Aun cuando todo lo dicho sea cierto, ninguno de tales datos invalida su denuncia, las escuchas, la relación perfectamente circunstanciada de los hechos relatados e hilvanados con precisión en la presentación que efectuase. Tuviese Nisman un affaire homosexual como se planteó inicialmente desde el oficialismo, o fuese el nuevo Isidoro Cañones porteño, ¿en qué cambia la gravedad de los hechos denunciados?

En todo caso al extinto funcionario era consumidor de tales tentaciones de la noche. El ex Ministro de la Corte Suprema ultrakirchnerista, Eugenio Zaffaroni, poseía 14 propiedades, todas ellas explotadas como prostíbulos, y su defensa consistió en decir que no estaba al tanto de tal cosa. Permítaseme la duda ante semejante insulto a la inteligencia de cada uno de nosotros, pero lo cierto es que Zaffaroni estuvo sospechado todos estos años de ser un empresario de la prostitución, no un simple consumidor de la misma, y todavía así, no se han puesto en duda sus sentencias por tal motivo.

Se ha promovido también la idea de que el fiscal utilizaba los dineros del Estado volcados a su fiscalía, para sus gustos personales. De ser así, esto constituiría por cierto un delito, pero como es sabido, no es pasible de juzgamiento por encontrarse fallecido. Por ende, resulta a todas luces irrelevante hoy semejante situación y tampoco es invalidante de la denuncia por el supuesto plan criminal de encubrimiento a Irán, que según Nisman, encabezaba la señora presidenta.

El kirchnerismo en ciertos puntos resulta extremadamente ridículo. Pretende deslegitimar una denuncia de gravedad inusitada, que bien podría haberse caratulado como traición a la patria, deshonrando al fiscal por consumir prostitución, cuando su “magistrado emblema” pudo haber sido un empresario “oferente” de prostitución.

Ciertamente, la denuncia sobre el plan criminal de encubrimiento tiende a perecer, la estrategia K es obtener resolución firme de sobreseimiento antes del cambio de gobierno, para que la misma genere el efecto de la “cosa juzgada” (nadie puede ser imputado dos veces por el mismo hecho), y los magistrados no se sientan en libertad de investigar, con el kirchnerismo fuera del poder.

La última maniobra del “amigo” de Nisman, Diego Lagomarsino, denunciando la cuenta en el exterior que compartía con el fiscal y mencionando que él mismo le requería la entrega mensual de la mitad de su salario, carece en definitiva de relevancia procesal. No prueba que Lagomarsino sea inocente de las acusaciones elípticas que ha recibido de la querella y del mismo gobierno, ni que no haya estado en Le Parc en el momento de la muerte, ni si Nisman le pidió la pistola o Lagomarsino la llevó por otro motivo. Tampoco es posible determinar si es cierto que el especialista informático entregaba ese dinero mensual. Dijo haberlo hecho en mano y, como prueba, exhibe constancias del retiro de la mitad de su salario ni bien el mismo era depositado. Tal cosa no resulta prueba más que de que Lagomarsino necesitaba solventar las cuentas que todos pagamos a principios de mes.

Más bien parece ser una apuesta más a desgastar la imagen personal del fiscal denunciante. El kirchnerismo exhibe su vida personal poco recatada, su “amigo” le endilga corruptelas, y como extraña consecuencia el gobierno deja de señalar a Lagomarsino como hizo los últimos dos meses. A cualquier matemático le cierra la ecuación.

Luego de las filmaciones del local de “esparcimiento” Spartacus que complicaron al juez Norberto Oyarbide, quedó claro que la vida personal de los magistrados no es óbice para el desempeño de su cargo. Tal magistrado ha seguido cumpliendo sus funciones y las críticas que ha recibido y las diversas acusaciones que pesan sobre él en el Consejo de la Magistratura, no están relacionadas con su tipo de vida, sino con presuntos hechos de mal desempeño de su cargo. Acusaciones de las que el kirchnerismo lo ha defendido a capa y espada. Si los constantes sobreseimientos de Oyarbide a funcionarios del gobierno no son objetables por sus preferencias sexuales y su modo de llevar su vida personal, las acusaciones de Nisman tampoco pueden ser descartadas por su inclinación por señoritas de la noche.

Fayt es un lujo para cualquier Corte Suprema, porque ha mantenido desde su asunción independencia respecto de cada uno de los gobiernos que pasaron durante el ejercicio de su alto cargo. Fue independiente del radicalismo de Raúl Alfonsín que lo nominó para el cargo no siendo radical; se mantuvo independiente de la “mayoría automática” menemista durante los diez años de gestión del ex presidente riojano. Siguió siendo independiente del gobierno de Fernando De la Rúa, y lo fue de Eduardo Duhalde quien ya por 2002 ejercía presión para que Fayt abandone su cargo, basado en su edad. Por cierto lo fue del kirchnerismo, que en diversas épocas siguió la línea duhaldista en la búsqueda de su sillón en la Corte.

Eso es Fayt. Independencia del poder político, defensa a rajatabla de las garantías constitucionales, calidad y claridad intelectual, arduo trabajo y fallos y obras memorables. La historia le reserva un sitial especial, al margen de las reyertas políticas de ocasión, a la par de Juan Bautista Alberdi o de Dalmacio Vélez Sarsfield.

Sentarse a hablar con Fayt es una experiencia enriquecedora a cada minuto y sobre cada tema que se toque; el saber jurídico de la personalidad más importante de nuestra historia en materia de derecho político resulta esclarecedor a cada momento. Integra hoy una Corte con colegas también importantes. Nadie puede desconocer, aun pensando distinto, el aporte y el conocimiento que Eugenio Zaffaroni posee sobre la ciencia del derecho penal, ni tampoco el bagaje de sabiduría de Ricardo Lorenzetti y Elena Higthon de Nolasco sobre derecho civil.

Pero no puede uno desentenderse del hecho de que la Corte es el último resguardo del control de constitucionalidad: en el cuarto piso del Palacio de Justicia se custodia nuestra forma de vida, la que hemos elegido, el sistema republicano, la democracia, y con ellos la división de poderes y la garantías de los ciudadanos. Y sobre esos temas es sobre los que Fayt da cátedra constante incluso a sus colegas. Hoy, a sus 96 años conserva un vuelo intelectual y una capacidad de elaboración y aplicación de conceptos jurídicos y sociales únicos, envidiables para quienes tenemos menos de la mitad de su edad.

Si alguna vez vamos a perder el extraordinario lujo de tener a Fayt en la Corte, es deseable que sea él mismo o la naturaleza quien lo decida. No la presión, no la operación política de bajo vuelo buscando quebrarlo en base a la menor resistencia física lógica de su edad. La necesidad política de determinada facción, la que fuese, no puede privarnos de la trascendente ventaja para la libertad y garantías ciudadanas, que significa la presencia de Fayt en la Corte Suprema.

Pero ni usted ni yo somos ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cabeza del Poder Judicial y tribunal superior de la Nación. Si lo fuéramos, deberíamos tener otros cuidados en la celebración de nuestros onomásticos, dado que ese amigo “erróneamente” imputado en 50 expedientes penales bien podría caer con alguno de ellos en el tribunal que eventualmente integraríamos, y eso afectaría nuestro buen juicio y nos obligaría a excusarnos de sentenciar en tal causa.

Cuando por casualidad los jueces reciben el expediente donde se ventila el conflicto judicial de alguna persona relacionada, los magistrados de buena fe suelen excusarse de intervenir en ellos “por razones de decoro y delicadeza”, dejando que dichos autos sean evaluados por otro juez sin vínculos con los involucrados, para que pueda aplicarse la ley conforme a un razonamiento equilibrado sin influencias emocionales.

Así las cosas, cuando se es un juez de la Corte Suprema y se quiere festejar un cumpleaños, no resulta muy “prudente” invitar al vicepresidente de la Nación, constantemente potencial presidente en ejercicio, y muy en especial cuando éste tiene al menos medio centenar de causas penales de diversa índole, todas ellas relacionadas con diversas modalidades de uso de su cargo para negocios privados. Más concretamente, me refiero al segundo cumpleaños consecutivo en que el ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni invita a la celebración al vice Amado Boudou, y esto, a la vez, trasciende.

El vice no es la única persona en conflicto con la ley que participó de la fiesta. La señora Hebe de Bonafini tampoco está totalmente liberada de las implicaciones que rozan a su hija, por ejemplo, en la causa que investiga el desfalco del programa de viviendas “Sueños Compartidos”, donde curiosamente el ex mano derecha e “hijo putativo” de Hebe, Pablo Schoklender, imputó además al propio Boudou. Pero en todo caso, lo de la titular de Madres de Plaza de Mayo es bastante menos “abrumador” que el tema Boudou, en términos de cantidad de causas y niveles de involucramiento procesal.

El “decoro y delicadeza” de los magistrados debe mantenerse no solamente en el ejercicio de sus fueros, sino también en toda su vida pública. Y claramente, el cumpleaños de Zaffaroni es público. No es posible pensar que el mencionado es el único ministro del alto tribunal que festeja el aniversario de su nacimiento. Tal vez alguno no sea afecto a estas cuestiones, pero la mayoría de la gente de un modo u otro celebra estas fechas. Lo que queda claro es que en ninguno de los demás casos tales fiestas trascienden. Por menos pomposas, por menos pintorescas, o porque no asisten funcionarios de otros de poderes del Estado, a los que dicho juez eventualmente debería juzgar.

Las fiestas de cumpleaños de Zaffaroni sí trascienden, y lo que especialmente se sabe siempre es quiénes son sus invitados, y en algunos casos, es posible pensar que el mencionado ministro no guarda “decoro y delicadeza”. Es cierto que el juez de marras anunció que se retirará del alto cuerpo este mismo año, y que es más que probable que ningún expediente que involucre a Boudou llegue a ser tratado tan rápido por el tribunal que integra. Pero también lo es que al formar parte de la cabeza del Poder Judicial, aun cuando las sentencias de cada magistrado son propias e independientes, un juez de grado bien podría verse “condicionado” en su resolución sobre un imputado que muestra manifiesta y pública amistad con su superior jerárquico, en este caso, Zaffaroni.

No es un delito, ni siquiera una infracción ni una violación, en principio, de ninguna normativa; pero sí es un grotesco, es totalmente inconveniente, es una imprudencia, en tiempos en que la corrupción administrativa está en el centro de la escena y resulta lacerante socialmente, cuando existe demasiada gente que no se alimenta de modo suficiente o no accede a condiciones mínimas de sanidad, o no puede salir de la marginalidad, en buena parte por esa corrupción, y cuando el vicepresidente, con razón o sin ella, está señalado por los más diversos actos de corrupción.

Es un criterio y por cierto puede haber otros, pero parece alejado de los cánones habituales de decoro y delicadeza que deben observar los magistrados que Boudou asista al cumpleaños de Zaffaroni, que éste lo invite siquiera, que celebren y brinden juntos. Sin prisa pero sin pausa, nos acercamos a los cánones éticos de la republiqueta bananera que Alberto Olmedo graficaba al personificar al “Mariscal de Costa Pobre”.