Observando los acontecimientos ocurridos por el televisor, uno podría creer que en realidad estaba presenciando un debate en la Corea del Norte del “Querido Líder” Kim Jong-un, en la Indonesia de Suharto, o en el Túnez de Ben Alí que solía llamar a elecciones y obtener el 98% de los votos.

Yendo a lo concreto, el dictamen emitido ayer por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados es solamente un disparate mediático que carece de ningún valor jurídico. Tiene el mismo efecto que si nos juntásemos el suscripto y cuatro amigos y decidiésemos que el próximo domingo “ganó Independiente”. Un mamarracho por el que seguramente nos acusarían de haber abusado del tinto de la casa.

La Constitución Nacional en su artículo 110 establece con meridiana claridad que “los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservan sus empleos mientras dure su buena conducta”. ¿A qué se refiere con ello? Simplemente a que los magistrados no incurran en las causales de Juicio Político, claramente establecidas en el artículo 53: “Solo ella (la Cámara de Diputados) ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes”.

El juego de ambos artículos es sencillo. La mala conducta que quita la perpetuidad al cargo es la que describe el artículo 53 como causales de juicio: mal desempeño y comisión de delitos. Pero además, deben considerarse otros elementos. El primero de ellos es que la Constitución exige “causas de responsabilidad”, es decir una inconducta concreta en un acto en particular o una sucesión ellas, pero no el achaque genérico que implica la acusación de “viejo”.

Si la Comisión de Juicio Político quisiera ser seria, debería encontrar un expediente mal despachado por el juez Fayt, iniciar un proceso de juicio político, y en el marco del mismo, como elemento de prueba, solicitar un examen psicofísico del juez para determinar si está en condiciones de llevar adelante su magistratura. Pero ocurre que no existe un expediente concreto por el cual acusarlo, ni tienen cómo iniciar un proceso de juicio político, y mucho menos como alcanzar los dos tercios de los votos para concretar la acusación.

La Cámara de Diputados tiene “comisiones de asesoramiento”, así las llama el propio artículo 61 de su Reglamento. Esas comisiones elaboran dictámenes que cumplen el rol, como todo cuerpo asesor, de recomendar la aprobación de determinado dictamen al pleno del cuerpo. La Cámara tiene sus facultades constitucionales como tal, y sus decisiones son obligatorias en tanto se toman en el recinto, con sesiones convocadas de acuerdo a la ley y el reglamento interno y por las mayorías constitucionales. Las decisiones de una porción de la Cámara, como una comisión, no son obligatorias para nadie, no constituyen absolutamente nada hasta no ser aprobadas en Sesión, y ayer no la hubo. La Comisión de Juicio Político es una “comisión de asesoramiento” más, no tiene facultades para pedirle un psicofísico a Fayt ni tampoco para pedirle el boletín de quinto grado a mi sobrino.

Por otra parte, el artículo 90 del Reglamento citado establece las competencias de tal comisión, es decir, las cuestiones por las cuales puede expedirse: “Compete a la Comisión de Juicio Político investigar y dictaminar en las causas de responsabilidad que se intenten contra los funcionarios públicos sometidos a juicio político por la Constitución y los previstos en la ley 24.946 y en las quejas o denuncias que contra ellos se presenten en la Cámara. Cuando el pedido de remoción se dirige contra un funcionario público no sujeto a juicio político, la comisión podrá disponer su archivo o remisión al órgano competente”. La norma es armónica con la Constitución: exige otra vez que existan “causas de responsabilidad” y menciona los “pedidos de remoción”. Esta flagrantemente fuera del alcance de la Comisión de Juicio Político,investigar a los funcionarios públicos, fuera del marco de un proceso, justamente y obviamente, de juicio político.

Por ende, el “proceso investigativo” que se aprobó ayer no es más que la argucia de alguna mente febril para presionar a un Ministro de la Corte, pero sin efecto jurídico alguno.

¿Qué ocurre si Fayt se niega a ser investigado, no acude a las citaciones, y se niega a que lo examinen psicofísicamente? Nada. La Comisión de Juicio Político carece de facultades para conminarlo por la fuerza pública, ni para tomar ninguna medida que no consista en ver fracasar su ridícula maniobra. Tampoco implica presunción contra el juez no someterse a semejante parodia, y en definitiva, nunca contarán con los dos tercios de los votos para acusar.

Es ni más ni menos que una operación mediática vacía de contenido jurídico. Con otros letrados analizamos la posibilidad de presentarnos a la Justicia con el fin de pedir la nulidad del dictamen alcanzado ayer en la Comisión de Juicio, pero llegamos a la conclusión que se trata de un hecho ajeno al Derecho, no judiciable por carecer de relevancia y consecuencias jurídicas.

Tal vez, en algunos casos, sería más beneficioso darle menos espacio en los medios a estas farsas que tienen como único fin ganar centímetros en las portadas, para ejercer la valiente presión nacional y popular con el objetivo de quebrar a un prócer del Derecho.

Allí se observan además los consensos para elaborar políticas, es decir, representantes de dos o más partidos alcanzan acuerdos para sancionar normas que nos benefician a todos, respetando la ideología que exhibieron al postularse, pero también requiriendo los apoyos de quienes piensan diferente para alcanzar objetivos. Es el reflejo de la necesaria armonía social.

Si bien el Poder Judicial es fruto de un proceso democrático indirecto, cumple funciones más específicas en la aplicación de las normativas generales emanadas del Congreso a casos particulares. Y por su parte el Poder Ejecutivo es fruto de una selección democrática, pero se encarna en una sola persona: el presidente. Todos los demás funcionarios que lo acompañan son asesores, colaboradores, no los eligió nadie sino ese presidente, es decir no representan la voluntad popular. No existe en dicho Ejecutivo proporcionalidad alguna, porque lo representa una sola persona.

Por ende, la pieza fundamental del sistema republicano para la representación democrática es el Congreso. Ahora bien, casi desde inicios del menemismo hasta estos tiempos, con alguna excepción muy puntual, el Congreso en nuestro país carece de funciones específicas en tal aspecto. Los bloques mayoritarios de ambas Cámaras suelen responder a los oficialismos del Poder Ejecutivo y transformarse en una extensión de este, impulsando normas que le son enviadas de la Casa Rosada o bloqueando otras que al Poder administrador no le convienen. Y los bloques menores no son capaces ni siquiera de articular entre ellos pequeños consensos, salvo también ante eventos muy específicos, pero casi nunca, para legislar.

Así las cosas, el mayor agravio a la calidad de la representación política en la Argentina, el déficit más profundo, se encuentra en el Poder del Estado que debería plasmar tal representación. Ciertamente se trata de un aspecto de la carencia de cultura democrática, tanto de los ciudadanos como de los dirigentes. No existen antecedentes de un corte de boleta que consagre un nuevo presidente y al mismo tiempo un Congreso variopinto que exija consensos. Y a la vez, si esto ocurriese, el Ejecutivo se vería paralizado por una oposición que bloquearía cualquier iniciativa.

Algunos, hace ya tiempo, creemos que resulta imprescindible un cambio, que obligue a buena parte de la dirigencia política a consensuar y a cogobernar. Pero ese cambio implica una reforma constitucional y un cambio de sistema, y cuando un gobierno pretende modificar la constitución en pos de egoístas interés políticos de eternidad, los que proyectamos cambios nos vemos obligados a archivarlos para no quedar envueltos en ese juego de mezquindades.

Sin embargo, todo indica que en los próximos tiempos se producirá una variación de estilo político y una renovación dirigencial, que permite volver a pensar en estas cuestiones.

Como se dijo, la elección directa del conductor del Poder administrador, conlleva a la inversión del esquema representativo. Es decir, la necesidad de votar la boleta del candidato a presidente que creemos mejor preparado para ello, hace que incluyamos en el mismo sobre, sin darle mayor trascendencia, a los candidatos a legisladores que lo acompañan, sea por comodidad, o porque creemos que de otro modo no podrá gobernar. Eso es consecuencia de un profundo y disfuncional presidencialismo.

En los países con sistema parlamentario, la ecuación se invierte. El pueblo vota a sus representantes y son éstos los que forman el gobierno. Si el bloque más votado alcanza los consensos, forma un gobierno y designa al encargado de llevar el Poder administrador (en la mayoría de los casos primer ministro). Generalmente, por las mayorías requeridas constitucionalmente, no puede hacerlo solo, debe alcanzar acuerdos con otros bloques, y en ese caso, comparte el gobierno, seguramente algunos de los ministros responderán a otro partido político.

La característica casi natural del sistema parlamentario es el cogobierno, donde participan  al menos dos partidos, los más votados. No son necesarios grandes “Pactos de Moncloa” en dicho esquema, de hecho para formar gobierno hay que consensuar. La responsabilidad se comparte, porque se basa en la verdadera representación del mosaico de voluntades diversas de la sociedad, reflejadas en el Congreso o Parlamento. Las arbitrariedades o la soberbia no tienen mayor espacio, porque el juego es necesariamente de acuerdos.

Por cierto, no se trata de una solución mágica para nada. Pero debe observarse que resulta complejo encontrar en el mundo, un presidencialismo exitoso que se haya acercado al desarrollo como sociedad. Con la excepción claro de los Estados Unidos, que no obstante, muestra una diferencia sustancial con el nuestro: el federalismo. La autonomía de los estados norteamericanos del poder de Washington es tan profunda, como lo es la dependencia de nuestras provincias del poder de la Rosada. Y si quisiésemos arribar a tal grado de federalismo, también deberíamos reformar la Constitución Nacional, como para trocar nuestro sistema presidencialista a uno parlamentario.

No es para hoy, ni para mañana, pero la esperanza de un próximo gobierno con vocación plural y voluntad de poner a nuestro país en la carrera del verdadero desarrollo institucional, indispensable para el desarrollo económico y social, nos obliga a volver a considerar la opción de una reforma que establezca un sistema parlamentario de gobierno, de necesarios consensos, acuerdo y cogobierno.

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) fue creada por Raúl Alfonsín el 15 de diciembre de 1983. Sólo cinco días después de asumir su mandato presidencial. Su informe, el Nunca más, sirvió de alimento y guía a la Cámara del Crimen que juzgó a los genocidas. Los condenó el 9 de diciembre de 1985. A partir de allí comenzó el círculo a generarse; luego de la sentencia, se inició el camino de retorno a la injusticia.

En Semana Santa del 87’ el primer levantamiento militar y la ley de Punto Final. En el ’89 el segundo alzamiento y la Obediencia Debida. En el ’90 el tercero y los indultos. La lucha democrática y por la justicia no cejó, y en 1998 el Congreso derogó las leyes de punto final y obediencia debida, con un proyecto que llevó la firma de Humberto Roggero, Carlos “Chacho” Álvarez y Federico Storani. En mayo del 2000, el juez federal Gabriel Cavallo dictó la primera sentencia declarando inconstitucionales los indultos y reabriendo las causas, y en noviembre del mismo año, la Cámara Federal avaló la sentencia de Cavallo. A partir de allí comienzan a reabrirse muchas y voluminosas causas contra los genocidas, como las de apropiaciones indebidas de hijos de desaparecidos; la del Primer Cuerpo de Ejército, etcétera.

Luego de esos años de puja espiralada por verdad y justicia, vinieron los extraños tiempos kirchneristas. Los K propusieron y lograron que el Congreso sancionase una ley simbólica pero poco eficiente. “Para la gilada”, digamos. Se trató de la nulidad absoluta e insanable de las leyes de obediencia debida y punto final. El Congreso no puede decretar nulidades, dicha actividad está reservada exclusivamente al Poder Judicial. Fue una fantochada, una pantomima con mero efecto mediático, mas no jurídico. Lo mismo que descolgar el cuadro del dictador Jorge Videla de la Escuela de Cadetes o entregar la ESMA para hacer un Museo. Cartón pintado.

Pero el kirchnerismo cerró un círculo realmente grosero y sangriento de retorno a la impunidad. Como primera medida, corrompió hasta sus cimientos a organismos de derechos humanos que fueron símbolo de la lucha contra los dictadores, organismos inobjetables hasta que el dinero sucio y la administración fraudulenta los llevaron al peor deterioro de su imagen frente a la sociedad. Luego, y por otro lado, persiguieron, maltrataron o ignoraron a los pueblos originarios, especialmente en norte de la Argentina, poniéndolos a merced de gobernadores dictatoriales, señores feudales abusivos y superpoderosos, pero vinculados inescindiblemente al poder central, que avaló por acción u omisión, sus procederes.

Cercenó o intentó hacerlo en todo momento, la libertad de expresión y prensa, como jamás antes había ocurrido desde la dictadura; manipuló y presionó al Poder Judicial para deteriorar su imagen, dinamitar sus potestades o amedrentar a sus magistrados, y en otros casos hizo caso omiso a sus sentencias, directamente.

Ahora con el general César Milani obteniendo el aval del Poder Legislativo, el círculo rojo de sangre y dolor, se cierra, para volver al punto de comienzo. Un militar investigado por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad durante aquel genocidio. Avalando o actuando personalmente, Milani bien podría estar implicado en la desaparición y muerte de al menos dos personas. ¿Por qué lo avala el gobierno. Simplemente porque Milani le garantiza el control de la inteligencia militar, que si bien está prohibida por ley dentro del territorio argentino, ya sabemos lo poco que cualquier ley significa para los K. En síntesis Milani les es útil, y por ende, los proclamados derechos humanos pasan a importar tres belines, los muertos, los desaparecidos y los torturados, también.

Muchos kirchneristas me han dicho, cuando en intercambios de ideas uno les mencionaba a Ricardo Jaime o a Amado Boudou, que “son sapos que tenemos que comernos para la transformación de la Argentina”. ¿Cómo cuaja ese argumento con Milani? ¿Cuál es la necesidad para “la transformación” de que un general con un pasado relacionado con la desaparición de personas conduzca las fuerzas armadas? ¿No existen otros generales con pasado menos dudoso, por no decir turbio? ¿Dónde está el límite a la ingesta de batracios? Aquellos que se “tragaron” a Jaime y Boudou, ¿se tragarán a Milani? Si es así, antes mentían, porque en este caso, no hay ninguna necesidad, salvo la del gobierno de controlar cierta inteligencia que uno sospecha que también es irregular.

Milani cerró el círculo rojo, el de la sangre, el que nos devuelve al principio. Su nominación está en la línea de la frase de la inmaculada señora Estela de Carlotto, cuando preguntada sobre los muertos en los saqueos, dijo que “habría que ver quiénes eran”, el “algo habrán hecho” versión 2013, algo inesperado en una madre y abuela de desaparecidos, también contaminada por el kirchnerismo.

El general del recontraespionaje y la señora Carlotto dieron la vuelta completa. Los que murieron, los que sufrieron, los torturados, los hijos; lo digan o no, lo reconozcan o no, prefieran olvidarlo para disfrutar las mieles del dinero K, o no; todos ellos saben que el círculo de sangre se cerró, que volvimos al principio, que no hay Justicia ni paz, y saben a quienes se lo deben.