El Parque Nacional Calilegua, ubicado en la provincia de Jujuy, fue declarado por la Unesco zona núcleo de la Reserva de Biósfera de las Yungas y protege 76.306 hectáreas de uno de los ambientes de mayor biodiversidad de Argentina. Allí vive la mitad de las aves registradas en nuestro país, y especies en peligro de extinción, como el yaguareté.

Por lo menos tres leyes nacionales se violan al permitir la extracción de hidrocarburos en Calilegua; la ley de parques nacionales (22.351), la ley de bosques (26.331) y la ley de hidrocarburos (17.319). La de parques establece claramente en su artículo 4 que en estas áreas “está prohibida toda explotación económica con excepción de la vinculada al turismo”, mientras que en su artículo 5 veda “la exploración y explotación mineras; la instalación de industrias; la explotación agropecuaria, forestal y cualquier tipo de aprovechamiento de los recursos naturales”.

Por su parte, la ley de bosques determina en su artículo 9 que las zonas forestales de alto valor de conservación, como es el caso de Calilegua, “no deben transformarse”, ya que “ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad, aunque estos sectores puedan ser hábitat de comunidades indígenas y ser objeto de investigación científica”. Y la reglamentación de dicho artículo establece claramente que solo “podrán realizarse actividades de protección, mantenimiento, recolección y otras que no alteren los atributos intrínsecos, incluyendo la apreciación turística respetuosa”.

Finalmente, la ley de hidrocarburos en su artículo 79 dicta que son absolutamente nulos “los permisos y concesiones que se superpongan a otros otorgados con anterioridad o a zonas vedadas a la actividad petrolera”. Actividad que, dicho sea de paso, tiene un historial negro en materia de contaminación por accidentes. En ese sentido, es preocupante que la propia empresa a la que se otorgó la concesión para operar en Calilegua afirme en un estudio de impacto ambiental que existen riesgos de contaminación por derrames, incendios y derrumbes sobre más de 20.000 hectáreas, una superficie equivalente a toda la ciudad de Buenos Aires. Me pregunto cómo hace el gobernador Fellner para que tres leyes nacionales tan importantes no se apliquen en el caso del Parque Nacional Calilegua.

Por sus características geológicas, la zona en la que está ubicado Calilegua tiene una alta tasa de desmoronamientos, producto del tipo de suelos y de las abundantes precipitaciones registradas a lo largo del año. En ese sentido, toda excavación, construcción de caminos, sobrecarga por estructuras, terraplenes, supone correr el riesgo de desestabilizar laderas. Asimismo, la región representa una elevada peligrosidad sísmica (en los últimos dos meses se registraron por lo menos seis temblores). Por otro lado, el yacimiento se encuentra en una zona con alta recurrencia de incendios forestales (2010, 2012 y 2013), lo que convierte la presencia de pozos petroleros en una bomba de tiempo.

El avance petrolero sobre el Parque Nacional Calilegua generó un fuerte rechazo entre guardaparques, comunidades indígenas, organizaciones ambientalistas, especialistas forestales y dirigentes políticos. A pesar de esto, la empresa sigue operando en el lugar y avanzando con sus planes de expansión con el aval del Gobierno de Jujuy, algo que pone en serio riesgo un patrimonio natural de todos los argentinos.

Extraer petróleo de un parque nacional es un monumento al absurdo. No hacer nada por evitarlo, también.

En una de las provincias con mayor nivel de deforestación del país, motorizada principalmente por la expansión descontrolada de la soja y la ganadería intensiva, ni siquiera una ley nacional es suficiente para proteger sus últimos bosques nativos.

Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2002 la superficie desmontada en la provincia fue de 194.389 hectáreas; pero entre 2002 y 2006 se duplicó y alcanzó 414.934 hectáreas.

A pesar de asumir como gobernador prometiendo “se acabó el festival de desmontes en Salta”, Juan Manuel Urtubey continúa con la política de tierra arrasada de su antecesor Juan Carlos Romero: desde la sanción de la Ley de Bosques (fines de 2007) se deforestaron más 350.000 hectáreas; de las cuales más de 100.000 eran zonas protegidas.

Cabe advertir que el avance de las topadoras está afectando seriamente a las comunidades campesinas e indígenas que vienen denunciando, sin ser escuchadas, el aumento de los desmontes en sus territorios. Lo más grave de esta situación es que es el propio gobierno provincial quien está autorizando deforestar donde no está permitido, cambiando la zonificación establecida por la ley.

La modificación de leyes ambientales no puede significar un retroceso en los niveles de conservación alcanzados con anterioridad, por el contrario, debe incrementarlos. Retroceder atenta contra varios principios consagrados en la Ley General del Ambiente, como el “precautorio”, el de “equidad intergeneracional”, el de “progresividad” y el de “sustentabilidad”.

Como si fuera poco, el gobierno salteño anunció que planea cuadruplicar su stock ganadero para 2030, lo que implicará el desmonte de más de 3 millones de hectáreas de bosques protegidos por la normativa nacional.

La sanción de la Ley de Bosques fue un avance sin precedentes en materia ambiental y un ejemplo de la importancia de la participación de la sociedad civil para doblegar intereses económicos. Sin embargo, a seis años de su aprobación, su efectiva implementación enfrenta severas dificultades que deben ser resueltas. Está claro que en Salta, Urtubey aplica su propia ley.

El gobernador Urtubey dijo al asumir: “Se acabó el festival de desmontes en Salta”; y sin embargo continúa con la política de deforestación de su antecesor Juan Carlos Romero. Desde la sanción de la Ley de Bosques (28 de noviembre de 2007) en Salta se perdieron 350 mil hectáreas, 100 mil en zonas que debían ser preservadas de acuerdo a la legislación.

El Ejecutivo provincial realizó modificaciones al Ordenamiento Territorial, que delimita las áreas protegidas, a pedido de los empresarios del sector y los dueños de los predios, incumpliendo claramente la ley. Más grave aún es el hecho de que la mayoría de los desmontes fueron realizados en zonas protegidas por ley pero, además, en áreas donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación había ordenado suspender su ejecución, en respuesta a un amparo de indígenas y campesinos.

Estos desmontes, llevados a cabo a espaldas de la Justicia, afectaron seriamente a comunidades como las wichi de Cuchuy, Corralito, San José y Chaguaral, del departamento San Martín, entre otras.En la provincia no hay control de los desmontes ilegales. Desde la sanción de la ley nacional, Salta cuenta con un presupuesto importante para la protección de los bosques, y sin embargo las hectáreas arrasadas se multiplican. En ese sentido, resulta sumamente preocupante que durante los primeros meses de 2013 se haya desmontado ilegalmente una finca de 16.600 hectáreas (casi el tamaño de la ciudad de Buenos Aires) sin que ninguna autoridad provincial lo note. La falta de voluntad política del gobierno de Salta para aplicar la ley es evidente.

Por otra parte, el gobierno de Urtubey no adecuó a la normativa forestal los permisos otorgados especulativamente por el gobierno de Romero antes de la sanción de la Ley de Bosques, que afectaron a más de 400.000 hectáreas.

Un ejemplo de esto es el de la finca La Maravilla, cerca del límite con Bolivia: un desmonte de 17 mil hectáreas, para el cual se realizó la audiencia pública un mes antes de la aprobación de la ley. La pérdida de estos bosques, denunciada por Greenpeace en 2008, afectó el área de uso tradicional de las comunidades wichi de El Paraíso, Arenales, Monteveo y Tonono.

Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2002 se deforestaron en la provincia 194.389 hectáreas; entre 2002 y 2006 se duplicó la superficie desmontada y llegó a 414.934 hectáreas.

Como si estos datos no fueran suficientes, Salta anunció recientemente que busca cuadruplicar su stock ganadero para 2030; esto significa el desmonte de 3 millones de hectáreas de bosques nativos, teóricamente protegidos por la normativa nacional.