La democracia, que por definición es tolerante, ha perdido ese rumbo. No puede negarse que a la gente no se la mata por opinar diferente. El kirchnerismo alega que existe una enorme libertad de prensa en razón a ello: no hay muertos o torturados por opinar diferente. Pero la intolerancia K se ha ejercido de acuerdo al espíritu de los tiempos: no te secuestro pero te mando a la AFIP; no te cierro el diario pero sacó una ley con mis mayorías legislativas exclusivamente destinada a complicarte a subsistencia; no matan jueces en un esquina pero les pongo un Consejo de la Magistratura que los destituya a mi capricho.

En estos últimos diez años, el retroceso en materia de convivencia democrática ha sido incremental, y se ha reflejado en la retórica gubernamental, porque se ha ejercido el poder desde la división: ellos o nosotros, y ellos son todos aquellos que, en cualquier aspecto, disientan con nosotros, sea que no los geste nuestra corrupción, que no crean en nuestro discurso vacío en materia de derechos humanos, o que intenten explicar que se puede gobernar en el marco de la ley. Dice Alfonsín en ese mismo libro, pocos párrafos después: “toda mi actividad política buscó fortalecer la autonomía de las instituciones democráticas y fortalecer el gobierno de la ley, para que la ley y el estado de derecho estuvieran separados de cualquier personalismo”. Tanto el menemismo como (y especialmente) el kirchnerismo, gobernaron desde personalismos absolutos al margen de la ley en muchos casos.

El estado de derecho no consiste únicamente en seleccionar gobernantes mediante el voto. Es mucho más que eso. Implica además que esos gobernantes se sometan a la ley de todos, mecánica indispensable de la soberanía del pueblo. Durante este 2013, casi todo el año, se produjo una prolongada batalla político-social para sostener la vigencia de las instituciones de la República, mientras los gobernantes seleccionados por el pueblo trataban de darle vida a una ley abiertamente inconstitucional para reformar el modo de selección de los miembros del Consejo de la Magistratura y así manipular a su antojo el Poder Judicial.

La cosa terminó con un fallo de la Corte, que por cierto decretó la inconstitucionalidad de esta intentona. Pero se perdió todo el año, con la sociedad resistiendo una voluntad indeclinable del gobierno por violar la Constitución. ¡Un año entero tratando que un gobierno no viole la Ley Fundamental de todos! Un disparate, impensable en aquel 1983. En un país que claramente no tiene un año para perder, porque mucha gente muere de enfermedades fácilmente curables, padece hambre, miseria o marginalidad estructural, o es asesinada por las calles por 50 pesos. No puede perderse el tiempo en estas batallas obsoletas, mucho menos cuando se incentivan desde el gobierno, tanto como las divisiones.

La Argentina vive del ’83 para acá una especie de tobogán siniestro en el cual la política se ha alejado de la gente, cuando la política es la gente y no los 50 tipos que se adjudican su propiedad; se han profundizado las divisiones con un nivel de violencia (al menos en términos retóricos), típico de las peores épocas de nuestra historia; el avance de los niveles de corrupción es impensado y extraordinario; el desprecio por la ley del pueblo en beneficio de los sectores gobernantes se ha transformado en la mecánica de ejercicio de la administración, y se han manipulado y bastardeado cuestiones esenciales para la vida democrática, tales como el concepto de derechos humanos, en los que nuestra sociedad fue un maravilloso ejemplo en aquellas épocas.

Por cierto, sería ridículo pensar en volver al ’83. Era otro contexto, otro mundo, y el futuro no se construye en base a nostalgias. Ni siquiera para los que vivimos esa época con orgullo y ferocidad militante. Esta es otra realidad. Con similitudes, pero con características propias. Lo que es cierto es que, como entonces, hay que reconstruir la institucionalidad y si algo debe tomarse del espíritu de aquella época, es la búsqueda del respeto irrestricto por la ley, empezando por quienes deben llevar adelante la administración; y siguiendo por la enorme vocación social de esos tiempos, tan deseable ahora, de volcarse a las calles a reclamar y exigir por nuestros derechos.

Un pueblo conocedor de sus derechos y su soberanía exclusiva, haciéndolos respetar a rajatabla, controlando al príncipe, reclamando información. Una sociedad consciente de que la utopía del gobierno de la ley, tiene ese carácter porque no hemos hecho lo suficiente y del modo correcto. La utopía como fin tiene un rol social, empuja al grupo hacia la meta. Y uno se sorprende cuando observa cómo, a lo largo de la historia, tantas se han hecho realidad. La utopía del gobierno del pueblo, por y para el pueblo, es posible, y como siempre, depende de nosotros.

Más allá de la cuestión religiosa, el Papa es un líder político, un jefe de Estado. Y fue puesto allí por un grupo importante de los referentes más encumbrados de la Iglesia, con el fin de promover una profunda reforma. Por ende Francisco no la tiene fácil. Debe cambiar la vieja y ya insostenible costumbre de los sectores que hasta su advenimiento controlaron la Iglesia, de ocultar sus propias miserias y apañar a los sacerdotes que no hacen honor a su investidura. Debe cambiar la imagen de una Iglesia cerrada y oscurantista y debe ordenar los números del Banco Vaticano, lo que le granjea poderosos y numerosos enemigos.

Y el nuevo Papa decidió hacerlo con transparencia, con humildad, con el ejemplo y hasta con esa pícara alegría de nuestras tierras. Su misión, insisto, es profundamente compleja, porque Francisco es un reformador, no un revolucionario. Y el papel del reformador es extremadamente más complejo que el del conservador y que el del revolucionario. Porque a diferencia del primero debe modificar el status quo vigente, algo siempre más difícil que mantenerlo como está; pero a diferencia del segundo no puede hacerlo destruyendo todo, tiene que mantener equilibrios porque debe hacer que sobrevivan las estructuras para purificarlas y modificar su funcionamiento.

El contraste puede resultar amañado lo confieso, pero uno es amañado así que vía libre. En la Argentina asistimos a una concepción del liderazgo totalmente diferente. Especialmente desde que Cristina Fernández es la líder del Estado. Su antecesor y difunto marido, si bien confrontativo, utilizaba más la simpatía y la picardía chicanera que nos es propia, para disputar con sus rivales. La actual presidenta se coloca en un lugar de furioso enojo constante, de ira incontrolada, de desprecio al que piensa diferente, de castigo brutal incluso al propio que manifiesta alguna disidencia.

El líder enojado, feroz, se identifica más con los Estados autoritarios que con los democráticos. Es el líder temible, no el que busca votos, sino el que pretende que la disidencias no se vean expuestas porque la comparación lo perjudica. Por eso persigue, con la AFIP, con la SIDE o con lo que tenga a mano, para acallar y evitar el debate.

Los autoritarios sojuzgan, anulan a la prensa libre, agravian y maltratan. El que piensa distinto debe ser perseguido, castigado y fundamentalmente acallado y ridiculizado si es posible.

Quien ejerce el liderazgo de ceño fruncido, jamás retrocede ni admite errores. Lo ocurrido con el General César Milani es un claro ejemplo. Cristina puso otra vez en juego el prestigio de su gobierno con él. Cuando el discurso de derechos humanos es uno de los pilares fundamentales de su política, lo dejó de lado al nominarlo jefe del Ejército. Expuso a muchos organismos otrora prestigios en el área, como Abuelas de Plaza de Mayo, a acompañarla en el impulso a un colaboracionista del genocidio, y cuando uno de estos organismos (el CELS) planteó su rechazo, de todos modos lo sostuvo y lo defendió por cadena nacional.

No nos engañemos, el pliego de Milani no se retiró del Senado por el informe del CELS, se retiró porque ese informe sirvió de excusa a varios senadores K para comunicar que iban a votar en contra. La sesión se cayó porque el kirchnerismo perdía, no porque el CELS estuviese en contra y “Cristina escuchó”. Lo demostró en la encendida defensa del general que hizo por cadena nacional. Ocurrió lo mismo que con el fallido candidato a procurador Daniel Reposo. A sabiendas de que era impresentable, la presidente lo impulsó igual, y decidió retirarlo cuando varios senadores “de su palo” comunicaron que no le darían el aval.

¿No hubiese sido mucho más sencillo para Cristina reconocer el error? “Ciudadanos, habida cuenta de los informes que nos acercan organismos de derechos humanos sobre el general Milani y dado que la política de derechos humanos de este gobierno es su base fundacional, existiendo un estado de sospecha razonable sobre su actuación en tiempos de represión ilegal, vamos a preservar las instituciones. Acepté la dimisión de Milani como jefe del Ejército para que no existan dudas sobre la vocación humanista de esta administración”. Ese simple párrafo hubiese sido un acto de liderazgo democrático por parte de la presidente.

La sociedad hubiese leído “me equivoqué, me avisaron y corrijo” ¿Dónde está el deshonor o la pérdida de poder en esto? Al contrario hubiese implicado un grado de racionalidad más que deseable. Escuchar a otros nos hace fuertes no débiles. El que piensa distinto, o puede ver la realidad con mejor información o desde otro ángulo, nos enriquece. ¿Cómo mejoramos si todos siempre nos dan la razón? Pero la presidente respondió con más enojo. Repitió su frase sobre rulos y algún otro mohín de los clásicos.

Se puede liderar como Francisco. De hecho, en una democracia tiene más lógica, porque uno testea su aprobación de modo bianual, mientras que el Papa reina hasta su muerte. El liderazgo furioso es para los Kadafi o los Dos Santos (Angola) que Cristina tanto admira pero que son dictadores. Maquiavelo escribió “El Príncipe” en otro contexto, justamente para un monarca, no para el jefe de Estado de una república democrática.

Pero no estaba loco, también escribió los “Discursos para la primera década de Tito Livio”, donde aconseja a un gobernante republicano que debe someterse al voto. Ese era el libro que había que leer.

Especialmente desde el advenimiento de Cristina Fernández de Kirchner, la figura del General Perón no ha jugado un papel relevante, ni es mencionada como antecedente en “el relato”. Sí, es cierto, se rescata con cierta asiduidad la figura de Eva Perón, y algunos iconos setentistas, pero no la del propio Perón. La presidente, de hecho, casi no lo ha mencionado públicamente.

Incluso en las boletas para la próxima elección, a las tradicionales caras de Perón y Evita juntos que suelen incluir las papeletas del Justicialismo, se le ha agregado, del otro lado, un símbolo similar, pero con la cara de Néstor Kirchner. A la misma altura y con el mismo tamaño, como una nueva simbología.

Tampoco puede extraerse del análisis que pese a contar con el control completo y total del Partido Justicialista en todo el país, el kirchnerismo nunca ha ido a elecciones con él. Siempre ha sido el “Frente para la Victoria”, dándole a su instrumento electoral el nombre de uno de los pequeños partidos que integran esa alianza, el Partido de la Victoria. Cuando bien pudo usar el nombre, por ejemplo, de Frente Justicialista.

Desde los sectores de la oposición que la prensa, a fin de simplificar el mensaje, designa como “peronistas”, puede observarse una todavía más profunda lejanía del peronismo. Francisco De Narváez se llama a sí mismo “peronista”, pero lo cierto es que no existen ni en sus publicidades, ni en sus símbolos, ni tampoco en su discurso, referencias al peronismo.

Quien intenta jugar el papel de opositor moderado y unificador del “peronismo”, Sergio Massa, no usa ninguna simbología vinculada a Perón o Evita, o a sus logros o bondades. En su primer acto de campaña, se observaba una estética bastante moderna y aséptica, similar a la adoptada habitualmente por el PRO, clara y cuidadosamente estudiada por algún gurú del marketing, con un logo de campaña nada peronista (se veía por todos lados ­­+a por Massa). Nada de marcha alusiva, ni “que grande sos”.

Eso en Provincia de Buenos Aires. En Capital Federal no se observan vestigios de peronismo. Salvo en algún local de Propuesta Peronista del vicepresidente primero de la Legislatura Cristian Ritondo, a los que los militantes llaman “básicas” (por unidades básicas el nombre histórico de los locales justicialistas) y en los que se ve (no en todos) alguna fotografía de Perón rodeada del color amarillo que distingue al PRO, no hay otras identificaciones peronistas, más allá de las boletas de votación de Daniel Filmus que tienen la misma lógica ya descripta de todo el Frente para la Victoria.

Solamente aquellos sectores con fuerte impronta sindical mantienen un alto grado de simbología peronista y prometen rescatar los valores del justicialismo tradicional. Usan en sus actos grandes fotografías de los viejos líderes, y vuelcan en sus discursos algunos conceptos a la usanza tradicional, sin profundizarlos demasiado.

¿Qué pasa con el peronismo? ¿Se agotó? Incluso los que se llaman a sí mismos peronistas, ¿creen que serlo es “piantavotos? Una de las cosas que debe reconocerse es que el paso del tiempo es inexorable, y que las figuras políticas relevantes se desdibujan con él. Incluso cuando sus participaciones en la vida pública hayan sido superlativas, sus medidas, propuestas o improntas son acomodadas a su época, tal vez con una visión de futuro, pero nunca eternas. Posiblemente si Perón, Yrigoyen o incluso Mariano Moreno viviesen hoy, sus ideas base serían las mismas que en sus tiempos, pero su aplicación, instrumentación e incluso su “puesta en escena” serían muy diferentes.

También es cierto que cuando los procesos políticos son muy personalistas, el mero paso del tiempo diluye el liderazgo. El Perón profundamente transformador de 1950 sólo es conocido por gente que hoy tenga más de 73 años. Porque para saber medianamente de qué se trataba, sentir con cierta lucidez el imán del líder, debía tenerse al menos 10 años a 1950. Si a eso se suma que las estadísticas electorales indican que en 2015 la mitad de los electores tendrán menos de 40 años, la dilución del peronismo es lógica y casi obvia.

El Perón posterior, el que algunos podemos recordar con cierta nitidez, fue el que volvió en los ’70, con un país diferente, con problemáticas distintas y un grado de conflictividad que el General no pudo resolver. No es un peronismo “para recordar” como la base de un diseño político futuro.

¿Esto quiere decir que murieron las ideas del peronismo? Por cierto que no. Al menos no muchas de ellas que resultaron fundacionales, como el concepto de justicia social, por ejemplo. Sin embargo, hoy forman parte de un “diseño” de plexo de derechos mucho más ampliado, al que llamamos con mayor precisión ”derechos humanos“. Y ese esquema se ha desarrollado con tanta velocidad en los últimos 50 años que ha subsumido, por ejemplo, a los derechos de los trabajadores dentro de ellos. Nadie puede negar hoy la necesidad de respetar y profundizar los derechos humanos. Pero toda la ideología peronista gira alrededor de una porción de tales derechos. En ese sentido, la frase de Perón, “peronistas somos todos”, fue una lectura del futuro.

Más allá de que se haga en mayor o menor medida, con un matiz o con otro, ninguna expresión política de estos tiempos, con alguna aspiración de alcanzar el mandato popular, puede negar la necesidad de la existencia del derecho del trabajo por ejemplo, que expresa mecanismos de equidad jurídica entre el más débil, el trabajador, y el más fuerte, el empleador. Ni tampoco la necesidad de que existan mecanismos de generación de empleo en condiciones dignas, o de proteger las fuentes de trabajo nacionales, o el derecho de huelga o las potestades de los trabajadores de agremiarse y defender todos juntos sus reclamos.

Pero eso será, en todo caso, el aporte histórico que el peronismo hizo a los argentinos. No forma parte de una batalla actual, ya es una conquista inalienable, pero pasada. Por eso no integra los discursos de campaña, así como tampoco están en la escenografía de campaña los iconos de aquellos logros.

Antes del advenimiento del kirchnerismo, hubo otra expresión política que dio el primer paso en este proceso de “disolución” del peronismo. Fue el menemismo, que entremezcló en sus filas sectores devenidos de fuerzas políticas que en nada coincidían con la doctrina peronista, como la por entonces pujante UCeDe. Y esa mixtura al menos extraña generó secuelas, no fue un hecho momentáneo. Tanto es así que muchas figuras “peronistas” de hoy provienen de aquella UCeDe. El propio Massa fue un militante juvenil del partido de Álvaro Alsogaray. Y si vamos al riñón kirchnerista, Amado Boudou, nada menos que el vicepresidente K, o Ricardo Echegaray, titular de la AFIP, provienen de la misma cuna.

Esto explica, por ejemplo, la estética massista del acto de lanzamiento. O la guitarra de Boudou en sus presentaciones. Algunos pueden decir que son pragmáticos. Yo creo que la mejor definición es que son híbridos, su origen es confuso, mestizo; salvo dentro de las organizaciones del movimiento obrero, no hay ya puros.

Todavía hay muchos dirigentes que ciertamente se reputan a sí mismos peronistas. Pero cuando uno los escucha hablar, queda claro que no son “de aquellos peronistas”. No tienen nada que ver. Uno sospecha, en realidad, que se hacen eco del mito popular de que “en este país sólo pueden gobernar los peronistas”, y que para sentir que tienen la posibilidad de acceder a espacios de poder, o crecer a partir de los que ya tienen, deben autodenominarse peronistas.

Desde tal idea, parece que ser peronista, por estos días, tiene más relación con el preconcepto social del supuesto modo que el peronismo tiene de ejercer el poder, que lo hace el único viable. “Me hago llamar peronista para que la gente sepa que yo puedo gobernar” o porque “me otorga un halo de persona decidida”. Pero el peronismo no es un “carácter”. Es una forma de pensar la política, una ideología. En todos los sectores políticos hay personas con carácter para ejercer el gobierno y tomar las decisiones y otras que no. Solamente por citar ejemplos: ¿que Daniel Scioli nunca termine de decidir qué hacer lo hace un estratega porque es supuestamente peronista, y a cualquier otro lo transformaría en un pelafustán porque no se autoproclame peronista? Lo mismo hubiese cabido en su momento a Carlos Reutemann.

De hecho, la sociedad se niega a recordarlo por algún mecanismo de psicología social intrincado, pero la Asamblea Legislativa de enero de 2002 nominó a Eduardo Duhalde para terminar el mandato de Fernando De la Rúa, hasta el 10 de diciembre de 2003. Y el poderoso cacique bonaerense fue incapaz de terminar ese mandato. Por un evento que costó la vida de dos personas en la Estación de tren de Avellaneda, adelantó 6 meses las elecciones y 8 la entrega del poder a Néstor Kirchner. Ese solo hecho debió dar por tierra con el mito de que solo los peronistas terminan sus mandatos. Duhalde, a quien nadie puede negarle su peronismo casi en estado puro, recibió manda constitucional por 23 meses y sintió la necesidad de abandonar ese mandato luego de sólo 15. La realidad es que entregó el poder tres meses antes que, por ejemplo, Raúl Alfonsín. En términos porcentuales, Alfonsín gobernó el 93% del mandato otorgado, mientras que Duhalde, peronista, solo llegó a cumplir el 65% del suyo, poco más que Fernando De la Rúa que aneas superó el 50% en un gobierno de coalición como era la Alianza, que también incluía peronistas disidentes, como el llamado Frepaso, del cual buena parte de sus cuadros eran de origen peronista.

Por ende, no es disparatado evaluar que buena parte de los dirigentes políticos que hoy se autopostulan como peronistas en realidad lo hacen para continuar el poco consistente mito popular que prescribe que solamente siendo peronista se puede ejercer el poder. Pero cuando se trata de la captación de voto, de buscar la identificación del elector con su idea o sus candidatos, se recurre a estéticas despojadas de peronismo, o diluidas, como el caso de la boleta del Frente para la Victoria, con el rostro de Kirchner.

¿Esto implica que murió el peronismo, que ya no existe? Depende de cómo se lo vea. El peronismo dejó su huella indeleble en la historia, grandiosa o nefasta, depende quién sea el observador, y no es tema de estas líneas esa evaluación, aunque el suscripto se inclina por valorar los extraordinarios logros que obtuvo a mediados del siglo pasado. Lo que sí parece quedar claro es que los protagonistas de la política de hoy no consideran al peronismo una matriz idónea para la captación del voto, y eso lo conduce inequívocamente a ocupar su destacadísimo lugar en la historia, y un espacio cada vez menos definitorio en el presente y futuro.

Como primera medida, debe decirse que el gobierno no puede aplicar esta ley porque es una ley penal, no una ley que determina un proceso administrativo. No la aplica el Poder Ejecutivo, sino el Poder Judicial, más precisamente el fuero penal federal. Es decir, lo único que el gobierno podría hacer es denunciar, con nombre y apellido, a los productores agropecuarios que a su criterio, estén cometiendo un delito; y será un juez el que determine si el mismo realmente existe.

Es cierto que el gobierno controla a un grupo importante de jueces federales, y que la “bolilla” de los sorteos suele caer siempre en el mismo, uno bastante afín al gobierno, con lo cual en definitiva, la denuncia podría tener efectos bastante similares a aplicar.

Desde lo jurídico, la ley antiterrorista es esencialmente la configuración de un nuevo agravante. El Código Penal en su artículo 40 establece que los tribunales fijarán las penas, dentro del monto establecido por la ley (por ejemplo de 8 a 25 años) de acuerdo a la existencia de circunstancias atenuantes y agravantes que presente cada caso. Y luego, el artículo 41 en adelante, menciona esas circunstancias.

El agravante del artículo 41 quinques, que es el que incorpora la ley anti terrorista, es sustancialmente distinto a los demás, porque a diferencia del resto, es genérico e impreciso. Por ejemplo el artículo 41 bis, explica que será un agravante, cuando alguno de los delitos descritos en el Código se lleve a cabo mediante violencia o intimidación con el uso de un arma de fuego. Dicha situación es absolutamente precisable. El delincuente amenazó con un arma, o no lo hizo, no hay margen interpretativo. También como ejemplo, el artículo 41 quater dice que si en la comisión de un delito hubiesen participado menores de 18 años, los mayores participantes junto a ellos, tienen pena agravada. Situación también totalmente objetiva: tienen más o menos de 18 años, no hay margen interpretativo.

Ahora bien, al agravante que incorpora la ley antiterrorista en el artículo 41 quinques es absolutamente difuso, genérico, pasible de interpretaciones y dependiente de la intencionalidad del magistrado que aplique la norma. Dice: “cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población”. ¿Cómo se define eso? ¿Un hurto simple cometido por una persona con una careta de Videla hace al autor acreedor al agravante? ¿Qué cosas aterrorizan a la población? ¿La difusión de la leyenda del chupacabras es aterrorizante? ¿No liquidar los granos genera terror? Claramente, existe una libertad casi obscena entregada al juez de la causa, sobre la interpretación de que conductas son aterrorizantes y cuáles no.

La ley incorpora también un tipo penal, pero siempre dependiente de la interpretación de “aterrorizar” que haga el magistrado. Dice en el artículo 306 del Código Penal que es pasible de penas de entre 5 y 15 años el que directa o indirectamente recolectare bienes o dinero con los fines del mencionado artículo 41 quinques, es decir “aterrorizar a la población”. Con lo cual todo depende del mismo difuso término, que puede conducir incluso al condicionamiento de la mismísima difusión del pensamiento.

En el caso de los productores agropecuarios y de otras actividades económicas, ¿Cuál es el límite entre la libertad de trabajo y empresa constitucionalmente protegidas y una eventual interpretación amañada del terror público? Si yo retiro momentáneamente  mi casa de la venta porque el precio de mercado no me conviene y espero mejor ocasión ¿estoy causando un daño a las arcas del Estado que van a ver demorada la percepción de las tasas de la operación, o estoy simplemente ejerciendo mi derecho de propiedad?.

A mayor escala, si los productores “sojeros” no venden SUS insumos porque consideran que el precio no es conveniente, y tal acción no pone en riesgo los empleos de sus trabajadores ni el abastecimiento del mercado interno, ¿cuál sería el delito? El mencionado artículo 41 quinques, dice que el mismo agravante es aplicable cuando la acción esté destinada a obligar a las autoridades a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Ahora bien, los grupos de ciudadanos constantemente negocian con las autoridades y en muchos casos condicionan a las mismas mediante determinadas acciones. El paro casi eterno de docentes en la Provincia de Buenos Aires en la búsqueda de mejores salarios, ¿es un acto susceptible de la aplicación de la ley anti terrorista? Porque lo que buscan es que las autoridades hagan algo que de otro modo no harían, que es pagarles más. ¿O su acción se inscribe en el derecho de huelga constitucionalmente protegido?.

No estoy muy al tanto sobre que buscan los “sojeros” cuando no venden sus productos como quisiese el gobierno, pero seguramente está relacionado con una reducción de la carga impositiva a la exportación. Ahora bien, es SU soja. Venderla o no, es SU derecho. El ejercicio de ese derecho, ¿aterroriza a la población? No veo como.

¿Condiciona al gobierno? Posiblemente, porque se ve privado de percibir el impuesto, pero ¿puede constituir esto un delito? No se me ocurre ninguna otra situación donde un propietario de algún bien este obligado a venderlo al mercado externo bajo pena de prisión. Y aún cuando esa “no venta” sea utilizada como herramienta de negociación con los poderes públicos en la búsqueda de aminorar una carga impositiva, ¿en qué se diferencia de quien retira su casa de la venta a la espera de un mejor precio de mercado?

La llamada ley anti terrorista padece una serie de defectos de gravedad institucional. Entre ellos, el mencionado término “aterrorizar” que permite un grado de discrecionalidad al magistrado demasiado amplio. Y por otro, pone en constante colisión libertades y derechos individuales constitucionalmente tutelados contra intereses coyunturales del gobierno de turno. Bien podría ser objeto de un planteo de inconstitucionalidad en caso de pretender aplicarse a determinadas circunstancias.