Me hizo el honor de prologar mi primer libro, “La Fiesta de la Oligocracia”. Leyó la primera versión “en crudo”, y me sugirió alternativas, con la humildad de los que son muy grandes de verdad. Lo conocí hace muchos años, y del primer encuentro me fui con siete libros de su autoría, extraordinarios, que pretendió que supiese como para intercambiar ideas, solo 20 días después, cuando nos vimos por segunda vez.

No creo que estas líneas sean para que recite el curriculum vitae de Fayt, los invito a hacerlo en la página web de la Corte Suprema; si tienen tiempo por cierto. Cuando lo hagan no les quedarán dudas: estamos ante el jurista vivo más importante del país y ante uno de los dos o tres más destacados desde nuestra historia. A la altura de Juan Bautista Alberdi o de Dalmacio Vélez Sarsfield. Y si aún posee el lector más tiempo, los invito también a leer sus fallos, verdaderas obras doctrinarias para los anales del derecho internacional.

Supo Fayt también enfrentar con hombría y coraje los arremolinados tiempos políticos que le tocó vivir en sus años en la Corte Suprema. Asumió en 1983 con el primer gobierno de la democracia, y siendo que nunca antes había sido juez, ni funcionario de ningún poder del Estado. El día que prestó juramento, le dijo al presidente Raúl Alfonsín que lo había nominado para integrar el Alto Cuerpo: “sepa usted que mi rol exige que esta sea la última vez que hablemos”. Ese es el concepto de Fayt sobre la República y la independencia que exigía su función dentro de la cabeza del Poder Judicial.

Y así se manejó el tiempo subsiguiente, costase lo que costase. La primera intentona por destituirlo se produjo en el gobierno de Eduardo Duhalde. Y por cierto fracasó. No solo eso, cuando los miembros de lo que se llamó la mayoría automática menemista del Alto Tribunal (que jamás integró y frente a la que votó siempre en disidencia), comenzaron a abandonar sus cargos por la presión oficial, Fayt asumió la presidencia de la Corte y capitaneó una profunda crisis, con inteligencia y la cintura política de un experto.

Después vinieron las múltiples y diversas ofensas del kirchnerismo, la mayoría de ellas poniendo el eje en su edad. Claro, resultó imposible hacerlo en base a su capacidad, sus conocimientos o sus fallos. Ni siquiera estaban en posibilidad de cuestionarlos, porque para ello había que entenderlos. También capeó con hidalguía todo esto, que siguió casi hasta hoy. Y renuncio a plazo fijo: al 11/12 de este año. Ni se le ocurra a nadie intentar postular un reemplazo, será el próximo gobierno, el que surja de la voluntad del soberno pueblo, él queda pueda hacerlo. Fayt aún está ahí, y lo estará hasta que llegué la fecha en que el mismo decidió irse.

A principios de este año, tuve una enorme alegría. Un proyecto de mi amigo y referente, el legislador Daniel Lipovetzky, fue aprobado declarando a Fayt, Personalidad Destacada de las Ciencias Jurídicas de la Ciudad de Buenos Aires, por ley de la Legislatura local. Estuve en la entrega de la distinción y su merecido homenaje y puede abrazarlo con emoción. Le agradezco infinitamente a Lipovetzky el proyecto y el impulso, y especialmente el haber podido estar ahí, devolviéndole de algún modo, la infinidad de conocimientos, saber y don de gentes que ha volcado Carlos Fayt en su ejemplar vida.

Observando los acontecimientos ocurridos por el televisor, uno podría creer que en realidad estaba presenciando un debate en la Corea del Norte del “Querido Líder” Kim Jong-un, en la Indonesia de Suharto, o en el Túnez de Ben Alí que solía llamar a elecciones y obtener el 98% de los votos.

Yendo a lo concreto, el dictamen emitido ayer por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados es solamente un disparate mediático que carece de ningún valor jurídico. Tiene el mismo efecto que si nos juntásemos el suscripto y cuatro amigos y decidiésemos que el próximo domingo “ganó Independiente”. Un mamarracho por el que seguramente nos acusarían de haber abusado del tinto de la casa.

La Constitución Nacional en su artículo 110 establece con meridiana claridad que “los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservan sus empleos mientras dure su buena conducta”. ¿A qué se refiere con ello? Simplemente a que los magistrados no incurran en las causales de Juicio Político, claramente establecidas en el artículo 53: “Solo ella (la Cámara de Diputados) ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes”.

El juego de ambos artículos es sencillo. La mala conducta que quita la perpetuidad al cargo es la que describe el artículo 53 como causales de juicio: mal desempeño y comisión de delitos. Pero además, deben considerarse otros elementos. El primero de ellos es que la Constitución exige “causas de responsabilidad”, es decir una inconducta concreta en un acto en particular o una sucesión ellas, pero no el achaque genérico que implica la acusación de “viejo”.

Si la Comisión de Juicio Político quisiera ser seria, debería encontrar un expediente mal despachado por el juez Fayt, iniciar un proceso de juicio político, y en el marco del mismo, como elemento de prueba, solicitar un examen psicofísico del juez para determinar si está en condiciones de llevar adelante su magistratura. Pero ocurre que no existe un expediente concreto por el cual acusarlo, ni tienen cómo iniciar un proceso de juicio político, y mucho menos como alcanzar los dos tercios de los votos para concretar la acusación.

La Cámara de Diputados tiene “comisiones de asesoramiento”, así las llama el propio artículo 61 de su Reglamento. Esas comisiones elaboran dictámenes que cumplen el rol, como todo cuerpo asesor, de recomendar la aprobación de determinado dictamen al pleno del cuerpo. La Cámara tiene sus facultades constitucionales como tal, y sus decisiones son obligatorias en tanto se toman en el recinto, con sesiones convocadas de acuerdo a la ley y el reglamento interno y por las mayorías constitucionales. Las decisiones de una porción de la Cámara, como una comisión, no son obligatorias para nadie, no constituyen absolutamente nada hasta no ser aprobadas en Sesión, y ayer no la hubo. La Comisión de Juicio Político es una “comisión de asesoramiento” más, no tiene facultades para pedirle un psicofísico a Fayt ni tampoco para pedirle el boletín de quinto grado a mi sobrino.

Por otra parte, el artículo 90 del Reglamento citado establece las competencias de tal comisión, es decir, las cuestiones por las cuales puede expedirse: “Compete a la Comisión de Juicio Político investigar y dictaminar en las causas de responsabilidad que se intenten contra los funcionarios públicos sometidos a juicio político por la Constitución y los previstos en la ley 24.946 y en las quejas o denuncias que contra ellos se presenten en la Cámara. Cuando el pedido de remoción se dirige contra un funcionario público no sujeto a juicio político, la comisión podrá disponer su archivo o remisión al órgano competente”. La norma es armónica con la Constitución: exige otra vez que existan “causas de responsabilidad” y menciona los “pedidos de remoción”. Esta flagrantemente fuera del alcance de la Comisión de Juicio Político,investigar a los funcionarios públicos, fuera del marco de un proceso, justamente y obviamente, de juicio político.

Por ende, el “proceso investigativo” que se aprobó ayer no es más que la argucia de alguna mente febril para presionar a un Ministro de la Corte, pero sin efecto jurídico alguno.

¿Qué ocurre si Fayt se niega a ser investigado, no acude a las citaciones, y se niega a que lo examinen psicofísicamente? Nada. La Comisión de Juicio Político carece de facultades para conminarlo por la fuerza pública, ni para tomar ninguna medida que no consista en ver fracasar su ridícula maniobra. Tampoco implica presunción contra el juez no someterse a semejante parodia, y en definitiva, nunca contarán con los dos tercios de los votos para acusar.

Es ni más ni menos que una operación mediática vacía de contenido jurídico. Con otros letrados analizamos la posibilidad de presentarnos a la Justicia con el fin de pedir la nulidad del dictamen alcanzado ayer en la Comisión de Juicio, pero llegamos a la conclusión que se trata de un hecho ajeno al Derecho, no judiciable por carecer de relevancia y consecuencias jurídicas.

Tal vez, en algunos casos, sería más beneficioso darle menos espacio en los medios a estas farsas que tienen como único fin ganar centímetros en las portadas, para ejercer la valiente presión nacional y popular con el objetivo de quebrar a un prócer del Derecho.

Todo lo que hayan hecho a lo largo de los años, será puesto en una balanza. Se sopesaran pros y contras, se destacarán virtudes y defectos y, naturalmente, habrá un modo en que en el futuro, se reconocerá a dicho personaje. O simplemente será olvidado, sólo mencionado en una cena multitudinaria en una casa de barrio, por alguno de esos memoriosos: “-¿Te acordás de Aníbal?. -¿Quién?. – ¡El de los bigotes!. –Qué sé yo, ni había nacido”. El que uno no recuerda porque “no había nacido”, no quedó en la historia.

Parece que en los últimos tiempos el juicio de la historia les ha importado a pocos. Como primera medida, porque, claro, la sentencia del mismo no conduce a prisión, ni a tener que devolver nada ni indemnizar a nadie, con lo cual, mucha ave rapiña con poder, que llegó a donde está al solo efecto de alzarse con dineros ajenos, difícilmente ande preocupado por el juicio de la historia.

Por otro lado, tal proceso se produce a varios años vista, cuando se apaciguan las pasiones y surgen las razones, y seguramente todos a los que la historia evalúe, recibirán sentencia cuando ya no estén en este mundo. Es cierto, estarán sus hijos tal vez, seguramente sus nietos, pero a este tipo de gente no parece importarle mucho.

El juicio de la historia no puede controlarse comprando magistrados, ni amenazándolos, ni dominando la Procuración General, o el Consejo de la Magistratura. Y no se puede comprar al historiador porque seguramente no sepan quién es, hoy tal vez no tenga más de 20 años.

Uno puede hacer un ejercicio de imaginación y estimar que la historia de estos últimos 12 años tendrá seguramente matices. Hablará de un gran crecimiento económico, de la salida de la Argentina de una crisis gravísima, de un gobierno con alto respaldo en las urnas. Pero también resaltará miserias importantes. La alianza internacional con dictadores diversos como Kadafi o Dos Santos (Angola), la búsqueda desesperada de estrechar vínculos con Irán, el país, en principio, responsable de la voladura de la AMIA con sus 85 muertos, el intento apasionado por encubrir tal aberración, la muerte eternamente dudosa de un fiscal federal después de haber denunciado a la Presidenta y varios de sus funcionarios, y cada paso dado en pos del control del Poder Judicial buscando casi, un cambio en la forma de gobierno, la fundación de un unicato.

Cuando la historia se populariza y se difunde, el imaginario colectivo suele obtener un conocimiento genérico resaltado algunos pocos hechos que quedan fijados como grandes hitos, momentos claves, que describen la época y el personaje. “San Martín liberó medio continente y cruzó Los Andes”. “Belgrano creó la bandera”. “Julio Cesar fue asesinado por su hijo, Bruto, y le costó años dominar la Galia”. “Alejandro Magno fue el conquistador de todo el mundo conocido y llegó al poder muy joven”. Todos conceptos generalísimos y reduccionistas apoyados en un conocimiento superficial y genérico, etiquetas que definen una persona o una época.

¿Qué hitos forjarán la historia de estos 12 años?. Difícil saberlo, pero empiezo a creer que la arremetida feroz de un grupo de operadores, la mayoría de ellos de baja estatura intelectual, contra un juez de la Corte Suprema de 97 años, será uno de esos dos o tres hechos que la historia plasme en la mente de la sociedad futura. Y la resistencia de este hombre mayor pero calmo, extraordinariamente inteligente e instruido, gladiador de tantas batallas en pos de la democracia, la difusión de los derechos de todos y la Constitución Nacional, establecerán una marca indeleble de la época.

A nivel jurídico Carlos Fayt ya dejó su sello. Incluso en su visión de la Sociología y las Ciencias Políticas. Su obra como académico, sus decenas de libros todos innovadores y extraordinarios y sus fallos, por ejemplo sobre libertad de prensa en el Alto Tribunal, le han dado no solamente reconocimiento mundial, sino un sitio cercano a Juan Bautista Alberdi y Dalmacio Velez Sarsfield.

Pero el hoy anciano jurista, no por ello débil como algunos creen, dejará una marca adicional, de evidente contenido político. Porque se ha constituido en el último bastión de resistencia republicana real de este país institucionalmente hecho trizas. Todo lo que hagamos los que creemos en sus valores y su capacidad, es insuficiente frente a la atroz avanzada del gobierno, y para peor, no veo que tampoco estemos haciendo mucho.

A su soledad y su coraje, debe combinársele también su desprendimiento. ¿Qué tiene que ganar Fayt con esta resistencia? ¿Por qué debería tolerar un minuto más de agravios y presiones de estas lagartijas? Nada para él. Fayt sabe que es la piedra angular de la resistencia final de un sistema de gobierno en el que cree, y que está muy cercano a derrumbarse si él se derrumba. El juez está haciendo su último acto de servicio a la Patria. Su última corajeada seguramente sea su más importante legado, su mensaje más vivo y estruendoso hacia una sociedad que debe despertar.

“No habría tiranos si no hubiese esclavos, y si todos sostuvieran sus derechos, la usurpación sería imposible. Luego de que un pueblo se corrompe pierde la energía, porque a la transgresión de sus deberes es consiguiente el olvido de sus derechos, y al que se defrauda a sí propio, le es indiferente ser defraudado por otro”. (Bernardo de Monteagudo).

Tienen en realidad los mismos efectos de los antiguos “planteos militares” del siglo XX, desgastan, agobian y buscan que los jueces dejen sus cargos. Intentan generar una falsa noción de acefalía del Poder Judicial, o una acefalía real si logran las dimisiones que pretenden.

Debe decirse que el modo en que los esbirros oficiales disparan contra Fayt es de cobardes, aunque en el barrio los llamaríamos de un modo más gráfico. Y de descarados también. Algunos de ellos no solamente son charlatanes de toda ocasión, opinólogos iletrados que repiten una frase de algún libro del que ocasionalmente leyeron un resumen y definiciones de Wikipedia, sino que además han tenido severos problemas con la Justicia. Otros se han cobrado vidas inocentes durante la “lucha armada”.

Pero, en definitiva, hoy no son más que un grupo de mercenarios que atacan a un hombre mayor por su calidad de tal, y que resiste en soledad. Bravucones de paradas fáciles, guapos de patota.

Fayt es un lujo y un orgullo para todo hombre de bien que aprecie la libertad, la democracia y el estado de derecho. Es y ha sido en los últimos 30 años, uno de los cinco juristas más brillantes que haya dado nuestro país, reconocido en todo el mundo por tales calidades. Pero ciertamente, no reconoce la autoridad de la patota para manipularlo, no está en su espíritu, genéticamente Fayt no es susceptible al empellón tosco de los irracionales del poder.

Algunos dicen que el jurista debe probar su idoneidad haciéndose un examen psicofísico. ¿Por qué Fayt? ¿Y si lo hacemos bien y lo ponemos como condición general, incluyendo a todos los funcionarios públicos? Y ya que estamos con rinoscopia incluida. Me da la sensación que Fayt se queda y muchos se van.

El kirchnerismo ha intentado profanar la República y con ella el estado de derecho, cada día de su período el frente del gobierno, y debe reconocerse, en muchos casos ha sido exitoso. Con esta Corte sus victorias han sido limitadas, en algunas ocasiones la ha condicionado, pero en la mayoría de los casos se ha encontrado con un grupo de hombres libres que les pusieron freno, Fayt entre ellos.

Las comparaciones nunca son tan precisas, pero uno se ve tentado y al cabo, la historia debe servir para aprender de ella. Hace ya unos años vengo escuchando a muchos contar lo maravilloso que fue Arturo Illia. Su honestidad, sus logros económicos increíbles, su calidad de hombre de bien. No viví su presidencia, pero padezco hace tiempo la amarga sospecha que unos cuantos de los que hoy añoran su decencia, en aquel momento lo dejaron caer, indiferentes, mientras un malnacido con el poder de las armas, lo sacaba totalmente solo y de una oreja, de la Casa de Gobierno. Me parece que a Illia se lo abandonó y ahora se lo extraña.

Deberíamos protegerlo a Fayt, porque el día que puedan con él lo vamos a extrañar. No hay en estos tiempos hombres tan decentes, tan probos, y al mismo tiempo de tanta altura intelectual. Fayt es más que un jurista, es un científico social extraordinario. Y es un hombre honesto. ¿Alguien duda que si se hubiese llevado una resma de hojas de la Corte a su domicilio el kirchnerismo ya lo habría colgado en Plaza Lavalle?. La verdad, en algún punto comprendo a los bravucones de marras. Tanta decencia y tanta altura intelectual combinadas debe resultarles ofensiva a su triste mediocridad, apenas paliada por dinero de origen dudoso. Raro sería que no lo agravien, resentidos por su amarga existencia pueril.

No abandonemos a Fayt como se abandonó a Illia. Tenemos derecho a hacer respetar las instituciones de la República, la Constitución nos lo otorga cuando en su artículo 36 establece el derecho de resistencia del que todos los ciudadanos gozan para combatir “actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático”.

Si perdemos lo poco que queda de la tan menoscabada institucionalidad no tendremos retorno, y Fayt es un símbolo de la resistencia republicana y democrática.

Fayt es un lujo para cualquier Corte Suprema, porque ha mantenido desde su asunción independencia respecto de cada uno de los gobiernos que pasaron durante el ejercicio de su alto cargo. Fue independiente del radicalismo de Raúl Alfonsín que lo nominó para el cargo no siendo radical; se mantuvo independiente de la “mayoría automática” menemista durante los diez años de gestión del ex presidente riojano. Siguió siendo independiente del gobierno de Fernando De la Rúa, y lo fue de Eduardo Duhalde quien ya por 2002 ejercía presión para que Fayt abandone su cargo, basado en su edad. Por cierto lo fue del kirchnerismo, que en diversas épocas siguió la línea duhaldista en la búsqueda de su sillón en la Corte.

Eso es Fayt. Independencia del poder político, defensa a rajatabla de las garantías constitucionales, calidad y claridad intelectual, arduo trabajo y fallos y obras memorables. La historia le reserva un sitial especial, al margen de las reyertas políticas de ocasión, a la par de Juan Bautista Alberdi o de Dalmacio Vélez Sarsfield.

Sentarse a hablar con Fayt es una experiencia enriquecedora a cada minuto y sobre cada tema que se toque; el saber jurídico de la personalidad más importante de nuestra historia en materia de derecho político resulta esclarecedor a cada momento. Integra hoy una Corte con colegas también importantes. Nadie puede desconocer, aun pensando distinto, el aporte y el conocimiento que Eugenio Zaffaroni posee sobre la ciencia del derecho penal, ni tampoco el bagaje de sabiduría de Ricardo Lorenzetti y Elena Higthon de Nolasco sobre derecho civil.

Pero no puede uno desentenderse del hecho de que la Corte es el último resguardo del control de constitucionalidad: en el cuarto piso del Palacio de Justicia se custodia nuestra forma de vida, la que hemos elegido, el sistema republicano, la democracia, y con ellos la división de poderes y la garantías de los ciudadanos. Y sobre esos temas es sobre los que Fayt da cátedra constante incluso a sus colegas. Hoy, a sus 96 años conserva un vuelo intelectual y una capacidad de elaboración y aplicación de conceptos jurídicos y sociales únicos, envidiables para quienes tenemos menos de la mitad de su edad.

Si alguna vez vamos a perder el extraordinario lujo de tener a Fayt en la Corte, es deseable que sea él mismo o la naturaleza quien lo decida. No la presión, no la operación política de bajo vuelo buscando quebrarlo en base a la menor resistencia física lógica de su edad. La necesidad política de determinada facción, la que fuese, no puede privarnos de la trascendente ventaja para la libertad y garantías ciudadanas, que significa la presencia de Fayt en la Corte Suprema.