Las idas y vueltas en el acuerdo marco de cooperación Mercosur-Unión Europea (UE) dejan entrever que, más allá de los buenos fines, existen cuestiones conexas que imposibilitan un genuino avance.

Han transcurrido ya 15 años. El acuerdo firmado el 15 de diciembre de 1995 recién entró en vigor en 1999. El diálogo político, los temas económicos-comerciales y de cooperación son los ejes centrales. Las numerosas rondas de negociación celebradas aún no fueron suficientes  para arribar a una firme propuesta de oferta entre ambas partes. El objetivo máximo es alcanzar la liberalización del comercio en mercancías y servicios, siguiendo las normas de la Organización Mundial del Comercio, así como el fomento de la cooperación y el impulso del diálogo político.

¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Ninguna fuente es capaz de dar agua salada y dulce al mismo tiempo. En ocasiones, el grado de expectativa es demasiado alto respecto a lo que realmente se logra conquistar. La espera de un logro que roza lo utópico considerando la misma naturaleza del proceso da cuenta de un único resultado: la frustración. Las vallas a sortear tienen que ver con áreas en donde cada una de las partes debe ceder para llegar a ese pacto fundado en el común acuerdo. La dilación temporal erosiona el ímpetu inicial que dio origen a esta convención que es, sin duda, favorable para ambos bloques.

El acuerdo prevé la eliminación de impuestos a la importación para un listado determinado de productos que provengan de cada una de las regiones. Pese a ello, existe una clara colisión de intereses entre ambos bloques: el subsidio a los productos agrícolas. Se trata de la eterna disputa entre Francia y Argentina, pues aquí hay competitividad, no complementariedad. Nuestro país ha dejado en claro su postura de comercio administrado, es decir, protección a la industria nacional.

Hoy la UE es el primer socio comercial del Mercosur y representa el 19,8 % de su comercio exterior por un valor de 109.895 millones de euros en 2013. El pronóstico que elaboró la Comisión Europea en 2011 arrojaba un beneficio que incrementaría las exportaciones del Mercosur a la UE en un 40 %. Lejos de considerar a este acuerdo como una amenaza para las economías locales, las ganancias estarían dadas por los efectos dinámicos que tendría sobre los países que integran el bloque, lo que generaría consecuencias positivas para la competitividad.

Lo que precisa el Mercosur en estos momentos y, nuestro país en particular, es la conversión en un polo de atracción para las inversiones externas. Lo pendiente en agenda es dejar a un lado la miopía política y abandonar la barca de la comodidad y el temor denominada “Lo hasta ahora conocido” para dar paso a nuevos desafíos. Una asociación de esta magnitud puede catapultarse como el puntapié inicial para atraer más y mejores inversiones europeas de alta calidad dando como resultado mayor competitividad y dinamismo comercial.

Desde 2010 se llevan a cabo nueve rondas de negociación. Si se quiere avanzar en este acuerdo, es preciso un nuevo intercambio de ofertas de acceso a los respectivos mercados en las áreas de bienes, servicios, inversiones y compras públicas.

En la reunión ministerial Mercosur-UE, que tuvo lugar en Bruselas el 11 de junio de 2015, estuvieron presentes la comisaria de Comercio de la Comisión Europea, Cecilia Malmström y, por el Mercosur, los ministros de Relaciones Exteriores de Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Se puntualizó en la necesaria profundización y expansión del acuerdo entre ambos bloques. Allí se llevó a cabo un intercambio de ofertas de acceso al mercado conforme a lo pautado en la Cumbre de Madrid del 17 de mayo de 2010. Se fijó como plazo el último trimestre de este año para intercambiar las ofertas de acceso al mercado. El acuerdo cubre bienes industriales y agrícolas, servicios, inversiones y compras públicas. Las reglas comunes a establecerse incluyen facilitación del comercio, procedimientos aduaneros, compatibilización y armonización de normas técnicas y fitosanitarias en pos de evitar que se tornen en barreras injustificadas al comercio.

Sin duda en medio de la crisis siempre aflora una oportunidad. Si somos capaces de llevar a cabo grandes acuerdos en tiempos en los que predomina la retracción hacia las economías locales, seremos felizmente denominados visionarios.

En este plan pueden existir altibajos mentales, estadios de duda, pero jamás de incredulidad. Se trata simplemente de una batalla entre creer o no creer. La decisión es nuestra. Una vez que nos aferramos a ella, que la abrazamos de todo corazón, nada ni nadie nos impide perseguirla hasta alcanzarla.

Argentina está transitando una senda en el proceso de integración regional signada por avances lentos pero firmes. A pesar de ello y en el mismo andar, aún brillan los destellos intergubernamentales. Los distintos porcentuales de aportes destinados al Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (Focem) denotan puertas afuera una integración pari passu, aunque las desigualdades en el tratamiento del arancel externo común (AEC) claramente reflejan la fragilidad de un andamiaje normativo no sustentable.

La decisión 22/15 adoptada por el Consejo del Mercado Común establece un monto anual de contribuciones de los Estados parte al Focem de 127 millones de dólares, de los cuales Argentina aporta 27 millones, Brasil 70, Paraguay 1 millón, Uruguay 2 millones y Venezuela 27. La distribución se realiza bajo los criterios de promoción de convergencia estructural, desarrollo de competitividad y fortalecimiento de la cohesión social, en particular en lo correspondiente a economías menores. Así, Paraguay recibe el 43,65 %, Uruguay 29,05 %, Argentina, Brasil y Venezuela 9,1 %, respectivamente.

El punto álgido está dado por la gran cantidad de excepciones al AEC, lo que nos lleva a calificar al Mercosur como una unión aduanera imperfecta. Para el sector azucarero y automotriz aún no existe una política comunitaria, sino que se encuentran sujetos a un régimen tributario propio conforme a lo estipulado en cada Estado parte.

Entre la espada y la pared, entre los deseos de los máximos jefes de Gobierno y los reales intereses económicos en juego, pende de un hilo una estructura que pide a gritos sinceridad.

Es tiempo de dejar a un lado los discursos y las nuevas expresiones de deseos. ¿Por qué no resaltar las singularidades productivas de cada nación en el Mercosur bajo el paraguas de la complementariedad en vez de la competitividad entre los Estados, en pos de consolidar un genuino bloque regional?

La inflación creciente en Brasil está afectando al Mercosur, mientras que Bolivia aún estudia condiciones para entrar en la Unión, luego de haber suscrito el pasado 17 de julio el Protocolo de Adhesión como miembro pleno. Priman los intereses individuales. No se piensa como bloque a nivel estratégico, más bien bajo un proteccionismo a ultranza: cómo no perjudicarse a sí mismos, cuando la mayor potencialidad opera en la unidad.

Pese a los avances, el proceso de integración regional actual adolece de democratización en su misma esencia considerando el tinte intergubernamental del proyecto de integración del Mercosur. Es decir, en última instancia, son siempre los Estados parte quienes conservan la última ratio en materia de decisiones soberanas en todos los campos centrales de las políticas de Estado. Existe un desequilibrio estructural en la construcción del bloque entre los mismos países. Asimismo, prima el criterio del decisionismo, lo que no contribuye a la construcción de institucionalidad común. Observamos ausencia de supranacionalidad en el trazado de políticas de Estado comunes a nivel regional.

La voluntad política de cada uno de los Estados parte resulta esencial para dar avance efectivo a la integración regional. La ausencia de una agenda unificada que trace políticas aplicables a la región, sumada a la inexistencia de una ciudadanía mercosureña, dan cuenta de una identidad regional aún no construida.

Los dilemas identitarios se sobrepasan con decisiones firmes bajo única creencia de validez denominada comunidad de valores regionales cimentados en la supranacionalidad.

Podemos trazar dos lecturas claves para este tan esperado ingreso. Por un lado, la arista política e institucional y, por el otro, la económica.

La arista política de un proceso integracionista tiene como eje central a las instituciones. En este sentido, los participantes transfieren a un ente más poderoso lealtades y atribuciones para regular sus relaciones dentro del espacio o la unidad mayor. Así, se define como integración al proceso mediante el cual dos o más Gobiernos adoptan, con el apoyo de instituciones comunes, medidas conjuntas para intensificar su interdependencia y obtener así beneficios mutuos. Consecuentemente, se entiende la integración como un proceso sin meta final preestablecida, pero con un objetivo a perseguir. Avanzar sobre el objetivo nos introduce en un terreno de arenas sinuosas: la integración económica. Isaac Cohen Orantes la define como el proceso mediante el cual dos o más países proceden a la abolición gradual o inmediata de las barreras discriminatorias existentes entre ellos con el propósito de establecer un solo espacio económico.

La concepción originaria del Mercosur ampliado, tendiente a congregar a la mayoría de los países latinoamericanos va cobrando una nueva dimensión con la presencia de Bolivia si consideramos que integra la tríada proteccionista junto a Argentina y Venezuela. Del otro lado, Uruguay y Paraguay bregan por una mayor apertura al mundo, que implica reflotar las negociaciones bilaterales con la Unión Europea en lo que respecta al Tratado de Libre Comercio (TLC). Por su parte, la delicada situación política por la que está atravesando Brasil a nivel doméstico lo coloca al margen de todo tipo de protagonismo a la hora de levantarse a favor del TLC. Sabido es que, si bien Rousseff lo ve con ojos favorables, expresarlo abiertamente implicaría una clara ruptura de luna de miel política que viene manteniendo con nuestro país. Desde el Gobierno argentino se cree firmemente que tanto el ingreso de Venezuela como el de Bolivia constituyen un paso agigantado hacia la integración bajo la bandera de la unidad mercosureña.

Lo cierto es que hoy el Mercosur es una unión aduanera imperfecta, dado que se han eliminado aranceles para comercializar entre las partes y se propicia un arancel externo común (AEC), pero no se llega aún a consensuar para el 100 % de las posiciones arancelarias. El AEC cuenta con un sinnúmero de excepciones para muchísimos productos. Esta situación perfora la fortaleza institucional que se espera del Mercosur en términos de negociación con otros bloques regionales.

Tabaré Vázquez resaltó la clara ausencia de libre circulación de bienes, servicios y factores productivos tal como lo establece el artículo 1.º del Tratado de Asunción. Tampoco se han eliminado derechos aduaneros ni restricciones no arancelarias. Mucho menos se dio cumplimiento a otro de los grandes objetivos del tratado fundacional: la coordinación de políticas macroeconómicas fiscales y monetarias, entre otras.

Por su parte, el Gobierno boliviano espera ventajas comerciales sustanciales para la oferta nacional en productos no tradicionales. Pese a ello, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) puso reparos en el ingreso indiscriminado de manufacturas, principalmente de Brasil y Argentina. Antes de que se desate un cuestionamiento público, Bolivia buscará obtener del Mercosur: 1. Un régimen preferencial que permita a la manufactura boliviana ingresar a los mercados de Brasil y Argentina en las mismas condiciones vigentes para Paraguay; 2. El respeto de la doble pertenencia de Bolivia a la Comunidad Andina (CAN) y al Mercosur; 3. El levantamiento de las barreras paraarancelarias aplicadas a la oferta de Bolivia en el bloque; 4. La garantía para todos los bolivianos de acceder a materias primas e insumos para la producción competitiva y no condicionada al abastecimiento interno del Mercosur y 5. La generación de condiciones en pos de proteger la industria nacional.

En términos económicos, el mayor intercambio Bolivia-Mercosur está dado por el gas. Según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), de enero a mayo de este año Bolivia exportó 302 productos al Mercosur por 1923 millones de dólares, de los cuales el gas representa el 94 % de las ventas. El restante 6 % está conformado por leche en polvo, bananas frescas, aceites crudos de petróleo y sulfato de bario natural, entre otros.

Uno de los mayores inconvenientes y a la vez desafíos para el bloque es la ausencia de dinamicidad comercial, debido al fuerte proteccionismo explicado en parte por las barreras paraarancelarias.

El comercio intra y extra-Mercosur marca la debilidad de este bloque. Los países miembro deciden avanzar de manera singular en el comercio con otros bloques o naciones que están por fuera de la región, lo que marca la real debilidad actual del Mercosur. Urge una reorientación de las iniciativas integracionistas regionales, que deben trabajar para que las dimensiones jurídica y comercial avancen en paralelo.

Observamos que en el proceso de integración predominó la óptica top-down. Fue concebida desde el plano jurídico general, esperando que derive en integración comercial sectorial. La meta es enfocarse en la complementariedad productiva entre los países que integran el Mercosur para negociar con mayor eficacia frente a otros bloques, como ser la Unión Europea y la Alianza del Pacífico. Se trata, por tanto, de un esquema de integración regional que hay que potenciar y mejorar.

Lo cierto es que la dirigencia política a nivel mundial se está haciendo eco desde hace tiempo de una serie de demandas ligadas no solamente a los derechos humanos, sino a la esencia misma de la democracia en ese país.

En el informe anual sobre derechos humanos de 2014, el Departamento de Estado de los EEUU denunció al actual Gobierno de Nicolás Maduro por ejercer una judicatura selectiva a la hora de dirimir cuestiones judiciales por arresto y encarcelamiento de opositores al régimen y juicios regularmente retrasados. Sumado a ello, se encuentran coartadas las libertades de expresión y de prensa.

Por su parte, en un reciente comunicado publicado por el Parlamento europeo (PE) desde Bruselas, la Alta Representante del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), Federica Mogherini, afirmó: “incumbe a las autoridades garantizar que todas las etapas del proceso electoral sean inclusivas y transparentes […] y que se desarrollen de forma tranquila y pacífica […] Crear condiciones electorales propicias es crucial”. En lo que respecta a la difusión, subrayó que “todos los venezolanos deberían de poder participar en el proceso y tener acceso a una cobertura mediática libre y equilibrada de la campaña y de los preparativos electorales”.

Lo llamativo es el compromiso que asumió el SEAE al asegurar que llevará a cabo esfuerzos mancomunados con el Consejo Nacional Electoral, la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) y la OEA (Organización de Estados Americanos) en pos de contribuir a elecciones inclusivas, creíbles y transparentes.

En tanto el Partido Popular Europeo (PPE) publicó una contundente declaración con énfasis en la persecución política que está azotando a Venezuela para pedir la liberación de los dirigentes que están encarcelados. El secretario general del PPE, Antonio López-Istúriz, dio a conocer que además recibió el apoyo del Grupo Popular del PE a raíz de la reunión de líderes del PPE celebrada previamente a la Cumbre de Jefes de Estado o de Gobierno de la Unión Europea el 26 y 27 de junio en Bruselas. En el documento se resalta la especial preocupación por el encarcelamiento de Leopoldo López, Daniel Ceballos y Antonio Ledezma. Una vez más el PE se pone a disposición de Venezuela para garantizar transparencia en el proceso electivo.

El Parlasur también se hizo eco del grito mundial frente a la impotencia de no encontrar respuestas ante las declaraciones de los máximos líderes políticos del globo. El pasado miércoles 24 de junio una delegación de parlamentarios brasileros alineados con el Gobierno de Dilma Rousseff viajó a Venezuela para dialogar con los sectores oficialistas y de la oposición. La misión estuvo encabezada por el parlamentario del Mercosur Roberto Requião, quien también busca dialogar con autoridades de la Fiscalía para indagar sobre los juicios y las condiciones de reclusión de presos políticos.

Lo cierto es que la semana anterior senadores de la oposición brasileña intentaron llegar a Caracas y las manifestaciones se lo impidieron, por lo que se vieron obligados así a permanecer en el aeropuerto de Maiquetía.

Lo que está en tela de juicio es la naturaleza jurídica misma de la democracia en Venezuela. Si indagamos en el origen del concepto, nos retrotraemos a la Atenas del año 508 a. C., donde el anclaje fundamental está dado por la participación del pueblo en las decisiones políticas. La palabra democracia está formada por los vocablos demos, ‘pueblo’ y krátos, ‘gobierno’. Previo a ese período, los atenienses eran regidos por la aristocracia y la tiranía.

Si consideramos a la democracia como la convivencia pacífica de desacuerdos, la pluralidad y la tolerancia y no la imposición y la violencia, debemos necesariamente replantearnos si la serie de condicionamientos reinantes hoy en Venezuela abre un espacio para trazar categorías como la de raquitismo democrático.

Afirmar que pueda existir injerencia del Concierto de Naciones en asuntos internos de un Estado resulta injustificable ante presos políticos contrarios al gobierno de turno. La lucha contra el avasallamiento de los derechos humanos debe ser librada a nivel mundial. No se trata de libertades individuales ni mucho menos que conciernen a un Estado en particular.

En Venezuela no existe posibilidad alguna de disentir con el gobierno de turno. Disentir se ha convertido en sinónimo de pérdida de libertad no sólo de expresión sino, lo que es aún más grave, de pensamiento. La cifra de presos políticos ascendió a 98 entre opositores políticos al régimen y estudiantes.

Lo anecdótico es la utilización del aparato represivo estatal en pos de la auto victimización. De hecho, el gobierno venezolano afirma la existencia de conspiraciones que atentan contra el orden constitucional democrático.

Por su parte, el pasado 12 de marzo, la Eurocámara aprobó en Sesión Plenaria la Resolución 2015/2582 (RSP) que condena al gobierno de Venezuela por la represión contra los manifestantes. El contexto en el que emana es la cruenta persecución de líderes opositores al régimen chavista:

“Considerando que la retención de civiles detenidos en una prisión militar es incompatible con las normas internacionales; que Venezuela tiene la obligación de garantizar la vida, un trato humanitario y la seguridad de todas las personas privadas de libertad, así como unas condiciones de detención que estén en consonancia con las normas internacionales aplicables (…) que el Presidente Nicolás Maduro anunció a través de la radio y la televisión nacionales que se había desarticulado un supuesto plan que pretendía desestabilizar el Gobierno mediante un golpe de Estado (…) que se han incrementado la intimidación y el maltrato de líderes de la oposición y estudiantes encarcelados que participaron en las manifestaciones de 2014…”, el Parlamento Europeo pide al Gobierno venezolano que deje de perseguir y reprimir políticamente a la oposición democrática y de violar las libertades de expresión y de manifestación, e insta a que se ponga fin a la censura de los medios de comunicación a la vez que enfatiza la importancia de las voces opositoras como indispensables para una sociedad democrática.

La Resolución fue aprobada por 384 votos a favor, 75 en contra y 45 abstenciones. Se trata de un llamamiento a las autoridades para que liberen de inmediato a Antonio Ledezma, Leopoldo López, Daniel Ceballos, y a todos los manifestantes pacíficos, estudiantes y líderes de la oposición que fueron detenidos de forma arbitraria por ejercer su derecho a la libertad de expresión y los derechos fundamentales.

Lo más alarmante es la nueva Resolución 8610 del Ministerio de Defensa que permite al Ejército el uso de armas de fuego en el control de reuniones públicas y manifestaciones pacíficas, lo cual avasalla a la misma Constitución de Venezuela en su Art. 68 que prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas para el control de manifestaciones pacíficas: “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas.”

No sólo es Europa la que se manifiesta, sino además la administración de Barack Obama. A raíz de las sanciones contra siete funcionarios venezolanos (negación de visa y bloqueo de cuentas bancarias), acusados de violaciones a los derechos humanos despertó el malestar del mismo Presidente del Parlasur, el venezolano Saúl Ortega alegando amenaza real de agresión a la soberanía, la paz y la estabilidad democrática de su país y por ende del Mercosur.

La invitación que hizo Ortega al resto de los presidentes y jefes de Estado del Mercosur, a “rechazar y condenar” esta situación, y a los “pueblos del mundo” a “condenar y rechazar estas prácticas imperialistas” nos coloca en las antípodas de la inserción a nivel mundial.

No sólo el andamiaje institucional está pulverizado sino que además, las políticas instauradas en Venezuela han dado pruebas suficientes de la inoperancia total de un gobierno que ha perdido legitimidad social desatando un descontento inusitado: inflación, inseguridad, caída en los nivele de producción, desequilibrios económicos, desabastecimiento alimenticio, etc.
¿Qué imagen estamos ofreciendo como bloque regional hacia el mundo? ¿Por qué nos afanamos en continuar alineados con un país que infringe el Art. 1 del Protocolo de Ushuaia sobre el Compromiso Democrático en el Mercosur? Es tiempo de hacer caer velos que enceguecen a los pueblos y corroen la esencia misma de la democracia.