¿Por qué la Justicia no ha avanzado más? Simplemente porque la declaración indagatoria de los imputados en el acto de defensa en juicio es parte importante del proceso penal, el que garantiza dicho derecho de defensa y cumple con la sagrada regla constitucional establecida en los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional. Sin indagatoria, el magistrado no puede procesar, porque implica una negación de un principio insoslayable.

Ahora bien, tampoco puede desconocerse que la doctrina y la jurisprudencia penal internacional, ante determinas circunstancias excepcionalísimas, han dejado de lado principios básicos que se entendían ineludibles en materia penal. Más precisamente, estas excepciones se han relacionado con los llamados delitos de lesa humanidad.

En ellos, por ejemplo, se ha desestimado el instituto de la prescripción, que también es fundamental para los sistemas penales modernos, porque garantiza que la persecución punitiva del Estado no es eterna, tiene un límite temporal, de acuerdo con la legislación de cada Estado, pero siempre uno.

No obstante, en materia de delitos de lesa humanidad, la prescripción ha sido descartada, porque lo aberrante, lo socialmente lesivo, que son los mencionados delitos, han impuesto la necesidad de postergar ciertos principios.

La causa de la AMIA en la Argentina ha sido declarada por la Justicia delito de lesa humanidad. Esto así porque el magistrado a cargo ha entendido que, de acuerdo con las características de este tipo de delitos definidas por la comunidad internacional, se ha producido con apoyo de un Estado nacional, en este caso el iraní. Y tal característica sugiere la existencia de excepcionalidades que deben ser consideradas. En principio, ya se lo debe considerar imprescriptible.

Ahora bien, en materia de derecho penal internacional empieza a multiplicarse la necesidad de considerar los juicios en ausencia. De hecho, el Comité de Ministros del Consejo de Europa, en la Recomendación (87) 18 sobre simplificación de la Justicia penal, encargó a los Estados miembros que consideren la posibilidad de permitir a los órganos judiciales celebrar juicios en ausencia. Luego, en otra resolución, la (75) 11, estableció ciertos criterios para ello; uno por demás interesante: “Nadie puede ser juzgado si con carácter previo no ha sido efectivamente citado en tiempo hábil que le permita comparecer y preparar su defensa”.

Esto nos introduce en un terreno cuyo análisis no podemos omitir. El derecho de defensa es justamente esto: un derecho. ¿Es una obligación la defensa en juicio? ¿El imputado está obligado a defenderse para que el proceso avance, o la obligación es del Estado en cuanto a ofrecer todos los recursos y los mecanismos para que esa defensa se ejerza, si el imputado así lo prefiere, con absoluta amplitud y libertad?

Volviendo a la causa de la AMIA, los imputados fueron llamados a declaración indagatoria para que ejerzan su derecho de defensa hace ya varios años. Se los ha vuelto a llamar en reiteradas oportunidades, se ha comunicado a Interpol el pedido de captura internacional y se ha puesto en conocimiento del Estado iraní, del cual todos ellos son funcionarios o al menos ciudadanos, cuando su paradero es perfectamente conocido por las autoridades del país persa.

Entonces, la Justicia argentina ha cumplido acabadamente con el otorgamiento de todas las posibilidades que ha tenido a su mano para que los imputados ejerzan su derecho de defensa y estos han preferido no hacerlo y mantenerse prófugos, al margen del Poder Judicial argentino, en un delito ya declarado de lesa humanidad.

Por ende, ¿no cae en estas circunstancias la obligación de defensa en juicio? Porque el derecho de defensa se ha encontrado debidamente protegido y está claro que si alguna vez deciden presentarse los imputados antes de la sentencia definitiva, seguirán gozando de tal potestad; pero si no lo hacen, ¿es jurídicamente aceptable paralizar eternamente el proceso penal por un delito de lesa humanidad imponiéndole a los imputados la obligación de defensa en juicio? Todo indica que no y que el Estado nacional, según los argumentos precitados, bien podría presentarse en los autos que investigan la atrocidad cometida en 1994, solicitando que el proceso continúe “en ausencia”, habida cuenta que el derecho de defensa en juicio que la declaración indagatoria representa ha sido acabadamente contemplado y la excepcionalidad del delito que se juzga amerita una interpretación de los derechos constitucionales, igualmente excepcional.

“Anoche el Congreso dio forma definitiva al acuerdo con Irán para permitir que los sospechados por el brutal múltiple homicidio de la AMIA se juzguen a sí mismos. El artículo 214 del Código Penal, la Constitución y la duración de los fueros.

La Constitución Nacional los llama infames a los traidores a la patria. El artículo 214 del Código Penal tipifica la traición. Dice: ‘Será reprimido con reclusión o prisión de 10 a 25 años, o reclusión o prisión perpetua en uno u otro caso, inhabilitación absoluta perpetua, siempre que el hecho no se halle comprendido en otra disposición de este código, todo argentino o toda persona que deba obediencia a la nación por razón de su empleo o función pública, que tomare las armas contra esta, se uniere a sus enemigos o les prestare cualquier ayuda o socorro’.

Interesante artículo para desmenuzar: tanto la presidente Cristina Fernández como el canciller Héctor Timerman, y todos y cada uno de los legisladores que en el Senado y la Cámara de Diputados votaron a favor la ley que corroboró el memorándum de entendimiento con Irán deben obediencia a la nación por razón de su función pública.

Cuando la ley habla de nación, en ninguna parte de toda la Constitución hace referencia al Gobierno de turno, sino a los intereses superiores de la patria, el cuidado de su soberanía, las vidas, la seguridad personal y la libertad de sus habitantes. La nación no es el Gobierno.

Seguramente no existe acepción de la palabra enemigo que pueda excluir a quien comete un acto terrorista contra un país que cuesta 85 vidas. Y si bien no se ha condenado aún a los iraníes involucrados, el juez los ha llamado a indagatoria, lo que implica que tiene semiplena prueba de su responsabilidad. A su vez, la mayor parte de los iraníes involucrados son funcionarios del Estado y lo eran al momento del atentado. Uno de ellos es hoy su ministro de Defensa y candidato a suceder al actual Presidente.

Por ende, existen altas probabilidades de que el Estado iraní esté involucrado en el atentado, dada la semiplena prueba del involucramiento de varios de sus más encumbrados funcionarios. En esa inteligencia, existen también altas probabilidades de que se trate de un ‘enemigo’.

Y además, el pergeñar un entendimiento para constituir una Comisión de la Verdad, integrada en igualdad de condiciones con el probable enemigo, otorgándole la posibilidad a este de juzgarse a sí mismo, implica, inequívocamente, prestarle ayuda.

En consecuencia, todos los funcionarios públicos de algún modo involucrados en este memorándum, sea impulsándolo, arbitrándolo o votando a favor una norma que le dé carácter constitucional de tratado, cumplen todos y cada uno de los recaudos del tipo penal transcrito en el primer párrafo, sin lugar a dudas.

Los diputados y los senadores tienen fueros, no pueden ser enjuiciados durante el transcurso de su mandato. Y los funcionarios del Ejecutivo tienen la inmunidad de hecho que otorga el poder. Pero el poder termina, se agota, se va. Y los mandatos en el Congreso son finitos. La prescripción del delito de traición es demasiado larga: son 25 años.

Deberá entonces el kirchnerismo mantener el poder por 25 años más, porque si no lo logra, si no gobierna hasta el 2038, si no mantiene hasta entonces el rígido dominio absoluto sobre los tres poderes del Estado que hoy detenta; todos estos funcionarios serán enjuiciados y condenados por el delito más grave cometido en democracia en la historia argentina”.

El informe llevó la firma del suscrito y fue enviado a todos los legisladores que avalaron semejante atrocidad. Tiempo después, el voto de la Cámara de Casación del magistrado Juan Carlos Gemignani recorrió la misma línea argumental y dejó la puerta abierta a investigar la comisión del tipo penal de la traición a la patria por parte de Cristina Kirchner y sus funcionarios.

Todo lo que hayan hecho a lo largo de los años, será puesto en una balanza. Se sopesaran pros y contras, se destacarán virtudes y defectos y, naturalmente, habrá un modo en que en el futuro, se reconocerá a dicho personaje. O simplemente será olvidado, sólo mencionado en una cena multitudinaria en una casa de barrio, por alguno de esos memoriosos: “-¿Te acordás de Aníbal?. -¿Quién?. – ¡El de los bigotes!. –Qué sé yo, ni había nacido”. El que uno no recuerda porque “no había nacido”, no quedó en la historia.

Parece que en los últimos tiempos el juicio de la historia les ha importado a pocos. Como primera medida, porque, claro, la sentencia del mismo no conduce a prisión, ni a tener que devolver nada ni indemnizar a nadie, con lo cual, mucha ave rapiña con poder, que llegó a donde está al solo efecto de alzarse con dineros ajenos, difícilmente ande preocupado por el juicio de la historia.

Por otro lado, tal proceso se produce a varios años vista, cuando se apaciguan las pasiones y surgen las razones, y seguramente todos a los que la historia evalúe, recibirán sentencia cuando ya no estén en este mundo. Es cierto, estarán sus hijos tal vez, seguramente sus nietos, pero a este tipo de gente no parece importarle mucho.

El juicio de la historia no puede controlarse comprando magistrados, ni amenazándolos, ni dominando la Procuración General, o el Consejo de la Magistratura. Y no se puede comprar al historiador porque seguramente no sepan quién es, hoy tal vez no tenga más de 20 años.

Uno puede hacer un ejercicio de imaginación y estimar que la historia de estos últimos 12 años tendrá seguramente matices. Hablará de un gran crecimiento económico, de la salida de la Argentina de una crisis gravísima, de un gobierno con alto respaldo en las urnas. Pero también resaltará miserias importantes. La alianza internacional con dictadores diversos como Kadafi o Dos Santos (Angola), la búsqueda desesperada de estrechar vínculos con Irán, el país, en principio, responsable de la voladura de la AMIA con sus 85 muertos, el intento apasionado por encubrir tal aberración, la muerte eternamente dudosa de un fiscal federal después de haber denunciado a la Presidenta y varios de sus funcionarios, y cada paso dado en pos del control del Poder Judicial buscando casi, un cambio en la forma de gobierno, la fundación de un unicato.

Cuando la historia se populariza y se difunde, el imaginario colectivo suele obtener un conocimiento genérico resaltado algunos pocos hechos que quedan fijados como grandes hitos, momentos claves, que describen la época y el personaje. “San Martín liberó medio continente y cruzó Los Andes”. “Belgrano creó la bandera”. “Julio Cesar fue asesinado por su hijo, Bruto, y le costó años dominar la Galia”. “Alejandro Magno fue el conquistador de todo el mundo conocido y llegó al poder muy joven”. Todos conceptos generalísimos y reduccionistas apoyados en un conocimiento superficial y genérico, etiquetas que definen una persona o una época.

¿Qué hitos forjarán la historia de estos 12 años?. Difícil saberlo, pero empiezo a creer que la arremetida feroz de un grupo de operadores, la mayoría de ellos de baja estatura intelectual, contra un juez de la Corte Suprema de 97 años, será uno de esos dos o tres hechos que la historia plasme en la mente de la sociedad futura. Y la resistencia de este hombre mayor pero calmo, extraordinariamente inteligente e instruido, gladiador de tantas batallas en pos de la democracia, la difusión de los derechos de todos y la Constitución Nacional, establecerán una marca indeleble de la época.

A nivel jurídico Carlos Fayt ya dejó su sello. Incluso en su visión de la Sociología y las Ciencias Políticas. Su obra como académico, sus decenas de libros todos innovadores y extraordinarios y sus fallos, por ejemplo sobre libertad de prensa en el Alto Tribunal, le han dado no solamente reconocimiento mundial, sino un sitio cercano a Juan Bautista Alberdi y Dalmacio Velez Sarsfield.

Pero el hoy anciano jurista, no por ello débil como algunos creen, dejará una marca adicional, de evidente contenido político. Porque se ha constituido en el último bastión de resistencia republicana real de este país institucionalmente hecho trizas. Todo lo que hagamos los que creemos en sus valores y su capacidad, es insuficiente frente a la atroz avanzada del gobierno, y para peor, no veo que tampoco estemos haciendo mucho.

A su soledad y su coraje, debe combinársele también su desprendimiento. ¿Qué tiene que ganar Fayt con esta resistencia? ¿Por qué debería tolerar un minuto más de agravios y presiones de estas lagartijas? Nada para él. Fayt sabe que es la piedra angular de la resistencia final de un sistema de gobierno en el que cree, y que está muy cercano a derrumbarse si él se derrumba. El juez está haciendo su último acto de servicio a la Patria. Su última corajeada seguramente sea su más importante legado, su mensaje más vivo y estruendoso hacia una sociedad que debe despertar.

“No habría tiranos si no hubiese esclavos, y si todos sostuvieran sus derechos, la usurpación sería imposible. Luego de que un pueblo se corrompe pierde la energía, porque a la transgresión de sus deberes es consiguiente el olvido de sus derechos, y al que se defrauda a sí propio, le es indiferente ser defraudado por otro”. (Bernardo de Monteagudo).

Porque jamás se había producido un comportamiento tan diametralmente opuesto entre jueces federales y fiscales del mismo fuero. Opuesto y a la vez, uniforme: casi todos los fiscales proceden del mismo modo; casi todos los magistrados también siguen una línea similar.

Para graficar la situación basta con observar cómo, nada menos que ocho fiscales federales presentaron juntos una denuncia para que se investigue si el presunto agente de inteligencia Allan Bogado, mencionado por el fiscal Nisman como la persona que, en el marco del plan criminal de encubrimiento del atentado a la AMIA que estaba denunciando, presionaba a los magistrados de ese fuero en nombre del gobierno nacional. Es decir, casi todos los fiscales federales de primera instancia titulares y el fiscal de la Cámara Federal, denunciaron juntos un hecho derivado de la denuncia madre del extinto fiscal Nisman.

Si nos detenemos un poco más en estos hechos, podremos observar que, a excepción de Federico Delgado y Carlos Rívolo, los otros tres fiscales que no firmaron la citada denuncia son meramente subrogantes, es decir, funcionarios del Ministerio Público que la Procuradora Alejandra Gils Carbo puede desplazar sin dar explicaciones y, por cierto, sin juicio político.

En la misma línea se pueden aportar otros detalles, como la denuncia iniciada por el fiscal Guillermo Marijúan respecto a una presunta actividad de inteligencia ilegal sobre Nisman, por el modo en que las cámaras del Aeropuerto de Ezeiza seguían sus movimientos en el momento que llegó al país. Cabe aclarar que Marijuán también es denunciante en la presentación que se menciona en el párrafo precedente.

Y, por si no bastara con lo anterior, como un hecho inédito en la historia, los fiscales federales convocan a una marcha del silencio en homenaje al colega muerto en circunstancias dudosas. Nunca había ocurrido algo semejante.

En total contrapartida, los magistrados del mismo fuero parecen bastante esquivos a hacerse cargo de la temática. En su momento el juez a cargo de la investigación de la voladura de la AMIA, Rodolfo Canicoba Corral, restó importancia a la denuncia de Nisman, aún sin ser el magistrado a cargo de la misma, y hasta desmintió haber autorizado las escuchas telefónicas que la fundamentaron, cuando el fiscal sostuvo que si lo había hecho.

En idéntico sentido, el juez Ariel Lijo, quien si está a cargo de investigar las irregularidades de la causa principal por la AMIA, rechazó hacerse cargo de investigar la denuncia de Nisman, por no encontrar conexidad entre unas irregularidades y otras. Y para completar el cuadro, el juez Daniel Rafecas, mediante su reemplazante Sebastián Ramos, tampoco quisieron investigar el tema, y se lo devolvieron a Lijo, entendiendo que los expedientes son, sino conexos, relacionados.

Es decir, entre los magistrados, la causa que se origina por la denuncia de Nisman, es una papa caliente que se arrojan unos a otros, negándose a investigarla, mientras que entre los fiscales, la misma arroja una serie de presuntos delitos adicionales que pretenden investigar, y además deciden funcionar coaligados para protegerse.

No es el descripto un comportamiento que pueda reputarse habitual en Comodoro Py, es más bien, una evidente ruptura entre dos patas de los procesos penales federales que deberían funcionar más o menos articuladas. Y tal comportamiento surge evidente a partir del Nismangate. Habrá que esperar para ver si se profundiza la ruptura, hasta dónde llega y qué nuevas consecuencias arroja.

Nuestro país podrá ser un lugar donde la vida de nuestros hijos valga unos pocos centavos, donde ningún argentino de bien querría vivir, gobernado por mafias de una u otra ideología, da igual, que hacen y deshacen a su antojo, que asesinan a quien se interfiera con sus oscuros intereses con absoluta impunidad.

La Argentina será todo esto y seguramente cosas mucho peores si la prueba que Nisman decía tener ya no está, o indica cosas muy distintas a las denunciadas; o si se determina que se trató de un suicidio fruto de un amorío no correspondido justo el día previo a divulgar sus pruebas en el Congreso; o si debemos esperar diez años para saber que ocurrió; o si no lo sabemos nunca.

Y entonces habremos perdido la patria, el pasado y el futuro no tendrán sentido. Mariano Moreno y el General San Martín habrán perdido el tiempo y desperdiciado su vida, la lucha por el voto secreto, la recuperación democrática, los juicios a las juntas, y todo hombre que haya dado su vida, su salud o su intelecto por esta patria, habrá tirado su carne a las hienas, todo lo que hayan hecho habrá valido nada.

Nadie puede prohibirme ese optimismo casi patológico que periódicamente me atrapa sin razón alguna, de creer que por una vez algo distinto va a pasar, y que el después sea un homenaje a esta valiosa vida perdida y a tantas otras que se cegaron en distintas circunstancias. Y que la causa avance rápido, que se descubra y encarcele a los responsables del evidente homicidio, se enjuicie a los que elaboraron la patética puesta en escena, se dilucide el eventual encubrimiento del gobierno argentino que Nisman pretendió probar; y la Argentina pase a ser un país razonable, medianamente serio, donde las mafias tengan que tener cuidado en su accionar, una patria en la que uno pueda creer que hay alguna chance de que las organizaciones criminales no dominen complemente el Estado, un país que nos esperance en que si nuestros hijos se forman, trabajan con ahínco y dedicación, podrán crecer, ser felices, y vivir sin otros temores que los lógicos de cualquier persona que vive en una civilización.

“Nunca Más” fue la frase que quiso inaugurar una nueva etapa de nuestra historia, pero ¿nunca más qué?  La referencia no era una alusión exclusiva a la dictadura, eso es un torpe reduccionismo. Nunca más la muerte, nunca más el Estado vinculado o relacionado con el delito, el encubrimiento, los asesinatos en masa como en la AMIA.  Nunca más la impunidad total y vergonzosa y temible y desconcertante. “Nunca Más”, quiso decir, que el imperio de la ley empezaba a regir sobre los intereses mezquinos de los delincuentes.

El caso Nisman, su muerte y la investigación sobre el eventual encubrimiento que denunció, es un antes y un después, para bien o para mal, en la historia argentina y la vida de todos nosotros. Jamás nos imaginamos que 33 años después debíamos seguir luchando porque el espíritu del “Nunca Más” no sea pisoteado, pero hoy está al borde. Los asesinos de la democracia, de la ley, del estado de derecho, lo han llevado al filo del abismo. El “Nunca Más” está muy cerca de haber muerto con Alberto Nisman.

Es que dicho pacto estaba viciado ab initio, de ilegalidad y de sospechas. Por cierto, no contábamos con la información que llevó al fiscal Alberto Nisman a imputar a la Presidenta de la Nación y a otro grupo de sus colaboradores cercanos, pero del análisis jurídico del Memorandum, de la forma en que se lo sancionó en el Congreso y de la premura del Ejecutivo, surgía evidente que se trataba de un “perdón”, de la consagración de la impunidad y por cierto, todo ello no podía ser gratuito.

Dijimos en aquel escrito hace casi dos años que “un ‘Memorandum de Entendimiento’, para establecer una ‘Comisión de la Verdad’ con un país que al menos, debe ser considerado sospechoso de promover y/o autorizar y/o encubrir una masacre de tales dimensiones contra nuestro país, teniendo especialmente en cuenta, que entre los imputados con solicitud de captura internacional a Interpol se encuentra por ejemplo el Ministro de Defensa iraní” y que “dicha Comisión viola abierta y expresamente el transcripto artículo 109, en tanto que si los miembros de la misma son designados por el Ejecutivo, ¿qué otra cosa puede implicar que el arrogarse por parte del Presidente de la Nación, el conocimiento de una causa pendiente? Especialmente cuando el mismo Memorandum otorga a la Comisión funciones claramente jurisdiccionales, como lo son analizar pruebas, tomar declaración (o “interrogar” como lo llama)…surge así, y sin acudir a mayor abundamiento, una evidente y flagrante violación a los derechos constitucionales, y a sus principios más básicos”.

Lo había anticipado justamente Lipovetzky en este mismo medio, en su artículo del 15 de febrero de 2013 (“La insólita rendición ante Irán”), cuando el Congreso aceleraba los tiempos para sancionar el espurio acuerdo: “Cada vez más evidente heredero del menemismo, el kirchnerismo pretende con esta “comisión” establecer un “paraguas de justicia” sobre la cuestión AMIA, para desarrollar su relación con Irán al margen del atentado, de las vidas sesgadas, de la brutal y traicionera agresión”.

Yo mismo, también en Infobae, pocos días antes, en el artículo titulado “El desconocimiento de la Justicia como Poder del Estado”, expresé que: “De tal modo, la ‘comisión’ estaría compuesta por funcionarios de un país agredido y otros de un país agresor o al menos encubridor de la agresión que costó casi un centenar de vidas. Es una ‘comisión’ al menos curiosa, que permite a los iraníes juzgarse a sí mismos, después de las muestras de dudosa voluntad exhibidas todos estos años”.

Ahora el fiscal federal a cargo de la investigación de la voladura de la mutual AMIA, dice tener elementos probatorios de la existencia de un acuerdo comercial paralelo con Irán, para garantizar el intercambio de petróleo y granos, que para ser efectivizado, requería la “solución del problema político”, es decir, dejar de la lado la determinación judicial de responsabilidades por el brutal y artero ataque a nuestro país. No carece de lógica, lo explicaba Lipovetzky en el mismo artículo referido: “Sin embargo, la Argentina históricamente se condujo de forma poco convencional respecto al “país agresor”. De hecho, las relaciones políticas jamás se interrumpieron y las comerciales se fueron incrementando año a año. Desde el advenimiento del kirchnerismo esta relación de intensificó y la búsqueda de Justicia por el homicidio masivo en la AMIA fue puesta en un segundo plano”.

La verdad y la justicia no pueden esperar más tiempo. La causa por el homicidio de 80 personas en la mutual AMIA, no deja lugar a pactos a espaldas del pueblo para garantizar los intereses políticos del sector gobernante. Se encuentra hoy paralizada, porque los imputados y citados a declaración indagatoria, no se presentan a cumplir con su deber legal, protegidos por el régimen iraní con el que el gobierno argentino intentó pactar. Cuando se trata de delitos de lesa humanidad, hay ciertos principios jurídicos que no rigen, por ejemplo el instituto de la prescripción. En casos como el de la AMIA, al que nadie puede negarle ese carácter, la ley debería establecer un mecanismo para seguir adelante con la investigación “en ausencia” de los acusados.

Otras aberraciones, como la voladura a la fábrica militar de Rio Tercero o el tráfico de armas que incentivó la guerra de dos países hermanos como Ecuador y Perú siguen pendientes en la Justicia. No más ocultamientos, no más acuerdos a espaldas del pueblo, no más impunidad. Las instituciones no pueden seguir degradándose. Un futuro mejor requiere claridad y vigencia de la ley, no encubrimiento.

Sobre este último tema en particular, defendió la postura Argentina en los términos de aquél llamado “Memorandum de Entendimiento”, al que dio rango de Tratado Internacional, con su aprobación por parte del Congreso de la Nación, y pidió a las autoridades del país persa, que definan su posición al respecto, especialmente que comuniquen si sus autoridades han, por fin, aprobado dicho memorándum, como se hizo por estos lares. Dijo la mandataria que su gobierno desea tener “una fecha” para que el magistrado argentino viaje a Teherán y que aspira a que los iraníes no confundan nuestra paciencia con “estupidez”.

Que se le cumpla este último deseo a Cristina Fernández es realmente complejo. El gobierno de Irán bien podría confundir con estupidez varias cosas, no solamente la paciencia Argentina, sino también el simple hecho de haber firmado tal acuerdo, la celeridad desesperada mostrada por el Ejecutivo para que el mismo sea aprobado en el Parlamento, que fue convocado a sesiones extraordinarias en febrero de este año, con el solo fin de servirle en bandeja a los iraníes, la posibilidad de participar activamente de su propio juzgamiento.

Debe recordarse que el acuerdo (Memorandum de Entendimiento) viola todos los principios básicos del derecho penal local e internacional, y que los funcionarios iraníes presuntamente implicados con el atroz atentado a la AMIA, se encuentran convocados a prestar declaración indagatoria. En esto último hay que ser claros: la indagatoria no es una prueba en el proceso penal, como sí lo es la prueba “confesional” en las demás ramas del derecho. La indagatoria es un acto de defensa de un imputado, en el que no existe penalidad por tergiversar la realidad o entregar al magistrado indicios o elementos falsos, porque se entiende que tales maniobras forman parte de ese derecho de defensa.

En principio y en el 99% de los casos, cuando un juez convoca a un imputado a indagatoria lo hace porque es un acto previo (constitucionalmente requerido para no violar el derecho de defensa) a dictar el procesamiento, porque ya cuenta con “semiplena prueba” para determinar que el citado es “prima facie penalmente responsable” del acto que se le imputa. Es decir, la Justicia argentina tiene elementos para procesar a los iraníes por la voladura.

El Memorandum otorga a los imputados la posibilidad de formar parte de una especie de “Tribunal juzgador sui generis”, inexistente en nuestro derecho penal, que trazará la línea que deberá seguir el juez argentino y la aportará las pruebas que este deberá valorar. Y como en ese Tribunal que crea el Memorandum habrá agentes designados por el gobierno iraní, se les está dando la posibilidad de juzgarse a sí mismos, al menos de modo encubierto o parcial.

Esta potestad extraordinaria otorgada a un imputado, es abierta y manifiestamente inconstitucional, no sólo por la participación del propio Estado iraní, al que se sindica además como promotor o al menos encubridor del hecho en el expediente, sino además porque dicho cuerpo creado por el Memorandum, tiene participación de funcionarios del Poder Ejecutivo argentino, que según el artículo 109 de la Constitución Nacional “en ningún caso …puede ejercer funciones judiciales, ni arrogarse el conocimiento de causas pendientes…”, tal sería el caso.

Oportunamente, tanto la AMIA como institución, como un grupo de abogados que el Suscripto integra, impugnamos ante la Justicia la constitucionalidad de la ley que aprobó dicho Memorandum, aunque el expediente se encuentra en trámite y no ha alcanzado un fallo todavía.

Ahora bien, desde el punto de vista estrictamente político, más allá de lo jurídico, el gobierno de Cristina Fernández, con fines poco claros, llegó a un acuerdo absolutamente cuestionable con Teherán. Lo anunció, proclamó y sostuvo, y de modo urgentísimo se lo hizo aprobar por el Congreso. Pagó un altísimo costo político por esto. Y desde febrero pasado, hace ya 8 meses, no ha vuelto a tener noticias del régimen iraní, sobre sí ellos mismos tienen pensado acceder a la posibilidad de juzgarse a sí mismos, o ni siquiera eso les importa, todo lo cual implica, además de lo explicado en los párrafos anteriores, un papelón disparatado de la diplomacia local y de la política exterior del gobierno.

Como toda medida decidida por el Ejecutivo en los últimos años, no hubo opción de debate, ni sugerencias, ni opciones de cambiar la iniciativa del Ejecutivo, sino una imposición acelerada y brutal, haciendo uso de las mayorías parlamentarias que detenta el gobierno. Esto para servirle en bandeja una solución al régimen iraní, que el mismo ha optado hasta ahora por ignorar.

Esa pintura hace muy complejo que las autoridades de Teherán no confundan todo el cúmulo de acciones de nuestro gobierno con “estupidez”, tal como aspira ahora la presidente. No es posible imaginar con que otra cosa podrían confundirlo, aunque es cierto que bien mirado, también podría creerse que se trata de impericia, de torpeza o de total y absoluto desmanejo de las relaciones internacionales y del derecho interno.

Irán no responde y la presidente ruega (tal es su estilo, enérgicamente, pero sin dejar de ser un pedido desesperado), una respuesta en los foros internacionales, al acto de urgente genuflexión consagrado en febrero pasado, ante un país cuyos comportamientos son materia de condena constante en los mismos foros, y del que nuestros ciudadanos, tal como indican los elementos de la causa judicial, han sido víctimas en AMIA. Personalmente creo que en este caso, el deseo presidencial no va a verse cumplido: definitivamente el régimen que gobierna Irán ha “confundido” nuestra destreza diplomática con “estupidez”.