En la Argentina de hoy parece natural el consenso desplegado en torno a la política de Memoria, Verdad y Justicia; pero es vital recordar que hace apenas 12 años, antes del inicio del proceso político inaugurado por Néstor Kirchner, el contrato social que determinaba la vida de los argentinos era diametralmente opuesto. En aquel contexto, las demandas y necesidades de los organismos de derechos humanos eran marginales: para los sistemas políticos e institucionales y los grandes medios de comunicación no eran prioridad.

Pero con la llegada del binomio Kirchner-Daniel Scioli a las más alta responsabilidad institucional del país, los derechos humanos pasaron a ser el corazón del andamiaje socio-político y cultural en torno al cual se organizaron los consensos más desplegados de esta época. Una verdadera política de Estado, que requirió valor y decisión.

La provincia de Buenos Aires es el territorio en el que esa política de Estado ha tenido la más acabada interpretación política y social, el despliegue más amplio, la implementación de políticas públicas más progresistas y el empoderamiento institucional más notable.

La secretaría de Derechos Humanos provincial (posee rango ministerial) es la cartera más importante del país en cuanto a estructura. Esto no es un dato menor, porque el despliegue presupuestario nos permite extender nuestra competencia, atravesar toda la gestión del Ejecutivo y abordar cada uno de los distritos de la Provincia. En cómo se asignan los recursos es posible distinguir la definición política de un gobierno.

Esos atributos se traducen en logros de gestión explícitos:

-Hemos firmados el convenio Marco de Articulación Institucional con más de 100 municipios, los que nos permite la implementación efectiva de metodologías ligadas a la gestión asociada.

-Gestionamos el Programa de Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia (AVM), que es la principal herramienta del gobierno provincial para abordar las violencias de género. A través de un número telefónico gratuito (0800-555-0137 o desde del 911) contiene, asesora y articula con los organismos nucleados en las Mesas Locales las emergencias; además, a través del equipo interdisciplinario genera estadísticas, investigaciones y realiza capacitaciones a lo largo y ancho de la provincia.

- Las Políticas Reparatorias son masivas en la Provincia: más de 4500 pensiones; 45 señalizaciones; más de 70 condenados en juicios de Lesa Humanidad; 5 Espacios de Memoria en marcha o en proceso de construcción.

- Se realizó un abordaje integral para garantizar los derechos de los pueblos originarios de la Provincia: se los empoderó a través de la normalización institucional de sus comunidades, cuyas autoridades elegidas democráticamente confluyen en el Consejo Indígena de Buenos Aires (CIBA), el órgano que depende de nuestra Secretaría y que garantiza la expresión de las demandas de sus comunidades.

- Hemos encarado una profunda transformación en el Servicio Penitenciario que incluye la formación y capacitación integral de los agentes -también de la policía- desde una perspectiva integral de derechos; el monitoreo permanente de los centros de encierro y la construcción de una ley provincial de prevención de la tortura.

Buenos Aires ha establecido un piso de transformaciones que constituye una referencia central para el resto de las provincias. En este momento atravesado por lógicas y dinámicas eminentemente electorales, es saludable tomarse un segundo: ninguno de estos notorios avances en materia de derechos humanos logrados por la Provincia hubiesen sido posible sin la decisión y la convicción de Daniel Scioli, el máximo responsable político e institucional.

En el mismo momento en que algunos precandidatos expresan su menosprecio por los derechos humanos al tildarlos de “curro”, o pretenden invisibilizarlos hablando de “etapa superada”,  Scioli se ocupa de empoderar institucionalmente la cartera de su gobierno (con recursos humanos y materiales), de acercar las políticas públicas del área a los ciudadanos, de profundizar el proceso dinámico de construcción de Memoria; de convertir a los derechos humanos en un tópico que atraviesa toda la gestión y que proyecta su desarrollo en el futuro cercano. 

En estas acciones es fácil encontrar la naturaleza de un proyecto político y su alcance histórico. Como Néstor y como Cristina, para Daniel Scioli los derechos humanos son política de Estado. El resto, son apenas palabras.

En este marco, toma una dimensión muy importante un concepto político que determina la práctica y delimita los alcances de una gestión de gobierno: los derechos humanos y la seguridad no son antagónicos.

Desde diversos sectores (que se ubican en los extremos del arco ideológico de la política nacional) se intentó hacer una utilización política que sólo confunde. Sin embargo, la gestión que realiza el Ejecutivo provincial a través de la secretaría de Derechos Humanos (en articulación con el resto de los ministerios), y las medidas tomadas en el marco de la Emergencia, dan cuenta de un accionar enmarcado en una concepción que aspira a ser una síntesis: la seguridad pública atravesada y condicionada por los derechos humanos.

Por eso el gobernador Scioli tomó una decisión vital: los legajos de los policías y penitenciarios retirados convocados a sumarse a la Emergencia fueron revisados por la secretaría de Derechos Humanos. Cada uno de esos expedientes fue cotejado en una base de datos de lesa humanidad, otra de violencia de género y otra de asuntos internos, por lo que ninguno de los reincorporados tiene antecedentes en ninguno de los tres casos.

Esta articulación con el ministerio de Seguridad se inscribe en el trabajo institucional que Derechos Humanos realiza al interior del Gobierno provincial para abordar la heterogénea y compleja problemática de derechos humanos.

En ese marco, estamos reparando y ampliando derechos en la Provincia, en los distintos campos de acción y ámbitos de intervención de la secretaría de Derechos Humanos. La Emergencia en Seguridad no es la excepción: se intensificaron las políticas sociales, robusteciendo el vínculo con las organizaciones que trabajan territorialmente y complementan la acción estatal, desde una matriz de gestión asociada.

En por esto que entendemos que también debemos trabajar en relación a los sentidos: es falsa la premisa que enfrenta la seguridad con los derechos humanos. La articulación institucional dentro del Gobierno bonaerense, y el trabajo con las organizaciones de la sociedad civil que pueblan los 307 mil kilómetros cuadrados de la provincia, apuntan a la construcción de seguridad democrática, porque el primer derecho que defendemos es el derecho a la vida.

Esta es la concepción que nos permite, además, avanzar en transformaciones en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), formando y capacitando a agentes -también de la policía- desde una perspectiva integral de derechos; trabajar en la construcción de una ley provincial de prevención de la tortura; monitorear el accionar policial para erradicar la violencia institucional; abordar la violencia de género con un Programa gratuito que atiende las 24hs. los 365 días del año (0800 555 0137).

Por supuesto que estos avances son posibles en el marco de un proyecto político que comenzó hace 11 años: la reciente actualización de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el desarrollo del Programa Progresar, garantizan el acceso a necesidades básicas de los sectores menos favorecidos.

En ese mismo temperamento transformador hay que ubicar los juicios por jurados en la provincia de Buenos Aires. Se trata de una nueva conquista democrática que llena de participación popular un ámbito institucional que, muchas veces, evidenció rasgos corporativos. Esta decisión avanza en el mismo sentido que la reforma del sistema político con la incorporación de las PASO; o que las transformaciones socio-culturales expresadas en la ley de identidad de género; o la incorporación de nuevos actores en el espectro comunicacional que significó la ley de medios.

Los juicios por jurados implica modernización y ampliación de ciudadanía en su doble dimensión: como derecho y como responsabilidad que generará mayor compromiso cívico de los bonaerenses. En estas búsquedas, acciones, medidas y sujetos destinatarios es posible vislumbrar el contorno que delimita un proyecto político y su proyección en la historia.

El gobernador Daniel Scioli no dejó dudas al respecto y, al mismo tiempo, trazó la hoja de ruta para abordar problemáticas ligadas al presente, pero especialmente relacionadas con el mediano plazo y con la oportunidad de desarrollar la provincia y el país.

El gobernador explicó que el servicio militar obligatorio “es parte del pasado”, y definió el marco político-conceptual para abordar, por ejemplo, la problemática de jóvenes desocupados: “inclusión social”, generación de oportunidades a partir de un Estado activo que interceda para generar las condiciones (destacó los programas Envión –provincial- y Progresar –nacional).

Desde estas certezas y esta responsabilidad es que debemos construir la provincia y el país que estamos en condiciones de hacer: reparando, fortaleciendo y ampliando derechos; caminando hacia la equidad en el marco del desarrollo.

Las problemáticas sociales, las que plantea el desarrollo, no pueden abordarse desde lógicas reduccionistas, ni desde los discursos y prácticas que en el pasado configuraron la Argentina del terror, de la miseria y la exclusión.

Relacionar a la juventud con las violencias, sin matices ni voluntad de análisis histórico, se inscribe en ese marco. Es una especie de resorte reaccionario que expresa, básicamente, incapacidad e irresponsabilidad. No se trata de mandar a los pibes a la cárcel o a los cuarteles. Se trata, como expresó el Gobernador, de incluir y ofrecer posibilidades.

Y finalmente, estos entreveros mediáticos permiten diferenciar a los dirigentes que asumen sus compromisos institucionales con responsabilidad, de los que se transforman en generadores de títulos de alto impacto que se remiten sólo a impresiones particulares que permanecen desarticulados de proyectos colectivos de transformación, y alejados de las necesidades y demandas de los ciudadanos.

Este es el camino de los Derechos Humanos. Por eso, en la Provincia ampliamos una consigna histórica: a la Memoria, a la Verdad y a la Justicia, le sumamos la Inclusión Social como paradigma rector. En esos valores puede rastrearse los límites, objetivos y sujetos de un proyecto político.