La historia de los vicepresidentes desde la recuperación democrática puede darnos algún indicio sobre la veracidad de alguna de esas afirmaciones. Si nos remontamos al primer vicepresidente de la nación de la era posdictadura, podría afianzarse la postura de quienes dicen que este no tiene rol político. El cordobés Víctor Martínez, que secundó a Raúl Alfonsín en la fórmula, tuvo una escueta y gris participación en aquel Gobierno radical.

Sin embargo, avanzando a la presidencia posterior, el bonaerense Eduardo Duhalde, vicepresidente de Carlos Menem, tuvo una actividad política bastante más intensa, contrapuesta en muchos casos a su presidente. El gabinete del riojano se dividió a principios de su gestión en dos grupos que la prensa llamó “Celestes” y “Rojo Punzó”. Duhalde integró el grupo Celeste. Menem asumió en medio de una crisis económica hiperinflacionaria y tardó dos años en controlarla, en 1991, cuando se impuso la convertibilidad.

Esos dos años fueron tremendos para Menem y las internas se multiplicaron. Escribía el recordado Hugo Gambini en la revista Redacción: “lo terrible es que se ha deteriorado la credibilidad presidencial, a tal extremo que no son pocos los que le prueban la banda a Duhalde, hasta se habla de una nueva ley de acefalía”.

En sintonía, un artículo de la revista Somos, del 25 de marzo de 1991, firmado por Jorge Grecco, se titulaba “Operación Chaleco”, y describía cómo la mitad del gabinete de Menem consideraba que no estaba en condiciones psiquiátricas de seguir con el gobierno y pretendía su destitución por tales motivos para promover la instalación de Duhalde en el gobierno.

Pensar que el vicepresidente era ajeno a tales múltiples conspiraciones es subestimar a un Duhalde que llegó al poder tras la caída de un gobierno constitucional. Menem lo resolvió: se deshizo de la sombra del hombre de Lomas de Zamora y lo envío como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero cuando Menem intentó volver a la competir por la presidencia en 2003, su mayor enemigo fue Duhalde. Le impidió usar el sello del Partido Justicialista (PJ), inventó un candidato hasta entonces inexistente: Néstor Kirchner y dividió al PJ para neutralizar al riojano. Y cumplió su objetivo. Si todo esto es un vicepresidente decorativo, no quiero imaginar lo que es uno con el aparato kirchnerista detrás.

Para su segundo período, Menem eligió un vicepresidente con escaso peso territorial y sin estructura política. Le resultó bien, Carlos Ruckauf nunca fue una amenaza.

Si Carlos “Chacho” Álvarez se considera decorativo en el Gobierno de Fernando De la Rúa, tenemos problemas de lectura. Desde el principio, el vicepresidente de la Alianza fundó un engendro que llamó “oficialismo crítico” y que fue una oposición interna.

Chacho jaqueó y desmoronó al gobierno. Propició una investigación por supuestos sobornos en el Senado para la sanción de una ley laboral. La Alianza tuvo su principal base electoral en el discurso de la transparencia. Cuando Álvarez puso en tela de juicio ese capital político, el gobierno cayó en picada. Para colmo de males, Chacho renunció justamente por dichos sobornos, dejó al gobierno rengo y herido de muerte. Poco tiempo después, De la Rúa, vacío de poder, debió abandonar la Casa Rosada. Álvarez, de decorativo, nada.

La Presidencia interna de Duhalde no tuvo vicepresidente, de modo que debemos pasar directamente a Néstor Kirchner. Su primer vicepresidente fue el propio Scioli. En principio, uno tiende a decir que el exmotonauta no causó problemas, pero esto no es tan cierto. En diciembre de 2005, en plena sesión del Senado, la senadora Cristina Kirchner, apostrofó durante por más de una hora a Scioli, acusándolo de montar una operación mediática en su contra. Al otro día, el presidente Kirchner despidió a todos los sciolistas que trabajaban en la Secretaría de Deportes de la Nación, reducto que detentó para “contener” a los suyos.

En el año 2010, con Scioli ya como gobernador y Cristina como presidente, se registró una nueva escaramuza. Al gobernador se le ocurrió declarar que tenía “las manos atadas” para solucionar el problema de la inseguridad, en elíptica referencia al gobierno nacional. En un acto público compartido con Kirchner, el expresidente lo apuró: “Gobernador, diga quién le ata las manos, con nombre y apellido. ¡No tenga miedo!”. Scioli se mantuvo en silencio y se olvidó del tema.

Como se dijo, Cristina ya era presidente y su vicepresidente, el radical Julio Cobos, inventor del radicalismo K. Algunos dicen que Cobos fue un presidente anodino, y tal vez así haya sido, pero le generó al Gobierno una crisis de proporciones inimaginables, con su voto “no positivo” en el Senado para desempatar la votación por “la 125” y lo puso al borde del colapso de gobernabilidad. Es cierto, luego Cobos fue segregado y se mantuvo en el ostracismo, pero esto se debió a que el radicalismo lo rechazaba por haberse ido con el Gobierno, y los radicales K lo abandonaron cuando “traicionó” al gobierno, por lo cual quedó sin sustento político.

Pero al margen de si la 125 era una medida apropiada, o no lo era, el vicepresidente Cobos generó un daño político catastrófico al Gobierno, que lo llevó a perder las legislativas de 2009. No es poco para una persona sin poder territorial y sin soporte de una estructura política.

El último y actual vicepresidente es Amado Boudou. La selección fue cuidadosa: un hombre absolutamente “del palo” y elegido por la presidenta y nadie más, sin posibilidad alguna de una construcción política propia. Boudou también hizo daño, pero no por disputar política, sino porque se destaparon múltiples hechos de corrupción que lo involucraron.

En conclusión: solamente dos vicepresidentes cumplieron el precepto de ser decorativos, Martínez y Ruckauf. Duhalde, Álvarez y Cobos disputaron políticamente con sus presidentes, buscaron dañarlos y en buena parte lo consiguieron. Respecto a Scioli, debe decirse que planteó algunas disputas, pero por cuestiones de carácter o de estrategia retrocedió cada vez que lo corrieron. Pero lo intentó.

Ahora bien, Zannini es, después de Cristina, el dirigente de mayor peso de kirchnerismo que viene de gobernar 12 años y ha contado con el aparato y la caja del Estado. Ha demostrado vocación de poder y cuenta con el respaldo de La Cámpora. Su grupo político, que no es el de Scioli, ha poblado las listas de candidatos a legisladores nacionales, para dominar el Congreso y varios ítems más que podrían considerarse.

Si Scioli gana las próximas presidenciales, El Chino es, por lejos, el vicepresidente que llega con más poder propio a su cargo desde la recuperación democrática. Ni Duhalde, ni Álvarez, ni Cobos controlaban el Congreso, ni los precedían 12 años de acumulación de poder y dinero desde el Estado nacional. Quien lo considere decorativo vive en Dinamarca o le está mintiendo a la gente.

Pero ni usted ni yo somos ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cabeza del Poder Judicial y tribunal superior de la Nación. Si lo fuéramos, deberíamos tener otros cuidados en la celebración de nuestros onomásticos, dado que ese amigo “erróneamente” imputado en 50 expedientes penales bien podría caer con alguno de ellos en el tribunal que eventualmente integraríamos, y eso afectaría nuestro buen juicio y nos obligaría a excusarnos de sentenciar en tal causa.

Cuando por casualidad los jueces reciben el expediente donde se ventila el conflicto judicial de alguna persona relacionada, los magistrados de buena fe suelen excusarse de intervenir en ellos “por razones de decoro y delicadeza”, dejando que dichos autos sean evaluados por otro juez sin vínculos con los involucrados, para que pueda aplicarse la ley conforme a un razonamiento equilibrado sin influencias emocionales.

Así las cosas, cuando se es un juez de la Corte Suprema y se quiere festejar un cumpleaños, no resulta muy “prudente” invitar al vicepresidente de la Nación, constantemente potencial presidente en ejercicio, y muy en especial cuando éste tiene al menos medio centenar de causas penales de diversa índole, todas ellas relacionadas con diversas modalidades de uso de su cargo para negocios privados. Más concretamente, me refiero al segundo cumpleaños consecutivo en que el ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni invita a la celebración al vice Amado Boudou, y esto, a la vez, trasciende.

El vice no es la única persona en conflicto con la ley que participó de la fiesta. La señora Hebe de Bonafini tampoco está totalmente liberada de las implicaciones que rozan a su hija, por ejemplo, en la causa que investiga el desfalco del programa de viviendas “Sueños Compartidos”, donde curiosamente el ex mano derecha e “hijo putativo” de Hebe, Pablo Schoklender, imputó además al propio Boudou. Pero en todo caso, lo de la titular de Madres de Plaza de Mayo es bastante menos “abrumador” que el tema Boudou, en términos de cantidad de causas y niveles de involucramiento procesal.

El “decoro y delicadeza” de los magistrados debe mantenerse no solamente en el ejercicio de sus fueros, sino también en toda su vida pública. Y claramente, el cumpleaños de Zaffaroni es público. No es posible pensar que el mencionado es el único ministro del alto tribunal que festeja el aniversario de su nacimiento. Tal vez alguno no sea afecto a estas cuestiones, pero la mayoría de la gente de un modo u otro celebra estas fechas. Lo que queda claro es que en ninguno de los demás casos tales fiestas trascienden. Por menos pomposas, por menos pintorescas, o porque no asisten funcionarios de otros de poderes del Estado, a los que dicho juez eventualmente debería juzgar.

Las fiestas de cumpleaños de Zaffaroni sí trascienden, y lo que especialmente se sabe siempre es quiénes son sus invitados, y en algunos casos, es posible pensar que el mencionado ministro no guarda “decoro y delicadeza”. Es cierto que el juez de marras anunció que se retirará del alto cuerpo este mismo año, y que es más que probable que ningún expediente que involucre a Boudou llegue a ser tratado tan rápido por el tribunal que integra. Pero también lo es que al formar parte de la cabeza del Poder Judicial, aun cuando las sentencias de cada magistrado son propias e independientes, un juez de grado bien podría verse “condicionado” en su resolución sobre un imputado que muestra manifiesta y pública amistad con su superior jerárquico, en este caso, Zaffaroni.

No es un delito, ni siquiera una infracción ni una violación, en principio, de ninguna normativa; pero sí es un grotesco, es totalmente inconveniente, es una imprudencia, en tiempos en que la corrupción administrativa está en el centro de la escena y resulta lacerante socialmente, cuando existe demasiada gente que no se alimenta de modo suficiente o no accede a condiciones mínimas de sanidad, o no puede salir de la marginalidad, en buena parte por esa corrupción, y cuando el vicepresidente, con razón o sin ella, está señalado por los más diversos actos de corrupción.

Es un criterio y por cierto puede haber otros, pero parece alejado de los cánones habituales de decoro y delicadeza que deben observar los magistrados que Boudou asista al cumpleaños de Zaffaroni, que éste lo invite siquiera, que celebren y brinden juntos. Sin prisa pero sin pausa, nos acercamos a los cánones éticos de la republiqueta bananera que Alberto Olmedo graficaba al personificar al “Mariscal de Costa Pobre”.

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) fue creada por Raúl Alfonsín el 15 de diciembre de 1983. Sólo cinco días después de asumir su mandato presidencial. Su informe, el Nunca más, sirvió de alimento y guía a la Cámara del Crimen que juzgó a los genocidas. Los condenó el 9 de diciembre de 1985. A partir de allí comenzó el círculo a generarse; luego de la sentencia, se inició el camino de retorno a la injusticia.

En Semana Santa del 87’ el primer levantamiento militar y la ley de Punto Final. En el ’89 el segundo alzamiento y la Obediencia Debida. En el ’90 el tercero y los indultos. La lucha democrática y por la justicia no cejó, y en 1998 el Congreso derogó las leyes de punto final y obediencia debida, con un proyecto que llevó la firma de Humberto Roggero, Carlos “Chacho” Álvarez y Federico Storani. En mayo del 2000, el juez federal Gabriel Cavallo dictó la primera sentencia declarando inconstitucionales los indultos y reabriendo las causas, y en noviembre del mismo año, la Cámara Federal avaló la sentencia de Cavallo. A partir de allí comienzan a reabrirse muchas y voluminosas causas contra los genocidas, como las de apropiaciones indebidas de hijos de desaparecidos; la del Primer Cuerpo de Ejército, etcétera.

Luego de esos años de puja espiralada por verdad y justicia, vinieron los extraños tiempos kirchneristas. Los K propusieron y lograron que el Congreso sancionase una ley simbólica pero poco eficiente. “Para la gilada”, digamos. Se trató de la nulidad absoluta e insanable de las leyes de obediencia debida y punto final. El Congreso no puede decretar nulidades, dicha actividad está reservada exclusivamente al Poder Judicial. Fue una fantochada, una pantomima con mero efecto mediático, mas no jurídico. Lo mismo que descolgar el cuadro del dictador Jorge Videla de la Escuela de Cadetes o entregar la ESMA para hacer un Museo. Cartón pintado.

Pero el kirchnerismo cerró un círculo realmente grosero y sangriento de retorno a la impunidad. Como primera medida, corrompió hasta sus cimientos a organismos de derechos humanos que fueron símbolo de la lucha contra los dictadores, organismos inobjetables hasta que el dinero sucio y la administración fraudulenta los llevaron al peor deterioro de su imagen frente a la sociedad. Luego, y por otro lado, persiguieron, maltrataron o ignoraron a los pueblos originarios, especialmente en norte de la Argentina, poniéndolos a merced de gobernadores dictatoriales, señores feudales abusivos y superpoderosos, pero vinculados inescindiblemente al poder central, que avaló por acción u omisión, sus procederes.

Cercenó o intentó hacerlo en todo momento, la libertad de expresión y prensa, como jamás antes había ocurrido desde la dictadura; manipuló y presionó al Poder Judicial para deteriorar su imagen, dinamitar sus potestades o amedrentar a sus magistrados, y en otros casos hizo caso omiso a sus sentencias, directamente.

Ahora con el general César Milani obteniendo el aval del Poder Legislativo, el círculo rojo de sangre y dolor, se cierra, para volver al punto de comienzo. Un militar investigado por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad durante aquel genocidio. Avalando o actuando personalmente, Milani bien podría estar implicado en la desaparición y muerte de al menos dos personas. ¿Por qué lo avala el gobierno. Simplemente porque Milani le garantiza el control de la inteligencia militar, que si bien está prohibida por ley dentro del territorio argentino, ya sabemos lo poco que cualquier ley significa para los K. En síntesis Milani les es útil, y por ende, los proclamados derechos humanos pasan a importar tres belines, los muertos, los desaparecidos y los torturados, también.

Muchos kirchneristas me han dicho, cuando en intercambios de ideas uno les mencionaba a Ricardo Jaime o a Amado Boudou, que “son sapos que tenemos que comernos para la transformación de la Argentina”. ¿Cómo cuaja ese argumento con Milani? ¿Cuál es la necesidad para “la transformación” de que un general con un pasado relacionado con la desaparición de personas conduzca las fuerzas armadas? ¿No existen otros generales con pasado menos dudoso, por no decir turbio? ¿Dónde está el límite a la ingesta de batracios? Aquellos que se “tragaron” a Jaime y Boudou, ¿se tragarán a Milani? Si es así, antes mentían, porque en este caso, no hay ninguna necesidad, salvo la del gobierno de controlar cierta inteligencia que uno sospecha que también es irregular.

Milani cerró el círculo rojo, el de la sangre, el que nos devuelve al principio. Su nominación está en la línea de la frase de la inmaculada señora Estela de Carlotto, cuando preguntada sobre los muertos en los saqueos, dijo que “habría que ver quiénes eran”, el “algo habrán hecho” versión 2013, algo inesperado en una madre y abuela de desaparecidos, también contaminada por el kirchnerismo.

El general del recontraespionaje y la señora Carlotto dieron la vuelta completa. Los que murieron, los que sufrieron, los torturados, los hijos; lo digan o no, lo reconozcan o no, prefieran olvidarlo para disfrutar las mieles del dinero K, o no; todos ellos saben que el círculo de sangre se cerró, que volvimos al principio, que no hay Justicia ni paz, y saben a quienes se lo deben.

Lo primero que hay que decir es que el Poder Ejecutivo es “unipersonal”. El vicepresidente no es parte de él. Pero tampoco es un legislador. La figura es más bien un híbrido jurídico que cumple el rol de “suplente”. Su trabajo habitual es presidir el Senado, y el extraordinario, suplantar al presidente. De tal manera, el vicepresidente de la Nación solamente será “Poder Ejecutivo” cuando las circunstancias descriptas por la Constitución lo lleven a suplantar al presidente. Sería el caso de Amado Boudou ante esta ausencia de Cristina Fernández.

En este contexto no juega rol alguno la Ley de Acefalía, porque la Constitución misma prevé el mecanismo de forma explícita y operativa. A todo evento, la función la desempeña el vice. Ahora bien, muchas de las inquietudes recibidas tienen que ver con la particular situación justamente de Boudou. A diferencia de otros vice, el actual tiene algunos temitas por resolver. Detenta la friolera de 54 causas judiciales, y tiene pendiente un pedido de juicio político, basado en una de esas 54 causas, en la Cámara de Diputados.

Esto de por sí no implica nada. En ninguno de esos 54 expedientes penales se ha llegado ni siquiera al punto de convocarlo a declaración indagatoria, por ende se encuentra muy lejos de alcanzar ni tangencialmente, el primer tercio de un proceso penal, que es el auto de procesamiento. En esa inteligencia, los 54 expedientes bien podrían ser 54 denuncias inmotivadas, donde ni Boudou personalmente ni en su calidad de funcionario público, haya cometido ningún delito que haga presumir la falta de idoneidad para ejercer el cargo.

Muchas de estas causas tienen ya, al menos un par de años, y se encuentran en esa situación, digamos anodina jurídicamente. Y resulta indiferente si esto es así porque no hay pruebas suficientes para avanzar o porque algunos jueces prefieren por ahora llevarlas a paso de tortuga para no tener problemas con el gobierno. Esa es la realidad y en tal contexto, el vice está plenamente habilitado para ejercer el rol.

Respecto a los planteos por el mencionado pedido de juicio político hay que hacer una diferenciación. Desde el punto de vista jurídico, fue presentado en marzo de 2012. A efectos de que no pierda “estado parlamentario” (condición para ser tratado), fue representado en 2013. Y si se quisiese mantener con posibilidades de avanzar con él, en 2014, habría que representarlo otra vez. Hoy, a solamente un mes y medio de terminado el año legislativo (30 de noviembre), se está a días de que la iniciativa caiga.

Desde la faz política, es imposible que sea tratado ni siquiera en comisión, dadas las mayorías que maneja el Frente para la Victoria. Sobre 31 miembros que tiene la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados (encargada de llevar adelante la acusación en un proceso como éste), 16 de ellos pertenecen al Frente para la Victoria, e incluso alguno más a bloques constantemente aliados como el Frente Cívico por Santiago o Nuevo Encuentro. Así que, más allá del resultado electoral de octubre, hasta el 10 de diciembre al menos, a nadie se le va a ocurrir tratar el delicado tema.

Luego viene el receso del Congreso hasta el 1º de marzo y, aun en caso de llamarse a sesiones extraordinarias, el temario lo fija el Ejecutivo, y los legisladores no pueden correrse de él, por más mayorías que tengan. De modo que el horizonte más acelerado consistiría en que el proyecto de juicio político al vicepresidente empiece a tratarse en Comisión en marzo de 2014. Con los ritmos políticos argentinos, de acá a seis meses, podríamos ser una provincia de Sudán o la capital de Alemania.

En ese contexto temporal, y dado que la presidente podría estar recuperándose de su cirugía entre 90 y 120 días, pierde coherencia hablar de la aplicación de la Ley de Acefalía. Para los “adelantados” que pretenden conocer un escenario futuro, totalmente hipotético y eventual e insisten con el tema, debe decirse que: si la presidente quisiese extender su licencia por más largo tiempo para recuperarse mejor, y se tomase, digamos, 8 meses, y en ese lapso el vicepresidente fuere procesado en algunas de las causas que tiene y evolucionase el proceso de juicio político en su contra (todas hipótesis al menos disparatadas, pero bueno, esto es Argentina, la tumba de las teorías políticas); y en tal lógica, el vicepresidente en ejercicio del Ejecutivo fuese, hipotéticamente suspendido, en principio, recién allí comenzaría a jugar un rol la ley 20.972 modificada (de Acefalía), donde se establecen mecanismos provisorios para que el presidente provisional de Senado primero, el presidente de la Cámara de Diputados luego (si el anterior defecciona o es inhábil) y el presidente de la Corte Suprema en tercer orden; se hagan cargo del Poder Ejecutivo, deban convocar a Asamblea Legislativa y ésta designe a un funcionario con el cargo de legislador nacional o gobernador de provincia para concluir el mandato.

Cabe establecer en el marco de esta descabellada hipótesis, que además, para que todo esto se desarrolle, la presidente no solamente debería estar “de licencia”, sino imposibilitada de seguir ejerciendo su cargo, de lo contrario, cualquiera de esos funcionarios especificados en el párrafo anterior llevarían adelante el Ejecutivo sólo de manera provisoria, hasta que esta retome el ejercicio de sus funciones.

La Argentina es un país institucionalmente serio, por más que políticamente sea un cambalache. Los mecanismos jurídicos no constituyen un sainete para que cualquiera haga lo que quiera. Hay un orden jurídico preciso y minucioso, con un presidencialismo acentuado, y bien protegido por el sistema legal, preservándose la idea madre, que es que los gobiernos elegidos por el pueblo, deben terminar sus mandatos salvo circunstancias especialísimas. Con el cuadro actual, ambiciosos abstenerse, a prepararse para 2015 y ganarse la confianza del pueblo como corresponde.

Especialmente desde el advenimiento de Cristina Fernández de Kirchner, la figura del General Perón no ha jugado un papel relevante, ni es mencionada como antecedente en “el relato”. Sí, es cierto, se rescata con cierta asiduidad la figura de Eva Perón, y algunos iconos setentistas, pero no la del propio Perón. La presidente, de hecho, casi no lo ha mencionado públicamente.

Incluso en las boletas para la próxima elección, a las tradicionales caras de Perón y Evita juntos que suelen incluir las papeletas del Justicialismo, se le ha agregado, del otro lado, un símbolo similar, pero con la cara de Néstor Kirchner. A la misma altura y con el mismo tamaño, como una nueva simbología.

Tampoco puede extraerse del análisis que pese a contar con el control completo y total del Partido Justicialista en todo el país, el kirchnerismo nunca ha ido a elecciones con él. Siempre ha sido el “Frente para la Victoria”, dándole a su instrumento electoral el nombre de uno de los pequeños partidos que integran esa alianza, el Partido de la Victoria. Cuando bien pudo usar el nombre, por ejemplo, de Frente Justicialista.

Desde los sectores de la oposición que la prensa, a fin de simplificar el mensaje, designa como “peronistas”, puede observarse una todavía más profunda lejanía del peronismo. Francisco De Narváez se llama a sí mismo “peronista”, pero lo cierto es que no existen ni en sus publicidades, ni en sus símbolos, ni tampoco en su discurso, referencias al peronismo.

Quien intenta jugar el papel de opositor moderado y unificador del “peronismo”, Sergio Massa, no usa ninguna simbología vinculada a Perón o Evita, o a sus logros o bondades. En su primer acto de campaña, se observaba una estética bastante moderna y aséptica, similar a la adoptada habitualmente por el PRO, clara y cuidadosamente estudiada por algún gurú del marketing, con un logo de campaña nada peronista (se veía por todos lados ­­+a por Massa). Nada de marcha alusiva, ni “que grande sos”.

Eso en Provincia de Buenos Aires. En Capital Federal no se observan vestigios de peronismo. Salvo en algún local de Propuesta Peronista del vicepresidente primero de la Legislatura Cristian Ritondo, a los que los militantes llaman “básicas” (por unidades básicas el nombre histórico de los locales justicialistas) y en los que se ve (no en todos) alguna fotografía de Perón rodeada del color amarillo que distingue al PRO, no hay otras identificaciones peronistas, más allá de las boletas de votación de Daniel Filmus que tienen la misma lógica ya descripta de todo el Frente para la Victoria.

Solamente aquellos sectores con fuerte impronta sindical mantienen un alto grado de simbología peronista y prometen rescatar los valores del justicialismo tradicional. Usan en sus actos grandes fotografías de los viejos líderes, y vuelcan en sus discursos algunos conceptos a la usanza tradicional, sin profundizarlos demasiado.

¿Qué pasa con el peronismo? ¿Se agotó? Incluso los que se llaman a sí mismos peronistas, ¿creen que serlo es “piantavotos? Una de las cosas que debe reconocerse es que el paso del tiempo es inexorable, y que las figuras políticas relevantes se desdibujan con él. Incluso cuando sus participaciones en la vida pública hayan sido superlativas, sus medidas, propuestas o improntas son acomodadas a su época, tal vez con una visión de futuro, pero nunca eternas. Posiblemente si Perón, Yrigoyen o incluso Mariano Moreno viviesen hoy, sus ideas base serían las mismas que en sus tiempos, pero su aplicación, instrumentación e incluso su “puesta en escena” serían muy diferentes.

También es cierto que cuando los procesos políticos son muy personalistas, el mero paso del tiempo diluye el liderazgo. El Perón profundamente transformador de 1950 sólo es conocido por gente que hoy tenga más de 73 años. Porque para saber medianamente de qué se trataba, sentir con cierta lucidez el imán del líder, debía tenerse al menos 10 años a 1950. Si a eso se suma que las estadísticas electorales indican que en 2015 la mitad de los electores tendrán menos de 40 años, la dilución del peronismo es lógica y casi obvia.

El Perón posterior, el que algunos podemos recordar con cierta nitidez, fue el que volvió en los ’70, con un país diferente, con problemáticas distintas y un grado de conflictividad que el General no pudo resolver. No es un peronismo “para recordar” como la base de un diseño político futuro.

¿Esto quiere decir que murieron las ideas del peronismo? Por cierto que no. Al menos no muchas de ellas que resultaron fundacionales, como el concepto de justicia social, por ejemplo. Sin embargo, hoy forman parte de un “diseño” de plexo de derechos mucho más ampliado, al que llamamos con mayor precisión ”derechos humanos“. Y ese esquema se ha desarrollado con tanta velocidad en los últimos 50 años que ha subsumido, por ejemplo, a los derechos de los trabajadores dentro de ellos. Nadie puede negar hoy la necesidad de respetar y profundizar los derechos humanos. Pero toda la ideología peronista gira alrededor de una porción de tales derechos. En ese sentido, la frase de Perón, “peronistas somos todos”, fue una lectura del futuro.

Más allá de que se haga en mayor o menor medida, con un matiz o con otro, ninguna expresión política de estos tiempos, con alguna aspiración de alcanzar el mandato popular, puede negar la necesidad de la existencia del derecho del trabajo por ejemplo, que expresa mecanismos de equidad jurídica entre el más débil, el trabajador, y el más fuerte, el empleador. Ni tampoco la necesidad de que existan mecanismos de generación de empleo en condiciones dignas, o de proteger las fuentes de trabajo nacionales, o el derecho de huelga o las potestades de los trabajadores de agremiarse y defender todos juntos sus reclamos.

Pero eso será, en todo caso, el aporte histórico que el peronismo hizo a los argentinos. No forma parte de una batalla actual, ya es una conquista inalienable, pero pasada. Por eso no integra los discursos de campaña, así como tampoco están en la escenografía de campaña los iconos de aquellos logros.

Antes del advenimiento del kirchnerismo, hubo otra expresión política que dio el primer paso en este proceso de “disolución” del peronismo. Fue el menemismo, que entremezcló en sus filas sectores devenidos de fuerzas políticas que en nada coincidían con la doctrina peronista, como la por entonces pujante UCeDe. Y esa mixtura al menos extraña generó secuelas, no fue un hecho momentáneo. Tanto es así que muchas figuras “peronistas” de hoy provienen de aquella UCeDe. El propio Massa fue un militante juvenil del partido de Álvaro Alsogaray. Y si vamos al riñón kirchnerista, Amado Boudou, nada menos que el vicepresidente K, o Ricardo Echegaray, titular de la AFIP, provienen de la misma cuna.

Esto explica, por ejemplo, la estética massista del acto de lanzamiento. O la guitarra de Boudou en sus presentaciones. Algunos pueden decir que son pragmáticos. Yo creo que la mejor definición es que son híbridos, su origen es confuso, mestizo; salvo dentro de las organizaciones del movimiento obrero, no hay ya puros.

Todavía hay muchos dirigentes que ciertamente se reputan a sí mismos peronistas. Pero cuando uno los escucha hablar, queda claro que no son “de aquellos peronistas”. No tienen nada que ver. Uno sospecha, en realidad, que se hacen eco del mito popular de que “en este país sólo pueden gobernar los peronistas”, y que para sentir que tienen la posibilidad de acceder a espacios de poder, o crecer a partir de los que ya tienen, deben autodenominarse peronistas.

Desde tal idea, parece que ser peronista, por estos días, tiene más relación con el preconcepto social del supuesto modo que el peronismo tiene de ejercer el poder, que lo hace el único viable. “Me hago llamar peronista para que la gente sepa que yo puedo gobernar” o porque “me otorga un halo de persona decidida”. Pero el peronismo no es un “carácter”. Es una forma de pensar la política, una ideología. En todos los sectores políticos hay personas con carácter para ejercer el gobierno y tomar las decisiones y otras que no. Solamente por citar ejemplos: ¿que Daniel Scioli nunca termine de decidir qué hacer lo hace un estratega porque es supuestamente peronista, y a cualquier otro lo transformaría en un pelafustán porque no se autoproclame peronista? Lo mismo hubiese cabido en su momento a Carlos Reutemann.

De hecho, la sociedad se niega a recordarlo por algún mecanismo de psicología social intrincado, pero la Asamblea Legislativa de enero de 2002 nominó a Eduardo Duhalde para terminar el mandato de Fernando De la Rúa, hasta el 10 de diciembre de 2003. Y el poderoso cacique bonaerense fue incapaz de terminar ese mandato. Por un evento que costó la vida de dos personas en la Estación de tren de Avellaneda, adelantó 6 meses las elecciones y 8 la entrega del poder a Néstor Kirchner. Ese solo hecho debió dar por tierra con el mito de que solo los peronistas terminan sus mandatos. Duhalde, a quien nadie puede negarle su peronismo casi en estado puro, recibió manda constitucional por 23 meses y sintió la necesidad de abandonar ese mandato luego de sólo 15. La realidad es que entregó el poder tres meses antes que, por ejemplo, Raúl Alfonsín. En términos porcentuales, Alfonsín gobernó el 93% del mandato otorgado, mientras que Duhalde, peronista, solo llegó a cumplir el 65% del suyo, poco más que Fernando De la Rúa que aneas superó el 50% en un gobierno de coalición como era la Alianza, que también incluía peronistas disidentes, como el llamado Frepaso, del cual buena parte de sus cuadros eran de origen peronista.

Por ende, no es disparatado evaluar que buena parte de los dirigentes políticos que hoy se autopostulan como peronistas en realidad lo hacen para continuar el poco consistente mito popular que prescribe que solamente siendo peronista se puede ejercer el poder. Pero cuando se trata de la captación de voto, de buscar la identificación del elector con su idea o sus candidatos, se recurre a estéticas despojadas de peronismo, o diluidas, como el caso de la boleta del Frente para la Victoria, con el rostro de Kirchner.

¿Esto implica que murió el peronismo, que ya no existe? Depende de cómo se lo vea. El peronismo dejó su huella indeleble en la historia, grandiosa o nefasta, depende quién sea el observador, y no es tema de estas líneas esa evaluación, aunque el suscripto se inclina por valorar los extraordinarios logros que obtuvo a mediados del siglo pasado. Lo que sí parece quedar claro es que los protagonistas de la política de hoy no consideran al peronismo una matriz idónea para la captación del voto, y eso lo conduce inequívocamente a ocupar su destacadísimo lugar en la historia, y un espacio cada vez menos definitorio en el presente y futuro.