Pero existe un tercer poder en nuestro sistema republicano de gobierno. Un poder donde, pese a no haber elecciones, hay mucho movimiento. Quizás esa intensidad de movimiento es consecuencia de la poca atención puesta y eso se está aprovechando.

Históricamente, el kirchnerismo ha intentado avanzar sobre el Poder Judicial. Un ejemplo claro ha sido la mal llamada “Democratización de la Justicia”, declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La persecución al fiscal José María Campagnoli, la designación de fiscales afines a Alejandra Gils Carbó, el intento de colocar a Roberto Carlés como ministro de la Corte, la presión a los jueces Ricardo Lorenzetti y Carlos Fayt, el intento de Jurado de Enjuiciamiento a los camaristas Luis Herrero y Emilio Fernández, han sido algunas de las maniobras más polémicas que, gracias a la participación ciudadana, han sido frenadas. Hoy, quizás habiendo tomado nota de estas derrotas, las embestidas contra la independencia del Poder Judicial son un poco más sutiles.

Acaba de ser aprobado en ambas cámaras del Congreso Nacional el paquete de leyes para la implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación. Atrás de todos sus tecnicismos, existen aristas polémicas. Por ejemplo: a partir de ahora los fiscales se agruparán por distritos y estarán a cargo de un fiscal coordinador de distrito, quien decidirá a qué fiscal le otorgará cada causa. ¿Quién designará al fiscal coordinador en su cargo? Gils Carbó.

A la vez, se prevé que los fiscales puedan decidir si amerita perseguir un delito o no. En conclusión: un fiscal designado por Gils Carbó decidirá a qué fiscal le otorga la investigación y la acusación de un delito, quien tendrá además la posibilidad de descartarlo si así lo creyera. Me pregunto: ¿qué pasará cuando se investiguen delitos de corrupción?

Un dato más: dentro de la amplitud de facultades con la que se dotará a la procuradora general, una será la de promover el enjuiciamiento de los fiscales, los fiscales de distrito y sus correspondientes sanciones.

Por otro lado, días atrás Cristina Fernández de Kichner firmó la designación de nuevos funcionarios judiciales. El bloque PRO se opuso a todos los pliegos de fiscales y conjueces. En el caso de jueces, se impugnó a cinco de ellos.

Algunos de los flamantes integrantes del Poder Judicial muestran su perfil militante alejado de la independencia e imparcialidad que debe tener un magistrado: Franco Picardi, ex subsecretario del Ministerio de Justicia y militante de La Cámpora, ahora fiscal federal ante la Fiscalía n.° 5, donde tramita el caso por Papel Prensa. También Paloma Ochoa, a cargo de la Fiscalía n.° 10, que subrogaba Juan Pedro Zoni, donde investigan los movimientos financieros del fallecido fiscal Alberto Nisman.

No hay dudas de que, aunque con técnicas más refinadas, el kirchnerismo persiste en su intento de colonizar la Justicia y lograr un blindaje. Debemos estar alertas y no permitir que, aprovechando la distracción, logren su cometido. La participación ciudadana será, una vez más, determinante.

Ningún distrito del país garantiza el 100 % de escolaridad para esa edad y ninguno se acerca a los índices de la Ciudad. En este sentido cabe destacar que de acuerdo a los datos del censo del 2010 la tasa de escolarización en el nivel inicial promedio país era del 67, 5 % y en 3 y 4 años del 55,2 %. La Ciudad registraba los mejores índices con un 87,9 % y 83,5% respectivamente, superando en más de 10 puntos porcentuales a las provincias de Buenos Aires y Tierra del Fuego que ocupaban el segundo y tercer lugar respectivamente. La ciudad en la franja de 4 años muestra índices superiores al promedio de la OECD (82 %) según datos de esa propia organización (www.oecd.org/edu/eag2012).

Muchas de las críticas son infundadas y otras contradictorias. Por ejemplo se piden soluciones “urgentes” pero se cuestiona a las aulas de construcción modular que permitieron en dos meses ofrecer más de 2200 vacantes en aulas que cumplen con todos los requisitos de edificación escolar y están dotadas de calefacción y aire acondicionado (del que carecen costosos colegios de la ciudad y el gran Buenos Aires). Se las pretende falazmente equiparar a un “container”, como si existieran “containers” con más de 40 metros cuadrados de superficie de su base, con ventanas que permiten la iluminación con luz natural, con paredes revestidas en yeso y como ya se dijo con calefacción y refrigeración. También es una falacia efectista decir que se gasta menos en educación. La forma correcta de medirlo es analizar el gasto por alumno y este pasó en moneda constante (calculado de acuerdo a índices reales de inflación y no por el INDEK) de 17.650 pesos en 2007 a 21.435 en 2013 de acuerdo a datos del Ministerio de Educación.

Esta gestión construyó 33 escuelas entre 2008 y 2013, la mitad en el sur de la ciudad y este año inaugurará otras 18, 13 de ellas en dicha área, sin mencionar que en 2008 recibimos más de 300 edificios con serios problemas estructurales, hoy todos solucionados. Se incorporó además la enseñanza de inglés en primaria y se crearon 7000 cargos docentes sin contar la distribución de casi 200 mil netbooks entre alumnos y docentes con conectividad a internet. Además en los últimos dos años no ha habido huelgas y se ha cumplido con los 190 días de clases. Hay 10 colegios que se incorporarán al sistema de bachillerato internacional. No por nada la matrícula de educación estatal crece en la ciudad de Buenos Aires a diferencia de lo que sucede en otros distritos del país. Mientras los detractores de hoy en su gestión (2001-2006) no pueden mostrar un crecimiento de la matrícula en el nivel inicial, esta gestión la incrementó en más de un 20%.

En los deseos imaginarios de cierto “progresismo” lo que debía suceder era que la gestión de PRO relegara a la educación pública en beneficio de la escuela privada. La realidad se impone a sus prejuicios. Educación pública, gratuita y de calidad es un compromiso día a día concretado en hechos.