Estas iniciativas lejos de beneficiar al trabajador lo perjudican. A quienes no están trabajando directamente las condenan a la pobreza más rígida e inmodificable. Los legisladores culposos por su falta de ideas para solucionar la pobreza y crear empleo no tienen mejor idea que convalidar el desempleo por generaciones.

Toda ley, todo reglamento que aumente los costos de contratación y desvinculación no hace otra cosa que disminuir la demanda de trabajo y favorecer la sustitución de trabajo por capital. Aumentar los costos laborales (gracias a estas medidas demagógicas) implica reducir la demanda de trabajo, excluir a los menos capacitados. Una medida cruel y despiadada disfrazada de falsa solidaridad.

Cuanto más costoso sea el contrato laboral mayor deberá ser la productividad del trabajador para ser contratado. Si el trabajador no es calificado inexorablemente perderá el empleo. El intento de proteger devino en fábrica de desempleo y exclusión.

Es necesario comprender que el concepto de costo laboral es bien diferente al concepto de salario. El llamado “costo laboral” incluye todos los impuestos y sobre costos derivados de la burocratización del contrato, la judicialización, y los riesgos derivados de la legislación. Esas supuestas protecciones incrementan los costos y por consiguiente reducen la demanda de empleo. Con ello reducen las posibilidades laborales de los pobres. Cuanto más regulación, menos trabajo. No más, menos. Es imprescindible comprender, también, que los costos laborales pueden bajar y al mismo tiempo ¡los salarios pueden subir!

El impuesto sobre el salario ronda entre el 40 y el 50% dependiendo de la actividad. Si consideramos costos de judicialización y conflictividad dicho “impuesto” puede llegar al 60%. Quiere decir que un salario promedio industrial del orden de $15.000 pesos brutos redunda en un salario en mano de $ 12.300 en tanto que el costo laboral que abona el empleador alcance los $22.725. Traduciendo el empleador paga $ 22.725 y el trabajador recibe $ 12.300. En el medio, impuestos, regulaciones, “salarios diferidos” (artilugio para denominar los supuestos beneficios jubilatorios y sociales), costos indenmizatorios, y supuestas protecciones.

No es casual que quienes proponen estas medidas jamás hayan pagado una quincena. Demuestra un desconocimiento total del mercado de trabajo su funcionamiento y los incentivos. En los últimos días muchos despidos se han acelerado sólo por los rumores de estas inútiles leyes curiosamente propuestas por quienes no generaron empleo privado desde 2011 hasta 2015.

Desde el nacimiento de la legislación laboral, políticos y sindicalistas se empecinaron en aumentar los costos laborales creando desempleo y marginación. Es el estado, en su intento pseudoprotector el que excluye.

Los salarios reales sólo pueden crecer si el trabajo es asistido con bienes de capital. Son las máquinas las que fortalecen la productividad del trabajador. Sin máquinas los salarios son necesariamente bajos. No hay grito sindical, huelga, legislación chamuyera, ni bravuconada política que pueda aumentar los salarios por obra de un decreto.

Si queremos disminuir los despidos, bajar el desempleo, aumentar los salarios reales y proteger de esa manera a los trabajadores nuestros diputados deberían pensar en generar incentivos a la inversión. Incentivos que no son subsidios ni protecciones sino un ambiente de negocios estable, impuestos bajos, y una razonable administración de justicia. Todo lo demás vendrá por añadidura.

Los trabajadores que se sientan “protegidos” por los anuncios de los legisladores del kirchnerismo deberían saber que “hay amores que matan”. El chamuyo mata y la demagogia excluye. Doce años espantando inversiones tienen como corolario la tremenda incertidumbre que estamos viviendo.

El artículo fue publicado originalmente en la web del Insituto Cato.

Para ello diseñan políticas públicas por las cuales transfieren recursos hacia el gasto destinado a hacer más placentera la vida de los sectores más desposeídos. 

Dichos programas se observan en todas las administraciones y son propuestos por todos los candidatos sin excepción. 

De allí el consenso político (y popular) que tienen proyectos tales como “Fútbol para todos”, “Mi primer viaje”, “las playas de la ciudad”, “subsidios a las tarifas”, “subsidios al transporte”, “Argentina Sonrie”, “recitales y espectáculos públicos”, “Procrear”, “plan 12”, infinitos ejemplos de bienes “gratuitos”, incluyendo las actuales “canastas navideñas”.

El populismo que explica a la actual administración pero también a los principales candidatos del 2015 (Macri, Massa, Scioli, Randazzo, Unen) en el fondo sostiene que la pobreza es un dato inmodificable. “Siempre habrá pobres” y por lo tanto “deben pasarla lo mejor posible”. Es más el razonamiento subyacente pareciera ser que la pobreza es inevitable.

Esta mentalidad es corta y quizás perversa.

Es posible pensar un país sin pobreza, sin barrios precarios, con atención eficiente a los bienes públicos básicos como salud, educación, seguridad y justicia.

Es absolutamente imaginable una sociedad donde el esfuerzo privado no sea expoliado (con impuestos, inflación y regulaciones) y por lo tanto pueda atender a las necesidades familiares que incluyan ahorro y financiamiento del progreso individual.

Sin embargo los populistas no piensan eso.

¿Será que no vieron ejemplos mundiales actuales e históricos de superación de la pobreza?

¿Será que no tienen las ideas adecuadas?

O será que necesitan un ejército de pobres sobre el cual basarse…

¿Podemos imaginar populismo sin pobreza?

¿Podemos imaginar a los dictadores del siglo XX sin masas de indigentes dependientes del favor del tirano? O a los populismos latinoamericanos sin el conurbano bonaerense o la miseria del gran caracas y la pobreza endémica cubana?

El populismo fabrica su propia pobreza para perpetuarse.

Debemos desterrar este paradigma de la Argentina.

Podemos eliminar las causas de la pobreza apelando a instituciones sanas que generen riqueza y progreso en forma masiva al cual accedan todas las personas. Pensar en pobreza inevitable implica carecer de voluntad e ideas para superarla.

Eso tiene una única razón: la pobreza es un negocio político y patrimonial. El populismo es inimaginable sin pobreza. Los movimientos políticos populistas pierden mercado si no hubiera pobres a los cuales subsidiar y “enamorar”. No es casual que los populismos latinoamericanos hayan generado los tres factores determinantes en el crecimiento de la pobreza: inflación, pérdida de inversiones y pésima calidad educativa.

Además la pobreza es un negocio patrimonial. Ejércitos de agentes públicos viven de los presupuestos destinados a la solución de la pobreza. La superposición de funciones estatales, los numerosos planes sociales y los agentes públicos y “para-públicos” como los punteros para administrar lo que otros ya administraron son muestras de que se puede vivir bien “ayudando a los pobres con recursos públicos”.

Crear riqueza

El populismo habla de combatir la pobreza pues supone que la riqueza está dada. Por lo tanto hay que sacársela a unos para dársela a otros. El auténtico combate a la pobreza pasa por la creación de riqueza. La creación de riqueza depende de instituciones que canalicen incentivos. Es más progre el libre comercio, las inversiones externas, la prudencia monetaria y el respeto a la propiedad que los planes sociales anunciados con bombos y platillos. Si queremos eliminar las villas de emergencia habrá que otorgar derechos de propiedad sobre las casas, obras de infraestructura en las calles y provisión de servicios adecuados y nominados.

Si queremos mejorar los ingresos de los pobres habrá entonces que motorizar la inversión local y externa sin distinciones, con normas claras, impuestos bajos y regulaciones razonables.

Si queremos que los pobres no sufran el deterioro en sus ingresos habrá que eliminar la inflación, bajándola hasta al cero o,3% como objetivo prioritario. Nada de eso está haciendo el gobierno, más preocupado en esconder la pobreza antes que solucionarla definitivamente. 

La propuesta fácil

La administración K considera que la única forma de combatir la pobreza es mediante la distribución del ingreso. En varias oportunidades la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha manifestado “guste o no, la pobreza se resuelve con distribución del ingreso”. La distribución del ingreso quizás logre que los beneficiados la pasen mejor, pero no contribuirá definitivamente a sacar a la gente de la pobreza en forma consistente y de largo plazo.

Los pobres seguirán siendo pobres y por tanto vulnerables y dependientes del poder político que detenta la soga que evita su ahogo. La distribución del ingreso como mecanismo para eliminar la pobreza requiere un mecanismo de transferencia eficiente y transparente. Es decir, estructuras estatales capaces de cobrar impuestos, administrarlos cristalinamente y distribuirlos hacia aquellas personas que efectivamente lo necesitan.

Parece simple pero en el Estado argentino es una tarea de alta complejidad. Tanto por motivos políticos (incapacidad de explicar los beneficios de identificar a los verdaderos necesitados) como por motivos técnicos (incapacidad de las administraciones públicas de producir información confiable), se ha demostrado que es imposible identificar y subsidiar a la demanda. Es decir, específicamente a aquellas personas que lo necesitan.

Identificar a los necesitados tornaría más eficiente la provisión de subsidios, más económica y justa. Ante esa incapacidad, los estados hacen “la fácil”. Montan estructuras gigantes que sirven más para impresionar y ganar votos que para solucionar problemas. Vemos, por tanto, enormes hospitales públicos inaugurados varias veces con filas interminables de personas en situación de necesidad sin poder ser atendidos.

En lugar de atender directamente al necesitado (subsidio a la demanda) los estados optan por subsidiar a la oferta. Los gastos se multiplican en enormes estructuras que más temprano que tarde se transforman en burocráticas y anquilosadas con baja productividad en los resultados. Redunda entonces, estados grandes, gastos sociales “récords” y pobres más pobres que antes.

La distribución destruye incentivos a la producción. Tanto para el beneficiado como para quien aporta mediante impuestos. El beneficiado internaliza el concepto de que “cualquiera sea su productividad, igualmente el Estado se encargará de compensarlo”. El contribuyente en cambio internalizará el concepto que “para qué esforzarme si de cualquier manera el estado quitará parte de mi esfuerzo”.

Ante la pérdida de incentivos la economía se resiente. Pero además, instrumentos para cobrar impuestos y distribuirlos suelen afectar las decisiones de inversión y producción.