron que el Congreso sancionase una ley simbólica pero poco eficiente. “Para la gilada”, digamos. Se trató de la nulidad absoluta e insanable de las leyes de obediencia debida y punto final. El Congreso no puede decretar nulidades, dicha actividad está reservada exclusivamente al Poder Judicial. Fue una fantochada, una pantomima con mero efecto mediático, mas no jurídico. Lo mismo que descolgar el cuadro del dictador Jorge Videla de la Escuela de Cadetes o entregar la ESMA para hacer un Museo. Cartón pintado.

Pero el kirchnerismo cerró un círculo realmente grosero y sangriento de retorno a la impunidad. Como primera medida, corrompió hasta sus cimientos a organismos de derechos humanos que fueron símbolo de la lucha contra los dictadores, organismos inobjetables hasta que el dinero sucio y la administración fraudulenta los llevaron al peor deterioro de su imagen frente a la sociedad. Luego, y por otro lado, persiguieron, maltrataron o ignoraron a los pueblos originarios, especialmente en norte de la Argentina, poniéndolos a merced de gobernadores dictatoriales, señores feudales abusivos y superpoderosos, pero vinculados inescindiblemente al poder central, que avaló por acción u omisión, sus procederes.

Cercenó o intentó hacerlo en todo momento, la libertad de expresión y prensa, como jamás antes había ocurrido desde la dictadura; manipuló y presionó al Poder Judicial para deteriorar su imagen, dinamitar sus potestades o amedrentar a sus magistrados, y en otros casos hizo caso omiso a sus sentencias, directamente.

Ahora con el general César Milani obteniendo el aval del Poder Legislativo, el círculo rojo de sangre y dolor, se cierra, para volver al punto de comienzo. Un militar investigado por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad durante aquel genocidio. Avalando o actuando personalmente, Milani bien podría estar implicado en la desaparición y muerte de al menos dos personas. ¿Por qué lo avala el gobierno. Simplemente porque Milani le garantiza el control de la inteligencia militar, que si bien está prohibida por ley dentro del territorio argentino, ya sabemos lo poco que cualquier ley significa para los K. En síntesis Milani les es útil, y por ende, los proclamados derechos humanos pasan a importar tres belines, los muertos, los desaparecidos y los torturados, también.

Muchos kirchneristas me han dicho, cuando en intercambios de ideas uno les mencionaba a Ricardo Jaime o a Amado Boudou, que “son sapos que tenemos que comernos para la transformación de la Argentina”. ¿Cómo cuaja ese argumento con Milani? ¿Cuál es la necesidad para “la transformación” de que un general con un pasado relacionado con la desaparición de personas conduzca las fuerzas armadas? ¿No existen otros generales con pasado menos dudoso, por no decir turbio? ¿Dónde está el límite a la ingesta de batracios? Aquellos que se “tragaron” a Jaime y Boudou, ¿se tragarán a Milani? Si es así, antes mentían, porque en este caso, no hay ninguna necesidad, salvo la del gobierno de controlar cierta inteligencia que uno sospecha que también es irregular.

Milani cerró el círculo rojo, el de la sangre, el que nos devuelve al principio. Su nominación está en la línea de la frase de la inmaculada señora Estela de Carlotto, cuando preguntada sobre los muertos en los saqueos, dijo que “habría que ver quiénes eran”, el “algo habrán hecho” versión 2013, algo inesperado en una madre y abuela de desaparecidos, también contaminada por el kirchnerismo.

El general del recontraespionaje y la señora Carlotto dieron la vuelta completa. Los que murieron, los que sufrieron, los torturados, los hijos; lo digan o no, lo reconozcan o no, prefieran olvidarlo para disfrutar las mieles del dinero K, o no; todos ellos saben que el círculo de sangre se cerró, que volvimos al principio, que no hay Justicia ni paz, y saben a quienes se lo deben.