Más allá de las necesarias conmemoraciones el medio ambiente está contemplado en nuestras leyes. El artículo 41 de nuestra Constitución Nacional nos otorga importantes derechos y obligaciones: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.

En ese sentido, nuestra ley suprema nos interpela a todos como ciudadanos responsables, desde el punto de vista moral y legal, por los impactos ambientales que puedan generar nuestras acciones. 

La cuestión ambiental es una preocupación que excede desde hace tiempo a los ecologistas: cada vez más políticos, gobiernos y empresas plantean la necesidad de que las actividades productivas sean sustentables.

Es así que, dentro de sus programas de Responsabilidad Social Empresaria, muchas compañías incluyen la sustentabilidad ambiental como uno de sus principales valores.

Sin embargo, existen casos donde las compañías realizan actividades cuya finalidad es hacer marketing y maquillaje verde, pero que no implican un cambio ambiental profundo en su modo de producción. Lamentablemente varias empresas, a pesar del evidente colapso ambiental en el que nos encontramos, insisten con un modelo de desarrollo obsoleto, donde la cuestión ambiental está ausente.

Es el caso de uno de los treinta grupos empresarios más grandes del país que pretenden desmontar en Salta más de 6 mil hectáreas de bosques protegidos por la Ley Nacional de Bosques.

Es claro que la expansión de las actividades de empresas como Molino Cañuelas y Compañía Argentina de Granos, puede realizarse sin desmontar esa finca. No alcanza con argumentar que cuentan con la autorización del gobierno salteño y que se va a realizar un “desmonte cuidado y responsable, que no afecte el ecosistema”.

Cabe preguntarse entonces, qué espera la Secretaría de Ambiente de la Nación para garantizar que el gobierno de Salta cumpla con una ley nacional sancionada por el reclamo de un millón y medio de argentinos; y si otorgará el BID un préstamo por 75 millones de dólares a una empresa que va a deforestar donde la ley no lo permite.

Los bosques concentran la mitad de la biodiversidad terrestre. De ellos obtenemos bienes y servicios indispensables para nuestra supervivencia, como alimentos, maderas y medicamentos. Juegan un papel fundamental en la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua y la conservación de los suelos. Y son el hogar y sustento de miles de familias campesinas e indígenas.

Por todo esto, los bosques son posiblemente nuestro patrimonio natural más valioso. Es allí donde de empresas y gobiernos deben accionar, protegiendo lo que es de todos y para todos.

En una de las provincias con mayor nivel de deforestación del país, motorizada principalmente por la expansión descontrolada de la soja y la ganadería intensiva, ni siquiera una ley nacional es suficiente para proteger sus últimos bosques nativos.

Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2002 la superficie desmontada en la provincia fue de 194.389 hectáreas; pero entre 2002 y 2006 se duplicó y alcanzó 414.934 hectáreas.

A pesar de asumir como gobernador prometiendo “se acabó el festival de desmontes en Salta”, Juan Manuel Urtubey continúa con la política de tierra arrasada de su antecesor Juan Carlos Romero: desde la sanción de la Ley de Bosques (fines de 2007) se deforestaron más 350.000 hectáreas; de las cuales más de 100.000 eran zonas protegidas.

Cabe advertir que el avance de las topadoras está afectando seriamente a las comunidades campesinas e indígenas que vienen denunciando, sin ser escuchadas, el aumento de los desmontes en sus territorios. Lo más grave de esta situación es que es el propio gobierno provincial quien está autorizando deforestar donde no está permitido, cambiando la zonificación establecida por la ley.

La modificación de leyes ambientales no puede significar un retroceso en los niveles de conservación alcanzados con anterioridad, por el contrario, debe incrementarlos. Retroceder atenta contra varios principios consagrados en la Ley General del Ambiente, como el “precautorio”, el de “equidad intergeneracional”, el de “progresividad” y el de “sustentabilidad”.

Como si fuera poco, el gobierno salteño anunció que planea cuadruplicar su stock ganadero para 2030, lo que implicará el desmonte de más de 3 millones de hectáreas de bosques protegidos por la normativa nacional.

La sanción de la Ley de Bosques fue un avance sin precedentes en materia ambiental y un ejemplo de la importancia de la participación de la sociedad civil para doblegar intereses económicos. Sin embargo, a seis años de su aprobación, su efectiva implementación enfrenta severas dificultades que deben ser resueltas. Está claro que en Salta, Urtubey aplica su propia ley.

El gobernador Urtubey dijo al asumir: “Se acabó el festival de desmontes en Salta”; y sin embargo continúa con la política de deforestación de su antecesor Juan Carlos Romero. Desde la sanción de la Ley de Bosques (28 de noviembre de 2007) en Salta se perdieron 350 mil hectáreas, 100 mil en zonas que debían ser preservadas de acuerdo a la legislación.

El Ejecutivo provincial realizó modificaciones al Ordenamiento Territorial, que delimita las áreas protegidas, a pedido de los empresarios del sector y los dueños de los predios, incumpliendo claramente la ley. Más grave aún es el hecho de que la mayoría de los desmontes fueron realizados en zonas protegidas por ley pero, además, en áreas donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación había ordenado suspender su ejecución, en respuesta a un amparo de indígenas y campesinos.

Estos desmontes, llevados a cabo a espaldas de la Justicia, afectaron seriamente a comunidades como las wichi de Cuchuy, Corralito, San José y Chaguaral, del departamento San Martín, entre otras.En la provincia no hay control de los desmontes ilegales. Desde la sanción de la ley nacional, Salta cuenta con un presupuesto importante para la protección de los bosques, y sin embargo las hectáreas arrasadas se multiplican. En ese sentido, resulta sumamente preocupante que durante los primeros meses de 2013 se haya desmontado ilegalmente una finca de 16.600 hectáreas (casi el tamaño de la ciudad de Buenos Aires) sin que ninguna autoridad provincial lo note. La falta de voluntad política del gobierno de Salta para aplicar la ley es evidente.

Por otra parte, el gobierno de Urtubey no adecuó a la normativa forestal los permisos otorgados especulativamente por el gobierno de Romero antes de la sanción de la Ley de Bosques, que afectaron a más de 400.000 hectáreas.

Un ejemplo de esto es el de la finca La Maravilla, cerca del límite con Bolivia: un desmonte de 17 mil hectáreas, para el cual se realizó la audiencia pública un mes antes de la aprobación de la ley. La pérdida de estos bosques, denunciada por Greenpeace en 2008, afectó el área de uso tradicional de las comunidades wichi de El Paraíso, Arenales, Monteveo y Tonono.

Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2002 se deforestaron en la provincia 194.389 hectáreas; entre 2002 y 2006 se duplicó la superficie desmontada y llegó a 414.934 hectáreas.

Como si estos datos no fueran suficientes, Salta anunció recientemente que busca cuadruplicar su stock ganadero para 2030; esto significa el desmonte de 3 millones de hectáreas de bosques nativos, teóricamente protegidos por la normativa nacional.