El rol que les corresponde a los fiscales que conforman el Ministerio Público tiene fines y objetivos muy claros: defender los intereses generales de la sociedad. En relación con la parte penal, el procurador a cargo del Ministerio tiene la facultad de definir cómo se persiguen determinados delitos que pueden tener una relevancia mayor en la defensa de dichos intereses.

Independencia y claridad en la defensa de los intereses generales de la sociedad: esos son los dos requisitos ineludibles que todo procurador general debe reunir. ¿Alejandra Gils Carbó ha demostrado tenerlos en estos tres años de gestión? Hay varias razones para sostener que no.

Desde su asunción en agosto del 2012, una larga lista de hechos nos llevan a concluir que su imparcialidad es, al menos, cuestionable. Quizás el ejemplo más emblemático fue el caso Campagnoli, donde pidió la suspensión del fiscal José María Campagnoli, quien se encontraba investigando la corrupción en el poder político en la causa conocida como “La ruta del dinero k”. Afortunadamente, la participación de la ciudadanía truncó este plan, lo que significó que Campagnoli conversara su cargo, pero no así la causa ni su equipo de colaboradores.
A principios de este año, con la promulgación del nuevo Código Procesal Penal, pero sin la sanción de las leyes complementarias correspondientes para su operatividad, Gils Carbó avanzó con la designación de 18 nuevos fiscales, gran parte de ellos militantes de Justicia legítima. Reasignó entonces en diferentes funciones a fiscales que contaban con acuerdo del Senado para otras jurisdicciones. Distintas organizaciones de la sociedad civil impugnaron con éxito estas designaciones irregulares que buscaban convertir a los fiscales nombrados en un obstáculo —cuando no en un ejercicio de encubrimiento— para la investigación de delitos, especialmente los referidos a hechos de corrupción donde se involucra a altos funcionarios del Gobierno actual.

En otros casos ha demostrado en sus dictámenes una opinión alineada, más allá de lo opinable, con posturas del Poder Ejecutivo, como fue el caso de la elección de miembros del Consejo de la Magistratura, en abierta y manifiesta oposición a las claras prescripciones de la Constitución Nacional.

Gils Carbó ha dado sobradas muestras de ser funcional a los planes del kirchnerismo, actitud que le ha valido un sinnúmero de denuncias por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

Si la misión del Ministerio Público es la de defender los intereses generales de la sociedad, es inaceptable que en la Argentina que viene el Ministerio Público Fiscal esté conducido por alguien con estos antecedentes. El procurador general de la Nación goza de estabilidad mientras dure su buena conducta. A la luz de los hechos, su buena conducta es objetable.

Pero existe un tercer poder en nuestro sistema republicano de gobierno. Un poder donde, pese a no haber elecciones, hay mucho movimiento. Quizás esa intensidad de movimiento es consecuencia de la poca atención puesta y eso se está aprovechando.

Históricamente, el kirchnerismo ha intentado avanzar sobre el Poder Judicial. Un ejemplo claro ha sido la mal llamada “Democratización de la Justicia”, declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La persecución al fiscal José María Campagnoli, la designación de fiscales afines a Alejandra Gils Carbó, el intento de colocar a Roberto Carlés como ministro de la Corte, la presión a los jueces Ricardo Lorenzetti y Carlos Fayt, el intento de Jurado de Enjuiciamiento a los camaristas Luis Herrero y Emilio Fernández, han sido algunas de las maniobras más polémicas que, gracias a la participación ciudadana, han sido frenadas. Hoy, quizás habiendo tomado nota de estas derrotas, las embestidas contra la independencia del Poder Judicial son un poco más sutiles.

Acaba de ser aprobado en ambas cámaras del Congreso Nacional el paquete de leyes para la implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación. Atrás de todos sus tecnicismos, existen aristas polémicas. Por ejemplo: a partir de ahora los fiscales se agruparán por distritos y estarán a cargo de un fiscal coordinador de distrito, quien decidirá a qué fiscal le otorgará cada causa. ¿Quién designará al fiscal coordinador en su cargo? Gils Carbó.

A la vez, se prevé que los fiscales puedan decidir si amerita perseguir un delito o no. En conclusión: un fiscal designado por Gils Carbó decidirá a qué fiscal le otorga la investigación y la acusación de un delito, quien tendrá además la posibilidad de descartarlo si así lo creyera. Me pregunto: ¿qué pasará cuando se investiguen delitos de corrupción?

Un dato más: dentro de la amplitud de facultades con la que se dotará a la procuradora general, una será la de promover el enjuiciamiento de los fiscales, los fiscales de distrito y sus correspondientes sanciones.

Por otro lado, días atrás Cristina Fernández de Kichner firmó la designación de nuevos funcionarios judiciales. El bloque PRO se opuso a todos los pliegos de fiscales y conjueces. En el caso de jueces, se impugnó a cinco de ellos.

Algunos de los flamantes integrantes del Poder Judicial muestran su perfil militante alejado de la independencia e imparcialidad que debe tener un magistrado: Franco Picardi, ex subsecretario del Ministerio de Justicia y militante de La Cámpora, ahora fiscal federal ante la Fiscalía n.° 5, donde tramita el caso por Papel Prensa. También Paloma Ochoa, a cargo de la Fiscalía n.° 10, que subrogaba Juan Pedro Zoni, donde investigan los movimientos financieros del fallecido fiscal Alberto Nisman.

No hay dudas de que, aunque con técnicas más refinadas, el kirchnerismo persiste en su intento de colonizar la Justicia y lograr un blindaje. Debemos estar alertas y no permitir que, aprovechando la distracción, logren su cometido. La participación ciudadana será, una vez más, determinante.