Aun cuando todo lo dicho sea cierto, ninguno de tales datos invalida su denuncia, las escuchas, la relación perfectamente circunstanciada de los hechos relatados e hilvanados con precisión en la presentación que efectuase. Tuviese Nisman un affaire homosexual como se planteó inicialmente desde el oficialismo, o fuese el nuevo Isidoro Cañones porteño, ¿en qué cambia la gravedad de los hechos denunciados?

En todo caso al extinto funcionario era consumidor de tales tentaciones de la noche. El ex Ministro de la Corte Suprema ultrakirchnerista, Eugenio Zaffaroni, poseía 14 propiedades, todas ellas explotadas como prostíbulos, y su defensa consistió en decir que no estaba al tanto de tal cosa. Permítaseme la duda ante semejante insulto a la inteligencia de cada uno de nosotros, pero lo cierto es que Zaffaroni estuvo sospechado todos estos años de ser un empresario de la prostitución, no un simple consumidor de la misma, y todavía así, no se han puesto en duda sus sentencias por tal motivo.

Se ha promovido también la idea de que el fiscal utilizaba los dineros del Estado volcados a su fiscalía, para sus gustos personales. De ser así, esto constituiría por cierto un delito, pero como es sabido, no es pasible de juzgamiento por encontrarse fallecido. Por ende, resulta a todas luces irrelevante hoy semejante situación y tampoco es invalidante de la denuncia por el supuesto plan criminal de encubrimiento a Irán, que según Nisman, encabezaba la señora presidenta.

El kirchnerismo en ciertos puntos resulta extremadamente ridículo. Pretende deslegitimar una denuncia de gravedad inusitada, que bien podría haberse caratulado como traición a la patria, deshonrando al fiscal por consumir prostitución, cuando su “magistrado emblema” pudo haber sido un empresario “oferente” de prostitución.

Ciertamente, la denuncia sobre el plan criminal de encubrimiento tiende a perecer, la estrategia K es obtener resolución firme de sobreseimiento antes del cambio de gobierno, para que la misma genere el efecto de la “cosa juzgada” (nadie puede ser imputado dos veces por el mismo hecho), y los magistrados no se sientan en libertad de investigar, con el kirchnerismo fuera del poder.

La última maniobra del “amigo” de Nisman, Diego Lagomarsino, denunciando la cuenta en el exterior que compartía con el fiscal y mencionando que él mismo le requería la entrega mensual de la mitad de su salario, carece en definitiva de relevancia procesal. No prueba que Lagomarsino sea inocente de las acusaciones elípticas que ha recibido de la querella y del mismo gobierno, ni que no haya estado en Le Parc en el momento de la muerte, ni si Nisman le pidió la pistola o Lagomarsino la llevó por otro motivo. Tampoco es posible determinar si es cierto que el especialista informático entregaba ese dinero mensual. Dijo haberlo hecho en mano y, como prueba, exhibe constancias del retiro de la mitad de su salario ni bien el mismo era depositado. Tal cosa no resulta prueba más que de que Lagomarsino necesitaba solventar las cuentas que todos pagamos a principios de mes.

Más bien parece ser una apuesta más a desgastar la imagen personal del fiscal denunciante. El kirchnerismo exhibe su vida personal poco recatada, su “amigo” le endilga corruptelas, y como extraña consecuencia el gobierno deja de señalar a Lagomarsino como hizo los últimos dos meses. A cualquier matemático le cierra la ecuación.

Luego de las filmaciones del local de “esparcimiento” Spartacus que complicaron al juez Norberto Oyarbide, quedó claro que la vida personal de los magistrados no es óbice para el desempeño de su cargo. Tal magistrado ha seguido cumpliendo sus funciones y las críticas que ha recibido y las diversas acusaciones que pesan sobre él en el Consejo de la Magistratura, no están relacionadas con su tipo de vida, sino con presuntos hechos de mal desempeño de su cargo. Acusaciones de las que el kirchnerismo lo ha defendido a capa y espada. Si los constantes sobreseimientos de Oyarbide a funcionarios del gobierno no son objetables por sus preferencias sexuales y su modo de llevar su vida personal, las acusaciones de Nisman tampoco pueden ser descartadas por su inclinación por señoritas de la noche.

El pacto que ambos sectores hoy proyectarían para “reordenar” la Corte Suprema luego de los fallecimientos de Carmen Argibay y Enrique Petracchi y la renuncia de Eugenio Zaffaroni, es el Pacto de Olivos redivivo. Un esquema de distribución de caja y poder entre un Gobierno en retirada y un sector político con remotísimas chances de gobernar la Argentina los próximos años. Las curiosidades del Congreso de la Nación y el diseño legal del Consejo de la Magistratura les da esta chance. Como la Cámara de Diputados se renueva por mitades, la derrota kirchnerista en las legislativas de 2013 no resultó demasiado significativa en términos numéricos, por el impacto de su victoria dos años antes. El poder del aparato radical y el sistema de distribución que estableció con el propio peronismo en muchas provincias hace que un partido sin capacidad de proponer un candidato presidencial que en las encuestas alcance dos dígitos de las preferencias sea el segundo de los bloques.

Si así funciona en Diputados, mucho más en el Senado, donde la renovación es por tercios, y el sistema de acuerdos provinciales para entregarle los dos senadores por la mayoría al PJ a cambio de garantizarse la UCR el de la minoría es casi invariable. El diseño de las Cámaras, y la estructuración del sistema de partidos, han sido creados y renovados para favorecer dichos acuerdos de élite a espaldas del ciudadano. Por eso no resulta sorprendente ni mucho menos imposible, que vuelvan a pactar para modificar la Corte Suprema, uno que se va y otro que no va a venir.

Por su parte, el Consejo de la Magistratura tiene un amplio dominio de los sectores políticos desde la reforma de la ley 26.080 que el kirchnerismo sancionó en 2007. De sus 13 integrantes, 7 son fruto de la política pura: 1 que representa al Poder Ejecutivo y 6 al Legislativo, todos ellos kirchneristas o radicales, al menos por ahora. De los dos representantes de la abogacía, los radicales han logrado imponer a uno, el del interior del país, como históricamente lo han hecho. Y también los K han renovado al académico que selecciona el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) que depende del Ministerio de Educación. En fin, sin contar uno o dos jueces cercanos a Justicia Legítima, entre peronistas y radicales hay 9 sobre 13 miembros del Consejo a disposición de un eventual Pacto de Olivos II.

En los últimos días, son insistentes las versiones de un acuerdo entre ambos espacios, que implicaría que el kirchnerismo avance en el nombramiento de un radical en reemplazo de Eugenio Zaffaroni en la Corte Suprema, a cambio justamente de que los radicales del Consejo de la Magistratura avalen el nombramiento de cuatro kirchneristas en sendas vacancias que hoy tiene la Cámara Nacional de Casación Penal, y que además, el radicalismo apoye en el Congreso el nuevo Código Procesal Penal, que entre otras particularidades pone la investigación de los delitos en manos de los fiscales, dándole a los jueces el rol de evaluar un prueba que no han sido responsables de obtener.

Muchos leen, no sin razones, que todo esto es un pacto de garantía de impunidad: Alejandra Gils Carbó, Procuradora General de la Nación y jefe de todos los fiscales, ha demostrado un férreo control sobre gran parte de los mismos; y por otro lado, el fin último de las causas penales, incluídas aquellas por corrupción, concluyen en la Cámara de Casación. El combo parece perfecto para los K y su futuro. Pero no se trata solamente de esto. También resulta un condicionante peligroso para el gobierno que venga. Sus funcionarios quedarán a merced de un esquema penal parcial y politizado, y además presionado desde el Congreso.

Como en todas las conclusiones de largos ciclos, la gente percibe la necesidad de dar un giro y romper la encerrona de la política tradicional peronista-radical y buscar variantes más modernas que saquen a la Argentina del caos en que tal bipartidismo la sumió durante todo el siglo XX. Y como es evidente, la política tradicional, acuerdista y espontáneamente oligárquica, tiende a coaligarse para resistir el mantenimiento de sus espacios de poder al margen del deseo social. Desde el ciudadano, analizándolo de esta forma o de otra, o solamente desde lo intuitivo, la gente sabe que ha sido inserta en un laberinto de acuerdos oscuros de los que no participa, y empieza a mostrar que desde 2015, elegirá mandatarios de otras vertientes, alejadas de esas élites, novedosos, modernos. Pero que seguramente estén lo bastante amarrados por esa oligarquía política oculta pero omnipresente, que bien podría condicionarle la Justicia, y manipularle el Congreso. Y si “la novedad” electa por la gente no mantiene un fuerte respaldo social al menos hasta 2017, en que vuelven a renovarse las Cámaras, puede quedar presa de esos sectores a los que ya nada les queda de democráticos.

Una ciudadanía alerta, analítica y despierta es la única chance de salir lentamente de ese nudo tan cuidadosamente tejido para que nunca podamos saber quién maneja las cosas, quién controla nuestras vidas. A fines de 2015 asumirá un nuevo Gobierno, si la Corte Suprema tiene vacancias, los argentinos deben estar alerta para impedir que se completen apenas unos meses antes, por parte de estos sectores que alguna vez Mauricio Macri llamó el “círculo rojo”. Vienen tiempos de romper las viejas estructuras. El humor social y las preferencias que exhiben las encuestas son muestra clara de ello. Pero para custodiar el cambio hay que estar muy atentos. No transen más, ya no hay margen.

Sin embargo esa República fracasó. Desde 1880 se sucedieron una serie de gobiernos basados en el fraude electoral, la supresión del peso de las mayorías en las decisiones que afectaban a todos, y el sistema de gobierno fue republicano por enunciación y oligárquico en los hechos. Pudo haberse considerado la ley Sanz Peña de 1912 y su primera aplicación en 1916, como el inicio de una segunda república, pero lo cierto es que el período de vigencia real fue demasiado breve: ya en 1930, comenzó una sucesión de gobiernos de facto a cargo de fuerzas militares que hicieron trizas el republicanismo. La interrupción más larga de dicho proceso fue el gobierno del General Perón entre 1946 y 1955, en la cual además, se introdujeron cambios constitucionales profundos, pero nuevamente se trató de una fase muy breve y casi todos los cambios mencionados fueron derogados por el gobierno de hecho que lo desplazó del poder.

Por ende, podemos establecer que la Segunda República nació el 10 de diciembre de 1983, con la asunción del presidente Raúl Alfonsín. Como primera medida porque el sistema republicano que restituye ya lleva más de 30 años de vigencia. Desde entonces la división de poderes funciona, con tropiezos pero lo hace; el soberano pueblo impone su voluntad sin mayores inconvenientes, no ha habido elecciones presidenciales formalmente fraudulentas; y la libertad de expresión, los derechos civiles, sociales y políticos están presentes en la cotidianeidad argentina. Se puede decir que la Segunda República inaugurada por Alfonsín, generó la certeza y conciencia social de la necesidad impostergable de que el sistema se mantenga vigente y pleno.

Ahora bien, desde el fin del gobierno del líder radical a nuestros días, esta Segunda República se ha ido deteriorando sustancialmente. A diferencia de lo que era previsible, el sistema republicano y democrático ha perdido intensidad y plenitud a medida que pasaron los gobiernos. Un ejemplo claro son los decretos de necesidad y urgencia. En 5 años y medio de mandato, Alfonsín firmó 10 de ellos; pero en un decenio de ejercicio, su sucesor Carlos Menem impuso su voluntad por decreto en 545 ocasiones; Fernando de la Rúa los utilizó 73 veces; pero quien completó su mandato, Eduardo Duhalde, rubricó 158 en un año y medio; y su sucesor Néstor Kirchner, 270 en solamente cuatro años. Esto es ni más ni menos que el uso de violencia jurídica sobre la división de poderes y la voluntad popular de modo masivo, un comportamiento autocrático. Que si bien es cierto, mermó con el gobierno de Cristina Fernández, bien puede creerse que esto ocurre por el control que la misma ha tenido del Congreso Nacional, dado que su marido y antecesor, también disminutó la cantidad de decretos firmados a partir de 2006, cuando se hizo se control casi absoluto de ambas Cámaras parlamentarias.

No es el único dato que prueba la descomposición republicana. Los organismos de control, como la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas que ocupaba el centro de la escena en 1983 (los memoriosos recordarán al fiscal Ricardo Molinas en acción) ya casi no existen. Se ha cambiado el número de miembros y la composición de la Corte Suprema de Justicia reiteradamente de acuerdo a las necesidades del gobierno de turno. Desde la creación del Consejo de la Magistratura, el mismo también ha sufrido variaciones con idénticos fines e intentos gravísimos de cambiar el régimen a una elección directa de sus componentes jueces, que no han prosperado, pero el mero intento implica una muestra de “desentendimiento” republicano.

A todo ello puede sumársele la supresión de fiscales “molestos” que han pretendido controlar al poder, la manipulación de la pauta publicitaria del Estado a los medios como un modo sofisticado de censura, la aprobación de concursos irregulares de origen en la designación de magistrados, y los más variados etcéteras. Por eso es que la Segunda República ya ha transitado la decadencia y se encuentra en estado terminal.

La sociedad buscará, en las elecciones del año próximo, al grupo político que sea capaz de fundar la Tercera República. Algo que no implica mucho más que demostrar que se puede gobernar eficientemente y a la vez cumplir la ley y respetar las instituciones. Que acepte que “democratizar” en muchos casos implica intensificar los controles sobre los organismos y agentes públicos, y que aún controlado, pueda gobernar. La Tercera República deberá demostrar que se puede combatir el delito y respetar los derechos humanos de todos, al mismo tiempo; y también que los intentos de eternización en el poder son nocivos para la sociedad. En síntesis, deberá mantener la esencia de la Segunda República pero en la práctica y prolongándola en el tiempo. Con instituciones sólidas y controles férreos, la corrupción se diluye, la educación, la salud y el trabajo cobran la dimensión que deberían tener, me veo tentado a decir que “se come, se cura y se educa”, porque es cierto. Los franceses van por su quinta república, nosotros podemos concretar nuestros sueños fundando la Tercera.

La democracia, que por definición es tolerante, ha perdido ese rumbo. No puede negarse que a la gente no se la mata por opinar diferente. El kirchnerismo alega que existe una enorme libertad de prensa en razón a ello: no hay muertos o torturados por opinar diferente. Pero la intolerancia K se ha ejercido de acuerdo al espíritu de los tiempos: no te secuestro pero te mando a la AFIP; no te cierro el diario pero sacó una ley con mis mayorías legislativas exclusivamente destinada a complicarte a subsistencia; no matan jueces en un esquina pero les pongo un Consejo de la Magistratura que los destituya a mi capricho.

En estos últimos diez años, el retroceso en materia de convivencia democrática ha sido incremental, y se ha reflejado en la retórica gubernamental, porque se ha ejercido el poder desde la división: ellos o nosotros, y ellos son todos aquellos que, en cualquier aspecto, disientan con nosotros, sea que no los geste nuestra corrupción, que no crean en nuestro discurso vacío en materia de derechos humanos, o que intenten explicar que se puede gobernar en el marco de la ley. Dice Alfonsín en ese mismo libro, pocos párrafos después: “toda mi actividad política buscó fortalecer la autonomía de las instituciones democráticas y fortalecer el gobierno de la ley, para que la ley y el estado de derecho estuvieran separados de cualquier personalismo”. Tanto el menemismo como (y especialmente) el kirchnerismo, gobernaron desde personalismos absolutos al margen de la ley en muchos casos.

El estado de derecho no consiste únicamente en seleccionar gobernantes mediante el voto. Es mucho más que eso. Implica además que esos gobernantes se sometan a la ley de todos, mecánica indispensable de la soberanía del pueblo. Durante este 2013, casi todo el año, se produjo una prolongada batalla político-social para sostener la vigencia de las instituciones de la República, mientras los gobernantes seleccionados por el pueblo trataban de darle vida a una ley abiertamente inconstitucional para reformar el modo de selección de los miembros del Consejo de la Magistratura y así manipular a su antojo el Poder Judicial.

La cosa terminó con un fallo de la Corte, que por cierto decretó la inconstitucionalidad de esta intentona. Pero se perdió todo el año, con la sociedad resistiendo una voluntad indeclinable del gobierno por violar la Constitución. ¡Un año entero tratando que un gobierno no viole la Ley Fundamental de todos! Un disparate, impensable en aquel 1983. En un país que claramente no tiene un año para perder, porque mucha gente muere de enfermedades fácilmente curables, padece hambre, miseria o marginalidad estructural, o es asesinada por las calles por 50 pesos. No puede perderse el tiempo en estas batallas obsoletas, mucho menos cuando se incentivan desde el gobierno, tanto como las divisiones.

La Argentina vive del ’83 para acá una especie de tobogán siniestro en el cual la política se ha alejado de la gente, cuando la política es la gente y no los 50 tipos que se adjudican su propiedad; se han profundizado las divisiones con un nivel de violencia (al menos en términos retóricos), típico de las peores épocas de nuestra historia; el avance de los niveles de corrupción es impensado y extraordinario; el desprecio por la ley del pueblo en beneficio de los sectores gobernantes se ha transformado en la mecánica de ejercicio de la administración, y se han manipulado y bastardeado cuestiones esenciales para la vida democrática, tales como el concepto de derechos humanos, en los que nuestra sociedad fue un maravilloso ejemplo en aquellas épocas.

Por cierto, sería ridículo pensar en volver al ’83. Era otro contexto, otro mundo, y el futuro no se construye en base a nostalgias. Ni siquiera para los que vivimos esa época con orgullo y ferocidad militante. Esta es otra realidad. Con similitudes, pero con características propias. Lo que es cierto es que, como entonces, hay que reconstruir la institucionalidad y si algo debe tomarse del espíritu de aquella época, es la búsqueda del respeto irrestricto por la ley, empezando por quienes deben llevar adelante la administración; y siguiendo por la enorme vocación social de esos tiempos, tan deseable ahora, de volcarse a las calles a reclamar y exigir por nuestros derechos.

Un pueblo conocedor de sus derechos y su soberanía exclusiva, haciéndolos respetar a rajatabla, controlando al príncipe, reclamando información. Una sociedad consciente de que la utopía del gobierno de la ley, tiene ese carácter porque no hemos hecho lo suficiente y del modo correcto. La utopía como fin tiene un rol social, empuja al grupo hacia la meta. Y uno se sorprende cuando observa cómo, a lo largo de la historia, tantas se han hecho realidad. La utopía del gobierno del pueblo, por y para el pueblo, es posible, y como siempre, depende de nosotros.

La ocurrencia de Pérez, sobre derogar las leyes de reforma judicial sancionadas este año, y que implicaron un violento límite puesto por la Corte Suprema al Poder Ejecutivo por las múltiples violaciones a la Constitución Nacional que dichas leyes contienen, es al menos poco conducente. Por esos mencionados y ya conocidos fallos de la Corte y de los más diversos Tribunales del país, la reforma al Consejo de la Magistratura no es aplicable, la modificación del régimen de medidas cautelares tampoco, ni la creación de nuevas Cámaras de Casación.

Por ende, como propuesta “revolucionaria”, el hecho de derogar leyes que no son operativas, es al menos, tibio. Ciertamente, el buen orden del plexo normativo puede requerir que se deroguen aquellas leyes no aplicables para impedir confusiones en algún aspecto, pero habiendo ya sentenciado el Máximo Tribunal de la República, que esas normas no son de aplicación, podríamos decir que dedicarse a derogarlas es un trabajo poco conducente.

La realidad es que el funcionamiento de la Justicia debe modificarse, tal vez incluso, “democratizarse”. No como intentó hacerlo el gobierno, que en realidad usó la palabreja para “tiranizar” el Estado y manipular el único de sus tres poderes que no le responde servilmente. Pero no cabe duda que es una deuda institucional para con los ciudadanos mejorar el servicio de Justicia; y resulta al menos acotado que el referente en la materia de una opción como la que encabeza Massa, con pretensión “renovadora”, anuncie la derogación de lo inaplicable como si se tratase de una iniciativa superadora.

Tal vez, sería un tanto más elaborado escuchar hablar a Pérez de una modificación de los Códigos Procesales para acelerar las causas y que las demoras en los procesos no impliquen una cuasi denegación de Justicia para los ciudadanos. El hecho de que dichos cuerpos normativos casi no establezcan plazos para las Cámaras de Apelaciones en el dictado de sus sentencias, suele resultar en una demora inexcusable en el servicio de Justicia. Una modificación en tal sentido, sería al menos deseable.

Por otro lado, ha resultado al menos cuestionable, la composición de los jurados que resuelven los concursos para quienes se postulan como futuros magistrados. Casos de exámenes donde los concursantes “parecían” conocer las preguntas con antelación, por ejemplo, ponen en crisis la forma en que se componen dichos jurados. Transparentar la Justicia, garantizar la independencia de los magistrados y la influencia lo más mínima posible del poder político en la nominación de jueces bien merecería un proyecto que busque el modo de componer los jurados de tal manera, que resulte mucho más complejo beneficiar a uno u otro concursante.

Por otro lado, y si bien la Corte impidió la aplicación de esta última reforma al Consejo de la Magistratura, el Consejo reformado por la ley 26.080, hoy vigente, también es inconstitucional, porque viola los equilibrios entre estamentos impuestos por la Constitución Nacional. Dicha inconstitucionalidad ha sido acusada por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal hace seis años, y extrañamente la Corte Suprema se ha expedido antes sobre la modificación hecha en 2013 que sobre la implementada en 2006, sobre la cual todavía guarda silencio.

Incluso, la modificación de la 26.080 que deja al Consejo casi bajo control del poder político, fue sancionada en el Congreso en tiempos en que el propio Pérez era diputado, y éste se opuso en aquel entonces a tal sanción. Bien podría hoy retomar el tema ya que aparentemente se la encargado dedicarse al mismo, y plantear la derogación de la inconstitucional 26.080 que está siendo aplicada y no de leyes que en la práctica no tienen ninguna validez.

Existen muchas cuestiones que proveerían a la transparencia Judicial e institucional y que están pendientes. Un mejor diseño de los organismos de control, para que la trampa legal no los deje siempre en manos del propio gobierno que deben controlar, o la resurrección de la Oficina Anticorrupción o la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, con independencia del poder político para que puedan cumplir su rol, serían propuestas interesantes.

A veces resulta un tanto desesperanzadora la carencia de imaginación e iniciativas útiles de ciertos sectores de la “renovación”, en este caso de un “renovador” que va por su tercer mandato en la Cámara de Diputados. No es suficiente con buscar el anuncio que mediáticamente genere algún impacto, eso es de corto alcance, de bajo vuelo. Hay cosas que cambiar en serio y no hace falta mucho más que un poco de trabajo y conocimiento del área. Con derogar lo que de todos modos no se aplica, no alcanza para ser “renovador”.