Es el Plan B por si el pliego de Roberto Carlés no pasa por el Senado. El Gobierno presentaría primero un proyecto de modificación del Decreto Ley 1285, que cuenta con diversas modificaciones -especialmente la de la ley 23498 de 1987, que en su artículo 22 establece los mecanismos para que la Corte Suprema de Justicia pueda llevar adelante sus funciones en caso de que su integración quede disminuida en número.

La previsión de dicha norma es aplicable para cuando exista “recusación, excusación, vacancia o licencia” de alguno de los miembros del Tribunal y establece el siguiente mecanismo: los cargos serán cubiertos mediante un sorteo entre los presidentes de la Cámaras Federales de todo el país, y solamente en caso no poder completarse el Cuerpo de este modo, se realizará otro sorteo entre una lista de conjueces que es permanente, esta integrada por diez abogados, y debe ser propuesta por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.

Lo que el proyecto oficial pretende es suprimir de este orden de suplencias a los presidentes de las Cámaras Federales, es decir, que ante una vacancia en la Corte, se pase directamente al sorteo de la lista de conjueces. ¿Por qué? Simple, la lista ya esta armada, fue postulada por el Ejecutivo y avalada por mayoría simple del Senado el año pasado, y esta integrada en su totalidad, por personas absolutamente afines y controlables por el Gobierno.

El paso siguiente es ampliar el número de miembros de la Corte Suprema de los 5 que actualmente prevé la ley hasta 9 ministros. Como con la renuncia de Eugenio Zaffaroni, hoy quedan en sus cargos 4 magistrados, para cada sentencia se sortearían 5 conjueces para alcanzar la formación completa de 9, y siempre inevitablemente, el kirchnerismo tendría mayoría.

Los conjueces actualmente designados son: León Carlos Arslanian, Tomás Hutchinson, Ernesto Alberto Marcer, Héctor María García Cuerva, Arístides Horacio María Corti, Carlos María Carcova, Walter Mario Huggias, Raúl Gustavo Ferreyra, Ricardo Augusto Nissen y José Rolando Chirico. Alcanzaron ese lugar con una votación en el Senado que se decidió por mayoría simple, es decir que una vez más, se violaría la Constitución, porque la mayoría de la Corte Suprema quedaría integrada por miembros que no tienen el aval de los dos tercios de los miembros presentes del Senado, como establece la Carta Magna.

La maniobra es la precarización absoluta de la cabeza del Poder Judicial, para fines personal del grupo de gobierno. El sistema actual, que prevé el primer reemplazo de entre los presidentes de las Cámaras Federales, cuenta con la legitimidad de que estos han pasado por el proceso de selección del Consejo de la Magistratura previamente a ser designados en sus cargos y tienen desde su nombramiento, estabilidad constitucional: duran en sus cargos mientras dure su buena conducta. Esta estabilidad es la que los hace independientes del poder político.

El kirchnerismo ha jugado y manipulado la Justicia a gusto, desde su inicio. En el año 2006 los miembros del Alto Tribunal eran 9, pero el gobierno decidió sancionar una ley que reducía el número primero a 7, hasta llegar por renuncias o vacancias a los 5 ministros. Ese número, que constituyó la finalidad última de aquella ley de 2006, se alcanzó hace menos de un año, en mayo de 2014, tras el fallecimiento de Carmen Argibay. Tan solo 11 meses después, el gobierno pretende llevar el número otra vez a 9 miembros.

Es cierto que la jugada es de corto vuelo. Este gobierno termina su mandato solamente en unos meses y no son muchas las causas que en ese plazo deba resolver la Corte. Cualquier otra administración que lo preceda volverá al sistema anterior, o al menos tendrá la legitimidad necesaria para designar juristas en los cargos vacantes, con el mecanismo marcado por la Constitución, con el aval de los dos tercios del Senado. Entonces ¿por qué este apuro?

En Tribunales especulan con que el Gobierno quiere dejar cerrada, con el carácter de “cosa juzgada”, para que no pueda ser revisada en el futuro, la denuncia del extinto fiscal Alberto Nisman. Más allá de lo que vaya a hacer la Cámara de Casación Penal con el recurso del fiscal Moldes, todavía queda la instancia de la Corte Suprema para que revise el fallo y determine si la denuncia debe o no investigarse. El oficialismo cree que esta Corte ordenará reabrir la investigación, lo que mantendrá la causa abierta hasta el recambio presidencial y su suerte quedará en manos de una Justicia independiente, el kirchnerismo ya sin la capacidad de presión que le da detentar el gobierno, quedará expuesto a ser investigado por tal conspiración con el regimen iraní. Pero si el grupo de conjueces irregularmente designados copa la Corte, seguramente dicte un fallo definitivo e irrevocable, que cierre la causa y que permita que jamás vuelva a abrirse por imperio de la “cosa juzgada”.

En tanto, la Justicia termina siendo tierra arrasada. Con el Ministerio Público politizado y manipulado, el Poder Judicial corrompido, atemorizado e ilegítimo; la recuperación institucional de la Argentina de este decenio de maltrato llevará, al menos, unos 20 años.

Es que dicho pacto estaba viciado ab initio, de ilegalidad y de sospechas. Por cierto, no contábamos con la información que llevó al fiscal Alberto Nisman a imputar a la Presidenta de la Nación y a otro grupo de sus colaboradores cercanos, pero del análisis jurídico del Memorandum, de la forma en que se lo sancionó en el Congreso y de la premura del Ejecutivo, surgía evidente que se trataba de un “perdón”, de la consagración de la impunidad y por cierto, todo ello no podía ser gratuito.

Dijimos en aquel escrito hace casi dos años que “un ‘Memorandum de Entendimiento’, para establecer una ‘Comisión de la Verdad’ con un país que al menos, debe ser considerado sospechoso de promover y/o autorizar y/o encubrir una masacre de tales dimensiones contra nuestro país, teniendo especialmente en cuenta, que entre los imputados con solicitud de captura internacional a Interpol se encuentra por ejemplo el Ministro de Defensa iraní” y que “dicha Comisión viola abierta y expresamente el transcripto artículo 109, en tanto que si los miembros de la misma son designados por el Ejecutivo, ¿qué otra cosa puede implicar que el arrogarse por parte del Presidente de la Nación, el conocimiento de una causa pendiente? Especialmente cuando el mismo Memorandum otorga a la Comisión funciones claramente jurisdiccionales, como lo son analizar pruebas, tomar declaración (o “interrogar” como lo llama)…surge así, y sin acudir a mayor abundamiento, una evidente y flagrante violación a los derechos constitucionales, y a sus principios más básicos”.

Lo había anticipado justamente Lipovetzky en este mismo medio, en su artículo del 15 de febrero de 2013 (“La insólita rendición ante Irán”), cuando el Congreso aceleraba los tiempos para sancionar el espurio acuerdo: “Cada vez más evidente heredero del menemismo, el kirchnerismo pretende con esta “comisión” establecer un “paraguas de justicia” sobre la cuestión AMIA, para desarrollar su relación con Irán al margen del atentado, de las vidas sesgadas, de la brutal y traicionera agresión”.

Yo mismo, también en Infobae, pocos días antes, en el artículo titulado “El desconocimiento de la Justicia como Poder del Estado”, expresé que: “De tal modo, la ‘comisión’ estaría compuesta por funcionarios de un país agredido y otros de un país agresor o al menos encubridor de la agresión que costó casi un centenar de vidas. Es una ‘comisión’ al menos curiosa, que permite a los iraníes juzgarse a sí mismos, después de las muestras de dudosa voluntad exhibidas todos estos años”.

Ahora el fiscal federal a cargo de la investigación de la voladura de la mutual AMIA, dice tener elementos probatorios de la existencia de un acuerdo comercial paralelo con Irán, para garantizar el intercambio de petróleo y granos, que para ser efectivizado, requería la “solución del problema político”, es decir, dejar de la lado la determinación judicial de responsabilidades por el brutal y artero ataque a nuestro país. No carece de lógica, lo explicaba Lipovetzky en el mismo artículo referido: “Sin embargo, la Argentina históricamente se condujo de forma poco convencional respecto al “país agresor”. De hecho, las relaciones políticas jamás se interrumpieron y las comerciales se fueron incrementando año a año. Desde el advenimiento del kirchnerismo esta relación de intensificó y la búsqueda de Justicia por el homicidio masivo en la AMIA fue puesta en un segundo plano”.

La verdad y la justicia no pueden esperar más tiempo. La causa por el homicidio de 80 personas en la mutual AMIA, no deja lugar a pactos a espaldas del pueblo para garantizar los intereses políticos del sector gobernante. Se encuentra hoy paralizada, porque los imputados y citados a declaración indagatoria, no se presentan a cumplir con su deber legal, protegidos por el régimen iraní con el que el gobierno argentino intentó pactar. Cuando se trata de delitos de lesa humanidad, hay ciertos principios jurídicos que no rigen, por ejemplo el instituto de la prescripción. En casos como el de la AMIA, al que nadie puede negarle ese carácter, la ley debería establecer un mecanismo para seguir adelante con la investigación “en ausencia” de los acusados.

Otras aberraciones, como la voladura a la fábrica militar de Rio Tercero o el tráfico de armas que incentivó la guerra de dos países hermanos como Ecuador y Perú siguen pendientes en la Justicia. No más ocultamientos, no más acuerdos a espaldas del pueblo, no más impunidad. Las instituciones no pueden seguir degradándose. Un futuro mejor requiere claridad y vigencia de la ley, no encubrimiento.

Y como bien dijo el gobernador bonaerense Daniel Scioli, primer K en reconocer esta realidad, “este gobierno debe terminar lo mejor posible”. Finalizar como en los dos casos mencionados en el párrafo anterior sería dramático para muchos argentinos e implicaría, una vez más, empezar de cero.

Así las cosas, todo indica que vamos hacia un cambio político en la conducción de la Argentina, que seguramente implicaría una modificación de estilo, una rotación de paradigmas y ejes centrales de gobierno y lógicamente de funcionarios. El problema es si se generará un cambio de matriz o no. La pregunta es específicamente en términos de calidad dirigencial y control de la corrupción, posiblemente, la madre de todas nuestras desgracias.

Sucesivamente, los gobiernos han ido cambiando, rotando entre partidos políticos o variantes con presunta distancia ideológica dentro del mismo espacio. Por caso, el menemismo tuvo una impronta privatizadora y de autorregulación del mercado, mientras que el kirchnerismo produjo un proceso estatizador con fuerte intervención pública en la regulación y control de la actividad económica, aun proviniendo ambos del mismo partido.

Pero en lo que no se han diferenciado estos procesos es en los niveles altísimos y gravísimos de corrupción administrativa. Esto es lo que ha generado, por ejemplo, que pese a los siderales ingresos recibidos por el Estado en estos diez últimos años, el país permanezca con idéntica pobreza estructural, idéntica infraestructura de comunicaciones, tendido eléctrico y provisión de servicios públicos. Parece ser que “alguien” se ha quedado en su bolsillo los altos dineros que todos, debimos disfrutar este decenio.

De tal modo, saltar de un gobierno a otro, aunque tengan diferentes estilos, aunque la administración que venga decida no agraviarnos por cadena nacional, mentirnos un poco menos o reconocer los niveles de inflación; la sombra de la corruptela probable aparece siempre en nuestro horizonte; y esa corruptela es la que mata, la que genera dolor, angustia, miseria y marginalidad. No sirve crear policías municipales si uno genera brutales desigualdades sociales porque se roba los ingresos del Estado.

Los dos pilares de combate la corrupción son los dos mismos que sirven para terminar con cualquier otro delito: la prevención o los controles, y la sombra de la sanción, que juega el rol preventivo, en tanto y en cuanto el posible autor de actos de corrupción, sabe que sus conductas pueden acarrearle graves consecuencias. Por lo tanto, será fundamental que alguna vez en la Argentina, el grupo político que deja el poder, en medio de sombras de altos niveles de corrupción, pague ante la Justicia las consecuencias de ello.

La realidad es que en todos los procesos políticos de peso (del ’83 a estos días) la respuesta judicial a la corrupción ha sido al menos endeble. Y esto se debe a la red de encubrimiento que la política en general, sin distinción de partidos, genera a su propio favor, implicando también en esa red a buena cantidad de jueces. El verdadero cambio en la Argentina implica necesariamente el castigo a la corrupción y el incremento de los controles para que se haga imposible repetirla de modo masivo. Si esto no ocurre es como dejar de votar a Al Capone para empezar a votar a Alí Babá.

Simplemente, con impunidad no hay cambio. Durante unos meses, tal vez un par de años, las caras menos conocidas producirán un halo esperanzador, y luego empezaremos este tobogán interminable en el que hemos entrado hace algunos años. Porque cambiar rostros no implica asegurarnos cambiar la matriz de corrupción, en tanto los que vengan se preocupen por garantizar la impunidad de los que se van. Porque si obran de ese modo, es simplemente porque esperan la devolución del favor para cuando les toque irse a ellos.

El salto de calidad democrática que necesita la Argentina recién se producirá cuando un gobierno nuevo decida impulsar las causas por corrupción del anterior y procure aportar a la Justicia todos los elementos necesarios para el justo castigo de quienes desfalcaron el país. De otro modo, esteremos empezando otro ciclo del que podrá preverse un nuevo final trágico y nuevas frustraciones. Otra década perdida y otra generación frustrada.

Mariano Moreno, vinculándolo con el desconocimiento del pueblo sobre sus derechos, pronosticaba que “nuevas frustraciones sucederán a las antiguas, y será tal vez nuestro destino, cambiar de tiranos sin destruir la tiranía”. ¿Será nuestro destino cambiar de corruptos sin destruir la corrupción? El destino lo hacemos nosotros, solamente hay que saber mirar con cierto detenimiento. Venimos acostumbrados a votar pensando en que “este es el único que puede sacar a aquel” y esta mecánica nos compromete con niveles de superficialidad en el análisis que arrojan resultados repetidos.

Está dicho, con impunidad no hay cambio sino continuidad sistémica. El mismo entramado mediante el que distintos sectores políticos dominantes se protegen unos a otros seguirá plenamente vigente si la impunidad se impone otra vez. El cambio real empieza por el tratamiento serio de la problemática de la corrupción, disparadora de todos los otros males argentinos. Primero Justicia, lo demás es sanata.