En esta época política algunos sectores del kirchnerismo saliente, bajo la impronta de la Presidente en sus últimos días de mandato, parecen de aquellos viejos equipos de la Copa Libertadores de los setenta. Por cierto que hay dirigentes probos, que siguen una línea racional en la transición, inteligente y adecuada a los tiempos, pero está claro que no son los del riñón de Cristina Kirchner.

Lo primero que hay que mencionar es que este modo de asimilar el cambio político es una muestra de enorme desprecio a la voluntad popular mayoritaria y un símbolo de la autopercepción como una mayoría iluminada, poseedora de la verdad exclusiva, que no merece otra cosa que el gobierno eterno. Sólo alguien que se autopercibe de tal manera, por encima del pueblo mismo, se conduce como lo hace el Gobierno saliente.

Sería muy larga la enumeración de patadas y codazos que distribuye el Gobierno por estos días, pero resultan ejemplificadoras dos situaciones: el nombramiento de embajadores de último momento y los óbices al traspaso del mando al Presidente electo.

El de embajador es un cargo político. El Presidente de la nación lo designa o remueve a su arbitrio. Por ende, investirlo a una semana del traspaso del poder, erogar los 120 mil dólares que se le asignan para sus gastos de instalación, a sabiendas de que en una semana serán removidos, no solamente es una tropelía política, es además un asalto al pueblo argentino, que resulta quien solventa con sus impuestos el enriquecimiento repentino de esos embajadores exprés.

Las dificultades para un razonable traspaso del mando tienen similar lectura, aunque implican circunstancias un poco más graves que el simple asalto a las arcas del Estado. Es un símbolo. Intentar entregar los atributos del mando bajo una convocatoria a una marcha de resistencia a la decisión soberana del pueblo o en un lugar físico donde el nuevo presidente pueda ser abucheado o maltratado, es la exacerbación del carácter dictatorial de una minoría que pretende imponerse por la fuerza. Además, en el primer caso, es un acto atentatorio contra el orden constitucional, de los que contempla la ley de defensa de la democracia.

¿Qué es entonces hoy el peronismo? ¿Una minoría sectaria, golpista e iluminada que busca imponerse por el uso de la violencia a la voluntad mayoritaria? ¿O el traspaso pacífico y ordenado que plantea Florencio Randazzo, la oposición constructiva que inicia Sergio Massa y la impronta de trabajo conjunto que muestra Juan Manuel Urtubey con su colega electo, el jujeño Gerardo Morales?

Nadie puede ignorar que existen oleadas históricas que producen cambios de época claros, y ha habido casos en que el peronismo se ha adaptado a ellas. Poco aportan los juicios contrafácticos, pero después de la derrota de 1983, si Antonio Cafiero no hubiese llevado adelante la renovación que desplazó a la vieja guardia peronista, tal vez, y aun frente a la hiperinflación de la última porción de Gobierno alfonsinista, el peronismo no se hubiese impuesto en 1989. De hecho, en esa elección, y con el recuerdo fresco del viejo peronismo, pese a todo, el candidato radical Eduardo Angeloz obtuvo casi el 37% de los votos. ¿Qué hubiese pasado si la camada justicialista del estilo Herminio Iglesias hubiera seguido en control del partido? Difícil saberlo, pero probablemente la elección hubiera sido todavía más pareja.

Este kirchnerismo es el viejo peronismo de esa época. Más allá de los hechos puntuales del saqueo del Estado, estos últimos minutos en el poder y la violencia ejercida sobre el Presidente electo, ¿cómo sigue el peronismo? ¿Es Urtubey, Randazzo y Massa? ¿O es Cristina, Luis D’Elía y Aníbal Fernández? Vea, en contraposición: el gobernador de Salta logró su tercer mandato con absoluta transparencia y utilizando el voto electrónico; el ex candidato a gobernador bonaerense consiguió el milagro de perder ese distrito para el peronismo por segunda vez en la historia, pero con un aditamento, ya que el anterior candidato derrotado fue Herminio Iglesias, que cayó frente al “Titán” Alejandro Armendáriz. Pero este último fue “pegado” a la boleta de Raúl Alfonsín, que se impuso a Ítalo Lúder en la provincia, al que iba “pegado” Iglesias. Lo de Fernández fue diferente, porque su papeleta iba adherida a la de Daniel Scioli, que ganó en territorio bonaerense. Aníbal consiguió que el votante lo “cortara”. Es el señor Fernández un recordman de la historia justicialista, porque, además, tomando porcentajes, sacó 4% menos que el propio Herminio.

Volviendo a la idea inicial, el peronismo enfrenta el desafío de reformularse y nuclearse detrás de dirigentes sanos y nuevos, con futuro, o atarse al pasado y a la violencia, a una conducta sectaria de minoría violenta y resentida con las masas populares que no lo prefirieron, que es lo que muestra en estos últimos días al frente del Gobierno.

La gobernación de Scioli, que ya lleva seis años, tuvo una característica sustancial: no se caracterizó por nada. La impronta para el recuerdo, aquello por lo que el gobernador ingresará en los libros de historia, bien podría ser la de haber encabezado la gobernación más inmóvil e ineficiente de la historia del gran distrito argentino. Las excusas son todas ciertas. La Provincia es muy grande, muy poblada y muy difícil. El gobierno nacional ayudó poco y nada financieramente, temiendo que Scioli se autonomice y pretenda ser candidato a presidente. Su territorio es el más perjudicado del país por un sistema de coparticipación federal injusto y desequilibrado. Pero, salvo respecto a la carencia de colaboración nacional, todo lo demás debía saberlo el ex motonauta cuando se postuló, y si se propuso para el cargo, algo debería haber tenido en mente, un par de acciones de gobierno para resolverlo. Al menos pudo haber fracasado en sus intentos. Hubiese sido mejor que no hacer nada, la opción seleccionada.

Sí es cierto, Scioli podrá ser recordado por el marketing de la esperanza, con el que evidentemente cautivó a los bonaerenses unos años. Si un preso con una condena de 35 años por homicidio escapa de un penal en la patineta de su hijo, la respuesta del titular del Ejecutivo local se vinculaba con la fe, la esperanza y un discurso casi yogui como respuesta política a la ineficiencia. Con eso mantuvo el favor de los bonaerenses y fue incluso reelecto. También es posible que haya conseguido que quede en la memoria de sus electores el color naranja. Lo impuso el gobernador. Alguien le dijo seguramente que traía “buena vibra”, y visto que a Mauricio Macri le fue bien con el amarillo, Scioli le dio con todo al naranja. Gran logro.

Más allá de eso, la inseguridad creció y decreció a los ritmos habituales, de modo estacional, variando las modalidades delictivas de acuerdo con las necesidades del crimen organizado y sus propios contextos. Los secuestros extorsivos, por ejemplo, que requieren una gigantesca logística, y una banda más o menos grande y organizada, fueron disminuyendo. No por acción estatal, sino porque en su momento las bandas de narcos locales necesitaban fuertes sumas que conseguían mediante estos secuestros, para adquirir droga y luego multiplicar el dinero “exportándola” especialmente a Europa. Hoy es innecesario ese paso previo, porque los “capitales” colombianos que llegaron en los últimos 5 años evitan el paso previo del secuestro extorsivo. Así navegó la “no administración Scioli”, de acuerdo con los vaivenes coyunturales.

Tampoco se lo vio reclamar con la energía necesaria un rediseño de la Ley de Coparticipación Federal, especialmente en cuanto a la devolución de los puntos de coparticipación que la provincia perdió en tiempos de Domingo Cavallo, que fueron compensados por el arbitrario fondo del conurbano, pero que jamás volvieron cuando ese fondo se desactivó. Esa realidad condena a la provincia a la pobreza. Cualquier gobernador que se precie debería encadenarse al Congreso hasta que le devuelvan lo que es de los bonaerenses y se les ha quitado. Daniel ha preferido la fe y la esperanza.

Esta opinión no tiene nada que ver con la batalla Scioli-Sergio Massa por el peronismo, y la candidatura presidencial de 2015, que ambos ambicionan y en lo único que tienen fijos sus ojos aunque digan lo contrario. Massa no es más que Scioli, también manejó su intendencia en base al marketing, la sonrisa fácil y la relación con Mariano Iúdica. Los argentinos hemos venido oscilando los últimos años entre mafiosos malhumorados y vendedores de humo simpáticos al momento de seleccionar gobernantes. Pero volviendo al gobernador bonaerense, es injusto salir a pedirle todo ahora. No le pedimos absolutamente nada en 6 años. Incluso hace dos se lo reeligió, en el mismo momento en que se reeligió a Cristina Kirchner, y los guarismos electorales indican que sacó hasta más votos que ella. Y para entonces, a 2011, llevaba ya cuatro años de “no administración”. Y ahora resulta que, de golpe y porrazo, pretendemos que los presos no escapen de las unidades carcelarias a “cocochito” de un ocasional transeúnte, o que alguien haga algo contra el narcotráfico al que se dejó instalar cómodamente, sin ninguna restricción, todos estos años.

Como sociedad deberíamos plantearnos ser un poco más justos con nuestros “no gobernantes” y con nosotros mismos. Porque están ahí porque los votamos y porque los reelegimos. Y aquellas cosas que apreciamos cuando les damos nuestro voto suelen ser poco relevantes, incluso contrapuestas con lo que deseamos. En 2011, cuando se reelegió a Scioli, el problema de la inseguridad provincial ya estaba agravado notoriamente respecto de 2007, cuando asumió. Era, de acuerdo a las encuestas, la mayor preocupación social. Y se terminó votando la fe, la esperanza y el color naranja. No todo es culpa de Scioli.

Sobre este último tema en particular, defendió la postura Argentina en los términos de aquél llamado “Memorandum de Entendimiento”, al que dio rango de Tratado Internacional, con su aprobación por parte del Congreso de la Nación, y pidió a las autoridades del país persa, que definan su posición al respecto, especialmente que comuniquen si sus autoridades han, por fin, aprobado dicho memorándum, como se hizo por estos lares. Dijo la mandataria que su gobierno desea tener “una fecha” para que el magistrado argentino viaje a Teherán y que aspira a que los iraníes no confundan nuestra paciencia con “estupidez”.

Que se le cumpla este último deseo a Cristina Fernández es realmente complejo. El gobierno de Irán bien podría confundir con estupidez varias cosas, no solamente la paciencia Argentina, sino también el simple hecho de haber firmado tal acuerdo, la celeridad desesperada mostrada por el Ejecutivo para que el mismo sea aprobado en el Parlamento, que fue convocado a sesiones extraordinarias en febrero de este año, con el solo fin de servirle en bandeja a los iraníes, la posibilidad de participar activamente de su propio juzgamiento.

Debe recordarse que el acuerdo (Memorandum de Entendimiento) viola todos los principios básicos del derecho penal local e internacional, y que los funcionarios iraníes presuntamente implicados con el atroz atentado a la AMIA, se encuentran convocados a prestar declaración indagatoria. En esto último hay que ser claros: la indagatoria no es una prueba en el proceso penal, como sí lo es la prueba “confesional” en las demás ramas del derecho. La indagatoria es un acto de defensa de un imputado, en el que no existe penalidad por tergiversar la realidad o entregar al magistrado indicios o elementos falsos, porque se entiende que tales maniobras forman parte de ese derecho de defensa.

En principio y en el 99% de los casos, cuando un juez convoca a un imputado a indagatoria lo hace porque es un acto previo (constitucionalmente requerido para no violar el derecho de defensa) a dictar el procesamiento, porque ya cuenta con “semiplena prueba” para determinar que el citado es “prima facie penalmente responsable” del acto que se le imputa. Es decir, la Justicia argentina tiene elementos para procesar a los iraníes por la voladura.

El Memorandum otorga a los imputados la posibilidad de formar parte de una especie de “Tribunal juzgador sui generis”, inexistente en nuestro derecho penal, que trazará la línea que deberá seguir el juez argentino y la aportará las pruebas que este deberá valorar. Y como en ese Tribunal que crea el Memorandum habrá agentes designados por el gobierno iraní, se les está dando la posibilidad de juzgarse a sí mismos, al menos de modo encubierto o parcial.

Esta potestad extraordinaria otorgada a un imputado, es abierta y manifiestamente inconstitucional, no sólo por la participación del propio Estado iraní, al que se sindica además como promotor o al menos encubridor del hecho en el expediente, sino además porque dicho cuerpo creado por el Memorandum, tiene participación de funcionarios del Poder Ejecutivo argentino, que según el artículo 109 de la Constitución Nacional “en ningún caso …puede ejercer funciones judiciales, ni arrogarse el conocimiento de causas pendientes…”, tal sería el caso.

Oportunamente, tanto la AMIA como institución, como un grupo de abogados que el Suscripto integra, impugnamos ante la Justicia la constitucionalidad de la ley que aprobó dicho Memorandum, aunque el expediente se encuentra en trámite y no ha alcanzado un fallo todavía.

Ahora bien, desde el punto de vista estrictamente político, más allá de lo jurídico, el gobierno de Cristina Fernández, con fines poco claros, llegó a un acuerdo absolutamente cuestionable con Teherán. Lo anunció, proclamó y sostuvo, y de modo urgentísimo se lo hizo aprobar por el Congreso. Pagó un altísimo costo político por esto. Y desde febrero pasado, hace ya 8 meses, no ha vuelto a tener noticias del régimen iraní, sobre sí ellos mismos tienen pensado acceder a la posibilidad de juzgarse a sí mismos, o ni siquiera eso les importa, todo lo cual implica, además de lo explicado en los párrafos anteriores, un papelón disparatado de la diplomacia local y de la política exterior del gobierno.

Como toda medida decidida por el Ejecutivo en los últimos años, no hubo opción de debate, ni sugerencias, ni opciones de cambiar la iniciativa del Ejecutivo, sino una imposición acelerada y brutal, haciendo uso de las mayorías parlamentarias que detenta el gobierno. Esto para servirle en bandeja una solución al régimen iraní, que el mismo ha optado hasta ahora por ignorar.

Esa pintura hace muy complejo que las autoridades de Teherán no confundan todo el cúmulo de acciones de nuestro gobierno con “estupidez”, tal como aspira ahora la presidente. No es posible imaginar con que otra cosa podrían confundirlo, aunque es cierto que bien mirado, también podría creerse que se trata de impericia, de torpeza o de total y absoluto desmanejo de las relaciones internacionales y del derecho interno.

Irán no responde y la presidente ruega (tal es su estilo, enérgicamente, pero sin dejar de ser un pedido desesperado), una respuesta en los foros internacionales, al acto de urgente genuflexión consagrado en febrero pasado, ante un país cuyos comportamientos son materia de condena constante en los mismos foros, y del que nuestros ciudadanos, tal como indican los elementos de la causa judicial, han sido víctimas en AMIA. Personalmente creo que en este caso, el deseo presidencial no va a verse cumplido: definitivamente el régimen que gobierna Irán ha “confundido” nuestra destreza diplomática con “estupidez”.