Regenerarse, volver a generar, proviene del griego, ‘palingenesia’. Palin significa volver o regresar, genesia habla de una genética que nos lleva al origen.

Nuevo nacimiento es recuperarse del viejo estadio del estancamiento, del parate que inmoviliza al atentar contra toda idea de progreso.

Nuestros padres fundadores defendieron durante la segunda mitad del siglo XIX paradigmas sólidos tendientes a crear un orden político legítimo preparado para imponerse en un extenso territorio, poco poblado y con un nulo grado de integración. Domingo Faustino Sarmiento y Juan Bautista Alberdi coincidían en el horizonte al cual apuntaba nuestra naciente Argentina: el progreso material y la estabilidad política.

Hoy esa distante idea de progreso pide de un esfuerzo mayúsculo. Sin duda 2015 puede ser catalogado como un año signado por importantes pruebas a superar. Pese a ello, la idea misma de crisis encierra oportunidades para grandes cambios.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) afirman que la desaceleración del crecimiento económico durante 2015 ha impactado en los indicadores laborales de la región y llevó la tasa de desempleo urbano a 6,6 por ciento. Durante 2014 había llegado a 6 por ciento.

En el caso de Brasil, que está atravesando una de las mayores crisis de confianza y legitimidad política hacia su clase dirigente, no sólo la corrupción de grandes dimensiones en la estatal Petrobras, sino además el fuerte deterioro de la economía, forzaron al Gobierno a la adopción de un impopular plan de ajuste fiscal que produjo la intempestiva reacción de los mercados y enfrió la actividad a partir de la retracción de la demanda.

Chile, Perú y México, firmemente decididos a alinearse con los “ganadores” por ser parte de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TTPT, por sus siglas en inglés) de libre comercio junto con otros nueve países (Estados Unidos, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam y Canadá), representan hoy el 40% de los intercambios comerciales a nivel regional.

En tanto el Mercosur ocupa el 71,8% del territorio de América del Sur. Con casi 15 millones de km², posee alrededor del triple de la extensión territorial de la Unión Europea. Las 295 millones de personas posicionan al bloque como la quinta mayor economía del mundo. Pese a ello, la debilidad institucional resquebraja toda idea de bloque supranacional consolidado. La pregunta entonces gira en torno a qué circunstancias o motivaciones atentan hoy contra la magnánima idea de regeneración política, ausente en la región.

El proceso de integración mercosureño ha estado históricamente ligado a los ciclos económicos de la región. Así, el período comprendido entre 1991 y 1998, caracterizado por el buen desempeño macroeconómico y los avances en la integración regional, muestra un claro progreso en la institucionalización del Mercosur. Entre 1999 y 2002 la volatilidad y la crisis dieron paso a un fuerte estancamiento del proceso de integración. En tanto desde 2003 al presente, el crecimiento económico general de la región permitió el desarrollo de una tendencia hacia la consolidación del bloque, a pesar de ciertas porosidades institucionales aún pendientes.

La dependencia hacia los ciclos económicos denota debilidad institucional apegada a las contingencias efímeras y momentáneas en el tiempo. Es decir, los ciclos económicos influyen de manera directa sobre los procesos de integración político-institucional. Mientras que en tiempos de bonanza la integración avanza; en tiempos de crisis los países tienden a aplicar políticas proteccionistas que cierran la puerta a toda posibilidad de diálogo y espíritu comunitario.

Una vez más observamos la carencia de instituciones sólidas que puedan forjarse independientemente de los gobiernos de turno. Esta miopía dirigencial detenta en sí misma ostracismo político.

La Unión Europea (UE) ha recorrido un largo trayecto de idas y vueltas que ha implicado incluso el voto negativo al proyecto de constitución de la unión en 2005 por parte de la misma Francia, lo que generó una de las mayores crisis de identidad que haya sufrido en su medio siglo de historia. Pese a ello, hoy la política de alargamiento es prioritaria. En este sentido, los 28 países esperan el ingreso de Albania, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Serbia y Turquía, en camino de adhesión.

Europa es perfectamente consciente de la importancia de la unidad. Integrar no es condición suficiente, pero sí necesaria como para asegurar la paz continental.

En un mundo global, problemáticas como el cambio climático, el crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas, la explotación de la niñez y las amenazas nucleares, deben necesariamente resolverse de manera mancomunada. Requieren, en tal sentido, de un acto de grandeza llamado reconocimiento de no suficiencia en lo que respecta a políticas nacionales.

Los Estados nacionales no cuentan con las herramientas necesarias para responder con outputs frente a los inputs que genera el plano territorial extranacional. La clásica noción de monopolio de la fuerza legítima ejercida sobre un territorio determinado resulta caduca en el tiempo por el simple hecho de encontrarnos cara a cara con titánicos desafíos que nos movilizan a repensar y resignificar las tradicionales nociones de poder de policía nacional.

La regeneración que precisa hoy nuestro país apela al cambio en su misma esencia. Se trata del desarrollo de una nueva capacidad cognitiva que nos permita autogenerarnos y movilizarnos a un estadio inmaterial llamado respeto al prójimo. La integración es cooperación, es sumar al otro, que en definitiva es mi próximo. Integrarse a uno mismo rompiendo toda idea de divorcio y enajenación, indiferencia a la otredad, hacia ese otro, mi otro yo, yo mismo.

La titular del FMI, Christine Lagarde, instó a la audiencia al desarrollo de una nueva fórmula para un crecimiento más vigoroso que incluya políticas que permitan corregir los actuales resultados de recesión mundial. En este sentido, la cooperación es vital. Así, se pronostica para 2015 un crecimiento del PIB mundial de tan sólo 3,1% y de 3,6% para 2016. Se trata del ritmo más bajo en 6 años. En parte, se alega que aquello que golpea a las economías de América Latina es el parate en las potencias emergentes por la caída generalizada en la productividad y la falta de innovación debido a una población cada vez más envejecida.

Lagarde hizo hincapié en la afección de las perspectivas de crecimiento económico sustentada en transiciones relevantes que incluyen una posible subida de las tasas de interés en Estados Unidos, la desaceleración en China y el rápido descenso de los precios de las materias primas. Pese a ello, sigue al alza el crecimiento chino (6,8% para 2015 y 6,3% para 2016). Bajo este enfoque presentó tres ingredientes fundamentales en pos de un mejor crecimiento: políticas apropiadas, liderazgo decidido y cooperación a escala mundial.

Las políticas acertadas requieren la gestión de transiciones económicas que incluyan apoyo a la demanda, medidas de estabilidad financiera, reformas estructurales y refuerzos de políticas específicas. El liderazgo exige llevar adelante el difícil rol de vigilar los efectos contagio. En este sentido, los bancos centrales en las economías avanzadas deben considerar los riesgos de sus decisiones políticas. En tanto la cooperación internacional abre las puertas al trabajo mancomunado: “Ningún país puede actuar por su cuenta”, afirmó Lagarde.

América Latina no escapa de este panorama. Su previsión de crecimiento es negativa: -0,3% en 2015 y un raquítico 0,8% en 2016. El aluvión recesivo muestra a un Brasil como uno de los países que más hace notar una contracción de su economía, o sea, dos puntos más de lo previsto y llega a 3% este año. Argentina también presenta un escenario sombrío para el año entrante. Paradójicamente, la expansión se registra en los países de la Alianza del Pacífico (México, Perú, Colombia y Chile), que superan el 2,5%.

En este contexto, Chile, México y Perú pueden arrogarse el crecimiento de sus economías por ser parte de las negociaciones de libre comercio del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TTP, por sus siglas en inglés) junto a otros nueve países (Estados Unidos, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam y Canadá).

El TTP, inicialmente promovido por los Estados Unidos, tiene su foco en la liberación del comercio y la inversión. Con más de 26 capítulos de negociación, aborda desde regulación laboral, comercio de lácteos, derechos de propiedad intelectual, patentes, inversiones estatales, agricultura, aduanas, servicios financieros, movilidad de personas de negocios, telecomunicaciones, compras de Gobierno, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio hasta medio ambiente.

Los tres únicos países latinoamericanos ya integran el 40% de los intercambios comerciales mundiales y conforman el grupo de los 12. En el caso de estas economías latinas, no se puede hablar de dinamización de crecimiento a corto plazo, pero sí de aporte sustancial al nivel de exportaciones, que supone más de un tercio del PIB de la región considerando que el TTP abarca un mercado de 800 millones de personas y representará el 40% del PIB mundial. Las ganancias netas están estimadas en 295 billones de dólares al año.

El tratado, que aún no entró en vigencia, ya que requiere de la ratificación de cada uno de los parlamentos de los 12 Estados, constituye un “acontecimiento positivo” para la economía global, según Christine Lagarde.

Para nuestro país implica lisa y llanamente un claro alejamiento de dos actores con peso específico en el continente: Chile y Perú. Claro que pueden alegarse los mismos fundamentos que dieron cabida a la Alianza del Pacífico: el necesario crecimiento económico por encima de las cuestiones políticas.

Lamentablemente pecamos por la ausencia de una genuina integración regional que incluya como medida fundacional el fortalecimiento de la industria sudamericana. El sector empresarial debe encontrar las condiciones propicias para invertir en la región. Sumado a ello, el bloque Mercosur aún adolece de fragilidad institucional. Apenas como unión aduanera imperfecta no ha sabido consolidar una solidez en vistas de negociar una posición comunitaria hacia el mundo global.

¿Cómo hablar de grandes acuerdos financieros y económicos si aún nos encontramos replegados en el encono del encierro individual que escatima espacios y no ofrece áreas comunes para un escenario integracionista?

Es como exigir a un hombre viejo que nazca de nuevo. La solución opera en el cambio en su esencia, en su espíritu. Eso mismo precisa hoy nuestro país.

Argentina debe autodesafiarse a cambiar de mentalidad, planificar, ser visionaria y trazar puentes, aun con naciones de otras idiosincrasias, tendientes a forjar una senda de prosperidad y progreso en un marco denominado concierto de naciones. Allí el consenso y los grandes acuerdos son las cartas básicas para jugar la rueda de la inserción global.

Las idas y vueltas en el acuerdo marco de cooperación Mercosur-Unión Europea (UE) dejan entrever que, más allá de los buenos fines, existen cuestiones conexas que imposibilitan un genuino avance.

Han transcurrido ya 15 años. El acuerdo firmado el 15 de diciembre de 1995 recién entró en vigor en 1999. El diálogo político, los temas económicos-comerciales y de cooperación son los ejes centrales. Las numerosas rondas de negociación celebradas aún no fueron suficientes  para arribar a una firme propuesta de oferta entre ambas partes. El objetivo máximo es alcanzar la liberalización del comercio en mercancías y servicios, siguiendo las normas de la Organización Mundial del Comercio, así como el fomento de la cooperación y el impulso del diálogo político.

¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Ninguna fuente es capaz de dar agua salada y dulce al mismo tiempo. En ocasiones, el grado de expectativa es demasiado alto respecto a lo que realmente se logra conquistar. La espera de un logro que roza lo utópico considerando la misma naturaleza del proceso da cuenta de un único resultado: la frustración. Las vallas a sortear tienen que ver con áreas en donde cada una de las partes debe ceder para llegar a ese pacto fundado en el común acuerdo. La dilación temporal erosiona el ímpetu inicial que dio origen a esta convención que es, sin duda, favorable para ambos bloques.

El acuerdo prevé la eliminación de impuestos a la importación para un listado determinado de productos que provengan de cada una de las regiones. Pese a ello, existe una clara colisión de intereses entre ambos bloques: el subsidio a los productos agrícolas. Se trata de la eterna disputa entre Francia y Argentina, pues aquí hay competitividad, no complementariedad. Nuestro país ha dejado en claro su postura de comercio administrado, es decir, protección a la industria nacional.

Hoy la UE es el primer socio comercial del Mercosur y representa el 19,8 % de su comercio exterior por un valor de 109.895 millones de euros en 2013. El pronóstico que elaboró la Comisión Europea en 2011 arrojaba un beneficio que incrementaría las exportaciones del Mercosur a la UE en un 40 %. Lejos de considerar a este acuerdo como una amenaza para las economías locales, las ganancias estarían dadas por los efectos dinámicos que tendría sobre los países que integran el bloque, lo que generaría consecuencias positivas para la competitividad.

Lo que precisa el Mercosur en estos momentos y, nuestro país en particular, es la conversión en un polo de atracción para las inversiones externas. Lo pendiente en agenda es dejar a un lado la miopía política y abandonar la barca de la comodidad y el temor denominada “Lo hasta ahora conocido” para dar paso a nuevos desafíos. Una asociación de esta magnitud puede catapultarse como el puntapié inicial para atraer más y mejores inversiones europeas de alta calidad dando como resultado mayor competitividad y dinamismo comercial.

Desde 2010 se llevan a cabo nueve rondas de negociación. Si se quiere avanzar en este acuerdo, es preciso un nuevo intercambio de ofertas de acceso a los respectivos mercados en las áreas de bienes, servicios, inversiones y compras públicas.

En la reunión ministerial Mercosur-UE, que tuvo lugar en Bruselas el 11 de junio de 2015, estuvieron presentes la comisaria de Comercio de la Comisión Europea, Cecilia Malmström y, por el Mercosur, los ministros de Relaciones Exteriores de Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Se puntualizó en la necesaria profundización y expansión del acuerdo entre ambos bloques. Allí se llevó a cabo un intercambio de ofertas de acceso al mercado conforme a lo pautado en la Cumbre de Madrid del 17 de mayo de 2010. Se fijó como plazo el último trimestre de este año para intercambiar las ofertas de acceso al mercado. El acuerdo cubre bienes industriales y agrícolas, servicios, inversiones y compras públicas. Las reglas comunes a establecerse incluyen facilitación del comercio, procedimientos aduaneros, compatibilización y armonización de normas técnicas y fitosanitarias en pos de evitar que se tornen en barreras injustificadas al comercio.

Sin duda en medio de la crisis siempre aflora una oportunidad. Si somos capaces de llevar a cabo grandes acuerdos en tiempos en los que predomina la retracción hacia las economías locales, seremos felizmente denominados visionarios.

El pasado 17 de agosto se llevó a cabo la XXXIII Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur en Montevideo, Uruguay, primera en lo que va del año. Allí se definió que los 43 parlamentarios argentinos que serán electos en las elecciones generales del próximo 25 de octubre asumirán sus bancas en el Parlasur el 14 de diciembre, durante la sesión preparatoria que se llevará a cabo en Montevideo y allí prestarán compromiso. De esta manera, oficialmente ya no participarán los actuales senadores y diputados parlamentarios de la delegación argentina.

Lo cierto es que la ley 27.120 de elección de parlamentarios del Mercosur, sancionada el 29 de diciembre de 2014 y promulgada el 6 de enero de 2015, no especifica nada respecto a la partida presupuestaria con la que contarán los parlamentarios para ejercer sus funciones una vez elegidos.

En lo que respecta al Parlasur, la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos aprobó una propuesta de presupuesto que asciende a 2.400.000 dólares para el organismo regional en 2016, de los cuales 761.000 dólares se destinan a gastos de personal -38 funcionarios- que se desempeñan en la sede del Parlamento.

Se afronta un problemática con arista doble. Por un lado, Argentina contará con 43 parlamentarios para el 14 de diciembre sin partida presupuestaria aún sancionada y, por el otro, el presupuesto aprobado por el Parlasur no puede ser ejecutado por completo debido a que los Estados parte del Mercosur no están realizando los aportes pertinentes. A la fecha de hoy el pasivo supera los 4 millones de dólares. Por su parte, Brasil informó que depositó en la cuenta del Parlamento 500.000 dólares, aún así debe 2 millones de dólares.

Parlamentarios que asumen sin partida, un Parlamento que está a la espera del aporte de fondos de cada país miembro y un Protocolo Constitutivo que retacea competencias legislativas son tan solo pinceladas de ilusiones, ficciones de la fantasía, vanas representaciones que piden a gritos rasgar el velo de la soberbia empañado por la ausencia de reconocimiento genuino del cambio.

El mayor de los desafíos es sentarse a la mesa de diálogo llamada sinceridad. La integración descree de las meras manifestaciones volitivas, más bien requiere acciones que perduren en el tiempo y el espacio. El afán diario de la figuración es vanidad de vanidades e inconducente en todas sus posibles manifestaciones.

En este plan pueden existir altibajos mentales, estadios de duda, pero jamás de incredulidad. Se trata simplemente de una batalla entre creer o no creer. La decisión es nuestra. Una vez que nos aferramos a ella, que la abrazamos de todo corazón, nada ni nadie nos impide perseguirla hasta alcanzarla.

Argentina está transitando una senda en el proceso de integración regional signada por avances lentos pero firmes. A pesar de ello y en el mismo andar, aún brillan los destellos intergubernamentales. Los distintos porcentuales de aportes destinados al Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (Focem) denotan puertas afuera una integración pari passu, aunque las desigualdades en el tratamiento del arancel externo común (AEC) claramente reflejan la fragilidad de un andamiaje normativo no sustentable.

La decisión 22/15 adoptada por el Consejo del Mercado Común establece un monto anual de contribuciones de los Estados parte al Focem de 127 millones de dólares, de los cuales Argentina aporta 27 millones, Brasil 70, Paraguay 1 millón, Uruguay 2 millones y Venezuela 27. La distribución se realiza bajo los criterios de promoción de convergencia estructural, desarrollo de competitividad y fortalecimiento de la cohesión social, en particular en lo correspondiente a economías menores. Así, Paraguay recibe el 43,65 %, Uruguay 29,05 %, Argentina, Brasil y Venezuela 9,1 %, respectivamente.

El punto álgido está dado por la gran cantidad de excepciones al AEC, lo que nos lleva a calificar al Mercosur como una unión aduanera imperfecta. Para el sector azucarero y automotriz aún no existe una política comunitaria, sino que se encuentran sujetos a un régimen tributario propio conforme a lo estipulado en cada Estado parte.

Entre la espada y la pared, entre los deseos de los máximos jefes de Gobierno y los reales intereses económicos en juego, pende de un hilo una estructura que pide a gritos sinceridad.

Es tiempo de dejar a un lado los discursos y las nuevas expresiones de deseos. ¿Por qué no resaltar las singularidades productivas de cada nación en el Mercosur bajo el paraguas de la complementariedad en vez de la competitividad entre los Estados, en pos de consolidar un genuino bloque regional?

La inflación creciente en Brasil está afectando al Mercosur, mientras que Bolivia aún estudia condiciones para entrar en la Unión, luego de haber suscrito el pasado 17 de julio el Protocolo de Adhesión como miembro pleno. Priman los intereses individuales. No se piensa como bloque a nivel estratégico, más bien bajo un proteccionismo a ultranza: cómo no perjudicarse a sí mismos, cuando la mayor potencialidad opera en la unidad.

Pese a los avances, el proceso de integración regional actual adolece de democratización en su misma esencia considerando el tinte intergubernamental del proyecto de integración del Mercosur. Es decir, en última instancia, son siempre los Estados parte quienes conservan la última ratio en materia de decisiones soberanas en todos los campos centrales de las políticas de Estado. Existe un desequilibrio estructural en la construcción del bloque entre los mismos países. Asimismo, prima el criterio del decisionismo, lo que no contribuye a la construcción de institucionalidad común. Observamos ausencia de supranacionalidad en el trazado de políticas de Estado comunes a nivel regional.

La voluntad política de cada uno de los Estados parte resulta esencial para dar avance efectivo a la integración regional. La ausencia de una agenda unificada que trace políticas aplicables a la región, sumada a la inexistencia de una ciudadanía mercosureña, dan cuenta de una identidad regional aún no construida.

Los dilemas identitarios se sobrepasan con decisiones firmes bajo única creencia de validez denominada comunidad de valores regionales cimentados en la supranacionalidad.

Podemos trazar dos lecturas claves para este tan esperado ingreso. Por un lado, la arista política e institucional y, por el otro, la económica.

La arista política de un proceso integracionista tiene como eje central a las instituciones. En este sentido, los participantes transfieren a un ente más poderoso lealtades y atribuciones para regular sus relaciones dentro del espacio o la unidad mayor. Así, se define como integración al proceso mediante el cual dos o más Gobiernos adoptan, con el apoyo de instituciones comunes, medidas conjuntas para intensificar su interdependencia y obtener así beneficios mutuos. Consecuentemente, se entiende la integración como un proceso sin meta final preestablecida, pero con un objetivo a perseguir. Avanzar sobre el objetivo nos introduce en un terreno de arenas sinuosas: la integración económica. Isaac Cohen Orantes la define como el proceso mediante el cual dos o más países proceden a la abolición gradual o inmediata de las barreras discriminatorias existentes entre ellos con el propósito de establecer un solo espacio económico.

La concepción originaria del Mercosur ampliado, tendiente a congregar a la mayoría de los países latinoamericanos va cobrando una nueva dimensión con la presencia de Bolivia si consideramos que integra la tríada proteccionista junto a Argentina y Venezuela. Del otro lado, Uruguay y Paraguay bregan por una mayor apertura al mundo, que implica reflotar las negociaciones bilaterales con la Unión Europea en lo que respecta al Tratado de Libre Comercio (TLC). Por su parte, la delicada situación política por la que está atravesando Brasil a nivel doméstico lo coloca al margen de todo tipo de protagonismo a la hora de levantarse a favor del TLC. Sabido es que, si bien Rousseff lo ve con ojos favorables, expresarlo abiertamente implicaría una clara ruptura de luna de miel política que viene manteniendo con nuestro país. Desde el Gobierno argentino se cree firmemente que tanto el ingreso de Venezuela como el de Bolivia constituyen un paso agigantado hacia la integración bajo la bandera de la unidad mercosureña.

Lo cierto es que hoy el Mercosur es una unión aduanera imperfecta, dado que se han eliminado aranceles para comercializar entre las partes y se propicia un arancel externo común (AEC), pero no se llega aún a consensuar para el 100 % de las posiciones arancelarias. El AEC cuenta con un sinnúmero de excepciones para muchísimos productos. Esta situación perfora la fortaleza institucional que se espera del Mercosur en términos de negociación con otros bloques regionales.

Tabaré Vázquez resaltó la clara ausencia de libre circulación de bienes, servicios y factores productivos tal como lo establece el artículo 1.º del Tratado de Asunción. Tampoco se han eliminado derechos aduaneros ni restricciones no arancelarias. Mucho menos se dio cumplimiento a otro de los grandes objetivos del tratado fundacional: la coordinación de políticas macroeconómicas fiscales y monetarias, entre otras.

Por su parte, el Gobierno boliviano espera ventajas comerciales sustanciales para la oferta nacional en productos no tradicionales. Pese a ello, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) puso reparos en el ingreso indiscriminado de manufacturas, principalmente de Brasil y Argentina. Antes de que se desate un cuestionamiento público, Bolivia buscará obtener del Mercosur: 1. Un régimen preferencial que permita a la manufactura boliviana ingresar a los mercados de Brasil y Argentina en las mismas condiciones vigentes para Paraguay; 2. El respeto de la doble pertenencia de Bolivia a la Comunidad Andina (CAN) y al Mercosur; 3. El levantamiento de las barreras paraarancelarias aplicadas a la oferta de Bolivia en el bloque; 4. La garantía para todos los bolivianos de acceder a materias primas e insumos para la producción competitiva y no condicionada al abastecimiento interno del Mercosur y 5. La generación de condiciones en pos de proteger la industria nacional.

En términos económicos, el mayor intercambio Bolivia-Mercosur está dado por el gas. Según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), de enero a mayo de este año Bolivia exportó 302 productos al Mercosur por 1923 millones de dólares, de los cuales el gas representa el 94 % de las ventas. El restante 6 % está conformado por leche en polvo, bananas frescas, aceites crudos de petróleo y sulfato de bario natural, entre otros.

Uno de los mayores inconvenientes y a la vez desafíos para el bloque es la ausencia de dinamicidad comercial, debido al fuerte proteccionismo explicado en parte por las barreras paraarancelarias.

El comercio intra y extra-Mercosur marca la debilidad de este bloque. Los países miembro deciden avanzar de manera singular en el comercio con otros bloques o naciones que están por fuera de la región, lo que marca la real debilidad actual del Mercosur. Urge una reorientación de las iniciativas integracionistas regionales, que deben trabajar para que las dimensiones jurídica y comercial avancen en paralelo.

Observamos que en el proceso de integración predominó la óptica top-down. Fue concebida desde el plano jurídico general, esperando que derive en integración comercial sectorial. La meta es enfocarse en la complementariedad productiva entre los países que integran el Mercosur para negociar con mayor eficacia frente a otros bloques, como ser la Unión Europea y la Alianza del Pacífico. Se trata, por tanto, de un esquema de integración regional que hay que potenciar y mejorar.

Lo cierto es que la dirigencia política a nivel mundial se está haciendo eco desde hace tiempo de una serie de demandas ligadas no solamente a los derechos humanos, sino a la esencia misma de la democracia en ese país.

En el informe anual sobre derechos humanos de 2014, el Departamento de Estado de los EEUU denunció al actual Gobierno de Nicolás Maduro por ejercer una judicatura selectiva a la hora de dirimir cuestiones judiciales por arresto y encarcelamiento de opositores al régimen y juicios regularmente retrasados. Sumado a ello, se encuentran coartadas las libertades de expresión y de prensa.

Por su parte, en un reciente comunicado publicado por el Parlamento europeo (PE) desde Bruselas, la Alta Representante del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), Federica Mogherini, afirmó: “incumbe a las autoridades garantizar que todas las etapas del proceso electoral sean inclusivas y transparentes […] y que se desarrollen de forma tranquila y pacífica […] Crear condiciones electorales propicias es crucial”. En lo que respecta a la difusión, subrayó que “todos los venezolanos deberían de poder participar en el proceso y tener acceso a una cobertura mediática libre y equilibrada de la campaña y de los preparativos electorales”.

Lo llamativo es el compromiso que asumió el SEAE al asegurar que llevará a cabo esfuerzos mancomunados con el Consejo Nacional Electoral, la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) y la OEA (Organización de Estados Americanos) en pos de contribuir a elecciones inclusivas, creíbles y transparentes.

En tanto el Partido Popular Europeo (PPE) publicó una contundente declaración con énfasis en la persecución política que está azotando a Venezuela para pedir la liberación de los dirigentes que están encarcelados. El secretario general del PPE, Antonio López-Istúriz, dio a conocer que además recibió el apoyo del Grupo Popular del PE a raíz de la reunión de líderes del PPE celebrada previamente a la Cumbre de Jefes de Estado o de Gobierno de la Unión Europea el 26 y 27 de junio en Bruselas. En el documento se resalta la especial preocupación por el encarcelamiento de Leopoldo López, Daniel Ceballos y Antonio Ledezma. Una vez más el PE se pone a disposición de Venezuela para garantizar transparencia en el proceso electivo.

El Parlasur también se hizo eco del grito mundial frente a la impotencia de no encontrar respuestas ante las declaraciones de los máximos líderes políticos del globo. El pasado miércoles 24 de junio una delegación de parlamentarios brasileros alineados con el Gobierno de Dilma Rousseff viajó a Venezuela para dialogar con los sectores oficialistas y de la oposición. La misión estuvo encabezada por el parlamentario del Mercosur Roberto Requião, quien también busca dialogar con autoridades de la Fiscalía para indagar sobre los juicios y las condiciones de reclusión de presos políticos.

Lo cierto es que la semana anterior senadores de la oposición brasileña intentaron llegar a Caracas y las manifestaciones se lo impidieron, por lo que se vieron obligados así a permanecer en el aeropuerto de Maiquetía.

Lo que está en tela de juicio es la naturaleza jurídica misma de la democracia en Venezuela. Si indagamos en el origen del concepto, nos retrotraemos a la Atenas del año 508 a. C., donde el anclaje fundamental está dado por la participación del pueblo en las decisiones políticas. La palabra democracia está formada por los vocablos demos, ‘pueblo’ y krátos, ‘gobierno’. Previo a ese período, los atenienses eran regidos por la aristocracia y la tiranía.

Si consideramos a la democracia como la convivencia pacífica de desacuerdos, la pluralidad y la tolerancia y no la imposición y la violencia, debemos necesariamente replantearnos si la serie de condicionamientos reinantes hoy en Venezuela abre un espacio para trazar categorías como la de raquitismo democrático.

Afirmar que pueda existir injerencia del Concierto de Naciones en asuntos internos de un Estado resulta injustificable ante presos políticos contrarios al gobierno de turno. La lucha contra el avasallamiento de los derechos humanos debe ser librada a nivel mundial. No se trata de libertades individuales ni mucho menos que conciernen a un Estado en particular.

La sociedad tendrá la oportunidad de elegir a 43 parlamentarios argentinos, conforme lo estipula el Protocolo de Ouro Preto (1994), Protocolo Adicional al Tratado de Asunción sobre la Estructura Institucional del Mercosur.

El Parlasur, creado en 2005 y constituido en 2006, recién comienza a funcionar el 7 de mayo de 2007, reemplazando a la Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC) del Mercosur compuesta por Representaciones de los Parlamentos Nacionales de los Estados Miembros del bloque.

Con este paso, nuestro país está transitando la segunda etapa de transición prevista para su composición final. En la primera instancia (entre 31 diciembre 2006 y 31 diciembre 2010) los parlamentarios son elegidos por los respectivos congresos nacionales de entre sus miembros considerando el método de representación poblacional decreciente. Así la composición inicial trazada definió para Brasil, 37 Parlamentarios; Argentina, 26; en tanto para Paraguay y Uruguay 18 Parlamentarios cada uno. Aquí los mismos diputados nacionales ejercen funciones simultáneas como parlamentarios del Mercosur sin mediar elecciones directas. En la segunda, (entre el 1° de enero 2011 y 31 de diciembre 2014), la cantidad asciende a: Brasil 75 Parlamentarios, Argentina 43, Paraguay y Uruguay se mantendrán con 18 Parlamentarios respectivamente y Venezuela 31. Para esta instancia, el Protocolo Constitutivo determina la integración del Parlasur  siguiendo un criterio de representación ciudadana con parlamentarios que serán elegidos por los ciudadanos de los Estados Partes a través de sufragio directo, universal y secreto. Hoy, sólo los parlamentarios paraguayos han sido electos mediante voto popular (Abril 2013 por Ley 4584/12).

En nuestro país, la sanción de la Ley 27.120, Elección de Paralmentarios del Mercosur, intenta poner fin al déficit democrático del Parlasur .

El grave problema está en la misma esencia del Parlamento. Las competencias que le son adjudicadas por el Protocolo Constitutivo no son legislativas, ni decisorias. Nos encontramos ante una mera asamblea parlamentaria que funciona como órgano no legislativo del Mercosur representativo por excelencia de los intereses de los ciudadanos de los Estados Partes. Es de tipo unicameral y autónomo. Los estudios comparativos indican que el nivel de institucionalización del Parlasur es muy bajo. Su función de iniciativa se circunscribe a la última palabra que siempre está en cabeza del Consejo del Mercado Común (CMC), instancia decisoria máxima a cargo la coordinación política del proceso de integración (Art 4 inc. 13). Asimismo emite declaraciones, recomendaciones e informes sobre cuestiones vinculadas al desarrollo del proceso de integración, por iniciativa propia o a solicitud de otros órganos del Mercosur. (Art 4 inc. 11)

Entre los actos del Parlamento observamos que no existe la facultar de legislar. Sus actos son: 1. Dictámenes; 2. Proyectos de normas; 3. Anteproyectos de normas; 4. Declaraciones; 5. Recomendaciones; 6. Informes; y 7. Disposiciones. (Art. 19)

Un acápite aparte merece el tema de las inmunidades. El Protocolo establece en su Art. 12 inc. 2 la inmunidad de opinión: “Inc. 2. Los Parlamentarios no podrán ser juzgados, civil o penalmente, en el territorio de los Estados Partes del Mercosur, en ningún momento, ni durante ni después de su mandato, por las opiniones y votos emitidos en el ejercicio de sus funciones.”

La Ley 27.120 adiciona la inmunidad de arresto equiparando a los Parlamentarios del Mercosur a los legisladores nacionales. Lejos de apegarse al Protocolo, extra legisló lo no previsto.

El objetivo de las prerrogativas y privilegios conferidos a los Parlamentarios se debe circunscribir al pleno desarrollo de su actividad legislativa y de fiscalización parlamentaria; pero en modo alguno debe configurar un sistema que les otorgue inmunidad ante situaciones ajenas a esas actividades.

El gran desafío es doble: empoderar al Parlamento del Mercosur y trabajar en el trazado de políticas supranacionales para todo el bloque considerando que desde su gestación ha preponderado la lógica intergubernamental en la que, los actores claves son y han sido los mismos Ejecutivos de los Estados Partes.

La porosidad institucional habla de una estructura aún no consolidada en su mismo andamiaje normativo. Si se quiere un Parlamento, se lo debe munir de las competencias necesarias para que obre con la libertad suficiente como para permitirle la creación de normas regionales esperables en todo proceso de integración. 

El pasado martes 17 de marzo, el Congreso Nacional aprobó el proyecto de resolución PRN 2/15 para la designación de los 37 integrantes de la Delegación Brasileña ante Parlasur.  Los 27 diputados y 10 senadores serán indicados por los líderes de ambas cámaras a través del criterio de proporcionalidad partidaria. El peso de cada partido resulta equivalente a su tamaño en cada Casa del Congreso.  El mandato se extiende durante toda la actual legislatura, o sea, hasta enero de 2019.

Se trata simplemente de una actualización de las reglas vigentes desde 2011. Las designaciones de los parlamentarios finalizaban el 31 de enero.

Lamentablemente no hay fecha ni intención política de elección directa para Parlasur en Brasil. Es que otros son los temas acuciantes en agenda.

El 26 de octubre de 2014 ha sido una fecha clave en la vida de la Presidenta. Ganar en ballotage es más que una señal de la necesidad de cambios estructurales que pidió la ciudadanía.

Dilma Rousseff llamó a los brasileños en su discurso, apenas obtuvo el triunfo, a la unión, la apertura y  el diálogo en pos de que la disputa se transforme en energía positiva para un nuevo momento en Brasil.

Central resultó, en la promesa de los cambios, la reforma política para combatir la corrupción y la impunidad.

Lo cierto es que el escándalo de corrupción dentro de la petrolera estatal Petrobras ha golpeado fuertemente la imagen de Rousseff. Funcionarios habrían recibido dinero por sobornos. Recientemente la oposición solicitó al fiscal general, Rodrigo Janot, que investigue a la Presidenta por el caso.

Sumado a ello los altos niveles de desocupación e inflación magnifican el efecto corrosivo que golpea a la sociedad toda. El mercado responde con recesión y las inversiones están congeladas.

En este marco pena da que aún no se comprenda el empuje positivo que conlleva la integración regional. Si bien hoy por hoy, el Mercosur es una unión aduanera imperfecta dado que se han eliminado aranceles para comercializar entre las partes y se propicia un arancel externo común (AEC) para casi la totalidad de las posiciones arancelarias, los beneficios que reporta la conformación de un bloque sólido apuntan sin duda a un mejor posicionamiento frente al mundo a la hora de negociar grandes acuerdos.

Analizando el Tratado de Asunción se establecen líneas fundacionales no cumplimentadas al día de hoy. El Art. 1° alude a la consolidación de la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos, y, por ende, a la eliminación de derechos aduaneros y de restricciones no arancelarias. Actualmente no contamos con libre circulación de trabajo ni de servicios –más allá de algunos acuerdos en áreas concretas- y continuamos con restricciones en materia de derechos de aduana por el hecho de existir múltiples excepciones al régimen aduanero. Así, el primer objetivo, vinculado a la libre circulación de bienes y servicios, a veinticuatro años de aquel tratado, no está cumplimentado.

El hecho de no llegar a consensuar el AEC para el 100% de las posiciones arancelarias, perfora la fortaleza institucional que se espera del Mercosur en términos de la negociación con otros bloques regionales.

Bajo este contexto, la elección directa de parlamentarios del Parlasur, permitiría la coordinación al menos de directrices políticas a nivel regional.

Hoy el Parlamento del Mercosur cuenta con 122 integrantes (37 brasileros, 26 argentinos, 23 venezolanos, 18 paraguayos y 18 uruguayos). La máxima instancia decisoria, el Consejo del Mercado Común (CMC) estableció una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2020 como plazo final para la elección de todos los miembros del Parlasur. Cuando se llegue a esa conformación, el número pasará a 187 parlamentarios permanentes: Brasil, 75; Argentina, 43; Venezuela, 33; Paraguay y Uruguay, 18 cada uno.

Sólo Paraguay celebró ya sus elecciones. Argentina autorizó las elecciones para octubre 2015 junto con las presidenciales a partir de la sanción de la Ley 27.120, Elección de Parlamentarios del Mercosur el pasado 29 de diciembre.

El egoísmo es autodestructivo. En Filipenses 2:3 dice: No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos.

Ya es tiempo de dejar a un lado las coyunturas internas y poner el foco en aquello que trasciende las meras estructuras partidarias. La integración pende de un hilo. Urge dejar de lado las individualidades para dar nacimiento a la unidad regional.

Sin duda detrás de la inusitada carrera por impulsar las elecciones de parlamentarios del Mercosur existe un trasfondo que es imposible dejar de obviar. A pocos días de finalizar el año parlamentario, el oficialismo ha decidido desempolvar una serie de iniciativas tendientes a instrumentalizar las elecciones directas reguladas en el Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur (PARLASUR).

La Cámara de Diputados de la Nación ha publicado un dictamen unificado de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y de Presupuesto y Hacienda a través del cual se prevé la modificación del Código Electoral Nacional a los fines de introducir esta nueva elección. Si analizamos el dictamen de atrás hacia adelante, ya observamos irregularidades en sus disposiciones transitorias: “Art. 17.- Mientras no se establezca por los organismos competentes el Día del Mercosur Ciudadano, las elecciones de parlamentarios del Mercosur se realizará simultáneamente con las elecciones nacionales inmediatas anteriores a la finalización de los mandatos”; “Art. 18.- La primera elección directa de parlamentarios del Mercosur en representación de la ciudadanía argentina se celebrará simultáneamente con la próxima elección presidencial, a cuyo efecto será convocada para la misma fecha…”.

Si bien resulta fundamental instrumentar la elección de parlamentarios del Mercosur, impulsar su realización sin el respeto del Protocolo Constitutivo es un atropello. El mismo prevé elecciones independientes y que garanticen una representación proporcional del electorado de cada Estado Parte. El Consejo de Mercado Común (CMC), órgano de decisión ejecutiva del Mercosur, es el responsable de establecer el “Día del Mercosur Ciudadano” (conf. Art. 6, inc. 4, del Protocolo). Considerando que hoy los mismos diputados nacionales ejercen funciones simultáneas como parlamentarios del Mercosur sin mediar elecciones directas, a través de la Recomendación 03/13 del Parlamento del Mercosur (PM), se prorrogó el período de transición establecido en la Decisión 18/11 con lo cual se pospusieron las elecciones hasta el 31 de diciembre de 2020. Está claro que se ha considerado un plazo prudencial para que los Estados Parte adopten las medidas jurídicas necesarias para su implementación. En este sentido, Uruguay requiere de una reforma constitucional.

Sin embargo, pese a los avances, el proceso de integración actual adolece de democratización en su misma esencia considerando el tinte intergubernamental del proyecto de integración del Mercosur. Es decir, en última instancia, son siempre los Estados Parte quienes conservan la última ratio en materia de decisiones soberanas en todos los campos centrales de las políticas públicas. Existe un desequilibrio estructural en la construcción del bloque entre los mismos países. Asimismo prima el criterio del decisionismo, no contribuyendo a la construcción de institucionalidad común. Observamos ausencia de suprenacionalidad en el trazado de políticas comunes de Estado a nivel regional. Cumple en este sentido un rol esencial el CMC en vez del PARLASUR.

Es preciso que el PARLASUR asuma competencias legislativas para fortalecer las instituciones del Mercosur. La elección directa de parlamentarios debe ser considerada como el punto de partida, y no de llegada, a los fines de empoderar a este Parlamento en pos de alcanzar poderes efectivos en la elaboración de leyes de cumplimiento obligatorio en los países. Así, los estudios comparativos indican que el nivel de institucionalización del PARLASUR es muy bajo. Las competencias adjudicadas al Parlamento por el Protocolo Constitutivo no son legislativas, ni decisorias. Entre las funciones se destacan: a) Políticas: Velar por la preservación del orden democrático y la observancia de los derechos humanos en los Estados Partes; b) Relación con la estructura Mercosur: Solicitar informes a los demás órganos e invitarlos a intercambios de opiniones; Proponer normas al CMC, elaborar anteproyectos de armonización con las legislaciones nacionales; c) Administrativas: Elaborar su propio presupuesto e informar al CMC; Aprobar y modificar su reglamento interno.

Con lo cual, si leemos atentamente el Art. 4 del Protocolo, sólo se habla de la posibilidad que tiene el PARLASUR de proponer anteproyectos de normas o propuestas de normas que quedan, en última instancia, como resorte de decisión del CMC en desmedro de la discusión de una verdadera representación republicana y federal.

Por ello resulta fundamental repensar la idea de construcción del Mercosur desde el fortalecimiento institucional dotando al PM de las atribuciones necesarias para legislar políticas de Estado regionales comunes e inclusivas. Siguiendo esta línea, por un lado están las mismas falencias en el Protocolo que languidecen el rol del Parlamento; por el otro, el oportunismo político del cual resulta rehén al intentar regular las elecciones directas con un anticipo que escapa al juicio razonable considerando la fecha nueva que se estableció: 2020, tiempo necesario para debatir en profundidad todas y cada una de las alternativas propuestas.

Otro de los puntos que hace ruido en la iniciativa del oficialismo es lo que respecta a inmunidades. Se pretende equiparar a los parlamentarios del Mercosur con los legisladores nacionales al extender inmunidades no establecidas en el Protocolo ni en el Reglamento del PARLASUR. El mismo establece en su Art. 12 inc. 2 la inmunidad de opinión: “Los Parlamentarios no podrán ser juzgados, civil o penalmente, en el territorio de los Estados Partes del MERCOSUR, en ningún momento, ni durante ni después de su mandato, por las opiniones y votos emitidos en el ejercicio de sus funciones.”

En tanto se busca adicionarles la inmunidad de arresto de nuestra Carta Magna: “Art. 69.- Ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado; excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante, u otra aflictiva; de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho.”

Resulta antijurídico e inconstitucional que el Congreso de la Nación legisle más allá de lo estipulado en el Protocolo. Por otra parte, la jugada política que se abre frente a la posible candidatura de quienes hoy ocupan cargos ejecutivos en nuestro país bajo el paraguas de la inmunidad de arresto, pone en tela de juicio los fines loables que se esperan en la sanción de una ley que es realmente necesaria pero utilizada como un espurio escudo ventajista.

Es tiempo de sincerarnos. Es tiempo de esclarecer qué tipo de integración propiciamos bajo el único idioma de la concertación de intereses, poniendo el acento en lo regional más que en lo nacional.