Para saber si alguien se peroniza o desperoniza hay que subir primero una cuesta complicadísima y de múltiples senderos, casi todos conducentes a la nada, que implica definir qué es el peronismo. En principio, soy de la idea de que tal concepto encierra una serie de nociones vinculadas a equiparar las posibilidades de todos los ciudadanos, cualquiera sea su origen, estableciendo principios de justicia social, tanto discursivamente como en los hechos. En definitiva, ese es el gran legado del peronismo a la historia argentina: el establecimiento como ineludibles de una serie de derechos del pueblo que ya nadie niega.

En tal sentido, es harto evidente que Mauricio Macri no necesita peronizar su campaña, dado que ya está altamente peronizada, no solamente desde las declaraciones públicas como candidato, sino especialmente desde sus hechos en el Gobierno en la ciudad de Buenos Aires. No ha habido, si tal es el concepto de peronismo, un Gobierno más peronista que el de Macri en esta ciudad. En retrospectiva histórica, es imposible encontrar un mayor y mejor acceso a la salud y la educación públicas que en la gestión macrista. Es imposible recordar que algún otro Gobierno local se haya empecinado de la forma en que lo hizo el de Macri en hacer progresar con infraestructura las zonas más empobrecidas y postergadas históricamente en la ciudad de Buenos Aires, como La Boca, Barracas o Parque Patricios.

Por ende, desde esos conceptos, ni lo que dice Macri, ni lo que ha hecho, lo desperoniza, todo lo contrario.

Ahora bien, el peronismo también ha sido, especialmente en los últimos años, desde la recuperación democrática, otras cosas, aparte de esos conceptos ideológicos. Ha sido el responsable de la decadencia de los últimos 25 años. Ha acumulado, entre el Gobierno de Carlos Menem, el interinato de Eduardo Duhalde y los de los Kirchner, 24 años de corrupción generalizada, violencia y pobreza. Ni hablar de la provincia de Buenos Aires. ¿En este sentido Macri debería peronizarse?

Algunos estiman que peronizarse es mostrarse públicamente con referentes peronistas. En dicho esquema, Macri comparte hace años su espacio con dirigentes surgidos de las filas del peronismo como Cristian Ritondo, Diego Santilli o Daniel Lipovetzky, y se ha aliado con otros como Patricia Bullrich, Eduardo Amadeo y Gerónimo “Momo” Venegas, entre unos cuantos más. ¿No basta eso para que se lo considere peronizado? ¿Con qué peronistas debería mostrarse? ¿Con los que arrasaron el país? ¿Qué clase de garantía es mostrarse peronizado?

Difícilmente alguien pueda considerarse más peronizado que Carlos Menem, de origen estrictamente peronista. Ganó la interna de su partido, que lo llevó a la candidatura presidencial, contra Antonio Cafiero, y lo hizo apoyado por lo más rancio del peronismo histórico: sindicalismo y líderes caudillescos del interior. Y cuando le tocó gobernar, fue la gestión menos peronista de la historia argentina, desde lo económico, mucho más cercana a la de Videla-Martínez de Hoz que a la de Celestino Rodrigo, antes o Jorge Remes Lenicov, después. Entonces, ¿vale peronizarse en campaña?

La última pregunta nos encamina a una nueva duda respecto de la tan mentada peronización. No hay objeciones a que Daniel Scioli es un candidato peronista. Pocos pueden tenerlas sobre que Sergio Massa es otro candidato peronista. Si faltasen variantes de algún tipo, Adolfo Rodríguez Saá también es candidato y peronista. En ese universo, ¿es legítimo pedirle a Macri que se peronice? Porque esto implicaría contar en la oferta electoral con tres candidatos peronistas y otro peronizado, es decir, alguien que pretende mostrarse peronista sin serlo. ¿No implicaría tal conducta subestimar al elector peronista, pretendiendo venderle un peronizado a cambio de un peronista?

Y en la misma hipótesis, ¿es esto conveniente? Porque, en definitiva, sería creer que casi no existen electores que no sean peronistas. “Peronistas somos todos”, dijo el General. Era otra época. La justicia social, el resguardo de los derechos de los trabajadores y los principios de equidad básicos que introdujo el peronismo están presentes en los discursos de todos los candidatos, desde el principio de la campaña. Nadie que los niegue alcanzaría a superar las PASO.

Hoy categorizar a los candidatos en peronizados o no peronizados es incluir categorías de análisis anticuadas, descontextuadas y que el elector no considera. Macri no debe entrar en esos juegos, porque aspira a gobernar para todos, a ser el presidente de la unidad, el que abra la puerta al futuro. Para representar al pasado y a fraccionar a la sociedad ya hay más de un candidato. Los principios justicialistas más puros, los que simbolizan su aporte histórico, están hoy no solamente en discurso sino también en los hechos de su gestión, sencillamente observable. Lo demás es para los estrategas, políticos y analistas que atan el futuro de categorías del pasado.

Es innegable que el gobierno del PRO estableció un cambio en la ciudad de Buenos Aires. En términos institucionales generó una suerte de “isla republicana” en medio de un marasmo nacional interminable de arbitrariedades, violaciones a las normas, desconocimiento de la Constitución, etc. No ha habido en la ciudad un solo juez jaqueado por el gobierno local por dictar fallos contrarios a los intereses del oficialismo, y muchos jueces lo han hecho, en variados casos, casi como mecánica para detener obras que mejoran la vida de los ciudadanos.

El PRO ha gobernado estos ocho años sin contar con cuórum propio en la Legislatura. Las leyes necesarias para el Gobierno han tenido que ser consensuadas con la oposición. Con un sector o con otro, pero siempre han requerido de más de una fuerza política para sancionarse, y los acuerdos se han alcanzado. El Gobierno de Mauricio Macri, y hay que decirlo, que también es el de Rodríguez Larreta, ha demostrado que es posible gobernar sin vandalismo retórico, sin apretadas, cumpliendo la ley. Y que es posible hacerlo eficientemente.

Si se lo compara con los últimos 25 años de la Argentina, y con la gran mayoría de las provincias, lo que el PRO ha exhibido en esta ciudad es revolucionario. En la Argentina, gobernar con eficiencia, sin ser despiadadamente autoritario, es un cambio sustancial de cultura sociopolítica.

No voy a hacer enumeraciones en términos de infraestructura, para eso está el candidato, pero todos sabemos que vivimos mejor que antes. El Gobierno de Macri y Rodríguez Larreta ha creado la primer policía posdictadura, una fuerza de proximidad que ha generado un acercamiento entre uniformados y ciudadanos que los que tenemos cuarenta y tantos largos jamás habíamos visto. Una policía metropolitana entrenada en el conocimiento y el respeto a los derechos humanos, la asistencia al ciudadano, profundamente democrática.

Pese a lo que digan, la ciudad de Buenos Aires posee planes de asistencia para los menos favorecidos en diversas áreas, como la salud, la tercera edad, la recuperación de adicciones, propios de un Estado socialista avanzado, al estilo del norte europeo o de Canadá.

Y de todo ello, tanto como de todo lo que me niego a enumerar, es responsable Macri y lo es Rodríguez Larreta. Cambiar no es un eslogan, es una necesidad sustancial para quienes queremos un futuro para nuestros hijos, y el cambio que se ha mostrado en la ciudad lo quiero también en todo el país. Pero eso será imposible sin asegurar el bastión de esa revolución que es la ciudad de Buenos Aires.

No quisiera entrar en el nivel de disparate que implica empezar a negar el aserto inverosímil de que “este país solo puede gobernarlo determinado partido”. Eso es un dislate, un mito creado por los integrantes de ese partido para eternizarse en el poder. Y a la vez una amenaza insólita en los tiempos que corren a cualquier atisbo de cambio. Nosotros, los ciudadanos, tenemos el deber de garantizar y custodiar que el mito sea solo eso.

Pero volviendo a la ciudad, no puedo dejar de referirme a los dos principales contendientes del PRO en la elección del próximo domingo. Mariano Recalde representa un modelo que resulta diametralmente opuesto al que encarna Rodríguez Larreta. Es la transferencia del esquema kirchnerista que impera en la Nación al Gobierno porteño. No lo votaría, es justamente lo que quiero cambiar, pero debo reconocerle cierta honestidad en la propuesta: todos sabemos “qué se trae” Recalde, qué cosas haría y cómo; no hay misterios, el ciudadano decide en libertad si lo prefiere o no.

Por otro lado, lo de Martín Lousteau me resulta bastante más confuso. Dice ser aliado de Elisa Carrió y Ernesto Sanz, que a su vez son aliados del PRO a nivel nacional, pero también de Margarita Stolbizer, que se candidatea por otro espacio con propuestas e ideas totalmente diferentes. Entonces, ¿cuál es la línea de pensamiento de Lousteau? Porque no todo da lo mismo.

Resulta asimismo el economista severamente crítico con el actual Gobierno de la ciudad, por lo que se ha visto, especialmente en el debate, más agresivamente crítico que el propio kirchnerismo. ¿Cómo podría entonces acompañar a Carrió y Sanz en una alianza con Macri que ha hecho un gobierno tan atacable, a su criterio? ¿Carrió piensa como él? ¿Y Sanz? De ser así, ¿cómo se justifica la alianza nacional? Carrió siempre dice lo que piensa, pero no está diciendo lo que dice Lousteau. El candidato es, en sí mismo, una enorme contradicción.

En fin, flota en la Argentina una aroma similar al que tienen los autos recién comprados, “olor a nuevo”, dicen. No sé si el aroma se expandirá o no; será el pueblo en definitiva y como siempre, el que decida por democrática mayoría qué camino seguir. Pero el que quiera cambiar sepa que el derrotero de ese cambio comienza el domingo próximo, y votar a Rodríguez Larreta es la única opción posible para el que desee ese camino.

El artículo 129 de la Constitución Nacional de 1994 expresa: “La Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno Autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción…”.

Cuando el constituyente menciona sus facultades propias de legislación, no lo hace menoscabando las mismas en relación a otros estados autónomos a los que llama provincias. No establece limitaciones a las materias sobre las que puede legislar, y la omisión de tales límites, no permite otra interpretación que la paridad de condiciones en cuanto a las potestades provinciales, por ende la Constitución Nacional le otorga la facultad de dictar, como a cualquier otra provincia, sus propios códigos de procedimiento y exigir su cumplimiento en territorio de la Ciudad.

Asimismo, tampoco el texto constitucional pone límites al ejercicio de la función jurisdiccional, a la que coloca en idéntico rango autonómico que el ejercicio legislativo. Esto implica que la Ciudad de Buenos Aires tiene la potestad de contar con un Poder Judicial completo, que rija las mismas materias que los poderes judiciales de cualquier provincia.

Es cierto que el mismo artículo 129 de la Ley Superior en su párrafo 2° establece que “una ley garantizará los intereses del Estado nacional, mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la Nación”, con absoluta lógica. A partir de dicho párrafo se dictó la ley 24.588 también llamada “ley Cafiero” en noviembre de 1995, antes de que pudiesen constituirse las nuevas autoridades de la Ciudad de acuerdo al mandato constitucional.

El artículo 8° de dicha norma que, adelanto, goza para el suscripto de flagrante inconstitucionalidad, expresa: “La Justicia Nacional ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires, mantendrá su actual jurisdicción y competencia, continuando a cargo del Poder Judicial de la Nación…”.

Como primera medida debe decirse que no existe expresión ninguna en la Constitución de 1994 que permita tal intromisión del Estado Nacional sobre el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, y que prohíba por ejemplo, que el mismo al igual que cualquier provincia, administre su Justicia en lo Civil, en lo Comercial o en lo Penal.

La referencia hecha en el párrafo citado del artículo 129 de la Carta Magna, en cuanto a tutelar los intereses del Estado Nacional, mientras la Ciudad continúe siendo Capital de la Nación, carece de cualquier relación posible con la administración de juzgados ordinarios, que rigen las relaciones entre particulares, sin mediar cuestiones de interés estratégico para el Estado. No existe excusa ni interés superior del Estado Nacional a este respecto, que pueda alegarse para justificar tal inconstitucional invasión de la Autonomía de la Ciudad.

A diferencia del artículo 3° de la ley en análisis, que mantiene bajo control nacional a todos los bienes que sirvan de asiento a los poderes públicos del Estado Nacional, cuestión que claramente se encuentra inserta en la intención del constituyente al redactar ese segundo párrafo del artículo 129, el mencionado artículo 8° es evidentemente inconstitucional.

Y, por otra parte, aun cuando se entendiese que existen motivos por los cuales el Estado Nacional mantenga bajo su administración la Justicia Ordinaria de la Ciudad de Buenos, no existe en la Constitución Nacional ni en la “ley Cafiero” elemento ninguno que impida al Poder Legislativo local, legislar sobre las mismas materias que lo haría cualquier provincia, por ejemplo, insisto, el dictado de Códigos de Procedimientos que deben ser obligatoriamente aplicados por esos Tribunales ordinarios, incluso cuando la ley 24.588 bloquee su transferencia administrativa al ámbito de la Ciudad Autónoma. El hecho de transferir es de mero carácter administrativo y no inhibe en nada la capacidad legisferante propia de la Ciudad.

La misma ley dictada en 1995 establece además en su artículo 5° “La Ciudad de Buenos Aires será continuadora, a todos sus efectos, de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires…”. Esto es cierto, pero limitadamente cierto. La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires es además continuadora del Congreso de la Nación, en tanto las potestades de legislar sobre su territorio que el Congreso detentaba cuando se trataba de un “territorio federal”. De hecho, la Disposición Transitoria Decimoquinta de la Constitución de 1994 establece que “Hasta tanto se constituyan los poderes que surjan del nuevo régimen de autonomía de la ciudad de Buenos Aires, el Congreso ejercerá una legislación exclusiva sobre su territorio, en los mismos términos que hasta la sanción de la presente”. Pero ello será “hasta tanto se constituyan” tales poderes, ni un minuto después, y constituidos los mismos, el Congreso pierde automáticamente tal facultad.

Así las cosas, los juzgados penales ordinarios con asiento en la Ciudad de Buenos Aires aplican hoy el Código Procesal Penal de la Nación, fruto de la ley 23.984 de 1991. Tal Código ha de haber mantenido su validez hasta el establecimiento de las autoridades constitucionales de la Ciudad Autónoma, e incluso a efectos de evitar un vacío legislativo, hasta la sanción de un Código Procesal Penal por parte de la Legislatura de la Ciudad Autónoma. Sin embargo, el 29 de marzo de 2007, dicha Legislatura sancionó su propio Código Procesal Penal, pero lo hizo estableciendo un principio diferente a la estructuración de la Justicia Nacional no transferida, es decir, estableció un sistema acusatorio en lugar de uno inquisitivo. Lo hizo asumiendo que tal Código local solamente sería aplicable a las competencias transferidas a la Ciudad y no a todo el ámbito de la Justicia Penal, por ende, la pretensión de aplicar ese Código Procesal local a toda la Justicia Penal hubiese requerido la transferencia completa de su administración, de modo de proceder a una reforma judicial que permitiese responder a las premisas del Código sancionado por la ley 2303 de la Legislatura de la Ciudad.

Habiendo procedido de tal forma, la Ciudad se autolimitó e hizo imposible la aplicación del Código local a una competencia todavía no transferida.

No obstante, la pretensión por parte del gobierno nacional de dictar un nuevo Código Procesal Penal, excede sus facultades constitucionales. La ley procesal vigente, de 1991, tiene legitimidad constitucional porque fue dictada cuando el Congreso Nacional tenía potestades para hacerlo, y la ley local de 2007 no sancionó un Código idóneo para ser aplicado a toda la Justicia Penal y derogar así la ley 23.948.

Pero lo que esto implica, es que el Estado de la Ciudad Autónoma, decidió explícitamente que para determinados delitos (aquellos sobre los que se le transfirió la competencia) es aplicable la ley local 2303; y también decidió, aunque implícitamente, que para los demás delitos sigue siendo aplicable la ley nacional 23.948 dictada conforme a derecho; pero como desde la constitución de las autoridades de la Ciudad Autónoma, el Congreso carece de potestad legisferante en materias no delegadas, sobre el territorio de la Ciudad, cualquier ley dictada para modificar la vigente, implícitamente aceptada, es abiertamente inconstitucional e inaplicable. No hay posibilidad ni principio del derecho penal que habilite la constitucionalidad de tal legislación, que, de sancionarse, solamente será aplicable en materia de delitos federales.

Así las cosas, la sanción de un nuevo Código Procesal Penal de la Nación, solamente sería aplicable en materia de delitos federales, como los cometidos por funcionarios públicos o los relacionados con el narcotráfico, pero de ningún modo lo serían en los Tribunales penales ordinarios, aun cuando el bloqueo de la “ley Cafiero” impida la necesaria transferencia, no inhibe la exclusiva potestad de legislar en territorio porteño, que posee la Legislatura local. Y pese a que ella no ha dictado legislación idónea en la materia todavía, la única consecuencia de ello es que debe seguir vigente la ley procesal dictada por el Congreso cuando tenía facultades para hacerlo, antes de la reforma de 1994. Luego de ella, el Poder Legislativo Nacional ha perdido facultades para hacerlo.

El 15 de junio de 1996, la revista Noticias publicó una extensa entrevista a la diputada Cristina Fernández de Kirchner, esposa del gobernador de Santa Cruz. Se tituló “Una chica al rojo vivo”. Carlos Menem acababa de ser reelecto luego de la reforma constitucional y la actual presidente había llegado a la Cámara baja en la misma boleta que el riojano. Una de las preguntas es muy interesante: “¿A Menem lo votó en el ’89 y en el ’95?”. Pero más interesante es la respuesta: “Sí, absolutamente, y creo que no me equivoqué”. La historia más reciente es conocida. El ex caudillo se transformó en una suerte de Nosferatu con patillas, Néstor Kirchner se tocó sus partes pudendas cuando el riojano asumió como senador en pleno recinto, pese a que alcanzó la gobernación de Santa Cruz de la mano del ex presidente y luego de apoyar o al menos guardar absoluto silencio sobre los indultos, igual que su señora esposa.

El sábado 20 de septiembre de 2003, el diario Página/12 publica una nota donde cuenta la celebración del triunfo de Néstor Kirchner realizada en la residencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires en la ciudad de La Plata. Dice el artículo que “con efecto teatral” uno tras otro ingresaron el ganador, Eduardo Duhalde (su artífice) y Felipe Solá, su gobernador, quien jugaba de local. Reproduce el periódico la frase de Néstor en su discurso triunfante, sobre “el esfuerzo transformador que llevaron adelante Solá y Duhalde durante el tiempo más grave y duro de la Argentina”. La nota rescata algunas presencias en el evento como la de Florencio Randazzo al que se mencionaba como hombre de Solá (hoy ministro del Interior y Transportes del kirchnerismo y mañana quién sabe).

Como con Menem, al poco tiempo el kirchnerismo sindicó a Duhalde de diversos intentos golpistas y de ser una de las mayores desgracias argentinas. Solá se enojo cuando no lo dejaron reelegir como gobernador y comenzó un saltimbanqueo ordinario, De Narváez y el PRO, luego otro vez con los K, ahora con Sergio Massa.

En 1997 Daniel Scioli es elegido diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Se le adjudica la siguiente frase: “Éste es un triunfo del presidente Carlos Menem que ha llevado a la Argentina en el camino del crecimiento sostenido”. Ahá, mirá vos. Previo a eso Scioli había enfrentado una interna en el PJ Capital, liderando una lista de menemistas contra una de duhaldistas. En una entrevista con el diario La Nación del 15 de junio de 1997, ante la pregunta del periodista sobre qué haría en caso de perder dicha interna, el actual gobernador espetó: “Voy a seguir apoyando a Menem como hice siempre”. Chupate esa mandarina. Después, se sabe, el ex motonauta era el gran rival de ajedrez del presidente provisional Eduardo Duhalde, granjearon una profunda amistad y se halagaron recíprocamente. Para despejar dudas Scioli declaró en los últimos tiempos su kirchnerismo a ultranza, su apego por el proyecto nacional y popular y se la jugó por la candidatura de Martín Insaurralde como nadie. Un puro, de la primera hora.

Con Sergio Massa no vamos a tomarnos la molestia de buscar declaraciones públicas. En 2009 fue candidato a diputado “testimonial” de los K. Dos veces electo intendente por el Frente para la Victoria y jefe de gabinete de ministros de Cristina Fernández. En su equipo “renovador” (¿?), lucen el ya mencionado Solá, Ignacio De Mendiguren (duhaldista luego kirchnerista), el ex ministro de economía de Cristina Miguel Peirano, el ex titular del BCRA de Néstor Martín Redrado, el jefe de gabinete del matrimonio y autoproclamado fundador del kirchnerismo Alberto Fernández, el ex menemista-duhaldista-kirhcnerista Juan José Álvarez, entre tantísimos otros.

Todo es igual, nada es mejor. “Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclao la vida, y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia junto a un calefón”. Discépolo vio el siglo XX, pero no el XXI. Su poesía dice que, en ese mundo que ve, van juntos “Carnera y San Martín”. Evidentemente la cosa estaba mejor, había al menos un San Martín mezclado con el resto. Ya no “es lo mismo ser derecho que traidor”, querido Discepolín, hoy el traidor tiene una enorme ventaja sobre el resto.

Petrella claramente escapa a ciertas tradiciones de la política. No es un armador territorial, es decir, no tiene grupos de gente que lo siguen en los barrios a cambio de un contrato, una porción de él, o la esperanza de obtenerlo. Tampoco es un especialista en “rosca”, es decir, no cumple el rol de quien cierra acuerdos subrepticios internos o con otras fuerzas políticas. Por fin, Petrella no es un “cajero”, no recauda para nadie.

Los políticos “profesionales” critican severamente su designación, porque se trata de una persona que “no sabe nada de política” y que “no tiene votos”. Y resulta más que probable que ambas cosas, en su pobre lógica, sean ciertas. El seleccionado por Macri posiblemente no sepa nada respecto de liderar gente que casi no tiene idea de por qué hace lo que hace, ni tampoco es propietario de sufragios. En realidad Petrella es un profesional, que bien podría vivir de cualquier otra cosa que no fuese la actividad política, a diferencia de los políticos “profesionales”. Eso lo hace un personaje diferente, proveniente de una dimensión desconocida, desconcertante para sus críticos.

Suele escribir Petrella, en este medio y varios otros, y debo confesar, disiento con sus asertos en un 50%, al menos. Pero no puedo negar que en todos los casos el ahora candidato afirma con fundamentos, escribe con soltura y explica con buena pluma. Todo por lo cual, resulta mucho más productivo debatir ideas y elaborar un proyecto de país con alguien con el que el cambio de opiniones resulte enriquecedor. Y de la lectura de los textos de Petrella surge claro que sus fundamentos otorgan esa posibilidad.

Debo decir, por las dudas, que ni siquiera conozco personalmente a don Petrella. Pero lo que es claro es que no se trata de un mamarracho de los que abundan, que venden poseer votos. Los políticos no son propietarios de votos, eso es una mentira. La gente vota lo que quiere. Y aun cuando sigan a tal o cual dirigente en pos de unos morlacos, en el cuarto oscuro votan a su gusto. La experiencias de “dueños territoriales” perdiendo elecciones en los espacios físicos que dicen ser de su propiedad son reiteradas, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires y en los últimos tiempos.

No es celebrable, eso sí, el modo en que todos los partidos eligen a sus candidatos. Sería interesante, deseable y, por cierto, democrático que se convoque a elecciones internas y se abra, sinceramente, sin represalias posteriores, la sana competencia interna, que es hoy una utopía en todos y cada uno de los partidos. Pero más allá del modo, festejo la nominación de Petrella. Configura un claro desafío de Macri a ciertos modos de hacer política que se agotan, en un proceso que se hace, además, vertiginoso. El jefe político del PRO, tal vez por una capacidad de lectura política de mediano plazo, que casi nadie más parece tener, o que al menos no demuestra en los hechos, ha desafiado al pasado y apostado a un futuro cuya inminencia es mucho mayor de lo que la clase política cree.

El mundo del pensamiento no puede otra cosa que imponerse, sea en el corto o el mediano plazo. De ese mundo surgen las propuestas para la acción, y nada impide tampoco que la misma persona que elabora una idea esté en capacidad de ejecutarla. Eso es un mito ridículo, que han erigido quienes no están capacitados para la elaboración de ideas de modo de darse algún tipo de valor. Petrella candidato a legislador es una buena iniciativa de Macri, interesante desde todo punto de vista, innovadora y desafiante, un resuello para los que creemos que trabajar, perfeccionarse y pensar es el único modo de encontrar un futuro.

Pero Carrió la emprendió contra otros candidatos con los que selló una alianza, y con los que va a compartir lista. Y en ese punto está el disparate. Llamó cobardes y blandos a competidores en la primaria del espacio UNEN que conformó hace solamente unos días. ¿No eran cobardes y blandos cuando cerró su acuerdo hace menos de un mes? Las primarias son algo que nunca se le ha explicado bien al ciudadano, y que encima, los partidos políticos han tratado de tergiversar, llevando casi siempre listas únicas, de modo que el elector no entienda bien por qué vota dos veces lo mismo. Y en ese punto, el espacio UNEN constituyó una excepción: se abrió a dirimir la interna por el voto popular en la Ciudad de Buenos Aires, y presentó cuatro listas.

¿Cómo funciona esto? De acuerdo al voto popular en esta primaria, se definirá cuál será la lista definitiva para la elección general del 23 de octubre, la que realmente determina quién será legislador. Y las dos categorías que se votan (senadores y diputados), se definen de modo diferente. En cuanto a los candidatos a la Cámara Alta, que son solamente dos, el que gane la elección llevará ambos candidatos del espacio para la general. Respecto a los candidatos a Diputados, la lista definitiva se conformará integrando proporcionalmente a los miembros de las cuatro listas que compiten, de acuerdo con la cantidad de votos recibidos.

Por ende, Carrió, que es precandidata a diputada, deberá compartir lista, aun en caso de imponerse en esa primaria, con Ricardo Gil Lavedra y Martín Lousteau por ejemplo, es decir, los “cobardes y blandos”. Lilita sabe esto perfectamente. ¿Cómo es que comparte una alianza, es decir un espacio que se conforma voluntariamente a pocos días de una elección, con gente que merece tal desprecio? ¿Cuál será su estrategia electoral para la general? ¿Dirá “no vote mi lista, está llena de cobardes y blandos”? O en caso de ganar la primaria y encabezar postulará “vótenme solamente unos 60 mil ciudadanos así soy electa solamente yo”.

En realidad, el suscripto no discrepa demasiado con los conceptos vertidos por Carrió. Es cierto que buena parte de los sectores con los que se ha aliado han sido extremada y sospechosamente complacientes con el poder estos diez años. Incluso su propio candidato a senador nacional, Pino Solanas, ha sido casi un apéndice kirchnerista en Diputados. Si se revisan sus votaciones, salvo en los temas de calidad ambiental, Pino ha sido un oficialista más. Y tampoco la ha acompañado en sus denuncias.

La diputada Carrió, además, se enojó con los candidatos radicales y se preguntó: ¿cómo puede ser que Coti Nosiglia y Jesús Rodriguez sigan controlando el radicalismo de la Capital? Todos nos hacemos la misma pregunta. Hay una respuesta: forman parte de la reducida oligarquía partidaria que controla absolutamente todo con manu militari desde hace 20 años. Ahora bien, ése es el mismo radicalismo con el que Lilita pactó. Ahora y también en 2009.

En aquella ocasión, acordó justamente con ambos capitostes radicales para conformar lo que llamó el Acuerdo Cívico y Social y compartió lista con el mismo Gil Lavedra. Incluso, en la lista de candidatos a legisladores de la Ciudad, que encabezó quien ahora la secunda para diputado nacional en esta elección, Fernando Sánchez, incluyó en lugares clave, que terminaron ingresando a la Legislatura a Rubén Campos, por impulso de Nosiglia y a Claudio Pressman, por iniciativa de Jesús Rodriguez.

¿Por qué pacta Carrió sistemáticamente con esta gente si le resulta tan despreciable? Personalmente creo que dichos personajes han enterrado para siempre a un partido histórico y centenario que fue clave en los procesos políticos más importantes de la historia argentina. Son, junto con otros cinco o seis de sus colegas, protagonistas de una hazaña épica: destrozar parte de la historia argentina. Pero la blonda legisladora no deja pasar elección sin acordar con esos “buenos muchachos”.

Por otro lado, la referente de la Coalición Cívica la emprendió con Ricardito Alfonsín, esgrimiendo que en su momento rompió el mencionado Acuerdo Cívico y Social porque el hijo del prócer “se reunía con Julio De Vido”. ¿Y cuándo se enteró Carrió? ¿Vive en un frasco? Porque eso lo sabía todo el mundo antes de la elección. Le achaca a Lousteau la resolución 125, la crisis del campo y haber sido K. ¿Se acuerdo ahora? ¿Por qué no lo hizo antes de pactar la alianza y simplemente no se alió?

Lilita es, en buena parte, como es el resto, porque es producto de “aquella” política. Seguramente más honesta, eso no me atrevería a dudarlo. Pero tiene una concepción autoritaria de la construcción. Jamás ha permitido elecciones internas en los espacios que condujo. Ni en el ARI ni en la Coalición Cívica. Ha conformado las listas “a dedo” con sus preferidos. Y se ha aliado con gente a la que rechaza por conveniencias electoralistas. Como en este caso. Todo (o al menos buena parte) lo que dice, es cierto.

Pero todo (o al menos buena parte) lo sabía con antelación como lo sabe todo el mundo. No robar y hasta denunciar a los que lo hacen, es loable, y en este contexto político, hasta una distinción, una medalla. Pero no puede ser la única virtud. Y en los demás aspectos, Carrió ha mostrado ser demasiado dependiente de aquello que dice aborrecer.