Diez por ciento es una tasa de inflación que durante toda la historia preocupó a todo el mundo. Independientemente que a los argentinos (especialmente) a sus gobiernos les guste y la disfruten, la inflación alta es siempre un problema.

La inflación licúa salarios, pulveriza esfuerzos y constituye un impuesto regresivo sobre las personas de menores ingresos. Los pobres no pueden defenderse del impuesto inflacionario. Lo pagan plenamente mucho más que los ricos. Además la inflación altera el sistema de precios, distorsiona inversiones y reduce la capacidad de ahorro. Necesariamente un país inflacionario se empobrece “pari pasu” la inversión deviene menor y menos eficiente.

El Estado es el único que se beneficia de la inflación y por eso la genera. Con inflación, el Estado recauda, sin legislar, un impuesto sobre los más pobres. Incluso, los gobernantes suelen culpar de la inflación a todos menos a ellos.

Lo cierto es que la inflación es “siempre y en todo lugar un fenómeno monetario”. El Estado crea inflación para recaudar sin que la gente se percate de ello. La causa de la inflación no hay que buscarla ni en los “comerciantes” ni en “los grupos concentrados” ni en los “especuladores”. La inflación es generada por la política expansiva del Banco Central que recibe órdenes del gobernante de turno.

La historia económica argentina del último siglo es la historia del fracaso económico debido a la inflación.

Un argentino que hoy tuviera 100 años, nacido en 1915, habrá pasado el 61% de su vida con inflación alta. Pero de esos 61 años con inflación superior al 10% en la Argentina habrá sufrido 17 años con inflación superior al 100% y 44 con inflación superior al 20%.

Sólo durante 39 años habrá tenido una tasa de inflación que le permitió ahorrar e invertir. Lamentablemente para nuestro anciano amigo 13 de esos 39 años sucedieron cuando tenía menos de 15 años y otros 8 cuando, en los noventa, cuando ya estaba jubilado.

Quiere decir que una persona que hoy tuviera 100 años pudo vivir en un país estable sólo en 16 años de su vida económicamente activa.

Un adulto de cincuenta años vivió con inflación alta (superior al 10% anual) el 78% de su vida. Le tocó sufrir la hiperinflación de 1989 justo a la mitad de su vida y sólo gozó de inflación baja durante 11 años (menos de tres mundiales).

Un niño que hoy tiene diez años ha soportado inflación elevada durante el 90% de su vida.

En cambio en Alemania, país pobre según el discurso oficial, un anciano de 100 años sólo sufrió inflación alta el 10% de su vida. Cuando de niño sufrió la peor hiperinflación del siglo XX.

Luego en los años 1946 y 1948 (post guerra) la tasa de inflación alcanzó 11 y 14% respectivamente.

Desde allí, la tasa de inflación alemana nunca superó el 5%. En los últimos 20 años no superó el 2% anual.

Alemania tuvo en los cien años de nuestro ejemplo muchos otros problemas. Y con sangre, sudor y muchas lágrimas los ha superado.

Nuestro país también sufrió problemas, pero lamentablemente parece que no hemos superamos ninguno. En especial, la soberbia de nuestros gobernantes

Según el proyecto el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comercio, podrá:

Regir la  compraventa, permuta, locación de cosas muebles, obras, y servicios  – materias primas directas o indirectas y sus insumos – que se destinen a la producción, construcción, procesamiento, comercialización, sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, deporte, cultura, transporte y logística, esparcimiento así como otro bien o servicio que satisfaga necesidades  básicas orientadas al bienestar de la población. (art 1)

Podrá a su vez, establecer márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios. 

Dictar normas que rijan la comercialización, intermediación, distribución y/o producción. Disponer la continuidad en la producción, industrialización, comercialización, transporte, distribución o prestación de servicios como así en la fabricación de determinados productos, dentro de “niveles o cuotas mínimas”.  Acordar subsidios, Requerir toda documentación, Exigir presentación de libros, documentos, papeles, y todo elemento relativo a la administración, realizar pericias, Proceder al secuestro de información y documentación, Crear registros y libros especiales, establecer licencias comerciales  (Art2)

Además, el proyecto autoriza a los gobernadores a fijar precios máximos en sus jurisdicciones. Si fuera mayor al precio nacional deben pedir permiso a la secretaría de comercio. (art 3)

Todo con la intención de castigar acciones privadas tales como (Art 4): Elevar artificialmente los precios no acorde a costos y obtener ganancias abusivas, revaluar existencias, (salvo autorización), acaparar materias primas o productos. Formaren existencias superiores a las necesarias, Intermediar o permitir intermediar innecesariamente, destruir mercaderías o bienes, Negar o restringir injustificadamente la venta de bienes o la prestación de servicios. O que no la incrementaren habiendo sido intimados por la autoridad de aplicación a ello. , Desviar o discontinuar el abastecimiento normal y habitual de una zona a otra sin causa justificada, No tuvieren para su venta o discontinuasen la producción de bienes o servicios con precios máximos y mínimos, márgenes de utilidad fijados.

Esta ley stalinista parte de errores conceptuales básicos, impropios de una persona que al menos respete la más elemental operatoria comercial.  Con haber atendido un mostrador de un quiosco durante unos meses alcanza para comprender que el articulado es delirante, irreal y altamente peligroso. 

Los errores conceptuales básicos son los siguientes.

1. El proyecto considera que la información del mercado se puede captar, agrupar, decodificar y comprender.
2. Supone además que el Estado puede hacer esa tarea.
3. Supone además que el Estado, una vez con toda esa información, puede lograr los cálculos económicos pertintentes para saber cuánto producir, cómo, cual es el costo, cuales los precios de venta.
4. Supone que pudiendo hacer todo eso, el Estado es inmaculado, e incorruptible
5. Supone en definitiva que con una planilla Excell y un fusil se puede reemplazar al mecanismo de precios del mercado.

La realidad es que la información de los proceso de mercado no se puede agrupar, ni concentrar toda junta. El mercado es ante todo un proceso de descubrimiento. Todos los agentes, empresas, trabajadores, profesionales, etc tienen “un poco de información”.

Es impensable e inviable que un secretario de comercio pueda obtener todos esos pedacitos de información.

Por ello es impensable la planificación. No hay planificación sin multas ni machetes policiales. Las experiencias fracasadas de controlar los precios por parte del nazismo, el comunismo y los gobiernos militares así lo indican.

Los precios son incontrolables en el sentido de que no dependen de una “junta de planificación” o “secretaría iluminada”.  No es fácticamente posible conocer todos los costos y todos los precios. El proyecto complementario a la Ley de Abastecimiento que crea el “Observatorio” es otro disparate.

Lo que es controlable es la inflación pero por una vía distinta la política monetaria sana y racional.

Pretender establecer lo que dice el articulado sobre controlar utilidades, precios, suministros y cantidades no supone solo que el Ejecutivo está jugando al empresario sino que está jugando a ser todos los empresarios a la vez.

El proyecto presupone que los funcionarios pueden hacer mejor las cosas que el empresario. Si así fuera los invito a ser empresarios con su propio dinero y no mediante empresas públicas con todos los privilegios estatales.

De hecho, si el funcionario puede fijar precios, cantidades, márgenes, líneas de producción equivale a manejar directamente la empresa.  Sin embargo no es imaginable ver al mismo funcionario respetando esos parámetros oficiales pagando los mismos sueldos, los mismos costos, los mismos impuestos que las empresas.

El articulado implica una elevada subjetividad por parte de la autoridad de aplicación. En ningún párrafo se aclara qué significa “elevado margen de utilidad”, ni “nivel de existencias elevado”, ni “grado de intermediación deseable”.  Ante tal ambigüedad el poder arbitrario se magnifica. Tal poder arbitrario deriva necesariamente en la corrupción. La ley de abastecimiento generará más corrupción.

El mejor mecanismo para eliminar la inflación es la competencia en un contexto de estabilidad macroeconómica, política monetaria sana y apertura económica.

Un funcionario controlando precios no es otra cosa que un petulante al borde de la corrupción intentando una quimera. Todo a costa del bienestar de los argentinos.

El proyecto de ley de abastecimiento generará

• Menores inversiones y por tanto menor nivel de empleo
• Creciente desabastecimiento
• Elevados niveles de evasión y corrupción administrativa
• Cierre de empresas y menor incentivo a la inversión externa en Argentina.
• Lejos de favorecer a los consumidores esta ley los convertirá en mendigantes frente a góndolas vacías.

Eso tiene una única razón: la pobreza es un negocio político y patrimonial. El populismo es inimaginable sin pobreza. Los movimientos políticos populistas pierden mercado si no hubiera pobres a los cuales subsidiar y “enamorar”. No es casual que los populismos latinoamericanos hayan generado los tres factores determinantes en el crecimiento de la pobreza: inflación, pérdida de inversiones y pésima calidad educativa.

Además la pobreza es un negocio patrimonial. Ejércitos de agentes públicos viven de los presupuestos destinados a la solución de la pobreza. La superposición de funciones estatales, los numerosos planes sociales y los agentes públicos y “para-públicos” como los punteros para administrar lo que otros ya administraron son muestras de que se puede vivir bien “ayudando a los pobres con recursos públicos”.

Crear riqueza

El populismo habla de combatir la pobreza pues supone que la riqueza está dada. Por lo tanto hay que sacársela a unos para dársela a otros. El auténtico combate a la pobreza pasa por la creación de riqueza. La creación de riqueza depende de instituciones que canalicen incentivos. Es más progre el libre comercio, las inversiones externas, la prudencia monetaria y el respeto a la propiedad que los planes sociales anunciados con bombos y platillos. Si queremos eliminar las villas de emergencia habrá que otorgar derechos de propiedad sobre las casas, obras de infraestructura en las calles y provisión de servicios adecuados y nominados.

Si queremos mejorar los ingresos de los pobres habrá entonces que motorizar la inversión local y externa sin distinciones, con normas claras, impuestos bajos y regulaciones razonables.

Si queremos que los pobres no sufran el deterioro en sus ingresos habrá que eliminar la inflación, bajándola hasta al cero o,3% como objetivo prioritario. Nada de eso está haciendo el gobierno, más preocupado en esconder la pobreza antes que solucionarla definitivamente. 

La propuesta fácil

La administración K considera que la única forma de combatir la pobreza es mediante la distribución del ingreso. En varias oportunidades la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha manifestado “guste o no, la pobreza se resuelve con distribución del ingreso”. La distribución del ingreso quizás logre que los beneficiados la pasen mejor, pero no contribuirá definitivamente a sacar a la gente de la pobreza en forma consistente y de largo plazo.

Los pobres seguirán siendo pobres y por tanto vulnerables y dependientes del poder político que detenta la soga que evita su ahogo. La distribución del ingreso como mecanismo para eliminar la pobreza requiere un mecanismo de transferencia eficiente y transparente. Es decir, estructuras estatales capaces de cobrar impuestos, administrarlos cristalinamente y distribuirlos hacia aquellas personas que efectivamente lo necesitan.

Parece simple pero en el Estado argentino es una tarea de alta complejidad. Tanto por motivos políticos (incapacidad de explicar los beneficios de identificar a los verdaderos necesitados) como por motivos técnicos (incapacidad de las administraciones públicas de producir información confiable), se ha demostrado que es imposible identificar y subsidiar a la demanda. Es decir, específicamente a aquellas personas que lo necesitan.

Identificar a los necesitados tornaría más eficiente la provisión de subsidios, más económica y justa. Ante esa incapacidad, los estados hacen “la fácil”. Montan estructuras gigantes que sirven más para impresionar y ganar votos que para solucionar problemas. Vemos, por tanto, enormes hospitales públicos inaugurados varias veces con filas interminables de personas en situación de necesidad sin poder ser atendidos.

En lugar de atender directamente al necesitado (subsidio a la demanda) los estados optan por subsidiar a la oferta. Los gastos se multiplican en enormes estructuras que más temprano que tarde se transforman en burocráticas y anquilosadas con baja productividad en los resultados. Redunda entonces, estados grandes, gastos sociales “récords” y pobres más pobres que antes.

La distribución destruye incentivos a la producción. Tanto para el beneficiado como para quien aporta mediante impuestos. El beneficiado internaliza el concepto de que “cualquiera sea su productividad, igualmente el Estado se encargará de compensarlo”. El contribuyente en cambio internalizará el concepto que “para qué esforzarme si de cualquier manera el estado quitará parte de mi esfuerzo”.

Ante la pérdida de incentivos la economía se resiente. Pero además, instrumentos para cobrar impuestos y distribuirlos suelen afectar las decisiones de inversión y producción.