En la Argentina de hoy parece natural el consenso desplegado en torno a la política de Memoria, Verdad y Justicia; pero es vital recordar que hace apenas 12 años, antes del inicio del proceso político inaugurado por Néstor Kirchner, el contrato social que determinaba la vida de los argentinos era diametralmente opuesto. En aquel contexto, las demandas y necesidades de los organismos de derechos humanos eran marginales: para los sistemas políticos e institucionales y los grandes medios de comunicación no eran prioridad.

Pero con la llegada del binomio Kirchner-Daniel Scioli a las más alta responsabilidad institucional del país, los derechos humanos pasaron a ser el corazón del andamiaje socio-político y cultural en torno al cual se organizaron los consensos más desplegados de esta época. Una verdadera política de Estado, que requirió valor y decisión.

La provincia de Buenos Aires es el territorio en el que esa política de Estado ha tenido la más acabada interpretación política y social, el despliegue más amplio, la implementación de políticas públicas más progresistas y el empoderamiento institucional más notable.

La secretaría de Derechos Humanos provincial (posee rango ministerial) es la cartera más importante del país en cuanto a estructura. Esto no es un dato menor, porque el despliegue presupuestario nos permite extender nuestra competencia, atravesar toda la gestión del Ejecutivo y abordar cada uno de los distritos de la Provincia. En cómo se asignan los recursos es posible distinguir la definición política de un gobierno.

Esos atributos se traducen en logros de gestión explícitos:

-Hemos firmados el convenio Marco de Articulación Institucional con más de 100 municipios, los que nos permite la implementación efectiva de metodologías ligadas a la gestión asociada.

-Gestionamos el Programa de Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia (AVM), que es la principal herramienta del gobierno provincial para abordar las violencias de género. A través de un número telefónico gratuito (0800-555-0137 o desde del 911) contiene, asesora y articula con los organismos nucleados en las Mesas Locales las emergencias; además, a través del equipo interdisciplinario genera estadísticas, investigaciones y realiza capacitaciones a lo largo y ancho de la provincia.

- Las Políticas Reparatorias son masivas en la Provincia: más de 4500 pensiones; 45 señalizaciones; más de 70 condenados en juicios de Lesa Humanidad; 5 Espacios de Memoria en marcha o en proceso de construcción.

- Se realizó un abordaje integral para garantizar los derechos de los pueblos originarios de la Provincia: se los empoderó a través de la normalización institucional de sus comunidades, cuyas autoridades elegidas democráticamente confluyen en el Consejo Indígena de Buenos Aires (CIBA), el órgano que depende de nuestra Secretaría y que garantiza la expresión de las demandas de sus comunidades.

- Hemos encarado una profunda transformación en el Servicio Penitenciario que incluye la formación y capacitación integral de los agentes -también de la policía- desde una perspectiva integral de derechos; el monitoreo permanente de los centros de encierro y la construcción de una ley provincial de prevención de la tortura.

Buenos Aires ha establecido un piso de transformaciones que constituye una referencia central para el resto de las provincias. En este momento atravesado por lógicas y dinámicas eminentemente electorales, es saludable tomarse un segundo: ninguno de estos notorios avances en materia de derechos humanos logrados por la Provincia hubiesen sido posible sin la decisión y la convicción de Daniel Scioli, el máximo responsable político e institucional.

En el mismo momento en que algunos precandidatos expresan su menosprecio por los derechos humanos al tildarlos de “curro”, o pretenden invisibilizarlos hablando de “etapa superada”,  Scioli se ocupa de empoderar institucionalmente la cartera de su gobierno (con recursos humanos y materiales), de acercar las políticas públicas del área a los ciudadanos, de profundizar el proceso dinámico de construcción de Memoria; de convertir a los derechos humanos en un tópico que atraviesa toda la gestión y que proyecta su desarrollo en el futuro cercano. 

En estas acciones es fácil encontrar la naturaleza de un proyecto político y su alcance histórico. Como Néstor y como Cristina, para Daniel Scioli los derechos humanos son política de Estado. El resto, son apenas palabras.

El gobernador Daniel Scioli no dejó dudas al respecto y, al mismo tiempo, trazó la hoja de ruta para abordar problemáticas ligadas al presente, pero especialmente relacionadas con el mediano plazo y con la oportunidad de desarrollar la provincia y el país.

El gobernador explicó que el servicio militar obligatorio “es parte del pasado”, y definió el marco político-conceptual para abordar, por ejemplo, la problemática de jóvenes desocupados: “inclusión social”, generación de oportunidades a partir de un Estado activo que interceda para generar las condiciones (destacó los programas Envión –provincial- y Progresar –nacional).

Desde estas certezas y esta responsabilidad es que debemos construir la provincia y el país que estamos en condiciones de hacer: reparando, fortaleciendo y ampliando derechos; caminando hacia la equidad en el marco del desarrollo.

Las problemáticas sociales, las que plantea el desarrollo, no pueden abordarse desde lógicas reduccionistas, ni desde los discursos y prácticas que en el pasado configuraron la Argentina del terror, de la miseria y la exclusión.

Relacionar a la juventud con las violencias, sin matices ni voluntad de análisis histórico, se inscribe en ese marco. Es una especie de resorte reaccionario que expresa, básicamente, incapacidad e irresponsabilidad. No se trata de mandar a los pibes a la cárcel o a los cuarteles. Se trata, como expresó el Gobernador, de incluir y ofrecer posibilidades.

Y finalmente, estos entreveros mediáticos permiten diferenciar a los dirigentes que asumen sus compromisos institucionales con responsabilidad, de los que se transforman en generadores de títulos de alto impacto que se remiten sólo a impresiones particulares que permanecen desarticulados de proyectos colectivos de transformación, y alejados de las necesidades y demandas de los ciudadanos.

Este es el camino de los Derechos Humanos. Por eso, en la Provincia ampliamos una consigna histórica: a la Memoria, a la Verdad y a la Justicia, le sumamos la Inclusión Social como paradigma rector. En esos valores puede rastrearse los límites, objetivos y sujetos de un proyecto político.

Los juicios de lesa humanidad a lo largo y ancho del país; la militancia de organizaciones de la sociedad civil, de agrupaciones políticas y sociales; la voluntad institucional del Estado argentino desde la llegada de Néstor Kirchner, y el acompañamiento de los ejecutivos provinciales para sostener la decisión de constituir los derechos humanos como política de Estado. Este escenario da cuenta del involucramiento institucional con los valores que constituyen y le dan sentido a la política de Memoria, Verdad y Justicia.

La sociedad argentina se ha fortalecido y tiene un altísimo grado de conciencia. A nuestra vivacidad innata como pueblo, se sumó la decisión política del Estado para iniciar un proceso de reparación que hoy nos permite tener un estándar alto en relación a la defensa y promoción de los derechos humanos.

Sin embargo, recién comenzamos. Nuestra democracia es joven, y el proceso de resignificación y valoración de los derechos humanos es aún más reciente. Progresivamente, será necesario apuntar hacia las vulneraciones actuales a los derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos.

En ese marco, la responsabilidad política e institucional nos obliga a pensar los derechos humanos en función de la inclusión y la ampliación de ciudadanía.

De esto se trata el presente y el futuro: fortalecer una política de Estado que, en la provincia de Buenos Aires, hemos sintetizado en la ampliación de una consigna histórica. Memoria, Verdad, Justicia e Inclusión Social. Esta decisión es, por supuesto, una opción política en el marco de un proyecto que aspira a cumplir las tareas inconclusas o aquellas todavía no abordadas.

Quienes habitamos los derechos humanos desde la responsabilidad política debemos planificar nuestro trabajo en torno a dos proposiciones básicas:

- Ampliación y fortalecimiento de la territorialización a través de la construcción de políticas públicas.
- Construir un campo simbólico integral en torno a los alcances y competencia institucional-política-social-cultural de los DDHH.

Es importante comprender que los derechos humanos deben interpelar a los ciudadanos y éstos deben apropiarse de los sentidos y los valores que los constituyen. En este ida y vuelta se encuentra la posibilidad de ampliar ciudadanía, construir políticas públicas que incluyan y que sean eficaces en los diversos campos de acción y ámbitos de intervención de nuestra Secretaría: salud, educación, cultura, género, seguridad.

Desde la construcción de una ley de prevención de la tortura que está actualmente en estudio, y la conformación del CIPreT (Comisión Interministerial para la prevención de la Tortura) en el ámbito del Ejecutivo, hasta los juicios de lesa humanidad que están avanzando en las complicidades civiles y los delitos sexuales. Desde al abordaje de la violencia de género con el Programa AVM (atención telefónica las 24hs. los 365 días del año al 0800-555-0137) hasta las señalizaciones de ex centros clandestinos. Desde la entrega de pensiones a familiares de víctimas de la dictadura hasta la identidad de género. Desde Asuntos Indígenas hasta violencia institucional. Desde problemáticas de discapacidad hasta la trata. Desde la formación de ciudadanía y formas de participación política en la juventud hasta una editorial propia para concientizar y crear sentidos.

Este es el legado de los que no están y de quienes recuperaron sus luchas y banderas. Se trata de la reparación, pero también de la construcción de una patria más justa, libre, soberana. Memoria, Verdad, Justicia e Inclusión Social.