Hoy podemos observar que no ha existido Gobierno en retirada que haya mostrado más apego al poder por el poder mismo, ni semejante desprecio a la voluntad popular de cambio. No deja de emitir señales descaradas de ello, tanto a nivel nacional como en localidades remotas del interior del país, donde el voto del soberano decidió que no continúen en el poder.

El caso del intendente tucumano de Concepción es paradigmático. Sitiado y amenazado en su oficina por un grupo de empleados políticos a los que cesanteó cuando asumió, como corresponde a toda gestión nueva, sin auxilio de la fuerza pública para normalizar la situación, los punteros lo bloquean y lo amenazan en su despacho.

Todas las administraciones que terminaron desde la recuperación democrática retiraron sus cuadros políticos de la administración. Es cierto que durante esos Gobiernos muchos iniciaron carreras administrativas y se mantuvieron trabajando en el Estado como empleados de la planta estable, pero no lo es menos que en la última etapa de cada período no existió un pase masivo a la planta permanente. Los funcionarios y los empleados políticos saben que terminado su ciclo “vuelven al llano”, en todo caso a recuperar espacio para volver a convencer a la sociedad de sus virtudes. Todos los funcionarios y los empleados políticos, históricamente, ante un cambio de Gobierno, presentan sus renuncias al nuevo jefe de la repartición donde se encuentren. Así ha funcionado siempre.

El kirchnerismo, al contrario, intenta “acovacharse” dentro del Estado, fuerza nombramientos de último momento con maniobras irregulares, como la designación de dos nuevos auditores la semana pasada en el Congreso, lo que implica un claro reconocimiento de derrota electoral, pero además una evidente intención de ocupar espacios de poder, aun contra la voluntad popular. El mandato que el pueblo le dio a esos legisladores oficialistas de modo de conformar la mayoría propia que tienen en la Cámara Baja se lo otorgó hace cuatro años, y si bien mantiene vigencia calendario, ante la inminencia de un cambio de Gobierno indefectible, la coherencia democrática indica que apurar tales nombramientos no es más que un gesto de desprecio a la elección del soberano.

Lo mismo puede decirse del envío de dos nuevos pliegos de postulantes para la Corte Suprema de Justicia. Incluso cuando estos no vayan a encontrar en el Senado el respaldo suficiente, lo que demuestra es la vocación de este estilo de ejercicio del poder.

Han incluso reescrito el Manual del golpista, que explica que se debe simular respetar el resultado de la voluntad popular, conspirar luego en silencio y preparar jugadas subrepticias para hacer tropezar al nuevo Gobierno, empujándolo sigilosamente al abismo. Pues no. Imprimiéndole su estilo, vaticinan todas las desgracias posibles por venir, se atornillan a los cargos para mantener espacios desde donde poner palos en la rueda al Gobierno próximo y hasta llevan a cabo hechos como el de Concepción, en la provincia de Tucumán, para que quede claro que lo que les importa es el poder y no lo que decida el ciudadano.

Buscan nombrar cientos de jueces en su último mes de gestión, y la procuradora general de la nación plantea que va a mantenerse en su cargo a capa y espada. Es cierto que la Constitución le otorga el derecho, pero también lo es que la tradición democrática indica que se pone la dimisión a disposición del nuevo presidente. Especialmente cuando uno se ha proclamado a los cuatro vientos como “procurador militante”, otro hecho inédito en la historia. Cuando manifiestamente y con todo descaro ha pretendido desplazar fiscales que investigaron al poder, los ha trasladado, condicionado y maltratado, para inhibirlos e intimidar al resto. Pretender encadenarse al sillón después de eso es una burla a la sociedad. Una más.

Todo esto sin mencionar los intendentes que vacían sus municipios llevándose hasta los muebles, al límite del robo ridículo. O los que, para el mes de gestión que les queda, se multiplican el sueldo por tres, como si hubiesen hecho poco dinero en los varios períodos que gobernaron. Ni hablar de la usurpación masiva de tierras en Merlo, de la que debe dar cuenta el gobernador en ejercicio, Daniel Scioli (nos habíamos olvidado pero sí, es él), responsable de la seguridad pública y el cumplimiento de la ley en el distrito, el intendente saliente del Frente para la Victoria, Raúl Othacehé, y el que asume el 10 de diciembre, Gustavo Menéndez. Todos del mismo palo, robándose entre sí y, por cierto, al pueblo.

No deja de sorprender el kirchnerismo. Es cierto que 12 años en el poder son tiempo suficiente como para que alguien crea que lejos de mandatario es propietario. Resulta evidente que en la psiquis de esta gente existe la sensación de estar siendo desposeídos de lo que es suyo. Y esto también es nuestra culpa. Demasiados años de cheque en blanco.

Pero, en definitiva, les guste o no a algunos, el soberano es el pueblo, el poder siempre vuelve a él y las instituciones de la república le pertenecen. Parecemos estar asumiéndolo y, si es así, debemos estar alerta para hacer respetar nuestra voluntad. Exigir que nuestro mandato se cumpla, ejercer nuestro inmenso poder como sociedad, el único poder real de nuestra democracia.

El Alto Tribunal, en su rol de cabeza del Poder Judicial, no puede verse sometido a un golpe de Estado institucional desde otros poderes, sin ejercer tal derecho, y lo ha hacho seleccionando el modo y la oportunidad, para declarar la inconstitucionalidad de la lista de conjueces oficialistas.

El plan para destrozar a la Corte, descripto hace pocos días en este mismo medio, incluía la utilización de esa irregular nómina, cambiando el orden de prelación para la ocupar las vacancias en el Alto Cuerpo, para luego ampliar el número de miembros e “invadirla” con conjueces a la medida del kirchnerismo.

Por cierto, la ampliación del número de miembros está entre las facultades del Congreso, es una medida que se ha tomado de modo reiterado de acuerdo a las necesidades políticas del Gobierno de turno; y también se encuentra entre las prerrogativas del Poder Legislativo, modificar la ley de ordenamiento del Poder Judicial, de modo de alterar el mecanismo de cobertura de vacancias actualmente vigente.

Nada de esto pudo haberlo impedido la Corte Suprema. Pero sí estaba en sus manos que esas vacancias fueran ocupadas por conjueces habilitados para ello por fuera de la ley, y así lo ha hecho. Los ministros tienen esta causa en sus manos desde que la lista se aprobó, en diciembre del 2013, durante una prórroga de sesiones ordinarias, pero ha decidido declarar su inconstitucionalidad ahora, cuando el Gobierno acechaba, buscando utilizarla para “ocupar” la Corte.

El uso de mecanismos ilegales para manipular o directamente dominar uno de los poderes constitucionales no es otra cosa que un golpe de Estado, debe detentar tal denominación, tanto como si se ordenara al Ejército entrar a ocupar el Palacio de Justicia, y eso es lo que intentaba el oficialismo.

La mentada lista de conjueces, poblada por diez juristas de pertenencia definidamente kirchnerista, fue aprobada por mayoría simple en el Senado. El problema es que su objetivo es ejercer, eventualmente, como Ministro de la Corte Suprema, y a tal fin, la Constitución Nacional establece la necesidad de los dos tercios de los miembros de la Cámara Alta.

Del mismo modo que no se puede ser Presidente de la Nación de otro modo que mediante el voto popular, obteniendo determinados porcentajes o yendo a una segunda vuelta; ni se puede tampoco detentar la calidad de legislador nacional sin ser electo por el pueblo; no se puede ejercer ni un minuto el rol de Ministro de la Corte Suprema sin los dos tercios de los respaldos de los miembros del Senado. Cualquier otro mecanismo es inconstitucional.

Es cierto, la Corte eligió el momento para resolver en esta causa, y lo hizo en su carácter de tribunal político, como cabeza de uno de los poderes del Estado, el que define el sistema republicano, y en defensa de los derechos propios y de terceros, preservando la tan agraviada institucionalidad.

Ese día él estaba puertas adentro de Tribunales, terminando su alegato acusatorio, y un nutrido grupo de pibes estábamos afuera en la Plaza Lavalle, esperando la sentencia. No vimos ni escuchamos en el momento su voz vibrando, pronunciando la frase “Nunca Más”, vivíamos afuera nuestra propia tensión, porque la democracia era fuerte y débil a la vez. Fuerte por la energía popular que la empujaba a consolidarse como nunca antes, débil porque los que la amenazaban todavía controlaban las armas y el poder de la violencia.

No puedo saber cómo era la vida íntima de Strassera por entonces, un simple y mero fiscal federal, pero debo suponer que familia sentía ciertos temores. Las familias de todos los que estábamos en la Plaza los tenían. Nuestras madres suponían que seríamos los desaparecidos del futuro, porque estábamos ahí acompañando y bancando con escasos 16 años.

Los períodos que podríamos llamar “entre dictaduras” en nuestro país no superaban los tres años desde la caída de Juan Perón en 1955, nuestros padres tendrían entre 10 y 15 años en esa época, se criaron presos del miedo justificado por la represión, y se encontraron a los cuarenta y pico o cincuenta, muchos tenían amigos y familiares desaparecidos; y se encontraron con hijos que nacían a la adolescencia bancando una democracia que parecía pujante y a la vez no lo era, y tenían miedo. La juventud aplaca el miedo, pero tampoco éramos idiotas, sabíamos bien lo que había pasado y el alto porcentaje de posibilidades de que volviera a pasar. La familia del doctor Strassera seguramente también lo sabía.

En contexto regional tampoco era demasiado favorable, nuestros hermanos limítrofes vivían todavía en dictadura, y nosotros ya estábamos mandando al banquillo de los acusados, con las únicas armas del estado de derecho, con sus jueces y fiscales naturales, con la Constitución en la mano, a los genocidas de antes de ayer, no de hace 20 años.

Strassera acusaba, la Cámara Federal condenaba, la Plaza explotaba entre abrazos, llantos y carcajadas nerviosas y felices a la vez, y el fiscal trocaba entonces a prócer, a héroe. La historia que unió mi vida a Don Julio empezó 25 años antes de conocerlo, y el día que pude estrecharle la mano, sentí lo mismo que cuando pude hacerlo con Raúl Alfonsín, o con Adolfo Pérez Esquivel: un profundo y conmocionante agradecimiento por haberme permitido, sin darme cuenta todavía en ese entonces, asegurarle a mis hijos un futuro en paz. Nada menos que por eso, gracias Don Julio.