Hoy podemos observar que no ha existido Gobierno en retirada que haya mostrado más apego al poder por el poder mismo, ni semejante desprecio a la voluntad popular de cambio. No deja de emitir señales descaradas de ello, tanto a nivel nacional como en localidades remotas del interior del país, donde el voto del soberano decidió que no continúen en el poder.

El caso del intendente tucumano de Concepción es paradigmático. Sitiado y amenazado en su oficina por un grupo de empleados políticos a los que cesanteó cuando asumió, como corresponde a toda gestión nueva, sin auxilio de la fuerza pública para normalizar la situación, los punteros lo bloquean y lo amenazan en su despacho.

Todas las administraciones que terminaron desde la recuperación democrática retiraron sus cuadros políticos de la administración. Es cierto que durante esos Gobiernos muchos iniciaron carreras administrativas y se mantuvieron trabajando en el Estado como empleados de la planta estable, pero no lo es menos que en la última etapa de cada período no existió un pase masivo a la planta permanente. Los funcionarios y los empleados políticos saben que terminado su ciclo “vuelven al llano”, en todo caso a recuperar espacio para volver a convencer a la sociedad de sus virtudes. Todos los funcionarios y los empleados políticos, históricamente, ante un cambio de Gobierno, presentan sus renuncias al nuevo jefe de la repartición donde se encuentren. Así ha funcionado siempre.

El kirchnerismo, al contrario, intenta “acovacharse” dentro del Estado, fuerza nombramientos de último momento con maniobras irregulares, como la designación de dos nuevos auditores la semana pasada en el Congreso, lo que implica un claro reconocimiento de derrota electoral, pero además una evidente intención de ocupar espacios de poder, aun contra la voluntad popular. El mandato que el pueblo le dio a esos legisladores oficialistas de modo de conformar la mayoría propia que tienen en la Cámara Baja se lo otorgó hace cuatro años, y si bien mantiene vigencia calendario, ante la inminencia de un cambio de Gobierno indefectible, la coherencia democrática indica que apurar tales nombramientos no es más que un gesto de desprecio a la elección del soberano.

Lo mismo puede decirse del envío de dos nuevos pliegos de postulantes para la Corte Suprema de Justicia. Incluso cuando estos no vayan a encontrar en el Senado el respaldo suficiente, lo que demuestra es la vocación de este estilo de ejercicio del poder.

Han incluso reescrito el Manual del golpista, que explica que se debe simular respetar el resultado de la voluntad popular, conspirar luego en silencio y preparar jugadas subrepticias para hacer tropezar al nuevo Gobierno, empujándolo sigilosamente al abismo. Pues no. Imprimiéndole su estilo, vaticinan todas las desgracias posibles por venir, se atornillan a los cargos para mantener espacios desde donde poner palos en la rueda al Gobierno próximo y hasta llevan a cabo hechos como el de Concepción, en la provincia de Tucumán, para que quede claro que lo que les importa es el poder y no lo que decida el ciudadano.

Buscan nombrar cientos de jueces en su último mes de gestión, y la procuradora general de la nación plantea que va a mantenerse en su cargo a capa y espada. Es cierto que la Constitución le otorga el derecho, pero también lo es que la tradición democrática indica que se pone la dimisión a disposición del nuevo presidente. Especialmente cuando uno se ha proclamado a los cuatro vientos como “procurador militante”, otro hecho inédito en la historia. Cuando manifiestamente y con todo descaro ha pretendido desplazar fiscales que investigaron al poder, los ha trasladado, condicionado y maltratado, para inhibirlos e intimidar al resto. Pretender encadenarse al sillón después de eso es una burla a la sociedad. Una más.

Todo esto sin mencionar los intendentes que vacían sus municipios llevándose hasta los muebles, al límite del robo ridículo. O los que, para el mes de gestión que les queda, se multiplican el sueldo por tres, como si hubiesen hecho poco dinero en los varios períodos que gobernaron. Ni hablar de la usurpación masiva de tierras en Merlo, de la que debe dar cuenta el gobernador en ejercicio, Daniel Scioli (nos habíamos olvidado pero sí, es él), responsable de la seguridad pública y el cumplimiento de la ley en el distrito, el intendente saliente del Frente para la Victoria, Raúl Othacehé, y el que asume el 10 de diciembre, Gustavo Menéndez. Todos del mismo palo, robándose entre sí y, por cierto, al pueblo.

No deja de sorprender el kirchnerismo. Es cierto que 12 años en el poder son tiempo suficiente como para que alguien crea que lejos de mandatario es propietario. Resulta evidente que en la psiquis de esta gente existe la sensación de estar siendo desposeídos de lo que es suyo. Y esto también es nuestra culpa. Demasiados años de cheque en blanco.

Pero, en definitiva, les guste o no a algunos, el soberano es el pueblo, el poder siempre vuelve a él y las instituciones de la república le pertenecen. Parecemos estar asumiéndolo y, si es así, debemos estar alerta para hacer respetar nuestra voluntad. Exigir que nuestro mandato se cumpla, ejercer nuestro inmenso poder como sociedad, el único poder real de nuestra democracia.

En los últimos días, algunos encuestadores han comenzado a dar presuntos resultados de la elección del 25 de octubre, con la que llaman “proyección de indecisos”. Calculando esta, por ejemplo, Daniel Scioli, que parece no poder moverse en su intención de voto, de lo obtenido en las PASO (un 38,5 %), crecería a 41 o 42 puntos y si consigue separarse 10 % de Mauricio Macri, sería presidente en primera vuelta.

Ahora bien, más allá de la coyuntura que utilizamos para poder trabajar sobre un caso concreto, debemos saber con precisión en qué consiste la proyección de indecisos y qué verosimilitud tiene tal proyección.

Los encuestadores tienen un método que es casi siempre el mismo, con pocos matices, y está bien que así sea, porque de otro modo se haría imposible llegar a conclusiones más o menos plausibles. Pero ese método no siempre se relaciona con la verdadera indecisión de los indecisos, es decir, los que manifiestan que no han decidido todavía a quién votar padecen una duda, pero la proyección no valora en qué consiste esa incertidumbre.

Para proyectar, se toma el caudal de intención de voto de cada candidato. Digamos, para simplificar, que hoy Scioli tiene un 40 % de intención de voto, Mauricio Macri un 30 % y Sergio Massa un 20 %, suprimiendo a los demás candidatos a efectos metodológicos y pensando que hay un 10 % de indecisos. ¿Cómo se proyecta? Este último 10 % se prorratea de acuerdo con la intención de voto de cada uno, de manera que en este ejemplo lineal, 4 puntos irían para Scioli, 3 para Macri y 2 para Massa (en todos los casos con alguna décima adicional que completa dicho 10 %); queda entonces, con la intención de voto proyectada, el gobernador bonaerense con 44 %, el jefe de gobierno porteño con 33 % y el exintendente de Tigre con 22 %. Como se verá, la diferencia entre Scioli y Macri crece, con los votos proyectados, el 1 %.

Ahora bien, ¿es una regla de oro semejante cálculo? Veamos, podría uno sospechar que existen votantes opositores indecisos entre votar a Macri y votar a Massa. Y tal vez algunos electores podrían estar con dudas sobre si impulsar a este último o apoyar a Scioli. Pero muy difícilmente alguien esté indeciso entre votar a Scioli y votar Macri. Incluso uno podría creer que un voto positivo para el oficialismo ya está decidido o que si existen votos potenciales todavía indecisos para el Frente para la Victoria, estos son muy pocos, tal vez bastante menos que el 4 % que las proyecciones adjudicarían a Scioli, con su método.

Por ende, uno bien podría pensar que el candidato kirchnerista llegó a su techo electoral en las PASO y no puede sumar más que un par de puntos, que el resto de los indecisos, 8 % de ese hipotético 10 %, se podría repartir entre opciones opositoras, y que Macri se haría acreedor del 5 % y Massa del 3 %, o a la inversa. En el primer caso, el exmotonauta llegaría a un 40,5 %, el expresidente de Boca a 35 % o 33 %, según el caso, y Massa a un 23 % o 25 %., y entonces las hipótesis de que esto se termina en la primera vuelta se desvanecen totalmente.

¿Por qué proyectar entonces los indecisos de modo proporcional como lo hacen los encuestadores? Simplemente porque es un método y porque no hay otro modo científico de hacerlo y eliminar a los indecisos de las encuestas. Pero tal método está extremadamente lejos de ser una ciencia exacta. Hoy el resultado de las encuestas “con indecisos proyectados” es una aventura, una tómbola que las consultoras ponen a jugar, sea para influir en el electorado o simplemente porque es su mecanismo de funcionamiento.

Cuando asistimos a un escrutinio y vemos que el 20 % de las mesas ya se encuentran contabilizadas, decimos que hay una tendencia. Es cierto, pueden estar contadas las urnas que más nos favorecen y faltar las que favorecen al adversario; por tal hecho, a esos niveles de recuento nadie festeja, pero sonríe animadamente. Hay una tendencia estadísticamente relevante.

El domingo 5 de julio, el frente electoral Cambiemos que integran el PRO, la UCR y la Coalición Cívica obtuvo, contabilizando las cinco provincias (CABA, Córdoba, La Rioja, Corrientes y La Pampa) el 43,90 % de los sufragios emitidos, mientras que su inmediato perseguidor, el Frente para la Victoria, apenas alcanzó el 24,10 % de los votos. Y si consideramos los electores que prefirieron al delasotismo en Córdoba, como votos de la alianza UNA (el cordobés, más Sergio Massa), puede considerarse que esa fuerza obtuvo el 18 % de los sufragios.

Ciertamente, no resulta fácil construir la estadística. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, resultó difícil contabilizar a efectos nacionales el voto de la alianza ECO, que responde a la UCR, la CC (ambos dentro de Cambiemos), pero también el Frente Progresista de Margarita Stolbizer. Para minimizar los riesgos de error en la construcción estadística, se le adjudicaron a Cambiemos solamente el 50 % de los votos de ECO.

En Corrientes tampoco fue sencillo. Allí, el ganador fue una alianza que sostiene el gobernador Ricardo Colombi, también llamada ECO, pero que la integran la UCR, el PRO y el massismo, este último fuera de Cambiemos. Por ende, se le adjudicó a dicho frente nacional dos tercios de los votos obtenidos por ECO, mientras un tercio se colocó dentro de los votos de la alianza UNA en la que conviven Sergio Massa y José Manuel De la Sota.

En la provincia de La Pampa lo que se disputó fue una elección primaria, y si bien el candidato justicialista Carlos Verna se mostró totalmente antagónico con el Frente para la Victoria y venció a un rival absolutamente kirchnerista, al no poder determinar la preferencia nacional de Verna, todos los votos del justicialismo pampeano se los adjudicamos al Frente para la Victoria.

En Córdoba la cosa estuvo un poco más clara, aunque no totalmente. Si bien la alianza Unión por Córdoba que lidera De la Sota forma parte del frente UNA, es difícil decir si los votos locales son transferibles a votos presidenciales para el gallego. De todas maneras y a efectos estadísticos, asumimos que sí, e incluimos todos esos votos en UNA. La alianza Juntos por Córdoba, que salió segunda, refleja el acuerdo nacional de Cambiemos casi a la perfección, con lo que en tal cuestión no hubo dificultades. Tampoco en cuanto al Frente para la Victoria. Y por fin, La Rioja tampoco ofreció problemas: ganó el kirchnerismo y salió segunda la UCR, que integra Cambiemos.

Así, debemos decir que pese a que Daniel Scioli se apresuró a ir a festejar a La Rioja con el ganador kirchnerista de la elección en esa provincia, lo cierto es que a su candidatura presidencial un triunfo riojano le estaría aportando 108.000 votos. Si de los 30 millones de electores con derecho a voto sufragasen en la presidencial el 75 %, esto representa 21.750.000 sufragios válidos emitidos. Y Scioli hubiese obtenido de La Rioja el 0,49 % del total de sus votos. Da la sensación de que más debió festejar con Eduardo Acastello, aunque haya salido tercero en Córdoba, porque la cantidad de votos que le aportó esa provincia al Frente para la Victoria fue de 312.000, es decir, casi el 1,45 % de lo que podría alcanzar en la elección presidencial, tres veces más que La Rioja.

Por su parte, el peso del voto para Cambiemos en la ciudad de Buenos Aires parece de incidencia fundamental para las aspiraciones presidenciales de dicho frente. Representa casi el 5 % del total de los votos que obtendría para presidente de la Nación el candidato que surja de la primaria entre Mauricio Macri, Ernesto Sanz y Elisa Carrió. Casi exactamente lo mismo que el aporte que Scioli recibe de La Rioja, Córdoba, La Pampa, Corrientes y CABA sumados. Córdoba también aparece como muy importante para Cambiemos. Allí se adjudicó casi otro 3 % del total nacional.

Si se traslada el mismo método a todas las elecciones realizadas hasta el momento (Tierra del Fuego, Neuquén, Río Negro, La Pampa, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires, Corrientes, La Rioja y Salta), emitieron su voto 8.860.000 argentinos aproximadamente, esto es, el 41 % del padrón nacional, y si se quiere, lo que llamaríamos una tendencia más que importante.

De todos ellos, el Frente para la Victoria obtuvo 2.678.279 votos, alcanzando apenas el 30% del total, mientras que el Frente Cambiemos se adjudicó 3.395.874 sufragios, que representan el 38,30 % de los sufragios emitidos. Si querían una encuesta, esta es una sobre la realidad efectiva.

Hay quienes podrán decir que falta votar en la provincia de Buenos Aires, que encierra alrededor del 37 % del total país, con 11 millones y medio de electores. Si pretendemos agregarla, habrá que hacer un ejercicio de imaginación y perderemos precisión, pero puede intentarse. Como primera medida, debe reducirse el número de electores, considerando que los que votan son el 75 % del padrón, de modo que la muestra debe considerar 8.625.000 votantes. El kirchnerismo ronda habitualmente en esa provincia el 45 % de los votos, unos 3.900.000. Puede pensarse que el frente Cambiemos haga una mala elección en ese distrito, por ejemplo, un 30 % de los sufragios, el equivalente a 2.600.000 de voluntades.

Si sumamos cada cifra a las ya obtenidas en cada una de las provincias enunciadas, el Frente para la Victoria alcanzaría unos 6.500.000 votos, el 30 % del total país (incluyendo provincia de Buenos Aires con el supuesto indicado); mientras que Cambiemos se acercaría a los 6.000.000 de sufragios, el 28 % del total, y considerando casi el 80 % del padrón total nacional. Eso en una primera vuelta electoral.

Nada puede ocurrir tan decisivo en el resto de las provincias que faltan considerar. Su volumen de electores a nivel nacional es bajo como para incidir en una presidencial, y si se considera que el cálculo efectuado abarca el 80 % del padrón, la tendencia parece irreversible.

Lo dijo Mauricio Macri el domingo y lo completó luego Elisa Carrió. Tratan de instalar que Daniel Scioli ya ganó, pero no le dan los números. Indefectiblemente habrá segunda vuelta.

El artículo 140 del Código Electoral Nacional, inserto dentro del Capítulo “Delitos Electorales”, tipifica: “Se impondrá prisión de dos meses a dos años al que con engaños indujere a otro a sufragar de determina forma o a abstenerse de hacerlo”. Toda conducta descripta en un tipo penal, que por definición contiene una sanción, es una conducta prohibida. Y resulta evidente que presentar una candidatura que no se piensa asumir si resultase electo es un modo de inducir el voto hacia determinada lista de manera engañosa.

Difícilmente el legislador de marras no conozca la existencia de este artículo 140, dado que responde al Código Electoral Nacional original, sancionado mediante la ley 19.945 de 1972. Aunque debe reconocerse, suena bien a oídos del ciudadano que no tiene porqué conocer derecho electoral que alguien quiera “prohibir las testimoniales”, dado que casi nadie sabe que ya están prohibidas. Marketing legislativo podría llamárselo.

El radicalismo tuvo una intervención mediática bastante importante en el año 2009, cuando en las elecciones legislativas se presentó en la Justicia Electoral intentando impedir las candidaturas de Néstor Kirchner, Daniel Scioli y Sergio Massa en la lista de candidatos a diputados nacionales del Frente para la Victoria por la Provincia de Buenos Aires. Aducían que estos no asumirían los cargos para los que se proponían, que simplemente pretendían obtener votos para su partido y que defraudarían al elector. Su pretensión fue rechaza por la Cámara Nacional Electoral, sencillamente porque como en todo proceso judicial, hacían falta pruebas para aplicar la sanción pretendida, que en este caso era, prohibirles ser candidatos.

¿Qué elementos probatorios ofreció el radicalismo?. Solamente rumores periodísticos. Citados los presuntos “candidatos testimoniales”, todos aseguraron a los jueces que asumirían sus cargos en caso de ser electos, por lo cual la Justicia no tuvo otra opción que permitirles ser candidatos. En ese caso también, la presentación fue un juego de marketing, los letrados que la efectuaron debían saber que jamás podrían probar lo que alegaban y que el destino del expediente era el que termino siendo, dado que la prueba del mismo era “diabólica”: consistía en que los jueces viajasen al futuro para asegurarse que los electos no asumirían sus cargos y volviesen al 2009 para aplicar la sanción. Es más, el planteo equivocó el cálculo al menos con un candidato: Kirchner fue electo y asumió su cargo, con los cual de habérselo prohibido como pretendía la presentación del diputado Ricardo Gil Lavedra, se hubiese privado de su derecho constitucional a ser elegido a un ciudadano que no conformó la conducta que el presentante predecía que llevaría a cabo.

Tan alejada de la real intención de hacer justicia y tan cercana al marketing electoral fue la apuesta judicial del radicalismo por entonces, que terminado el proceso electoral, y viendo que los candidatos Scioli y Massa efectivamente no asumieron los cargos para los que fueron electos, no efectuaron las denuncias correspondientes por infracción al artículo 140 del Código Electoral Nacional. En ese caso sí, habiéndose configurado el hecho, la acción delictiva podría entenderse como consumada y era pasible de sanciones. Ciertamente, luego del proceso electoral, la presentación no generaba ya efectos políticos en términos de captación de votos, sino que era una acción exclusivamente en busca de justicia efectiva y en términos de respeto al voto del ciudadano, con lo cual, jamás hubo presentación alguna.

El proyecto de ley para “prohibir” unas testimoniales que ya están prohibidas se inscribe en el mismo juego, una supuesta pretensión de protección al elector que no es tal porque al momento de promover las sanciones nadie lo hace porque no generan rédito político.

Seguramente ha de ser muy complejo, pero sería importante buscar el modo de “prohibir los proyectos de ley testimoniales”, aparte de las candidaturas. Es decir, que los legisladores electos por el pueblo no puedan usar sus bancas para proponer proyectos sobre problemáticas ya resueltas por otras normas, que tienen como único fin aprovechar el desconocimiento del ciudadano para hacerse algunos votos.

Lo primero que hay que decir es que el Poder Ejecutivo es “unipersonal”. El vicepresidente no es parte de él. Pero tampoco es un legislador. La figura es más bien un híbrido jurídico que cumple el rol de “suplente”. Su trabajo habitual es presidir el Senado, y el extraordinario, suplantar al presidente. De tal manera, el vicepresidente de la Nación solamente será “Poder Ejecutivo” cuando las circunstancias descriptas por la Constitución lo lleven a suplantar al presidente. Sería el caso de Amado Boudou ante esta ausencia de Cristina Fernández.

En este contexto no juega rol alguno la Ley de Acefalía, porque la Constitución misma prevé el mecanismo de forma explícita y operativa. A todo evento, la función la desempeña el vice. Ahora bien, muchas de las inquietudes recibidas tienen que ver con la particular situación justamente de Boudou. A diferencia de otros vice, el actual tiene algunos temitas por resolver. Detenta la friolera de 54 causas judiciales, y tiene pendiente un pedido de juicio político, basado en una de esas 54 causas, en la Cámara de Diputados.

Esto de por sí no implica nada. En ninguno de esos 54 expedientes penales se ha llegado ni siquiera al punto de convocarlo a declaración indagatoria, por ende se encuentra muy lejos de alcanzar ni tangencialmente, el primer tercio de un proceso penal, que es el auto de procesamiento. En esa inteligencia, los 54 expedientes bien podrían ser 54 denuncias inmotivadas, donde ni Boudou personalmente ni en su calidad de funcionario público, haya cometido ningún delito que haga presumir la falta de idoneidad para ejercer el cargo.

Muchas de estas causas tienen ya, al menos un par de años, y se encuentran en esa situación, digamos anodina jurídicamente. Y resulta indiferente si esto es así porque no hay pruebas suficientes para avanzar o porque algunos jueces prefieren por ahora llevarlas a paso de tortuga para no tener problemas con el gobierno. Esa es la realidad y en tal contexto, el vice está plenamente habilitado para ejercer el rol.

Respecto a los planteos por el mencionado pedido de juicio político hay que hacer una diferenciación. Desde el punto de vista jurídico, fue presentado en marzo de 2012. A efectos de que no pierda “estado parlamentario” (condición para ser tratado), fue representado en 2013. Y si se quisiese mantener con posibilidades de avanzar con él, en 2014, habría que representarlo otra vez. Hoy, a solamente un mes y medio de terminado el año legislativo (30 de noviembre), se está a días de que la iniciativa caiga.

Desde la faz política, es imposible que sea tratado ni siquiera en comisión, dadas las mayorías que maneja el Frente para la Victoria. Sobre 31 miembros que tiene la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados (encargada de llevar adelante la acusación en un proceso como éste), 16 de ellos pertenecen al Frente para la Victoria, e incluso alguno más a bloques constantemente aliados como el Frente Cívico por Santiago o Nuevo Encuentro. Así que, más allá del resultado electoral de octubre, hasta el 10 de diciembre al menos, a nadie se le va a ocurrir tratar el delicado tema.

Luego viene el receso del Congreso hasta el 1º de marzo y, aun en caso de llamarse a sesiones extraordinarias, el temario lo fija el Ejecutivo, y los legisladores no pueden correrse de él, por más mayorías que tengan. De modo que el horizonte más acelerado consistiría en que el proyecto de juicio político al vicepresidente empiece a tratarse en Comisión en marzo de 2014. Con los ritmos políticos argentinos, de acá a seis meses, podríamos ser una provincia de Sudán o la capital de Alemania.

En ese contexto temporal, y dado que la presidente podría estar recuperándose de su cirugía entre 90 y 120 días, pierde coherencia hablar de la aplicación de la Ley de Acefalía. Para los “adelantados” que pretenden conocer un escenario futuro, totalmente hipotético y eventual e insisten con el tema, debe decirse que: si la presidente quisiese extender su licencia por más largo tiempo para recuperarse mejor, y se tomase, digamos, 8 meses, y en ese lapso el vicepresidente fuere procesado en algunas de las causas que tiene y evolucionase el proceso de juicio político en su contra (todas hipótesis al menos disparatadas, pero bueno, esto es Argentina, la tumba de las teorías políticas); y en tal lógica, el vicepresidente en ejercicio del Ejecutivo fuese, hipotéticamente suspendido, en principio, recién allí comenzaría a jugar un rol la ley 20.972 modificada (de Acefalía), donde se establecen mecanismos provisorios para que el presidente provisional de Senado primero, el presidente de la Cámara de Diputados luego (si el anterior defecciona o es inhábil) y el presidente de la Corte Suprema en tercer orden; se hagan cargo del Poder Ejecutivo, deban convocar a Asamblea Legislativa y ésta designe a un funcionario con el cargo de legislador nacional o gobernador de provincia para concluir el mandato.

Cabe establecer en el marco de esta descabellada hipótesis, que además, para que todo esto se desarrolle, la presidente no solamente debería estar “de licencia”, sino imposibilitada de seguir ejerciendo su cargo, de lo contrario, cualquiera de esos funcionarios especificados en el párrafo anterior llevarían adelante el Ejecutivo sólo de manera provisoria, hasta que esta retome el ejercicio de sus funciones.

La Argentina es un país institucionalmente serio, por más que políticamente sea un cambalache. Los mecanismos jurídicos no constituyen un sainete para que cualquiera haga lo que quiera. Hay un orden jurídico preciso y minucioso, con un presidencialismo acentuado, y bien protegido por el sistema legal, preservándose la idea madre, que es que los gobiernos elegidos por el pueblo, deben terminar sus mandatos salvo circunstancias especialísimas. Con el cuadro actual, ambiciosos abstenerse, a prepararse para 2015 y ganarse la confianza del pueblo como corresponde.

Por ejemplo, y en relación a Sergio Massa y su Frente Renovador, el senador Aníbal Fernández espetó: “Es un grupo de rufianes que traicionó a los trabajadores… El mas hijo de p… del peronismo es inmensamente mejor que cualquiera de esa lista”. Contundente y propio del senador, ex duhaldista y ex menemista. Con su apoyo irrestricto a las candidaturas del Frente para la Victoria, el gobernador bonaerense Daniel Scioli hizo una apuesta definitiva. No por lealtad ni por convicción.

De otro modo no hubiese estado negociando con Sergio Massa hasta último momento, hasta el último día. Lo hizo porque creyó que era la mejor apuesta. Si el FpV se imponía al intendente de Tigre en Provincia de Buenos Aires, el ex motonauta era el ganador indiscutido de una elección compleja y dejaba en el camino a su único rival interno, o al menos, al que suponía interno hasta ese momento. Si enfrentaba una derrota electoral, el candidato no era él mismo, sino Martín Insaurralde, así que de todos modos el panorama no era tan complejo, se hacía en soledad de todo el aparato del FpV y apostaba a abroquelar al PJ oficial detrás de sí mismo, cosa en la que hoy trabaja febrilmente.

De hecho, en estos días los popes del PJ juegan a “ponerle un límite a massita”, controlando el partido bajo el paraguas de Scioli y buscarlo volver a meterlo a Massa dentro del esquema partidario, para darle un lugar de poco lucimiento y así diluirlo. El debate es: ¿hasta dónde da el peronismo? A estas alturas, para la gente es una marca de peso en el mercado político. La discusión es si es “La Vascongada” o “La Serenísima”, es decir si es una marca vigente o una extinguida que solamente pesa en la gente muy mayor. Y, lo sabe el peronismo desde el ’83, aún estando vigente, depende del producto que traiga dentro del envase. Si el contenido está vencido, no va a ser fácil venderlo.

Otra inquietud que deberían tener los hombres que acompañan a Scioli es si realmente Massa terminará abrevando en aguas justicialistas o si, por el contrario, eludirá el viejo sello y buscará armar su Frente Renovador en todo el país y competirá con él. Es cierto, no es tarea fácil sino más bien titánica. Hoy su espacio no tiene personería más que en Provincia de Buenos Aires. Si el de Tigre se posiciona bien en las encuestas, mantiene su rol protagónico los próximos dos años y llega a 2015 bien parado políticamente, es posible que consiga cerrar las alianzas operativas con referentes de las diversas provincias, incluso del propio justicialismo mermando las fuerzas de Scioli. Pero eso no indica que esté en condiciones de competir. A tal cosa debe sumar el armado jurídico que le permita tener personería en 24 provincias para que su boleta presidencial esté en cada mesa del país.

Es esta la tarea más ardua y más compleja. El Frente Renovador es una alianza de partidos. Y si se pretende competir a nivel nacional, deberá ser una alianza gigantesca, donde muchos partidos de las diversas provincias (aunque de orden federal) deberán sumarse. Massa tendrá que seleccionar partidos con impronta filoperonista sin duda, sin relaciones extrañas o conflictivas con el pasado (muchas expresiones filoperonistas del interior han tenido fuertes vínculos con la dictadura, por ejemplo), y cuyos líderes provinciales tampoco tengan antecedentes espurios. Deberán ser partidos en condiciones jurídicas de integrar tal alianza (no estar caducos, no haber perdido la cantidad mínima de afiliados, no tener sanciones por falta de rendiciones de cuentas de campañas anteriores). Es por lejos, una tarea mucho más compleja que obtener los apoyos políticos.

No por eso imposible. En alguna medida, Eduardo Duhalde consiguió hacerlo en 2011. Creó una alianza a la que llamó Frente Popular de ese modo, y consiguió poner su boleta de candidato a presidente en todas las provincias. Es cierto que políticamente la cosa no funcionó, por errores, por imposibilidad de recuperar su imagen frente a la sociedad, etcétera. Pero el “barquito” jurídico para competir se construyó, lo que en principio parece ser el desafío más complejo de Massa, en buena parte porque los políticos suelen subestimar este problema, lo jurídico no es relevante hasta que las papas queman y cuando así ocurre a veces es tarde. El ex titular de Anses sabrá cómo hacer.

Pero lo que está claro es que de un modo u otro, Scioli y Massa competirán en 2015. Incluso, si este último no consigue armar su Frente en todo el país, tal vez lo hagan en una gran primaria peronista, escenario éste donde Scioli lleva todas las de ganar. El peronismo con un promedio de edad de 65 años, rango que incluye varios poderosos gobernadores, insiste en “ponerle límites al pibe”, en referencia a Massa. De tal modo que si éste hace lo que parece ser su mejor jugada, que es “ir por afuera”, para no ser absorbido por la estructura ni cargar con un sello desgastado, habrá un peronismo y un post peronismo enfrentándose en la presidencial. Un esquema similar al de 2003 (pero con un candidato menos), donde dicha expresión política llevó tres candidatos: Carlos Menem (la vieja guardia), Nestor Kirchner (expresando lo novedoso) y un híbrido, Adolfo Rodríguez Saa.

Terminado el análisis del peronismo, debe pensarse en una buena parte de la sociedad que no lo es. Raúl Alfonsín no ganó en 1983 con los votos radicales, lo hizo con los de los que estaban cansados del peronismo, o de ese peronismo. Y aquí empiezan a jugar un rol importante tanto el PRO, como el espectro panradical. En el caso del PRO, el candidato es uno y único, Mauricio Macri. El jefe de gobierno de la Ciudad tiene algunas ventajas. Seguramente no será objeto de “operaciones” internas para desgastar su imagen. Su partido se conducirá de modo monolítico y articulado. Es cierto, posee serias deficiencias en todo el interior del país y hay provincias donde ni siquiera posee personería o esta está en conflicto. Pero suponiendo que puede resolverlo con alianzas adecuadas (en tal sentido tiene muchos menos distritos para poner en vigencia que Massa), la cuestión en su caso es más bien política.

Por un lado, deberá convencer al electorado de que es la mejor “opción no peronista”. Su gestión en la Ciudad de Buenos Aires, si bien enfrenta opositores, bien puede ser un puntal. Posiblemente sea más eficiente que la de cualquiera de las demás provincias argentinas. Otra fortaleza es que detenta ese aire de novedad. Cuando terminan los ciclos, como el kirchnerista, el votante busca algo “novedoso” y Macri puede explotar ese rol. Seguramente lo dispute con Massa, pero los divide el vínculo con el peronismo. Al mismo tiempo, aquel justicialismo dividido al que se hizo referencia hace algunos párrafos puede beneficiar mucho la candidatura de Macri. En aquel 2003, Ricardo Lopez Murphy y Elisa Carrió se filtraron entre los candidatos de tal origen. Y “el bulldog” terminó la elección a solamente 5 puntos de Kirchner. Si el ex presidente de Boca Juniors aceita la máquina y pone en juego la experiencia de varias elecciones consecutivas ganadas en la Ciudad, no todo está perdido para él.

Tampoco puede dejar de plantearse el papel del espacio panradical-socialista en el esquema 2013. Este cúmulo de voluntades que encierra una buena elección de Julio Cobos en Mendoza, ganar o estar tan cerca de hacerlo por parte de Elisa Carrió en Capital, y el control que Hermes Binner va a mantener en la Provincia de Santa Fe, sumado a un radicalismo bien posicionado en Córdoba, y con alguna estructura superviviente en buena parte del país, pone a esta variante en carrera. Curiosamente, y pese a que se plantean como una opción de centroizquierda, disputarían votos con Macri, al que ellos mismos tratan de ubicar en la derecha sin demasiados argumentos. Es decir, ambicionan el voto no peronista. Dependerá de como muevan sus piezas de este complejo ajedrez los próximos dos años, y de si consiguen mantenerse unidos. La experiencia de UNEN en Capital en este 2013 puede dejarles una enseñanza: si se usa adecuadamente el sistema de primarias, pueden posicionar un candidato y resolver la interna al margen de los egos. Y al mismo tiempo, esa herramienta puede hacerle ganar votos sobre el macrismo, que no ofrecerá variantes en la fórmula presidencial: es Macri o Macri. Presentar varios candidatos en una primaria, y encolumnarse luego detrás del ganador, puede significar una ventaja.

En conclusión, aparecen cuatro espacios con chances de disputar la sucesión del kirchnerismo para 2015. Una estrictamente peronista que seguramente encarne Scioli, otra “post peronista”, en la persona de Massa; y dos opciones “no peronistas”: la más homogénea, el PRO; y la una más variopinta: la panradical-socialista. Más allá del condicionamiento de las etiquetas con las que voluntariamente cargará cada uno, del mejor juego, las mejores decisiones y la mejor estrategia, saldrá el próximo presidente de los argentinos. Si se suman los posibles candidatos de los cuatro sectores, es la primera vez en muchos años, que la Argentina tiene, a dos años de la elección, al menos cinco presidenciables.

El 15 de junio de 1996, la revista Noticias publicó una extensa entrevista a la diputada Cristina Fernández de Kirchner, esposa del gobernador de Santa Cruz. Se tituló “Una chica al rojo vivo”. Carlos Menem acababa de ser reelecto luego de la reforma constitucional y la actual presidente había llegado a la Cámara baja en la misma boleta que el riojano. Una de las preguntas es muy interesante: “¿A Menem lo votó en el ’89 y en el ’95?”. Pero más interesante es la respuesta: “Sí, absolutamente, y creo que no me equivoqué”. La historia más reciente es conocida. El ex caudillo se transformó en una suerte de Nosferatu con patillas, Néstor Kirchner se tocó sus partes pudendas cuando el riojano asumió como senador en pleno recinto, pese a que alcanzó la gobernación de Santa Cruz de la mano del ex presidente y luego de apoyar o al menos guardar absoluto silencio sobre los indultos, igual que su señora esposa.

El sábado 20 de septiembre de 2003, el diario Página/12 publica una nota donde cuenta la celebración del triunfo de Néstor Kirchner realizada en la residencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires en la ciudad de La Plata. Dice el artículo que “con efecto teatral” uno tras otro ingresaron el ganador, Eduardo Duhalde (su artífice) y Felipe Solá, su gobernador, quien jugaba de local. Reproduce el periódico la frase de Néstor en su discurso triunfante, sobre “el esfuerzo transformador que llevaron adelante Solá y Duhalde durante el tiempo más grave y duro de la Argentina”. La nota rescata algunas presencias en el evento como la de Florencio Randazzo al que se mencionaba como hombre de Solá (hoy ministro del Interior y Transportes del kirchnerismo y mañana quién sabe).

Como con Menem, al poco tiempo el kirchnerismo sindicó a Duhalde de diversos intentos golpistas y de ser una de las mayores desgracias argentinas. Solá se enojo cuando no lo dejaron reelegir como gobernador y comenzó un saltimbanqueo ordinario, De Narváez y el PRO, luego otro vez con los K, ahora con Sergio Massa.

En 1997 Daniel Scioli es elegido diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Se le adjudica la siguiente frase: “Éste es un triunfo del presidente Carlos Menem que ha llevado a la Argentina en el camino del crecimiento sostenido”. Ahá, mirá vos. Previo a eso Scioli había enfrentado una interna en el PJ Capital, liderando una lista de menemistas contra una de duhaldistas. En una entrevista con el diario La Nación del 15 de junio de 1997, ante la pregunta del periodista sobre qué haría en caso de perder dicha interna, el actual gobernador espetó: “Voy a seguir apoyando a Menem como hice siempre”. Chupate esa mandarina. Después, se sabe, el ex motonauta era el gran rival de ajedrez del presidente provisional Eduardo Duhalde, granjearon una profunda amistad y se halagaron recíprocamente. Para despejar dudas Scioli declaró en los últimos tiempos su kirchnerismo a ultranza, su apego por el proyecto nacional y popular y se la jugó por la candidatura de Martín Insaurralde como nadie. Un puro, de la primera hora.

Con Sergio Massa no vamos a tomarnos la molestia de buscar declaraciones públicas. En 2009 fue candidato a diputado “testimonial” de los K. Dos veces electo intendente por el Frente para la Victoria y jefe de gabinete de ministros de Cristina Fernández. En su equipo “renovador” (¿?), lucen el ya mencionado Solá, Ignacio De Mendiguren (duhaldista luego kirchnerista), el ex ministro de economía de Cristina Miguel Peirano, el ex titular del BCRA de Néstor Martín Redrado, el jefe de gabinete del matrimonio y autoproclamado fundador del kirchnerismo Alberto Fernández, el ex menemista-duhaldista-kirhcnerista Juan José Álvarez, entre tantísimos otros.

Todo es igual, nada es mejor. “Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclao la vida, y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia junto a un calefón”. Discépolo vio el siglo XX, pero no el XXI. Su poesía dice que, en ese mundo que ve, van juntos “Carnera y San Martín”. Evidentemente la cosa estaba mejor, había al menos un San Martín mezclado con el resto. Ya no “es lo mismo ser derecho que traidor”, querido Discepolín, hoy el traidor tiene una enorme ventaja sobre el resto.

Ahora bien, la de la semana pasada fue la segunda experiencia PASO, que se estrenó en las presidenciales de 2011. Y en ambas ocasiones, los partidos políticos se empeñaron en y consiguieron violar y destruir su naturaleza. ¿Cómo? Simplemente ejerciendo su alta cuota de autoritarismo. Ese pequeño grupo de personas que controlan los partidos desde hace años, y que son los que diagraman de un modo u otro la oferta electoral se las han ingeniado para evitar los efectos “democratizadores” del nuevo mecanismo de selección de candidatos.

¿Esto implica que hay que derogarlas? Por cierto que no, pero sí modificarlas tratando, en este caso, de no subestimar la capacidad de “trampa”, la maña, de las oligarquías partidarias. Las elecciones primarias y abiertas son imprescindibles para borrar del mapa la anticuada lógica de que es valioso que un puntero tenga “400 votos en la segunda”. Tal ridiculez con la que convivimos casi un siglo, y que es una reminiscencia del fraude conservador de la generación del ’80, muere cuando hay primaria abierta. Y lógicamente deben ser simultáneas, para que los simpatizantes de un espacio no tengan posibilidad de volcar los resultados de otro.

Ahora bien, ¿deben ser en todos los casos obligatorias? En principio para los ciudadanos sí, porque eso genera que el caudal de votos diluya la capacidad de los punteros de definir elecciones con un par de cientos de electores. ¿Pero para los partidos también, aun cuando vayan con lista única? En el esquema actual, la primaria es obligatoria incluso cuando un espacio lleva una sola lista. Y aun cuando en ese caso no hay nada para elegir, el Estado, es decir todos nosotros, le damos muchísimo dinero para que haga campaña para una interna que es ficticia. Y espacios en radio y televisión.

Y como no hay nada que definir, una sola lista recibe dinero y espacios dos veces, para la primaria y para la general. Y en ese contexto, tiene muchísimas ventajas el que no respeta el espíritu de la primaria sobre el que sí lo hace. En el primer caso, una sola lista usa todo el dinero que le aporta el Estado, para una campaña que no es tal. En el segundo las listas que sí compiten, deben repartirse el dinero en partes iguales entre todos, por ende, cada candidato solamente dispone de una porción.

Para ser concretos, usando uno de los pocos ejemplos a mano, el espacio UNEN que presentó cuatro listas en una interna/primaria real, debió dividir en cuatro partes iguales (una parte a cada lista que compite) el dinero aportado por el Estado. Pero el Frente para la Victoria (también usado como mero ejemplo) que violó la naturaleza de la norma, usó todo el dinero para una sola lista, es decir para una no interna.

La obvia consecuencia es que la lista única se difunde con muchos más recursos y llega a más votantes, como resultado de la ventaja que le ofreció vulnerar la naturaleza de la ley y los fines de que esta buscaba. Un disparate. La solución es bastante simple. Debería plantearse una modificación de la ley electoral, donde se establezca que los espacios políticos que determinan la postulación de listas únicas no participan de las primarias. Es decir, para ellos no son obligatorias, ni siquiera posibles. No reciben fondos estatales ni espacios publicitarios y su período de campaña electoral empieza a correr recién, cuando el cronograma que elabora la Justicia dice que puede hacerse campaña para la elección general.

Quienes sí disputen una interna/primaria real recibirán los fondos y los espacios para su campaña y participarán de la elección, que para el ciudadano será obligatoria. De este modo se alcanza una verdadera equidad. Los beneficios económicos y de posicionamiento político que otorga el sistema de primarias podrán aprovecharlo quienes realmente celebren una primaria. Para resolver el problema que podría presentar que el partido A no haga primarias, pero mande a su gente a inclinar la interna del partido B, se elaborará un padrón que excluya a los afiliados de los partidos que no se presentan en primarias. Es decir en la primaria de los partidos que realmente la celebren, votarán afiliados a esos partidos, y toda la masa de independientes no afiliados a ningún partido, que son más del 90% del padrón habitual.

Entonces serán las PAS, porque no serán obligatorias para quienes decidan presentar una única lista de aspirantes a los cargos que se disputen. Y ya que estamos, mejoramos algunas otras cositas. Las listas se presentan ante la Justicia Electoral del distrito y no a las mañosas juntas partidarias. Si hay que dotar de mayor presupuesto a dicha Justicia, para poder atender las necesidades de múltiples listas en primarias, el dinero deberá estar, porque el control de las juntas de los partidos genera inequidades e injusticias.

Otra característica a reformar es el hecho de que la ley imponga que en caso de tratarse de alianzas, el reglamento electoral de no puede prever otro sistema de distribución de cargos que el proporcional (D’Hont) porque es el único que permite una representación democrática de las minorías. Y hasta podría fijarse el debate televisado obligatorio para 5 días antes de las elecciones.

En fin, como quedaron diseñadas las PASO, no se consiguió ninguno de los fines perseguidos. No se alcanzó una competencia interna plena, por el contrario, se premia con publicidad y montañas de plata a quien no compite y además, se le da la posibilidad de hacer doble campaña, poniéndoselo por sobre los que si compiten. Por eso las PASO deberían ser las PAS. Los sistemas electorales se democratizan seriamente con el juego de prueba y error, y buena parte de los errores de las PASO ya quedaron expuestos. Es hora de resolverlos.

Especialmente desde el advenimiento de Cristina Fernández de Kirchner, la figura del General Perón no ha jugado un papel relevante, ni es mencionada como antecedente en “el relato”. Sí, es cierto, se rescata con cierta asiduidad la figura de Eva Perón, y algunos iconos setentistas, pero no la del propio Perón. La presidente, de hecho, casi no lo ha mencionado públicamente.

Incluso en las boletas para la próxima elección, a las tradicionales caras de Perón y Evita juntos que suelen incluir las papeletas del Justicialismo, se le ha agregado, del otro lado, un símbolo similar, pero con la cara de Néstor Kirchner. A la misma altura y con el mismo tamaño, como una nueva simbología.

Tampoco puede extraerse del análisis que pese a contar con el control completo y total del Partido Justicialista en todo el país, el kirchnerismo nunca ha ido a elecciones con él. Siempre ha sido el “Frente para la Victoria”, dándole a su instrumento electoral el nombre de uno de los pequeños partidos que integran esa alianza, el Partido de la Victoria. Cuando bien pudo usar el nombre, por ejemplo, de Frente Justicialista.

Desde los sectores de la oposición que la prensa, a fin de simplificar el mensaje, designa como “peronistas”, puede observarse una todavía más profunda lejanía del peronismo. Francisco De Narváez se llama a sí mismo “peronista”, pero lo cierto es que no existen ni en sus publicidades, ni en sus símbolos, ni tampoco en su discurso, referencias al peronismo.

Quien intenta jugar el papel de opositor moderado y unificador del “peronismo”, Sergio Massa, no usa ninguna simbología vinculada a Perón o Evita, o a sus logros o bondades. En su primer acto de campaña, se observaba una estética bastante moderna y aséptica, similar a la adoptada habitualmente por el PRO, clara y cuidadosamente estudiada por algún gurú del marketing, con un logo de campaña nada peronista (se veía por todos lados ­­+a por Massa). Nada de marcha alusiva, ni “que grande sos”.

Eso en Provincia de Buenos Aires. En Capital Federal no se observan vestigios de peronismo. Salvo en algún local de Propuesta Peronista del vicepresidente primero de la Legislatura Cristian Ritondo, a los que los militantes llaman “básicas” (por unidades básicas el nombre histórico de los locales justicialistas) y en los que se ve (no en todos) alguna fotografía de Perón rodeada del color amarillo que distingue al PRO, no hay otras identificaciones peronistas, más allá de las boletas de votación de Daniel Filmus que tienen la misma lógica ya descripta de todo el Frente para la Victoria.

Solamente aquellos sectores con fuerte impronta sindical mantienen un alto grado de simbología peronista y prometen rescatar los valores del justicialismo tradicional. Usan en sus actos grandes fotografías de los viejos líderes, y vuelcan en sus discursos algunos conceptos a la usanza tradicional, sin profundizarlos demasiado.

¿Qué pasa con el peronismo? ¿Se agotó? Incluso los que se llaman a sí mismos peronistas, ¿creen que serlo es “piantavotos? Una de las cosas que debe reconocerse es que el paso del tiempo es inexorable, y que las figuras políticas relevantes se desdibujan con él. Incluso cuando sus participaciones en la vida pública hayan sido superlativas, sus medidas, propuestas o improntas son acomodadas a su época, tal vez con una visión de futuro, pero nunca eternas. Posiblemente si Perón, Yrigoyen o incluso Mariano Moreno viviesen hoy, sus ideas base serían las mismas que en sus tiempos, pero su aplicación, instrumentación e incluso su “puesta en escena” serían muy diferentes.

También es cierto que cuando los procesos políticos son muy personalistas, el mero paso del tiempo diluye el liderazgo. El Perón profundamente transformador de 1950 sólo es conocido por gente que hoy tenga más de 73 años. Porque para saber medianamente de qué se trataba, sentir con cierta lucidez el imán del líder, debía tenerse al menos 10 años a 1950. Si a eso se suma que las estadísticas electorales indican que en 2015 la mitad de los electores tendrán menos de 40 años, la dilución del peronismo es lógica y casi obvia.

El Perón posterior, el que algunos podemos recordar con cierta nitidez, fue el que volvió en los ’70, con un país diferente, con problemáticas distintas y un grado de conflictividad que el General no pudo resolver. No es un peronismo “para recordar” como la base de un diseño político futuro.

¿Esto quiere decir que murieron las ideas del peronismo? Por cierto que no. Al menos no muchas de ellas que resultaron fundacionales, como el concepto de justicia social, por ejemplo. Sin embargo, hoy forman parte de un “diseño” de plexo de derechos mucho más ampliado, al que llamamos con mayor precisión ”derechos humanos“. Y ese esquema se ha desarrollado con tanta velocidad en los últimos 50 años que ha subsumido, por ejemplo, a los derechos de los trabajadores dentro de ellos. Nadie puede negar hoy la necesidad de respetar y profundizar los derechos humanos. Pero toda la ideología peronista gira alrededor de una porción de tales derechos. En ese sentido, la frase de Perón, “peronistas somos todos”, fue una lectura del futuro.

Más allá de que se haga en mayor o menor medida, con un matiz o con otro, ninguna expresión política de estos tiempos, con alguna aspiración de alcanzar el mandato popular, puede negar la necesidad de la existencia del derecho del trabajo por ejemplo, que expresa mecanismos de equidad jurídica entre el más débil, el trabajador, y el más fuerte, el empleador. Ni tampoco la necesidad de que existan mecanismos de generación de empleo en condiciones dignas, o de proteger las fuentes de trabajo nacionales, o el derecho de huelga o las potestades de los trabajadores de agremiarse y defender todos juntos sus reclamos.

Pero eso será, en todo caso, el aporte histórico que el peronismo hizo a los argentinos. No forma parte de una batalla actual, ya es una conquista inalienable, pero pasada. Por eso no integra los discursos de campaña, así como tampoco están en la escenografía de campaña los iconos de aquellos logros.

Antes del advenimiento del kirchnerismo, hubo otra expresión política que dio el primer paso en este proceso de “disolución” del peronismo. Fue el menemismo, que entremezcló en sus filas sectores devenidos de fuerzas políticas que en nada coincidían con la doctrina peronista, como la por entonces pujante UCeDe. Y esa mixtura al menos extraña generó secuelas, no fue un hecho momentáneo. Tanto es así que muchas figuras “peronistas” de hoy provienen de aquella UCeDe. El propio Massa fue un militante juvenil del partido de Álvaro Alsogaray. Y si vamos al riñón kirchnerista, Amado Boudou, nada menos que el vicepresidente K, o Ricardo Echegaray, titular de la AFIP, provienen de la misma cuna.

Esto explica, por ejemplo, la estética massista del acto de lanzamiento. O la guitarra de Boudou en sus presentaciones. Algunos pueden decir que son pragmáticos. Yo creo que la mejor definición es que son híbridos, su origen es confuso, mestizo; salvo dentro de las organizaciones del movimiento obrero, no hay ya puros.

Todavía hay muchos dirigentes que ciertamente se reputan a sí mismos peronistas. Pero cuando uno los escucha hablar, queda claro que no son “de aquellos peronistas”. No tienen nada que ver. Uno sospecha, en realidad, que se hacen eco del mito popular de que “en este país sólo pueden gobernar los peronistas”, y que para sentir que tienen la posibilidad de acceder a espacios de poder, o crecer a partir de los que ya tienen, deben autodenominarse peronistas.

Desde tal idea, parece que ser peronista, por estos días, tiene más relación con el preconcepto social del supuesto modo que el peronismo tiene de ejercer el poder, que lo hace el único viable. “Me hago llamar peronista para que la gente sepa que yo puedo gobernar” o porque “me otorga un halo de persona decidida”. Pero el peronismo no es un “carácter”. Es una forma de pensar la política, una ideología. En todos los sectores políticos hay personas con carácter para ejercer el gobierno y tomar las decisiones y otras que no. Solamente por citar ejemplos: ¿que Daniel Scioli nunca termine de decidir qué hacer lo hace un estratega porque es supuestamente peronista, y a cualquier otro lo transformaría en un pelafustán porque no se autoproclame peronista? Lo mismo hubiese cabido en su momento a Carlos Reutemann.

De hecho, la sociedad se niega a recordarlo por algún mecanismo de psicología social intrincado, pero la Asamblea Legislativa de enero de 2002 nominó a Eduardo Duhalde para terminar el mandato de Fernando De la Rúa, hasta el 10 de diciembre de 2003. Y el poderoso cacique bonaerense fue incapaz de terminar ese mandato. Por un evento que costó la vida de dos personas en la Estación de tren de Avellaneda, adelantó 6 meses las elecciones y 8 la entrega del poder a Néstor Kirchner. Ese solo hecho debió dar por tierra con el mito de que solo los peronistas terminan sus mandatos. Duhalde, a quien nadie puede negarle su peronismo casi en estado puro, recibió manda constitucional por 23 meses y sintió la necesidad de abandonar ese mandato luego de sólo 15. La realidad es que entregó el poder tres meses antes que, por ejemplo, Raúl Alfonsín. En términos porcentuales, Alfonsín gobernó el 93% del mandato otorgado, mientras que Duhalde, peronista, solo llegó a cumplir el 65% del suyo, poco más que Fernando De la Rúa que aneas superó el 50% en un gobierno de coalición como era la Alianza, que también incluía peronistas disidentes, como el llamado Frepaso, del cual buena parte de sus cuadros eran de origen peronista.

Por ende, no es disparatado evaluar que buena parte de los dirigentes políticos que hoy se autopostulan como peronistas en realidad lo hacen para continuar el poco consistente mito popular que prescribe que solamente siendo peronista se puede ejercer el poder. Pero cuando se trata de la captación de voto, de buscar la identificación del elector con su idea o sus candidatos, se recurre a estéticas despojadas de peronismo, o diluidas, como el caso de la boleta del Frente para la Victoria, con el rostro de Kirchner.

¿Esto implica que murió el peronismo, que ya no existe? Depende de cómo se lo vea. El peronismo dejó su huella indeleble en la historia, grandiosa o nefasta, depende quién sea el observador, y no es tema de estas líneas esa evaluación, aunque el suscripto se inclina por valorar los extraordinarios logros que obtuvo a mediados del siglo pasado. Lo que sí parece quedar claro es que los protagonistas de la política de hoy no consideran al peronismo una matriz idónea para la captación del voto, y eso lo conduce inequívocamente a ocupar su destacadísimo lugar en la historia, y un espacio cada vez menos definitorio en el presente y futuro.