Lo primero que hay que decir es que el Poder Ejecutivo es “unipersonal”. El vicepresidente no es parte de él. Pero tampoco es un legislador. La figura es más bien un híbrido jurídico que cumple el rol de “suplente”. Su trabajo habitual es presidir el Senado, y el extraordinario, suplantar al presidente. De tal manera, el vicepresidente de la Nación solamente será “Poder Ejecutivo” cuando las circunstancias descriptas por la Constitución lo lleven a suplantar al presidente. Sería el caso de Amado Boudou ante esta ausencia de Cristina Fernández.

En este contexto no juega rol alguno la Ley de Acefalía, porque la Constitución misma prevé el mecanismo de forma explícita y operativa. A todo evento, la función la desempeña el vice. Ahora bien, muchas de las inquietudes recibidas tienen que ver con la particular situación justamente de Boudou. A diferencia de otros vice, el actual tiene algunos temitas por resolver. Detenta la friolera de 54 causas judiciales, y tiene pendiente un pedido de juicio político, basado en una de esas 54 causas, en la Cámara de Diputados.

Esto de por sí no implica nada. En ninguno de esos 54 expedientes penales se ha llegado ni siquiera al punto de convocarlo a declaración indagatoria, por ende se encuentra muy lejos de alcanzar ni tangencialmente, el primer tercio de un proceso penal, que es el auto de procesamiento. En esa inteligencia, los 54 expedientes bien podrían ser 54 denuncias inmotivadas, donde ni Boudou personalmente ni en su calidad de funcionario público, haya cometido ningún delito que haga presumir la falta de idoneidad para ejercer el cargo.

Muchas de estas causas tienen ya, al menos un par de años, y se encuentran en esa situación, digamos anodina jurídicamente. Y resulta indiferente si esto es así porque no hay pruebas suficientes para avanzar o porque algunos jueces prefieren por ahora llevarlas a paso de tortuga para no tener problemas con el gobierno. Esa es la realidad y en tal contexto, el vice está plenamente habilitado para ejercer el rol.

Respecto a los planteos por el mencionado pedido de juicio político hay que hacer una diferenciación. Desde el punto de vista jurídico, fue presentado en marzo de 2012. A efectos de que no pierda “estado parlamentario” (condición para ser tratado), fue representado en 2013. Y si se quisiese mantener con posibilidades de avanzar con él, en 2014, habría que representarlo otra vez. Hoy, a solamente un mes y medio de terminado el año legislativo (30 de noviembre), se está a días de que la iniciativa caiga.

Desde la faz política, es imposible que sea tratado ni siquiera en comisión, dadas las mayorías que maneja el Frente para la Victoria. Sobre 31 miembros que tiene la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados (encargada de llevar adelante la acusación en un proceso como éste), 16 de ellos pertenecen al Frente para la Victoria, e incluso alguno más a bloques constantemente aliados como el Frente Cívico por Santiago o Nuevo Encuentro. Así que, más allá del resultado electoral de octubre, hasta el 10 de diciembre al menos, a nadie se le va a ocurrir tratar el delicado tema.

Luego viene el receso del Congreso hasta el 1º de marzo y, aun en caso de llamarse a sesiones extraordinarias, el temario lo fija el Ejecutivo, y los legisladores no pueden correrse de él, por más mayorías que tengan. De modo que el horizonte más acelerado consistiría en que el proyecto de juicio político al vicepresidente empiece a tratarse en Comisión en marzo de 2014. Con los ritmos políticos argentinos, de acá a seis meses, podríamos ser una provincia de Sudán o la capital de Alemania.

En ese contexto temporal, y dado que la presidente podría estar recuperándose de su cirugía entre 90 y 120 días, pierde coherencia hablar de la aplicación de la Ley de Acefalía. Para los “adelantados” que pretenden conocer un escenario futuro, totalmente hipotético y eventual e insisten con el tema, debe decirse que: si la presidente quisiese extender su licencia por más largo tiempo para recuperarse mejor, y se tomase, digamos, 8 meses, y en ese lapso el vicepresidente fuere procesado en algunas de las causas que tiene y evolucionase el proceso de juicio político en su contra (todas hipótesis al menos disparatadas, pero bueno, esto es Argentina, la tumba de las teorías políticas); y en tal lógica, el vicepresidente en ejercicio del Ejecutivo fuese, hipotéticamente suspendido, en principio, recién allí comenzaría a jugar un rol la ley 20.972 modificada (de Acefalía), donde se establecen mecanismos provisorios para que el presidente provisional de Senado primero, el presidente de la Cámara de Diputados luego (si el anterior defecciona o es inhábil) y el presidente de la Corte Suprema en tercer orden; se hagan cargo del Poder Ejecutivo, deban convocar a Asamblea Legislativa y ésta designe a un funcionario con el cargo de legislador nacional o gobernador de provincia para concluir el mandato.

Cabe establecer en el marco de esta descabellada hipótesis, que además, para que todo esto se desarrolle, la presidente no solamente debería estar “de licencia”, sino imposibilitada de seguir ejerciendo su cargo, de lo contrario, cualquiera de esos funcionarios especificados en el párrafo anterior llevarían adelante el Ejecutivo sólo de manera provisoria, hasta que esta retome el ejercicio de sus funciones.

La Argentina es un país institucionalmente serio, por más que políticamente sea un cambalache. Los mecanismos jurídicos no constituyen un sainete para que cualquiera haga lo que quiera. Hay un orden jurídico preciso y minucioso, con un presidencialismo acentuado, y bien protegido por el sistema legal, preservándose la idea madre, que es que los gobiernos elegidos por el pueblo, deben terminar sus mandatos salvo circunstancias especialísimas. Con el cuadro actual, ambiciosos abstenerse, a prepararse para 2015 y ganarse la confianza del pueblo como corresponde.

Más allá de la cuestión religiosa, el Papa es un líder político, un jefe de Estado. Y fue puesto allí por un grupo importante de los referentes más encumbrados de la Iglesia, con el fin de promover una profunda reforma. Por ende Francisco no la tiene fácil. Debe cambiar la vieja y ya insostenible costumbre de los sectores que hasta su advenimiento controlaron la Iglesia, de ocultar sus propias miserias y apañar a los sacerdotes que no hacen honor a su investidura. Debe cambiar la imagen de una Iglesia cerrada y oscurantista y debe ordenar los números del Banco Vaticano, lo que le granjea poderosos y numerosos enemigos.

Y el nuevo Papa decidió hacerlo con transparencia, con humildad, con el ejemplo y hasta con esa pícara alegría de nuestras tierras. Su misión, insisto, es profundamente compleja, porque Francisco es un reformador, no un revolucionario. Y el papel del reformador es extremadamente más complejo que el del conservador y que el del revolucionario. Porque a diferencia del primero debe modificar el status quo vigente, algo siempre más difícil que mantenerlo como está; pero a diferencia del segundo no puede hacerlo destruyendo todo, tiene que mantener equilibrios porque debe hacer que sobrevivan las estructuras para purificarlas y modificar su funcionamiento.

El contraste puede resultar amañado lo confieso, pero uno es amañado así que vía libre. En la Argentina asistimos a una concepción del liderazgo totalmente diferente. Especialmente desde que Cristina Fernández es la líder del Estado. Su antecesor y difunto marido, si bien confrontativo, utilizaba más la simpatía y la picardía chicanera que nos es propia, para disputar con sus rivales. La actual presidenta se coloca en un lugar de furioso enojo constante, de ira incontrolada, de desprecio al que piensa diferente, de castigo brutal incluso al propio que manifiesta alguna disidencia.

El líder enojado, feroz, se identifica más con los Estados autoritarios que con los democráticos. Es el líder temible, no el que busca votos, sino el que pretende que la disidencias no se vean expuestas porque la comparación lo perjudica. Por eso persigue, con la AFIP, con la SIDE o con lo que tenga a mano, para acallar y evitar el debate.

Los autoritarios sojuzgan, anulan a la prensa libre, agravian y maltratan. El que piensa distinto debe ser perseguido, castigado y fundamentalmente acallado y ridiculizado si es posible.

Quien ejerce el liderazgo de ceño fruncido, jamás retrocede ni admite errores. Lo ocurrido con el General César Milani es un claro ejemplo. Cristina puso otra vez en juego el prestigio de su gobierno con él. Cuando el discurso de derechos humanos es uno de los pilares fundamentales de su política, lo dejó de lado al nominarlo jefe del Ejército. Expuso a muchos organismos otrora prestigios en el área, como Abuelas de Plaza de Mayo, a acompañarla en el impulso a un colaboracionista del genocidio, y cuando uno de estos organismos (el CELS) planteó su rechazo, de todos modos lo sostuvo y lo defendió por cadena nacional.

No nos engañemos, el pliego de Milani no se retiró del Senado por el informe del CELS, se retiró porque ese informe sirvió de excusa a varios senadores K para comunicar que iban a votar en contra. La sesión se cayó porque el kirchnerismo perdía, no porque el CELS estuviese en contra y “Cristina escuchó”. Lo demostró en la encendida defensa del general que hizo por cadena nacional. Ocurrió lo mismo que con el fallido candidato a procurador Daniel Reposo. A sabiendas de que era impresentable, la presidente lo impulsó igual, y decidió retirarlo cuando varios senadores “de su palo” comunicaron que no le darían el aval.

¿No hubiese sido mucho más sencillo para Cristina reconocer el error? “Ciudadanos, habida cuenta de los informes que nos acercan organismos de derechos humanos sobre el general Milani y dado que la política de derechos humanos de este gobierno es su base fundacional, existiendo un estado de sospecha razonable sobre su actuación en tiempos de represión ilegal, vamos a preservar las instituciones. Acepté la dimisión de Milani como jefe del Ejército para que no existan dudas sobre la vocación humanista de esta administración”. Ese simple párrafo hubiese sido un acto de liderazgo democrático por parte de la presidente.

La sociedad hubiese leído “me equivoqué, me avisaron y corrijo” ¿Dónde está el deshonor o la pérdida de poder en esto? Al contrario hubiese implicado un grado de racionalidad más que deseable. Escuchar a otros nos hace fuertes no débiles. El que piensa distinto, o puede ver la realidad con mejor información o desde otro ángulo, nos enriquece. ¿Cómo mejoramos si todos siempre nos dan la razón? Pero la presidente respondió con más enojo. Repitió su frase sobre rulos y algún otro mohín de los clásicos.

Se puede liderar como Francisco. De hecho, en una democracia tiene más lógica, porque uno testea su aprobación de modo bianual, mientras que el Papa reina hasta su muerte. El liderazgo furioso es para los Kadafi o los Dos Santos (Angola) que Cristina tanto admira pero que son dictadores. Maquiavelo escribió “El Príncipe” en otro contexto, justamente para un monarca, no para el jefe de Estado de una república democrática.

Pero no estaba loco, también escribió los “Discursos para la primera década de Tito Livio”, donde aconseja a un gobernante republicano que debe someterse al voto. Ese era el libro que había que leer.