Hoy podemos observar que no ha existido Gobierno en retirada que haya mostrado más apego al poder por el poder mismo, ni semejante desprecio a la voluntad popular de cambio. No deja de emitir señales descaradas de ello, tanto a nivel nacional como en localidades remotas del interior del país, donde el voto del soberano decidió que no continúen en el poder.

El caso del intendente tucumano de Concepción es paradigmático. Sitiado y amenazado en su oficina por un grupo de empleados políticos a los que cesanteó cuando asumió, como corresponde a toda gestión nueva, sin auxilio de la fuerza pública para normalizar la situación, los punteros lo bloquean y lo amenazan en su despacho.

Todas las administraciones que terminaron desde la recuperación democrática retiraron sus cuadros políticos de la administración. Es cierto que durante esos Gobiernos muchos iniciaron carreras administrativas y se mantuvieron trabajando en el Estado como empleados de la planta estable, pero no lo es menos que en la última etapa de cada período no existió un pase masivo a la planta permanente. Los funcionarios y los empleados políticos saben que terminado su ciclo “vuelven al llano”, en todo caso a recuperar espacio para volver a convencer a la sociedad de sus virtudes. Todos los funcionarios y los empleados políticos, históricamente, ante un cambio de Gobierno, presentan sus renuncias al nuevo jefe de la repartición donde se encuentren. Así ha funcionado siempre.

El kirchnerismo, al contrario, intenta “acovacharse” dentro del Estado, fuerza nombramientos de último momento con maniobras irregulares, como la designación de dos nuevos auditores la semana pasada en el Congreso, lo que implica un claro reconocimiento de derrota electoral, pero además una evidente intención de ocupar espacios de poder, aun contra la voluntad popular. El mandato que el pueblo le dio a esos legisladores oficialistas de modo de conformar la mayoría propia que tienen en la Cámara Baja se lo otorgó hace cuatro años, y si bien mantiene vigencia calendario, ante la inminencia de un cambio de Gobierno indefectible, la coherencia democrática indica que apurar tales nombramientos no es más que un gesto de desprecio a la elección del soberano.

Lo mismo puede decirse del envío de dos nuevos pliegos de postulantes para la Corte Suprema de Justicia. Incluso cuando estos no vayan a encontrar en el Senado el respaldo suficiente, lo que demuestra es la vocación de este estilo de ejercicio del poder.

Han incluso reescrito el Manual del golpista, que explica que se debe simular respetar el resultado de la voluntad popular, conspirar luego en silencio y preparar jugadas subrepticias para hacer tropezar al nuevo Gobierno, empujándolo sigilosamente al abismo. Pues no. Imprimiéndole su estilo, vaticinan todas las desgracias posibles por venir, se atornillan a los cargos para mantener espacios desde donde poner palos en la rueda al Gobierno próximo y hasta llevan a cabo hechos como el de Concepción, en la provincia de Tucumán, para que quede claro que lo que les importa es el poder y no lo que decida el ciudadano.

Buscan nombrar cientos de jueces en su último mes de gestión, y la procuradora general de la nación plantea que va a mantenerse en su cargo a capa y espada. Es cierto que la Constitución le otorga el derecho, pero también lo es que la tradición democrática indica que se pone la dimisión a disposición del nuevo presidente. Especialmente cuando uno se ha proclamado a los cuatro vientos como “procurador militante”, otro hecho inédito en la historia. Cuando manifiestamente y con todo descaro ha pretendido desplazar fiscales que investigaron al poder, los ha trasladado, condicionado y maltratado, para inhibirlos e intimidar al resto. Pretender encadenarse al sillón después de eso es una burla a la sociedad. Una más.

Todo esto sin mencionar los intendentes que vacían sus municipios llevándose hasta los muebles, al límite del robo ridículo. O los que, para el mes de gestión que les queda, se multiplican el sueldo por tres, como si hubiesen hecho poco dinero en los varios períodos que gobernaron. Ni hablar de la usurpación masiva de tierras en Merlo, de la que debe dar cuenta el gobernador en ejercicio, Daniel Scioli (nos habíamos olvidado pero sí, es él), responsable de la seguridad pública y el cumplimiento de la ley en el distrito, el intendente saliente del Frente para la Victoria, Raúl Othacehé, y el que asume el 10 de diciembre, Gustavo Menéndez. Todos del mismo palo, robándose entre sí y, por cierto, al pueblo.

No deja de sorprender el kirchnerismo. Es cierto que 12 años en el poder son tiempo suficiente como para que alguien crea que lejos de mandatario es propietario. Resulta evidente que en la psiquis de esta gente existe la sensación de estar siendo desposeídos de lo que es suyo. Y esto también es nuestra culpa. Demasiados años de cheque en blanco.

Pero, en definitiva, les guste o no a algunos, el soberano es el pueblo, el poder siempre vuelve a él y las instituciones de la república le pertenecen. Parecemos estar asumiéndolo y, si es así, debemos estar alerta para hacer respetar nuestra voluntad. Exigir que nuestro mandato se cumpla, ejercer nuestro inmenso poder como sociedad, el único poder real de nuestra democracia.

Scioli dijo, con su inasistencia, lo que piensa de las instituciones y del pueblo. El debate tuvo un bloque donde los candidatos hablaban de institucionalidad. ¿Qué hubiese dicho el actual gobernador? ¿Que no le importa? ¿Que la independencia del Poder Judicial es algo que lo perjudica y que va a impedirla a como dé lugar? Por cierto que no, hubiese dicho una mentira.

El ex motonauta fue sobreseído la semana pasada en una causa en la que se le imputaba enriquecimiento ilícito, porque su patrimonio evolucionó en los últimos diez años de una deuda de 40 mil pesos (es decir, patrimonio negativo) a declarar en la actualidad 15 millones de pesos en activos.

El sobreseimiento dictado por un juez de La Plata se llevó a cabo sin requerir una pericia contable sobre la documentación presentada por Scioli en el juzgado. Es decir, el juez, un abogado, analizó por su cuenta documentación contable compleja y con eso sobreseyó. El fiscal de la causa, encargado de representar al pueblo en la acusación, no apeló. Si Scioli iba al debate, ¿qué decía sobre institucionalidad? Hizo bien en no ir a mentir.

El candidato oficialista tiene otras prioridades. Para él, el debate carece de valor práctico, como dijo: “Es un chamuyo”. Es que sus votos no provienen de ciudadanos a los que les importe lo que se diga en un debate, y él lo sabe. Scioli bien hubiera podido subirse al atril y no decir nada o exagerar con promesas de inversiones por 100 mil billones de dólares en salud y educación; y sus votos hubiesen sido exactamente los mismos.

Las preferencias por el gobernador provienen de otro origen: son votos condicionados, no libres, de aparato, de apriete, de prebenda o de fraude directo, y se clava en su 38,5 % de las PASO. Nada de lo que dijese por fuera de “Con fe, con esperanza” iba a ser creíble, lo más sincero fue su ausencia. Le hizo con ella el pequeño favor que está dispuesto a hacerle a la institucionalidad: se privó de mentir, al menos en dicho evento.

Ayer se conoció la noticia de que Scioli se recibió. A los 58 años, en medio de una campaña electoral para presidente, con las inundaciones de por medio, las recorridas por el país, el festejo con los distintos gobernadores electos y además la obligación de gobernar (o lo que sea que haga en la provincia de Buenos Aires), el candidato oficialista cursó 9 materias en 7 meses en la carrera de comercio exterior y obtuvo un 7 como calificación de su tesina, lo que le otorgó el título de licenciado en la materia. ¿Habrá faltado al debate para estudiar? Difícil. En lo personal, le agradezco que no haya ido a tomarme el pelo también desde el atril del debate.

Para Scioli carece de sentido confrontar propuestas, porque no las tiene, ni le interesa tenerlas. Mientras los otros candidatos se esmeran en exhibir sus más elaboradas ideas para inducir el voto hacia ellos, el sciolismo-kirchnerismo hace operaciones de prensa, prepara maniobras irregulares en las provincias del noroeste, deniega mediante sus jueces electorales subrogantes (como el magistrado electoral de La Plata) medidas para paliar el robo y la destrucción de boletas, entrega heladeras, licuadoras y bolsones de comida a los ciudadanos que empobreció hasta necesitar la caridad del Estado y se ocupa de obtener cierres exprés de causas judiciales en su contra. Esos son sus instrumentos para ganar la elección, por ende, ¿para qué debatir? O peor, ¿para qué tener propuestas?

Es absolutamente cierto, en la lógica de Scioli, que el debate “es chamuyo”. Para él sí lo es. Goza de otras armas mucho más eficientes y menos riesgosas que aventurarse a decir una soberana pavada y quedar expuesto al innecesario papelón. Su ausencia fue un acto de sinceridad con el pueblo, tal vez el único que podamos esperar de él hasta el final de la campaña.

En los últimos días, algunos encuestadores han comenzado a dar presuntos resultados de la elección del 25 de octubre, con la que llaman “proyección de indecisos”. Calculando esta, por ejemplo, Daniel Scioli, que parece no poder moverse en su intención de voto, de lo obtenido en las PASO (un 38,5 %), crecería a 41 o 42 puntos y si consigue separarse 10 % de Mauricio Macri, sería presidente en primera vuelta.

Ahora bien, más allá de la coyuntura que utilizamos para poder trabajar sobre un caso concreto, debemos saber con precisión en qué consiste la proyección de indecisos y qué verosimilitud tiene tal proyección.

Los encuestadores tienen un método que es casi siempre el mismo, con pocos matices, y está bien que así sea, porque de otro modo se haría imposible llegar a conclusiones más o menos plausibles. Pero ese método no siempre se relaciona con la verdadera indecisión de los indecisos, es decir, los que manifiestan que no han decidido todavía a quién votar padecen una duda, pero la proyección no valora en qué consiste esa incertidumbre.

Para proyectar, se toma el caudal de intención de voto de cada candidato. Digamos, para simplificar, que hoy Scioli tiene un 40 % de intención de voto, Mauricio Macri un 30 % y Sergio Massa un 20 %, suprimiendo a los demás candidatos a efectos metodológicos y pensando que hay un 10 % de indecisos. ¿Cómo se proyecta? Este último 10 % se prorratea de acuerdo con la intención de voto de cada uno, de manera que en este ejemplo lineal, 4 puntos irían para Scioli, 3 para Macri y 2 para Massa (en todos los casos con alguna décima adicional que completa dicho 10 %); queda entonces, con la intención de voto proyectada, el gobernador bonaerense con 44 %, el jefe de gobierno porteño con 33 % y el exintendente de Tigre con 22 %. Como se verá, la diferencia entre Scioli y Macri crece, con los votos proyectados, el 1 %.

Ahora bien, ¿es una regla de oro semejante cálculo? Veamos, podría uno sospechar que existen votantes opositores indecisos entre votar a Macri y votar a Massa. Y tal vez algunos electores podrían estar con dudas sobre si impulsar a este último o apoyar a Scioli. Pero muy difícilmente alguien esté indeciso entre votar a Scioli y votar Macri. Incluso uno podría creer que un voto positivo para el oficialismo ya está decidido o que si existen votos potenciales todavía indecisos para el Frente para la Victoria, estos son muy pocos, tal vez bastante menos que el 4 % que las proyecciones adjudicarían a Scioli, con su método.

Por ende, uno bien podría pensar que el candidato kirchnerista llegó a su techo electoral en las PASO y no puede sumar más que un par de puntos, que el resto de los indecisos, 8 % de ese hipotético 10 %, se podría repartir entre opciones opositoras, y que Macri se haría acreedor del 5 % y Massa del 3 %, o a la inversa. En el primer caso, el exmotonauta llegaría a un 40,5 %, el expresidente de Boca a 35 % o 33 %, según el caso, y Massa a un 23 % o 25 %., y entonces las hipótesis de que esto se termina en la primera vuelta se desvanecen totalmente.

¿Por qué proyectar entonces los indecisos de modo proporcional como lo hacen los encuestadores? Simplemente porque es un método y porque no hay otro modo científico de hacerlo y eliminar a los indecisos de las encuestas. Pero tal método está extremadamente lejos de ser una ciencia exacta. Hoy el resultado de las encuestas “con indecisos proyectados” es una aventura, una tómbola que las consultoras ponen a jugar, sea para influir en el electorado o simplemente porque es su mecanismo de funcionamiento.

Frente a esta situación, la Cámara Nacional Electoral ha decidido tomar medidas para afianzar la confiabilidad de un sistema que de por sí es proclive a facilitar el fraude, pero que los camaristas no pueden cambiar, simplemente porque ellos no legislan.

En otros artículos se ha mencionado la necesidad de que la Argentina cuente con una autoridad electoral autónoma, que sea la que organice los comicios, al margen del Poder Ejecutivo, que por lógica está controlado por un partido político que participa de la elección. Pero la conformación de dicha autoridad electoral es también una cuestión legislativa y no podría concretarse en medio de un proceso como el que estamos atravesando.

Por otro lado, dicha Cámara Nacional tiene un problema adicional. Es, en realidad, un tribunal de alzada, de apelación; la elección la conducen los juzgados federales con competencia electoral de cada una de las provincias. Un tercio de la totalidad de esos magistrados son subrogantes, es decir, están a merced del Poder Ejecutivo o, para decirlo en términos más claros, del kirchnerismo. Y por otro lado, no son jueces de la especialidad: Cumplen roles de otros fueros y solo en forma contingente la función electoral. La existencia de un fuero electoral exclusivo y autónomo es urgente si pretendemos transparencia y eficiencia.

Sin embargo, con las medidas anunciadas por los camaristas, se tienden a resguardar algunos de los problemas graves que se advirtieron en las últimas elecciones y que explotaron por las aires en el escándalo tucumano.

Como primera medida, es fundamental que la Justicia se haga cargo de la distribución de todas las boletas, como anunciara el magistrado Santiago Corcuera. Es el Estado quien debe garantizar la provisión de estas y, con ella, que el votante tenga a disposición la oferta electoral completa y no una porción. Y habrá también, según el mismo camarista, un delegado de la Justicia por escuela, que será el encargado de administrar las boletas extra y su reposición. De funcionar el sistema de ese modo, no se estaría sometiendo al elector a que “vote lo que encuentre” en el cuarto oscuro. Es el Estado, en este caso el Poder Judicial, quien se hace responsable de que las boletas lleguen a las escuelas y se repongan cuando faltan. Esto subsanaría de hecho, el robo o la destrucción de los instrumentos de sufragio.

Después de la experiencia en Tucumán, es muy importante la decisión de que los camiones que trasladen las urnas cuenten con un sistema GPS, para que en todo momento se pueda saber dónde están, si se detienen y permanecen en esa condición un tiempo imprudente, y qué recorrido hicieron hasta que llevaron las urnas a su lugar de custodia.

Otro de los problemas graves que se ha producido es la falta de coincidencia entre el acta de escrutinio y el telegrama que refleja los resultados insertos en tal acta o, incluso, la adulteración de las actas. Frente a esto, la Cámara Nacional Electoral tiene planeado un sistema de duplicado del acta que será firmado también en original y ambos tendrán el mismo valor jurídico, de modo que si se contradicen una con otra, la mesa resultará invalidada. El acta original siempre viaja dentro de la misma urna; habrá que ver qué modalidad se sigue con la copia, para que llegue a manos de la Justicia por una vía diferente, garantizando así que si se adultera una, no pueda hacerse lo mismo con la otra.

Las medidas tomadas son paliativos, a priori eficientes, pero no más que ello. La Cámara no puede hacer otra cosa, porque está dicho, no es la que dicta las normas. Pero el sistema electoral argentino requiere una profunda modificación y será necesario, cuando esta se lleve adelante, hacer un trabajo conjunto con los camaristas, que son en definitiva quienes, cuando el sistema falla, deben tomar medidas complementarias para minimizar las deficiencias. No hay mayor especialista en la materia que quien ha debido aplicar una legislación deficiente a lo largo de los años.

Pero no puede omitirse una gran reforma, que tampoco puede reducirse exclusivamente al modo de emisión del sufragio (boleta papel, electrónica, única, o cualquiera de sus variantes), sino que debe ser integral, consensuada y tendiente a terminar con el sistema feudal, clientelar y fraudulento que impera en nuestro país. Mientras tanto, solo nos queda la Cámara Nacional Electoral, que hoy es la única garante del imperio de la soberanía electoral del ciudadano.

Entre ellos, por cierto, se encuentra quemar urnas. “Se penará con prisión de uno a tres años a quien: e) Sustrajere, destruyere o sustituyere urnas utilizadas en una elección antes de realizarse el escrutinio”. Idéntica pena cabe a quien sustraiga, destruya o adultere boletas. Por ende, la palabra ‘fraude’ no es jurídicamente válida en el derecho penal argentino, aunque tengamos una larga tradición en la materia. Para quienes aprecian las cosas de este modo, es cierto, no ha habido fraude, ni ahora ni nunca antes, ni durante la generación del ochenta, ni en la restauración conservadora. Conste que hay para quienes el fraude no existe.

Sin embargo, la idea de fraude sí existe en el derecho general y consiste en una serie de maniobras engañosas, e incluso delictivas, tendientes a cambiar el resultado que determinado hecho hubiese tenido de no existir tales maquinaciones. Desde lo idiomático, según la Real Academia, fraude es una ‘acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete’, o bien un ‘acto tendente a eludir una disposición legal en perjuicio del Estado o de terceros’. Desde este punto de vista, el fraude electoral en la Argentina es sistemático.

Y si se sale de la literalidad jurídica casi ridícula y se entiende que las conductas tipificadas como un delito electoral por la ley lo han sido de ese modo porque constituyen distintas variantes de fraude, entonces se roza la hipocresía diciendo que lo que viene ocurriendo no es fraude. Si se robaron boletas y los ciudadanos no han podido emitir su voto como hubiesen deseado, claramente se influyó en el resultado de la votación. Y si se quemaron urnas para que los votos insertos en ellas no se contabilicen, más aún.

De tal modo que sí, hay fraude. Siempre hay fraude, sistemáticamente hay fraude. El sistema boletas con paños fraccionables por categorías, provistas por los partidos políticos, es un sistema proclive al fraude. El transporte de urnas por parte de una empresa de correos hasta el lugar del escrutinio definitivo, sin otro reaseguro de buena llegada a destino que la bondad de los empleados de dicho empresa, facilita el fraude. El recuento provisorio en manos de un organismo dependiente del Gobierno nacional, que se encuentra controlado por un partido político que, sin dudas, participa de la contienda electoral, es fraudulento.

Robarse boletas del cuarto oscuro, como hemos visto en fotografías incluso con boletas saliendo del bolsillo del algún candidato mientras emitía su propio voto, es un delito, porque constituye un fraude. De la misma envergadura que quemar urnas, porque tiene la misma sanción legal.

Ahora bien, diversos sectores de la oposición están planteando un cambio en el sistema de emisión del sufragio como modo de salvaguardar la voluntad del votante, reiteradamente vulnerada. Y no está mal, es un primer paso. ¿Qué soluciona la boleta única? No es posible robarlas, destruirlas ni adulterarlas, carece de sentido hacerlo, pues todos los candidatos están en ella, no los de un partido. Por otro lado, el Estado es quien debe asegurar la provisión y no los partidos, lo que genera equidad electoral entre quienes rentan fiscales y quienes no lo hacen por principios o falta de fondos. En otro sentido práctico, abarata el proceso electoral, dado que ya el Estado no debe otorgar a los partidos fortunas públicas para que cada uno imprima sus boletas (hoy cada partido recibe el valor de una boleta y media por elector en las PASO y de dos boletas por elector para las generales), sino que es el propio Estado quien imprime una boleta donde están todos.

No obstante, debe decirse que esto no soluciona todo el problema. Solo para ejemplificar, al no haber otro resguardo del recuento inicial que se hace en la misma aula de la escuela donde se votó, la “pérdida”, el incendio, la destrucción, etcétera de la urna con su contenido durante el traslado hacia el centro de cómputos puede producirse de todos modos.

Asimismo, el hecho de que el recuento provisorio esté en manos de un Gobierno administrado por un partido que participa de la contienda electoral promueve que se gradúe la entrega de resultados a su conveniencia, que se manipulen y otras tantas variantes irregulares.

De este modo, es cierto, el cambio del instrumento de emisión del sufragio se hace fundamental a estas alturas y es urgente en estas circunstancias fraudulentas y violentas. Pero no es el único cambio que debe producirse en el sistema electoral. Y terminada la elección, los dirigentes suelen olvidar estos problemas. Buscar un mecanismo de resguardo del recuento inicial, tal vez digital, y establecer una autoridad electoral autónoma del Poder Ejecutivo, como existe en muchos países del mundo, parece imperioso y fundamental para garantizar el sistema democrático.

Saben que se van. Que ya no hay fraude suficiente, que las prebendas no alcanzan, y la agonía del régimen, como en todos los casos se vuelve violenta. Tucumán es un caso y posiblemente no sea el último. El domingo a la noche el candidato a presidente Daniel Scioli salió abrazado entre carcajadas con los que ayer ordenaron la represión al pueblo. Simulaba festejar lo que sabe que fue una derrota.

Es claro que las maniobras fraudulentas ya no son suficientes. A José Alperovich, en Tucumán, hace cuatro años lo ayudaron a llegar al 70% de los votos, y en 2007 al 78%. El domingo apenas superó el 50%, quemando urnas, baleando gendarmes, repartiendo comida a los mismos a los que sumieron en el hambre.

Curiosos los índices de indigencia del NOA. Según en el INDEC en tal región del país se ha alcanzado el “hambre cero”, pero compran votos con bolsones de comida por un valor de $50 o $70 según el caso. Difícilmente puedan meter más de cinco paquetes de fideos: no es un bolsón, es una bolsita. Si comprás un voto con eso, el hambre y la miseria deben ser catastróficos.

La Policía tucumana ayer, por orden del gobernador, salió a golpear a un par de decenas de miles de manifestantes pacíficos que reclamaban por el evidente fraude electoral. Disparó balas de goma, arrojó gases lacrimógenos, corrió y apaleó con la caballería y la infantería, todo un dispositivo puesto en marcha reprimir al pueblo. Como todo régimen autocrático en agonía, lo que vimos ayer es casi una venganza contra la sociedad que ya no les da el sustento de los votos.

La necesidad, el espíritu del cambio que reina en la sociedad, es harto evidente. En la Provincia de Buenos Aires se impuso María Eugenia Vidal, una candidata que hace un año directamente no medía en el distrito, y que a fuerza de caminar, de estar, de ser distinta, terminó imponiéndose en las PASO, en un distrito que tampoco es ajeno al fraude, a volcar las urnas, a robar boletas. Vidal le ganó al PJ y también al fraude que lo acompaña siempre, como una característica inescindible.

Lo que viene no será fácil. Si esta es la reacción del kirchnerato frente a las muestras de su deceso, el final será cruento. Si como indican las encuestas encargadas por ellos mismos, Scioli registra para las generales índices de crecimiento nulos respecto a las primarias, y Macri rondaría el 33% de los votos, el fraude será masivo y escandaloso, para tratar de estirar una diferencia exigua que le asegura la derrota en segunda vuelta. Y si ese fraude no es tampoco suficiente, la violencia contra el pueblo se multiplicará.

Es complejo imaginar lo que ocurrirá en caso de una segunda vuelta, que todos los sondeos dan como totalmente segura. Posiblemente la idea sea quemar todas las urnas que encuentren y reprimir a los electores directamente en las mesas de votación.

El problema con todo esto es que no resulta tan dificultoso ver el final, incluso con todas estas maniobras de por medio, y los totalitarios lo saben. A la mala elección que Scioli hizo en las PASO (38% cuando CFK alcanzó el 50% hace cuatro años), se sumaron las inundaciones, la fuga del gobernador a sus lujosas vacaciones, la causa Hotesur que avanza contra todas las operaciones judiciales que intentan, las denuncias de los abogados en la causa por la muerte de Alberto Nisman, el dólar paralelo que crece y crece sin techo y la violencia, que cumple el rol de castigo al pueblo, pero que también le impide a Scioli alcanzar ese 6 o 7 por ciento de votos de clase media que necesita para tener chances.

Se van y la agonía de los regímenes totalitarios siempre es violenta. En el Tucumanazo como en la Primavera Árabe egipcia, las protestas y manifestaciones toman el rol de revolución democrática. Las dictaduras fraudulentas del NOA, incluyendo en él a Formosa, tienen características muy similares a las de muchos países árabes, y enfrentan en el caso del “Jardín de la República” un problema serio: existe una porción de la sociedad dispuesta a reclamar sus derechos y con vuelo intelectual para hacerlo. En otra provincias, la opresión tiene la ventaja de de haber sometido al pueblo a la hambruna y la carencia de educación suficientes, como para seguir doblegándolo por un tiempo.

Lo que ocurrió ayer en Tucumán fue doloroso y triste, pero sus resultados a mediano plazo serán importantes para la república. Como en 1816, deberemos agradecer a los tucumanos su coraje, su lucha y su dignidad, como ariete fundamental de un cambio que ya es indefectible.

La historia de los vicepresidentes desde la recuperación democrática puede darnos algún indicio sobre la veracidad de alguna de esas afirmaciones. Si nos remontamos al primer vicepresidente de la nación de la era posdictadura, podría afianzarse la postura de quienes dicen que este no tiene rol político. El cordobés Víctor Martínez, que secundó a Raúl Alfonsín en la fórmula, tuvo una escueta y gris participación en aquel Gobierno radical.

Sin embargo, avanzando a la presidencia posterior, el bonaerense Eduardo Duhalde, vicepresidente de Carlos Menem, tuvo una actividad política bastante más intensa, contrapuesta en muchos casos a su presidente. El gabinete del riojano se dividió a principios de su gestión en dos grupos que la prensa llamó “Celestes” y “Rojo Punzó”. Duhalde integró el grupo Celeste. Menem asumió en medio de una crisis económica hiperinflacionaria y tardó dos años en controlarla, en 1991, cuando se impuso la convertibilidad.

Esos dos años fueron tremendos para Menem y las internas se multiplicaron. Escribía el recordado Hugo Gambini en la revista Redacción: “lo terrible es que se ha deteriorado la credibilidad presidencial, a tal extremo que no son pocos los que le prueban la banda a Duhalde, hasta se habla de una nueva ley de acefalía”.

En sintonía, un artículo de la revista Somos, del 25 de marzo de 1991, firmado por Jorge Grecco, se titulaba “Operación Chaleco”, y describía cómo la mitad del gabinete de Menem consideraba que no estaba en condiciones psiquiátricas de seguir con el gobierno y pretendía su destitución por tales motivos para promover la instalación de Duhalde en el gobierno.

Pensar que el vicepresidente era ajeno a tales múltiples conspiraciones es subestimar a un Duhalde que llegó al poder tras la caída de un gobierno constitucional. Menem lo resolvió: se deshizo de la sombra del hombre de Lomas de Zamora y lo envío como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero cuando Menem intentó volver a la competir por la presidencia en 2003, su mayor enemigo fue Duhalde. Le impidió usar el sello del Partido Justicialista (PJ), inventó un candidato hasta entonces inexistente: Néstor Kirchner y dividió al PJ para neutralizar al riojano. Y cumplió su objetivo. Si todo esto es un vicepresidente decorativo, no quiero imaginar lo que es uno con el aparato kirchnerista detrás.

Para su segundo período, Menem eligió un vicepresidente con escaso peso territorial y sin estructura política. Le resultó bien, Carlos Ruckauf nunca fue una amenaza.

Si Carlos “Chacho” Álvarez se considera decorativo en el Gobierno de Fernando De la Rúa, tenemos problemas de lectura. Desde el principio, el vicepresidente de la Alianza fundó un engendro que llamó “oficialismo crítico” y que fue una oposición interna.

Chacho jaqueó y desmoronó al gobierno. Propició una investigación por supuestos sobornos en el Senado para la sanción de una ley laboral. La Alianza tuvo su principal base electoral en el discurso de la transparencia. Cuando Álvarez puso en tela de juicio ese capital político, el gobierno cayó en picada. Para colmo de males, Chacho renunció justamente por dichos sobornos, dejó al gobierno rengo y herido de muerte. Poco tiempo después, De la Rúa, vacío de poder, debió abandonar la Casa Rosada. Álvarez, de decorativo, nada.

La Presidencia interna de Duhalde no tuvo vicepresidente, de modo que debemos pasar directamente a Néstor Kirchner. Su primer vicepresidente fue el propio Scioli. En principio, uno tiende a decir que el exmotonauta no causó problemas, pero esto no es tan cierto. En diciembre de 2005, en plena sesión del Senado, la senadora Cristina Kirchner, apostrofó durante por más de una hora a Scioli, acusándolo de montar una operación mediática en su contra. Al otro día, el presidente Kirchner despidió a todos los sciolistas que trabajaban en la Secretaría de Deportes de la Nación, reducto que detentó para “contener” a los suyos.

En el año 2010, con Scioli ya como gobernador y Cristina como presidente, se registró una nueva escaramuza. Al gobernador se le ocurrió declarar que tenía “las manos atadas” para solucionar el problema de la inseguridad, en elíptica referencia al gobierno nacional. En un acto público compartido con Kirchner, el expresidente lo apuró: “Gobernador, diga quién le ata las manos, con nombre y apellido. ¡No tenga miedo!”. Scioli se mantuvo en silencio y se olvidó del tema.

Como se dijo, Cristina ya era presidente y su vicepresidente, el radical Julio Cobos, inventor del radicalismo K. Algunos dicen que Cobos fue un presidente anodino, y tal vez así haya sido, pero le generó al Gobierno una crisis de proporciones inimaginables, con su voto “no positivo” en el Senado para desempatar la votación por “la 125” y lo puso al borde del colapso de gobernabilidad. Es cierto, luego Cobos fue segregado y se mantuvo en el ostracismo, pero esto se debió a que el radicalismo lo rechazaba por haberse ido con el Gobierno, y los radicales K lo abandonaron cuando “traicionó” al gobierno, por lo cual quedó sin sustento político.

Pero al margen de si la 125 era una medida apropiada, o no lo era, el vicepresidente Cobos generó un daño político catastrófico al Gobierno, que lo llevó a perder las legislativas de 2009. No es poco para una persona sin poder territorial y sin soporte de una estructura política.

El último y actual vicepresidente es Amado Boudou. La selección fue cuidadosa: un hombre absolutamente “del palo” y elegido por la presidenta y nadie más, sin posibilidad alguna de una construcción política propia. Boudou también hizo daño, pero no por disputar política, sino porque se destaparon múltiples hechos de corrupción que lo involucraron.

En conclusión: solamente dos vicepresidentes cumplieron el precepto de ser decorativos, Martínez y Ruckauf. Duhalde, Álvarez y Cobos disputaron políticamente con sus presidentes, buscaron dañarlos y en buena parte lo consiguieron. Respecto a Scioli, debe decirse que planteó algunas disputas, pero por cuestiones de carácter o de estrategia retrocedió cada vez que lo corrieron. Pero lo intentó.

Ahora bien, Zannini es, después de Cristina, el dirigente de mayor peso de kirchnerismo que viene de gobernar 12 años y ha contado con el aparato y la caja del Estado. Ha demostrado vocación de poder y cuenta con el respaldo de La Cámpora. Su grupo político, que no es el de Scioli, ha poblado las listas de candidatos a legisladores nacionales, para dominar el Congreso y varios ítems más que podrían considerarse.

Si Scioli gana las próximas presidenciales, El Chino es, por lejos, el vicepresidente que llega con más poder propio a su cargo desde la recuperación democrática. Ni Duhalde, ni Álvarez, ni Cobos controlaban el Congreso, ni los precedían 12 años de acumulación de poder y dinero desde el Estado nacional. Quien lo considere decorativo vive en Dinamarca o le está mintiendo a la gente.

No puede negarse que la idea es imaginativa, pero el realismo mágico siempre es dañino en política. El derecho electoral no es un misterio, son una pocas normas, están escritas y a disposición de todos y le sería muy útil los grandes pensadores que alcanzan el nirvana político con estas ocurrencias cotejar con la ley para ver si son aplicables en el mundo terrenal.

El artículo 22 de la ley 26.571, que rige las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) dice con claridad: “Los precandidatos que se presenten en las elecciones primarias sólo pueden hacerlo en las de una (1) sola agrupación política, y para una sola categoría de cargos electivos”. Si se concretase la bella idea, tanto Macri como Massa, estarían compitiendo por dos cargos electivos de modo simultáneo: para presidente y para vice. Ergo, es legalmente imposible.

Dicho engendro de la imaginación solamente sería posible cambiando la ley y modificando el artículo transcripto, pero si se cuenta con la potencia legislativa para tal sanción en el Congreso, entonces tal vez sería más conveniente introducir un sistema como el vigente en las PASO de la Ciudad de Buenos Aires, donde el candidato a Jefe de Gobierno electo en las primarias puede elegir como su candidato a vice a quien haya salido segundo (entre otras opciones) en esos comicios, de modo que si los mencionados dirigentes compiten, el que gane pueda elegir al otro para que lo secunde en la elección general.

De otro modo, el cambio legislativo consistiría en habilitar que una misma persona se presente a más de un cargo, lo que implicaría un claro fraude al elector porque de obtener ambos seguramente no asumiría alguno de ellos.

Hace unos tres años escuché de un experimentado dirigente político, ante el planteo que determinada cosa no podía hacerse, que “el derecho electoral es flexible”. Es tan flexible como cualquier otra rama del derecho: lo que está expresamente prohibido no puede hacerse, las candidaturas las debe avalar un juez federal y no existe magistrado que vaya a avalar ningún engendro contra legem por más divertido que le parezca a algún dirigente.

En dicho esquema, se prevé una puja que ya puede observarse, y que incluye maniobras, golpes de efecto, búsqueda de posicionamiento, propuestas (pocas e inconsistentes es cierto), lecturas diversas del electorado, y cálculo. Estos párrafos tienen mucho de esto último, de cálculo. No es un secreto que para cualquiera de las versiones del peronismo, la Ciudad de Buenos Aires es un territorio hostil, desconocido, poco descifrable y en la mayoría de los casos, inaccesible. Sin embargo, en la capital del país votan dos millones y medio de individuos -en porcentaje, el 7,5% del total de los electores de todo el país- que es lo que en realidad importa en una elección presidencial. Es decir, cualquier peronismo tiene serios problemas con ese porcentual de los votantes.

Hacer una buena elección en la Ciudad, casi para asegurarse ganarla, podría consistir en sacar, por ejemplo, el 40% de los votos, lo cual representaría a nivel nacional, algo así como el 3% de los votos totales, y si se lo compara con la Provincia de Buenos Aires, a la cual se le da en política el carácter de La Meca a alcanzar para definir la elección; ese 40% de la Ciudad es casi equivalente a 10% de los votos en la Provincia. Por ende, una elección presidencial pareja, reñida, puede encontrar una definición en el distrito porteño. Es más, posiblemente frente a un marco de opciones electorales atomizadas, los números de la Capital pueden determinar quién entra y quién no a una eventual segunda vuelta.

Las encuestas muestran a Sergio Massa al frente de las preferencias, seguido por Daniel Scioli. Y todo indica que, de producirse hoy la elección, “la madre de todas las batallas” se libraría en la Provincia de Buenos Aires. Ahora bien, si esa lucha termina siendo pareja, los eventuales desniveles deberán provenir de la CABA, de Córdoba o de Santa Fe, distritos con peso electoral muy similar. Y en todos ellos el peronismo tiene problemas. Los santafesinos vienen prefiriendo al socialismo, ensombrecido de a ratos por la figura de Miguel Del Sel, crédito PRO. No hay versión del peronismo que tenga peso real. En la provincia mediterránea, la luz del gobernador José De la Sota se va apagando y lo que se enciende y crece es el radicalismo con Ramón Mestre u Oscar Aguad. Y en el distrito porteño, el control absoluto parece tenerlo el PRO de Mauricio Macri, que encima es también un candidato presidencial. El tercero en las preferencias, también según las encuestas.

Por ende Massa o Scioli deben proveer a la conquista de alguno de esos territorios y la lógica indica que por proximidad territorial con la Provincia de Buenos Aires, donde se juegan a todo o nada, la CABA es el listón a alcanzar. De hecho, si Macri logra sus tradicionales niveles de votos en la Ciudad y María Eugenia Vidal consigue consolidar, por ejemplo, un digno 20% de los votos en la Provincia, y Del Sel colabora con una buena elección en Santa Fe, el jefe de Gobierno porteño se le puede meter en la pelea a cualquiera para alcanzar la segunda vuelta.

Por eso merece un análisis especial, la imposibilidad de los peronismos de hacer pie en la Ciudad de Buenos Aires. Es cierto que por cuestiones de imagen, Massa parece tener más chances que Scioli de hacer una buena elección en este distrito. Pero las encuestas de hoy no consideran el panorama real. En una elección presidencial unas boletas traccionan y otras empujan. La del candidato a presidente tracciona a los candidatos locales para obtener más votos, y la de los candidatos locales empuja a la boleta de presidente en igual sentido. Pero bien puede ser al revés. Si en candidato presidencial no es querido en el distrito, puede arruinarle la elección a un buen candidato local. Y a la inversa, un candidato a presidente con posibilidades, puede verse afectado por no contar con candidatos locales con buenas chances. Esta segunda hipótesis es la que enfrentan Massa y Scioli. En la CABA, Macri cuenta con variedad de posibles candidatos, y el frente panradical también; pero los dos candidatos peronistas no tienen una sola figura en capacidad de conseguir tres votos para su causa. Ni estructura, ni desarrollo territorial, ni conocimiento de la idiosincrasia social, ni de los perfiles de cada barrio, ni nada.

En el invisible inframundo político que el votante real no conoce (y lo bien que hace en no perder el tiempo), existen unos cuantos pretendidos dirigentes que se adjudican ser “los hombres” de Massa y de Scioli en la Capital, pero son gente de peso político irrelevante y con nulas posibilidades lograr relevancia en el plazo que sea. Algunos podrán tener dinero, otros podrán tener partidos, y otros más ambas cosas, lo que no posible que consigan es votos. Las encuestas que miden imagen e intención de voto incluso, no están considerando todavía a un año del comienzo del proceso electoral 2015, variables que realmente pueden condicionar el resultado, en un escenario que inevitablemente lleva a una segunda vuelta electoral. Pero para estar en ese todo o nada, hay que entrar y cada voto cuenta, especialmente para quien salga segundo, que seguramente sea perseguido de muy cerca por otro candidato. Y en tal esquema, la CABA es un distrito trascendental, donde los que hoy aparecen como los dos candidatos que gozan del más alto porcentaje de preferencias, se encaminan a hacer un papel poco decoroso y nada contributivo a su objetivo final.