Estas iniciativas lejos de beneficiar al trabajador lo perjudican. A quienes no están trabajando directamente las condenan a la pobreza más rígida e inmodificable. Los legisladores culposos por su falta de ideas para solucionar la pobreza y crear empleo no tienen mejor idea que convalidar el desempleo por generaciones.

Toda ley, todo reglamento que aumente los costos de contratación y desvinculación no hace otra cosa que disminuir la demanda de trabajo y favorecer la sustitución de trabajo por capital. Aumentar los costos laborales (gracias a estas medidas demagógicas) implica reducir la demanda de trabajo, excluir a los menos capacitados. Una medida cruel y despiadada disfrazada de falsa solidaridad.

Cuanto más costoso sea el contrato laboral mayor deberá ser la productividad del trabajador para ser contratado. Si el trabajador no es calificado inexorablemente perderá el empleo. El intento de proteger devino en fábrica de desempleo y exclusión.

Es necesario comprender que el concepto de costo laboral es bien diferente al concepto de salario. El llamado “costo laboral” incluye todos los impuestos y sobre costos derivados de la burocratización del contrato, la judicialización, y los riesgos derivados de la legislación. Esas supuestas protecciones incrementan los costos y por consiguiente reducen la demanda de empleo. Con ello reducen las posibilidades laborales de los pobres. Cuanto más regulación, menos trabajo. No más, menos. Es imprescindible comprender, también, que los costos laborales pueden bajar y al mismo tiempo ¡los salarios pueden subir!

El impuesto sobre el salario ronda entre el 40 y el 50% dependiendo de la actividad. Si consideramos costos de judicialización y conflictividad dicho “impuesto” puede llegar al 60%. Quiere decir que un salario promedio industrial del orden de $15.000 pesos brutos redunda en un salario en mano de $ 12.300 en tanto que el costo laboral que abona el empleador alcance los $22.725. Traduciendo el empleador paga $ 22.725 y el trabajador recibe $ 12.300. En el medio, impuestos, regulaciones, “salarios diferidos” (artilugio para denominar los supuestos beneficios jubilatorios y sociales), costos indenmizatorios, y supuestas protecciones.

No es casual que quienes proponen estas medidas jamás hayan pagado una quincena. Demuestra un desconocimiento total del mercado de trabajo su funcionamiento y los incentivos. En los últimos días muchos despidos se han acelerado sólo por los rumores de estas inútiles leyes curiosamente propuestas por quienes no generaron empleo privado desde 2011 hasta 2015.

Desde el nacimiento de la legislación laboral, políticos y sindicalistas se empecinaron en aumentar los costos laborales creando desempleo y marginación. Es el estado, en su intento pseudoprotector el que excluye.

Los salarios reales sólo pueden crecer si el trabajo es asistido con bienes de capital. Son las máquinas las que fortalecen la productividad del trabajador. Sin máquinas los salarios son necesariamente bajos. No hay grito sindical, huelga, legislación chamuyera, ni bravuconada política que pueda aumentar los salarios por obra de un decreto.

Si queremos disminuir los despidos, bajar el desempleo, aumentar los salarios reales y proteger de esa manera a los trabajadores nuestros diputados deberían pensar en generar incentivos a la inversión. Incentivos que no son subsidios ni protecciones sino un ambiente de negocios estable, impuestos bajos, y una razonable administración de justicia. Todo lo demás vendrá por añadidura.

Los trabajadores que se sientan “protegidos” por los anuncios de los legisladores del kirchnerismo deberían saber que “hay amores que matan”. El chamuyo mata y la demagogia excluye. Doce años espantando inversiones tienen como corolario la tremenda incertidumbre que estamos viviendo.

El artículo fue publicado originalmente en la web del Insituto Cato.

Arruabarrena está respetando a esa vaca sagrada llamada hincha que paga su entrada, que sufre el trabajo de la semana, que necesita descargar sus frustraciones y otros credos religiosos que nos impusieron durante años. Humo en estado puro y de la más alta toxicidad.

En rigor, el hincha no es más que un asistente (muchas veces ignorante) sin derecho a formar o parar un equipo. No tiene tal derecho. No es cierto que su opinión es sagrada. Debe ser respetada, como todo, por supuesto, pero no tiene derecho a que su injuria sea una verdad religiosa ni su escupitajo un decreto. Es más, el gestor ni debería escuchar el aplauso o la reprimenda. Es nada más que un espectador. Si le gusta, que pague la entrada y si no, que mire en televisión programas de cocina los domingos a la tarde. Pagar la entrada, comprar el abono a un palco o una platea no dan títulos de nobleza. No convierten la pasión en razón, ni dan derecho a veto a nada.

En la gestión pública de la Argentina actual, sucede algo parecido, obviamente salvando las distancias. El Gobierno de Mauricio Macri parece gobernando para los focus groups y las encuestas, lo que limita las soluciones reales que se deben llevar a cabo.

La Argentina tiene, desde hace décadas, un Estado gigante, inútil y parasitario. No puede desde cortar el pasto en una autopista hasta ofrecer los más mínimos servicios públicos. Funciona mediocremente entre 15 y 25 grados. Fuera de ese rango, todo es un caos. Podríamos enumerar más de un indicador por cada función pública (seguridad, salud, educación) para graficar el grado de deterioro irreversible.  Ni es eficiente para los trámites absurdos que impone. Que nos hayamos acostumbrado y que hayamos “bajado la vara” es otro asunto. Que nos guste es otro aún peor.

El Estado no da más. La estructura fiscal es inviable y en cada rincón del gasto público hay desidia, corrupción y una inutilidad alarmante.

No son las personas. Agradeceré no entorpecer el razonamiento con comentarios sentimentales. La cuestión no es de los empleados públicos en cuanto a personas. Es el sistema. Un sistema que inutiliza al más talentoso. A Bill Gates en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se le colgaría el sistema. Un Estado colapsado, lleno de funciones, sin responsabilidad. Partido liquidado.

Esto lo saben todos los actores políticos y económicos. Pero nadie se anima ni siquiera a plantearlo por temor a la gente. Los riesgos de la impopularidad. “Las elecciones son en dos años”. Políticos tribuneros.

Al igual que el Vasco Arruabarrena, Macri también está enfrascado en no atacar las soluciones de fondo. No es culpa de Macri, ni del macrismo, ni de Cambiemos. Si me corrés, hasta Cristina, en su delirio, cayó en la misma trampa. La sociedad tiene los patos desordenados. Por eso las encuestas no sirven para nada. La sociedad quiere fiestas y no pagarlas. Detesta al Estado, pero desea fervientemente un puestito para robar y salvarse.

El ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, fue clarísimo: “Si pretendemos bajar la inflación en dos meses, tendríamos que hacer un ajuste inaceptable”. El Gobierno optó por la vía gradual. Hacer de a poco para que la gente no se dé cuenta. Y cuando se da cuenta, salir con disparates como los siempre populares y nacionales controles de precios o sistemas de información. Todo encuestado previamente. Ahora maquillados por la web (Nota aparte: Muchas veces me pregunto si los que inventaron internet, pensaron alguna vez las boludeces que hacen los Gobiernos con tan maravilloso invento. La AFIP a la cabeza).

Para ayudar a Macri y también, quizás, al Vasquito Arruabarrena tenemos que tratar, desde la sociedad civil, de acomodar los patitos. Tenemos que sembrar ideas que nos permitan asignar las prioridades públicas correctas (el fútbol gratis no puede ser más importante que la calidad educativa, por ejemplo). Tenemos, por sobre todo, que tratar de revalorizar palabras tales como respeto, propiedad, libertad, individualidad, paz.

En mi opinión personal, éste debe ser el rol del liberalismo en la Argentina. Los tan vilipendiados ateneos liberales tienen un rol importantísimo. Sembrar ideas correctas en la sociedad, a través del debate, la razón, el ejemplo y el diálogo. Para que los gestores de la cosa pública puedan aplicar las soluciones que el enfermo necesita y no lo que los parientes del enfermo quieren escuchar. Por suerte, por ahora, solamente por ahora, todavía existen médicos que operan conforme a la biología y no hacen una encuesta en el hall del hospital.

Respetar la democracia es una cosa. Incuestionable. Que dos más dos sea cuatro también es incuestionable.

Pasarán muchos años para que un Gobierno pueda racionalizar el Estado. Quizás tantos como los que necesita un director técnico para tomar decisiones racionales frente a una tribuna humíferamente emocional.