La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) fue creada por Raúl Alfonsín el 15 de diciembre de 1983. Sólo cinco días después de asumir su mandato presidencial. Su informe, el Nunca más, sirvió de alimento y guía a la Cámara del Crimen que juzgó a los genocidas. Los condenó el 9 de diciembre de 1985. A partir de allí comenzó el círculo a generarse; luego de la sentencia, se inició el camino de retorno a la injusticia.

En Semana Santa del 87’ el primer levantamiento militar y la ley de Punto Final. En el ’89 el segundo alzamiento y la Obediencia Debida. En el ’90 el tercero y los indultos. La lucha democrática y por la justicia no cejó, y en 1998 el Congreso derogó las leyes de punto final y obediencia debida, con un proyecto que llevó la firma de Humberto Roggero, Carlos “Chacho” Álvarez y Federico Storani. En mayo del 2000, el juez federal Gabriel Cavallo dictó la primera sentencia declarando inconstitucionales los indultos y reabriendo las causas, y en noviembre del mismo año, la Cámara Federal avaló la sentencia de Cavallo. A partir de allí comienzan a reabrirse muchas y voluminosas causas contra los genocidas, como las de apropiaciones indebidas de hijos de desaparecidos; la del Primer Cuerpo de Ejército, etcétera.

Luego de esos años de puja espiralada por verdad y justicia, vinieron los extraños tiempos kirchneristas. Los K propusieron y lograron que el Congreso sancionase una ley simbólica pero poco eficiente. “Para la gilada”, digamos. Se trató de la nulidad absoluta e insanable de las leyes de obediencia debida y punto final. El Congreso no puede decretar nulidades, dicha actividad está reservada exclusivamente al Poder Judicial. Fue una fantochada, una pantomima con mero efecto mediático, mas no jurídico. Lo mismo que descolgar el cuadro del dictador Jorge Videla de la Escuela de Cadetes o entregar la ESMA para hacer un Museo. Cartón pintado.

Pero el kirchnerismo cerró un círculo realmente grosero y sangriento de retorno a la impunidad. Como primera medida, corrompió hasta sus cimientos a organismos de derechos humanos que fueron símbolo de la lucha contra los dictadores, organismos inobjetables hasta que el dinero sucio y la administración fraudulenta los llevaron al peor deterioro de su imagen frente a la sociedad. Luego, y por otro lado, persiguieron, maltrataron o ignoraron a los pueblos originarios, especialmente en norte de la Argentina, poniéndolos a merced de gobernadores dictatoriales, señores feudales abusivos y superpoderosos, pero vinculados inescindiblemente al poder central, que avaló por acción u omisión, sus procederes.

Cercenó o intentó hacerlo en todo momento, la libertad de expresión y prensa, como jamás antes había ocurrido desde la dictadura; manipuló y presionó al Poder Judicial para deteriorar su imagen, dinamitar sus potestades o amedrentar a sus magistrados, y en otros casos hizo caso omiso a sus sentencias, directamente.

Ahora con el general César Milani obteniendo el aval del Poder Legislativo, el círculo rojo de sangre y dolor, se cierra, para volver al punto de comienzo. Un militar investigado por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad durante aquel genocidio. Avalando o actuando personalmente, Milani bien podría estar implicado en la desaparición y muerte de al menos dos personas. ¿Por qué lo avala el gobierno. Simplemente porque Milani le garantiza el control de la inteligencia militar, que si bien está prohibida por ley dentro del territorio argentino, ya sabemos lo poco que cualquier ley significa para los K. En síntesis Milani les es útil, y por ende, los proclamados derechos humanos pasan a importar tres belines, los muertos, los desaparecidos y los torturados, también.

Muchos kirchneristas me han dicho, cuando en intercambios de ideas uno les mencionaba a Ricardo Jaime o a Amado Boudou, que “son sapos que tenemos que comernos para la transformación de la Argentina”. ¿Cómo cuaja ese argumento con Milani? ¿Cuál es la necesidad para “la transformación” de que un general con un pasado relacionado con la desaparición de personas conduzca las fuerzas armadas? ¿No existen otros generales con pasado menos dudoso, por no decir turbio? ¿Dónde está el límite a la ingesta de batracios? Aquellos que se “tragaron” a Jaime y Boudou, ¿se tragarán a Milani? Si es así, antes mentían, porque en este caso, no hay ninguna necesidad, salvo la del gobierno de controlar cierta inteligencia que uno sospecha que también es irregular.

Milani cerró el círculo rojo, el de la sangre, el que nos devuelve al principio. Su nominación está en la línea de la frase de la inmaculada señora Estela de Carlotto, cuando preguntada sobre los muertos en los saqueos, dijo que “habría que ver quiénes eran”, el “algo habrán hecho” versión 2013, algo inesperado en una madre y abuela de desaparecidos, también contaminada por el kirchnerismo.

El general del recontraespionaje y la señora Carlotto dieron la vuelta completa. Los que murieron, los que sufrieron, los torturados, los hijos; lo digan o no, lo reconozcan o no, prefieran olvidarlo para disfrutar las mieles del dinero K, o no; todos ellos saben que el círculo de sangre se cerró, que volvimos al principio, que no hay Justicia ni paz, y saben a quienes se lo deben.

Más allá de la cuestión religiosa, el Papa es un líder político, un jefe de Estado. Y fue puesto allí por un grupo importante de los referentes más encumbrados de la Iglesia, con el fin de promover una profunda reforma. Por ende Francisco no la tiene fácil. Debe cambiar la vieja y ya insostenible costumbre de los sectores que hasta su advenimiento controlaron la Iglesia, de ocultar sus propias miserias y apañar a los sacerdotes que no hacen honor a su investidura. Debe cambiar la imagen de una Iglesia cerrada y oscurantista y debe ordenar los números del Banco Vaticano, lo que le granjea poderosos y numerosos enemigos.

Y el nuevo Papa decidió hacerlo con transparencia, con humildad, con el ejemplo y hasta con esa pícara alegría de nuestras tierras. Su misión, insisto, es profundamente compleja, porque Francisco es un reformador, no un revolucionario. Y el papel del reformador es extremadamente más complejo que el del conservador y que el del revolucionario. Porque a diferencia del primero debe modificar el status quo vigente, algo siempre más difícil que mantenerlo como está; pero a diferencia del segundo no puede hacerlo destruyendo todo, tiene que mantener equilibrios porque debe hacer que sobrevivan las estructuras para purificarlas y modificar su funcionamiento.

El contraste puede resultar amañado lo confieso, pero uno es amañado así que vía libre. En la Argentina asistimos a una concepción del liderazgo totalmente diferente. Especialmente desde que Cristina Fernández es la líder del Estado. Su antecesor y difunto marido, si bien confrontativo, utilizaba más la simpatía y la picardía chicanera que nos es propia, para disputar con sus rivales. La actual presidenta se coloca en un lugar de furioso enojo constante, de ira incontrolada, de desprecio al que piensa diferente, de castigo brutal incluso al propio que manifiesta alguna disidencia.

El líder enojado, feroz, se identifica más con los Estados autoritarios que con los democráticos. Es el líder temible, no el que busca votos, sino el que pretende que la disidencias no se vean expuestas porque la comparación lo perjudica. Por eso persigue, con la AFIP, con la SIDE o con lo que tenga a mano, para acallar y evitar el debate.

Los autoritarios sojuzgan, anulan a la prensa libre, agravian y maltratan. El que piensa distinto debe ser perseguido, castigado y fundamentalmente acallado y ridiculizado si es posible.

Quien ejerce el liderazgo de ceño fruncido, jamás retrocede ni admite errores. Lo ocurrido con el General César Milani es un claro ejemplo. Cristina puso otra vez en juego el prestigio de su gobierno con él. Cuando el discurso de derechos humanos es uno de los pilares fundamentales de su política, lo dejó de lado al nominarlo jefe del Ejército. Expuso a muchos organismos otrora prestigios en el área, como Abuelas de Plaza de Mayo, a acompañarla en el impulso a un colaboracionista del genocidio, y cuando uno de estos organismos (el CELS) planteó su rechazo, de todos modos lo sostuvo y lo defendió por cadena nacional.

No nos engañemos, el pliego de Milani no se retiró del Senado por el informe del CELS, se retiró porque ese informe sirvió de excusa a varios senadores K para comunicar que iban a votar en contra. La sesión se cayó porque el kirchnerismo perdía, no porque el CELS estuviese en contra y “Cristina escuchó”. Lo demostró en la encendida defensa del general que hizo por cadena nacional. Ocurrió lo mismo que con el fallido candidato a procurador Daniel Reposo. A sabiendas de que era impresentable, la presidente lo impulsó igual, y decidió retirarlo cuando varios senadores “de su palo” comunicaron que no le darían el aval.

¿No hubiese sido mucho más sencillo para Cristina reconocer el error? “Ciudadanos, habida cuenta de los informes que nos acercan organismos de derechos humanos sobre el general Milani y dado que la política de derechos humanos de este gobierno es su base fundacional, existiendo un estado de sospecha razonable sobre su actuación en tiempos de represión ilegal, vamos a preservar las instituciones. Acepté la dimisión de Milani como jefe del Ejército para que no existan dudas sobre la vocación humanista de esta administración”. Ese simple párrafo hubiese sido un acto de liderazgo democrático por parte de la presidente.

La sociedad hubiese leído “me equivoqué, me avisaron y corrijo” ¿Dónde está el deshonor o la pérdida de poder en esto? Al contrario hubiese implicado un grado de racionalidad más que deseable. Escuchar a otros nos hace fuertes no débiles. El que piensa distinto, o puede ver la realidad con mejor información o desde otro ángulo, nos enriquece. ¿Cómo mejoramos si todos siempre nos dan la razón? Pero la presidente respondió con más enojo. Repitió su frase sobre rulos y algún otro mohín de los clásicos.

Se puede liderar como Francisco. De hecho, en una democracia tiene más lógica, porque uno testea su aprobación de modo bianual, mientras que el Papa reina hasta su muerte. El liderazgo furioso es para los Kadafi o los Dos Santos (Angola) que Cristina tanto admira pero que son dictadores. Maquiavelo escribió “El Príncipe” en otro contexto, justamente para un monarca, no para el jefe de Estado de una república democrática.

Pero no estaba loco, también escribió los “Discursos para la primera década de Tito Livio”, donde aconseja a un gobernante republicano que debe someterse al voto. Ese era el libro que había que leer.