El rol que les corresponde a los fiscales que conforman el Ministerio Público tiene fines y objetivos muy claros: defender los intereses generales de la sociedad. En relación con la parte penal, el procurador a cargo del Ministerio tiene la facultad de definir cómo se persiguen determinados delitos que pueden tener una relevancia mayor en la defensa de dichos intereses.

Independencia y claridad en la defensa de los intereses generales de la sociedad: esos son los dos requisitos ineludibles que todo procurador general debe reunir. ¿Alejandra Gils Carbó ha demostrado tenerlos en estos tres años de gestión? Hay varias razones para sostener que no.

Desde su asunción en agosto del 2012, una larga lista de hechos nos llevan a concluir que su imparcialidad es, al menos, cuestionable. Quizás el ejemplo más emblemático fue el caso Campagnoli, donde pidió la suspensión del fiscal José María Campagnoli, quien se encontraba investigando la corrupción en el poder político en la causa conocida como “La ruta del dinero k”. Afortunadamente, la participación de la ciudadanía truncó este plan, lo que significó que Campagnoli conversara su cargo, pero no así la causa ni su equipo de colaboradores.
A principios de este año, con la promulgación del nuevo Código Procesal Penal, pero sin la sanción de las leyes complementarias correspondientes para su operatividad, Gils Carbó avanzó con la designación de 18 nuevos fiscales, gran parte de ellos militantes de Justicia legítima. Reasignó entonces en diferentes funciones a fiscales que contaban con acuerdo del Senado para otras jurisdicciones. Distintas organizaciones de la sociedad civil impugnaron con éxito estas designaciones irregulares que buscaban convertir a los fiscales nombrados en un obstáculo —cuando no en un ejercicio de encubrimiento— para la investigación de delitos, especialmente los referidos a hechos de corrupción donde se involucra a altos funcionarios del Gobierno actual.

En otros casos ha demostrado en sus dictámenes una opinión alineada, más allá de lo opinable, con posturas del Poder Ejecutivo, como fue el caso de la elección de miembros del Consejo de la Magistratura, en abierta y manifiesta oposición a las claras prescripciones de la Constitución Nacional.

Gils Carbó ha dado sobradas muestras de ser funcional a los planes del kirchnerismo, actitud que le ha valido un sinnúmero de denuncias por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

Si la misión del Ministerio Público es la de defender los intereses generales de la sociedad, es inaceptable que en la Argentina que viene el Ministerio Público Fiscal esté conducido por alguien con estos antecedentes. El procurador general de la Nación goza de estabilidad mientras dure su buena conducta. A la luz de los hechos, su buena conducta es objetable.

Parece mentira, pero hace 107 años, con estas palabras el escritor argentino Roberto Payró contaba en Pago chico algunas irregularidades que se vivían a la hora de votar. El hartazgo popular, sumado a la voluntad política del partido gobernante, hizo que en 1912 se aprobara la Ley Sáenz Peña, que revolucionó lo que hasta entonces era la forma de votar.

Pasó mucho tiempo, pero no todo cambió. Como el ave fénix, el fraude resucita y adopta nuevas formas: compra de voto mediante prebendas ahora vociferadas impunemente por candidatos, robo de boletas, voto cadena, adulteración de actas y telegramas, entre otras prácticas aberrantes.

En 1950 el partido gobernante hacía campaña propiciando no volver al fraude. Sesenta y cinco años después tenemos que defender la transparencia de los comicios nuevamente.

En muchos aspectos este Gobierno regresó a un pasado superado en la región y en el mundo; en otros incluso fue más atrás en el tiempo y volvió a la década del treinta con sus prácticas electorales.

Una vez más la realidad desafía la letra de las leyes vigentes en materia electoral. Necesitamos garantizar la transparencia. Necesitamos evolucionar en el sistema de votación.

Tras el éxito de la boleta única electrónica en las últimas elecciones de la ciudad de Buenos Aires, este nuevo sistema de votación ha demostrado ser el indicado para dar por superada la etapa de elecciones con boleta tradicional de papel en nuestro país. No olvidemos que desde el 2009 diferentes partidos de la oposición bregan por el cambio de sistema. Cabe preguntarse entonces por qué el kirchnerismo se aferra a un sistema obsoleto, que posibilita el fraude y le quita trasparencia al principal acto de las democracias modernas: las elecciones. La respuesta queda por cuenta del lector.

Todos los temores y las críticas previas quedaron refutados por lo que ahora se reconoce como un rotundo éxito del procedimiento. Solo en el 8 % de los casos se registró algún tipo de inconveniente al momento de la votación, que en todos los casos fue rápidamente solucionado.

No hubo ni confusión, ni demora, ni fraude. El sistema acaba definitivamente con algunas de las prácticas más criticadas en nuestro sistema tradicional de voto: el robo de boletas y el voto cadena. Además, facilita la fiscalización, en particular a los partidos más chicos, que tienen dificultad en cubrir territorialmente un distrito determinado con miles de fiscales que cuidan sus votos.

El sistema ha demostrado además ser rápido, simple, seguro y ecológico. Tengamos en cuenta el papel ahorrado en impresión de boletas. Solo como dato digamos que en las PASO del 26 de abril en la ciudad de Buenos Aires se imprimieron entre todos los partidos cien millones (sí 100.000.000) de boletas.

Desde la ley Sáenz Peña del año 1912 cambiamos los sistemas electorales y ampliamos el padrón de votantes, pero la forma de emitir el voto seguía siendo sustancialmente la misma: una boleta de papel colocada dentro de un sobre. Las recientes primarias abiertas, simultáneas y obligatorias a nivel nacional demostraron una vez más lo arcaico del sistema.

El voto con boleta única electrónica es sin duda un paso hacia la modernidad y es de esperar que prontamente se extienda a todo el país. Los dirigentes políticos y los gobernantes que se nieguen a implementarlo en sus distritos o a nivel nacional deberán explicarle a la sociedad por qué prefieren la antigua metodología altamente sospechada y falta de transparencia.

Pero existe un tercer poder en nuestro sistema republicano de gobierno. Un poder donde, pese a no haber elecciones, hay mucho movimiento. Quizás esa intensidad de movimiento es consecuencia de la poca atención puesta y eso se está aprovechando.

Históricamente, el kirchnerismo ha intentado avanzar sobre el Poder Judicial. Un ejemplo claro ha sido la mal llamada “Democratización de la Justicia”, declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La persecución al fiscal José María Campagnoli, la designación de fiscales afines a Alejandra Gils Carbó, el intento de colocar a Roberto Carlés como ministro de la Corte, la presión a los jueces Ricardo Lorenzetti y Carlos Fayt, el intento de Jurado de Enjuiciamiento a los camaristas Luis Herrero y Emilio Fernández, han sido algunas de las maniobras más polémicas que, gracias a la participación ciudadana, han sido frenadas. Hoy, quizás habiendo tomado nota de estas derrotas, las embestidas contra la independencia del Poder Judicial son un poco más sutiles.

Acaba de ser aprobado en ambas cámaras del Congreso Nacional el paquete de leyes para la implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación. Atrás de todos sus tecnicismos, existen aristas polémicas. Por ejemplo: a partir de ahora los fiscales se agruparán por distritos y estarán a cargo de un fiscal coordinador de distrito, quien decidirá a qué fiscal le otorgará cada causa. ¿Quién designará al fiscal coordinador en su cargo? Gils Carbó.

A la vez, se prevé que los fiscales puedan decidir si amerita perseguir un delito o no. En conclusión: un fiscal designado por Gils Carbó decidirá a qué fiscal le otorga la investigación y la acusación de un delito, quien tendrá además la posibilidad de descartarlo si así lo creyera. Me pregunto: ¿qué pasará cuando se investiguen delitos de corrupción?

Un dato más: dentro de la amplitud de facultades con la que se dotará a la procuradora general, una será la de promover el enjuiciamiento de los fiscales, los fiscales de distrito y sus correspondientes sanciones.

Por otro lado, días atrás Cristina Fernández de Kichner firmó la designación de nuevos funcionarios judiciales. El bloque PRO se opuso a todos los pliegos de fiscales y conjueces. En el caso de jueces, se impugnó a cinco de ellos.

Algunos de los flamantes integrantes del Poder Judicial muestran su perfil militante alejado de la independencia e imparcialidad que debe tener un magistrado: Franco Picardi, ex subsecretario del Ministerio de Justicia y militante de La Cámpora, ahora fiscal federal ante la Fiscalía n.° 5, donde tramita el caso por Papel Prensa. También Paloma Ochoa, a cargo de la Fiscalía n.° 10, que subrogaba Juan Pedro Zoni, donde investigan los movimientos financieros del fallecido fiscal Alberto Nisman.

No hay dudas de que, aunque con técnicas más refinadas, el kirchnerismo persiste en su intento de colonizar la Justicia y lograr un blindaje. Debemos estar alertas y no permitir que, aprovechando la distracción, logren su cometido. La participación ciudadana será, una vez más, determinante.

El abuso contra Ledezma se suma a otros que se vienen perpetrando de manera sistemática contra la oposición venezolana. En este sentido, se destaca, además del ya mencionado arresto ilegítimo de López, la destitución arbitraria de su cargo de la diputada María Corina Machado y la reciente muerte de Rodolfo González en la prisión del Sebin.

Los dirigentes opositores son autores de un plan de transición para Venezuela ante la crisis política, económica y social que atraviesa el país y que fue presentado por Ledezma la semana anterior a su detención.

La situación sólo puede condenarse, ya que no existen factores atenuantes cuando se trata de la libertad y del respeto a los Derechos Humanos. Ni la soberanía ni el derecho a la autodeterminación pueden desconocer garantías elementales de cualquier ser humano. La declaración de Estados Unidos que señala a Venezuela como una amenaza para su seguridad -rechazada por toda la oposición nucleada en el Movimiento de Unidad Democrática- tampoco justifica la creciente represión por parte del régimen bolivariano. Esta situación viene siendo denunciada por instituciones de prestigio en la materia como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En este sentido, es de lamentar no sólo el silencio del gobierno argentino sino también la pasividad de la región, en tanto gobiernos y organismos como la UNASUR. Las acciones antidemocráticas y antirepublicanas sobre las que se basa esta declaración no constituyen hechos aislados sino un estado de cosas en Venezuela que, sumado a la crisis económica y social, pone de manifiesto una creciente agresión a la que está expuesta la ciudadanía venezolana.

La desconexión del gobierno nacional con la realidad y su afán por tergiversar la realidad llevan al Estado argentino a defender régimenes autoritarios que deberían ser repudiados por la comunidad internacional en su conjunto.

Es un imperativo moral continuar denunciando el constante avasallamiento de todas las libertades individuales y el hostigamiento hacia no sólo dirigentes políticos opositores sino la población en su conjunto.

Con esta idea en mente, presentamos junto a la legisladora Alejandra Caballero un proyecto para declarar personalidad destacada de los Derechos Humanos a la Doctora Hilda Molina. Dicho proyecto fue aprobado recientemente por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y nos ayuda a recordar no solo a la persona que origina la distinción, sino a los valores que ella misma representa para la sociedad en su conjunto.

Más allá de sus indiscutibles logros en el ámbito de la medicina, la Doctora Hilda Molina se destaca por la defensa de los derechos humanos de los cubanos y la denuncia constante a los abusos del régimen de Fidel Castro.

Fidel Castro mantuvo a Hilda Molina cautiva en Cuba durante más de quince años, prohibiéndole salir del país en violación del derecho humano a transitar libremente reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Durante ese período fue víctima de agresiones físicas, mítines de repudio, hostigamiento, vigilancia estricta y los más variados métodos de tortura psicológica. Sin embargo, en esos años, acompañada por su madre, denunció constantemente la discriminación de los pacientes cubanos en privilegio de los extranjeros y los abusos del régimen contra las familias cubanas.

Fue desde esa oscuridad a la que fue sometida que se propuso orientar sus esfuerzos y energía en difundir la verdad del régimen castrista por todos los medios posibles. Se incorporó al Comité Cubano Pro-Derechos Humanos de Cuba, organización disidente de gran labor en defensa de los Derechos Humanos dentro de la isla. Recorrió su país visitando amigos/as y desconocidos/as, de todas las edades y sectores sociales, tratando de desentrañar las verdades sobre los mitos y falsedades del régimen.

Cabe mencionar que, desde su decepción con el régimen, Hilda Molina recibió numerosas ofertas laborales en el exterior que rechazó, dado que siguió fiel a su convicción del deber y a su obligación moral de oponerse frontalmente desde dentro de su país.

El padecimiento vivido por Hilda Molina no logró silenciar su reclamo, que fue potenciado por hombres y mujeres de todo el mundo que se identificaron con su lucha y se sumaron a su cruzada sin precedentes. Y no estuvo más sola. Contó con la ayuda de importantes personalidades y organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos y de organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch y Amnesty International.

Hilda Molina es una mujer valiente y determinada que, pese a los intentos de ocultamiento del régimen de Fidel Castro sigue luchando por el valor intrínseco de la igualdad y la libertad de los seres humanos. Mucho tenemos que aprender de su vida, su trabajo y su entrega en tiempos en que la política se mide por la última encuesta, la frivolidad y el corto plazo. La enseñanza que nos deja su lucha no tiene color político. La defensa de los Derechos Humanos, tampoco.

Ningún distrito del país garantiza el 100 % de escolaridad para esa edad y ninguno se acerca a los índices de la Ciudad. En este sentido cabe destacar que de acuerdo a los datos del censo del 2010 la tasa de escolarización en el nivel inicial promedio país era del 67, 5 % y en 3 y 4 años del 55,2 %. La Ciudad registraba los mejores índices con un 87,9 % y 83,5% respectivamente, superando en más de 10 puntos porcentuales a las provincias de Buenos Aires y Tierra del Fuego que ocupaban el segundo y tercer lugar respectivamente. La ciudad en la franja de 4 años muestra índices superiores al promedio de la OECD (82 %) según datos de esa propia organización (www.oecd.org/edu/eag2012).

Muchas de las críticas son infundadas y otras contradictorias. Por ejemplo se piden soluciones “urgentes” pero se cuestiona a las aulas de construcción modular que permitieron en dos meses ofrecer más de 2200 vacantes en aulas que cumplen con todos los requisitos de edificación escolar y están dotadas de calefacción y aire acondicionado (del que carecen costosos colegios de la ciudad y el gran Buenos Aires). Se las pretende falazmente equiparar a un “container”, como si existieran “containers” con más de 40 metros cuadrados de superficie de su base, con ventanas que permiten la iluminación con luz natural, con paredes revestidas en yeso y como ya se dijo con calefacción y refrigeración. También es una falacia efectista decir que se gasta menos en educación. La forma correcta de medirlo es analizar el gasto por alumno y este pasó en moneda constante (calculado de acuerdo a índices reales de inflación y no por el INDEK) de 17.650 pesos en 2007 a 21.435 en 2013 de acuerdo a datos del Ministerio de Educación.

Esta gestión construyó 33 escuelas entre 2008 y 2013, la mitad en el sur de la ciudad y este año inaugurará otras 18, 13 de ellas en dicha área, sin mencionar que en 2008 recibimos más de 300 edificios con serios problemas estructurales, hoy todos solucionados. Se incorporó además la enseñanza de inglés en primaria y se crearon 7000 cargos docentes sin contar la distribución de casi 200 mil netbooks entre alumnos y docentes con conectividad a internet. Además en los últimos dos años no ha habido huelgas y se ha cumplido con los 190 días de clases. Hay 10 colegios que se incorporarán al sistema de bachillerato internacional. No por nada la matrícula de educación estatal crece en la ciudad de Buenos Aires a diferencia de lo que sucede en otros distritos del país. Mientras los detractores de hoy en su gestión (2001-2006) no pueden mostrar un crecimiento de la matrícula en el nivel inicial, esta gestión la incrementó en más de un 20%.

En los deseos imaginarios de cierto “progresismo” lo que debía suceder era que la gestión de PRO relegara a la educación pública en beneficio de la escuela privada. La realidad se impone a sus prejuicios. Educación pública, gratuita y de calidad es un compromiso día a día concretado en hechos.